El 70% de los catalanes se sienten españoles, constitucionalistas e hispano parlantes

 

La práctica totalidad de los abogados de Cataluña con la ayuda de La plataforma 'Escuela de todos', que reúne a 12 entidades, demandará a la Generalitat por incumplimiento de  la sentencia del 25% del castellano en las aulas. Además solicitan que la enseñanza sea el 100% en español y el catalán pase a ser optativo y de pago.   En Cataluña y todo hace pensar  que el modelo de la inmersión lingüística, que, por norma general, otorga al catalán el estatus de lengua vehicular para impartir todas las asignaturas, excepto la de Lengua castellana y las materias de Lengua extranjera, aunque cada centro tiene su propia política y en la práctica hacen lo que les ordena el jefe político del clan Lluís Companys, el mayor asesino de catalanes de la historia. Hoy, mártir en proceso de beatificación.   Algo está cambiando en la sociedad civil catalana. Distintas entidades constitucionalistas ganan fuerza, se agrupan y alzan la voz cada vez con menos recato frente al independentismo que domina las instituciones. Y sus miembros lo hacen totalmente desvinculados de los partidos políticos de los que afirman estar «desengañados». Consideran que les han «abandonado» en sus reivindicaciones.     La protesta de un nutrido grupo de abogados que ejerce en Barcelona para que la Generalitat cumpla con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a los centros educativos a impartir un 25% de las clases en castellano evidencia dicha movilización. En los últimos años han surgido en la región distintas asociaciones para evitar que el independentismo se haga con el control absoluto del sector educativo y social. Consideran que el Govern no puede seguir excluyendo a los ciudadanos que no quieren una Cataluña independiente y que la legalidad debe imponerse. Ven la educación como la línea roja, el ámbito donde no puede permitirse un incumplimiento de las resoluciones de la Administración de Justicia y en el que debe garantizarse el bilingüismo reconocido en el artículo tercero de la Carta Magna.   Precisamente la plataforma ‘Escuela de todos’, que aglutina a 12 entidades constitucionalistas lideradas por ‘Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)‘, ha iniciado una campaña en la región para informar a los padres y madres sobre la obligatoriedad, avalada por el Supremo, de que los menores reciban un cuarto de su educación en castellano. Si la Generalitat no ejecuta la sentencia, presentarán una demanda conjunta para exigir su cumplimiento y abrir la puerta a querellarse contra los miembros del equipo del president Pere Aragonés por desobediencia en caso de que se nieguen a cumplir con la exigencia de los tribunales.   «Nos sentimos más fuertes frente al independentismo» «El equilibrio entre constitucionalismo e independentismo en Cataluña es imposible porque ellos cuentan con los fondos y los medios: reciben financiación de los ayuntamientos, de la Generalitat y de los partidos nacionalistas, además del apoyo de muchos medios de comunicación públicos, pero continuaremos con nuestras reivindicaciones porque ahora estamos más unidos que nunca. Nos sentimos más fuertes frente al independentismo», afirma Pepe Domingo, presidente de ‘Impulso Ciudadano‘, movimiento cívico nacido en 2009 con el fin de «promover y defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural en España», según se autodefinió la asociación en su nacimiento.   Domingo, abogado de formación, fue diputado de Ciudadanos entre 2006 y 2009, pero ahora no pertenece a ningún partido político. Antes de que estallara el procés ya era una de las principales voces del constitucionalismo en Cataluña y en este momento su papel de asesoramiento jurídico es clave para la coordinadora de asociaciones ‘Escuela de todos’.   Jóvenes con representación en la Universidad En dicha unión de entidades también se encuentra ‘S’ha Acabat!‘, un grupo de jóvenes constitucionalistas con representación en los campus universitarios catalanes que centra gran parte de su actividad en denunciar campañas que consideran excluyentes y persecutorias por parte de sindicatos «pancatalanistas y separatistas».   El pasado octubre, sin ir más lejos, denunciaron ante el rector de la Universidad de Barcelona (UB) la campaña Plataforma per la Llengua que reivindicaron el Sindicat dels països catalans (SEPC) y Federació Nacional d’Estudiants. Según la entidad constitucionalista, los impulsores colocaron una pancarta en la universidad con el lema de la campaña y proporcionaron una web para que los alumnos denunciaran a compañeros y profesores por usar el castellano en las aulas. Consideraron que buscaban crear «un listado de profesores que usan el español que podría ser utilizado para obtener datos e intimidarlos».   El vicepresidente de S’ha Acabat! escuchó al descolgar el teléfono: «Vosotros, fascistas, sois los terroristas. La próxima vez no quemaremos contenedores, os quemaremos a vosotros porque al fascismo se le combate   El vicepresidente de ‘S’ha Acabat!‘ , Jordi Salvadó, denunció ante el rector que dicha acción «supone una persecución lingüística e ideológica que atenta contra los derechos fundamentales tanto de alumnos como de profesores al perseguir el uso de una de las lenguas oficiales de Cataluña». Esta y otras reivindicaciones les están convirtiendo en el blanco de los sectores más radicales del independentismo. El pasado 28 de diciembre Salvadó denunció haber recibido una llamada con teléfono oculto en su móvil con una amenaza de muerte: «Vosotros, fascistas, sois los terroristas. La próxima vez no quemaremos contenedores, os quemaremos a vosotros porque al fascismo se le combate. ¡Puta España¡», trasladaron en un comunicado público de la entidad que escuchó el joven al descolgar el teléfono.   Reunión con el fiscal delegado de delitos de odio Todas las entidades que impulsan la movilización constitucionalista en Cataluña persiguen que el español gane terreno y tratan de erradicar cualquier persecución ideológica para quienes defienden una Cataluña integrada en España.   El próximo 13 de enero, el presidente de ‘Impulso Ciudadano’ se reunirá con el fiscal delegado de delitos de odio y le presentará un informe de incidentes violentos protagonizados por Arran y el Sindicato de Estudiantes dels Països Catalans (SEPC) entre 2010 y 2021 que cree podrían constituir distintas vulneraciones de derechos fundamentales.   «La Sociedad Civil es más fuerte que los políticos» Superada la etapa de mayor judicialización del procés, con sus líderes políticos durante el Gobierno de Puigdemont condenados e indultados, continúa la estigmatización de los tribunales. Los jueces no quieren ejercer en la región, según los datos de la Escuela Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que pide incentivos para quienes vayan a trabajar allí. Pero una parte de los abogados catalanes ya ha dicho basta y ha alzado la voz para que se cumpla la sentencia del castellano. Y lo ha hecho, además, desde el Colegio de Abogados de Barcelona.   Guerra abierta en el Colegio de Abogados de Barcelona por la sentencia del castellano   El asunto ha provocado una división -únicamente dialéctica aseguran desde el Colegio- que ha saltado, excepcionalmente, a los medios de comunicación. Cuando se conoció la sentencia, la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados compuesta por letrados independentistas emitió un comunicado en contra. La Comisión Constitucional del mismo colegio (mayoritariamente constitucionalista) no tardó en emitir su propio comunicado considerando «de extrema gravedad» que el Govern manifestara que no cumplirá la sentencia.   Un buen grupo de abogados ha recogido firmas -hasta 1.800- para un documento de apoyo de la Comisión Constitucional del Colegio de Abogados que exige a la Generalitat cumplir la sentencia. La profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, Chantal Moll, fue la encargada de leerlo en público.   Entre estos abogados constitucionalistas se encuentra José María Fuster-Fabra, que ha defendido a muchos mossos d’esquadra y también fue el representante legal de dos jóvenes de la asociación en apoyo a la Selección Española, ‘Barcelona con la Selección’, agredidas por un grupo de ultras o redskins en 2016 que ya han sido condenados.   Para Fuster-Fabra, la movilización constitucionalista de los últimos años en el ámbito civil es el reflejo de lo que pueden hacer los catalanes sin la ayuda de los políticos, «que al final siempre responden a sus propios intereses». «Muy pocas veces se había alzado la voz hasta ahora y mucha gente lo está haciendo. No nos vamos a callar porque estamos unidos», traslada a este diario. «La sociedad civil catalana es mucho más fuerte que los partidos políticos, afortunadamente para Cataluña», reflexiona.

Blog de Juan Pardo.

Felipe González ataca a Podemos por cuestionar la Constitución

© Proporcionado por Park Row Digital, S.L

El expresidente del Gobierno Felipe González ha advertido este miércoles de que si Podemos cree que es el momento de «romper el marco constitucional en medio de la pandemia» se estará «autoexcluyendo» de cualquier acuerdo nacional.

En una entrevista en ‘Las mañanas de RNE’, recogida por Europa Press, el que fuera jefe del Ejecutivo ha insistido en que «en este momento hay que ser extremadamente respetuoso» con la Carta Magna. «Dentro de eso se tiene que plantear ese acuerdo. Los que se salen de ahí se equivocan», ha añadido.

A su juicio, si durante las negociaciones de unos nuevos Pactos de la Moncloa «algunos de los socios por decir algo o no socios del Gobierno creen que es el momento para cambiar el modelo constitucional o romper las reglas del juego», se estarán excluyendo y el líder del Gobierno «no debe ni puede tolerarlo».

González también ha advertido contra las posiciones de otros partidos que tienen en el punto de mira el «modelo descentralizado y autonómico» de España y la pertenencia a la Unión Europea y al Eurogrupo.

El Independiente

El PSOE planea un referéndum nacional sobre la unidad de España que dejaría ver el apoyo en Cataluña

Pedro Sánchez quiere cerrar un pacto de avance hacia el separatismo que fuerce la Constitución, pero sin llegar a romperla. Los separatistas quieren algo más que una votación de un nuevo Estatuto de Autonomía expandido: quieren que Sánchez les trate y reconozca como nación soberana diferenciada de la española.

Y como los socialistas descuentan que van a tener que ceder más de lo deseado para evitar unas terceras elecciones, han dado ya orden a sus juristas de empezar a buscar nuevas fórmulas más allá de lo que sería una mera reforma estatutaria: una de las ideas que ha surgido se apoya en un referéndum nacional sobre las exigencias de los independentistas.

Y es que, aunque esa votación con toda probabilidad quitaría la razón a los separatistas a escala nacional, permitiría dar los resultados por comunidades autónomas, con lo que, por primera vez, habría un dato oficial de un escrutinio sobre los deseos de los catalanes y vascos de separarse de España. A partir de ahí, la gran pelea sería el contenido del texto de la pregunta.

El equipo del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha rechazado la exigencia de ERC de un referéndum separatista. Y no lo ha hecho porque lo cierto es que los socialistas hace tiempo que buscan fórmulas para dar encaje a la petición obvia de los independentistas. La gran opción que está encima de la mesa pasa por permitir un doble referéndum: el primero a escala nacional para validar una reforma de la Constitución tendente a ampliar las cesiones, entre otras cosas, del Título Octavo; y el segundo en Cataluña, donde se votaría una reforma que permitiría restituir el Estatut tumbado por el Tribunal Constitucional.

La reforma constitucional debería permitir el encaje, ahora sí, de aquel proyecto de Estatuto; y la segunda reforma, la del Estatuto en sí, debería regularlo como tal. Allí irían las cesiones en materia de Justicia, de financiación, de Educación, de eliminación de mecanismos de supervisión nacionales, de presencia en la UE, etc.

Pero ese modelo de votación no satisface a los separatistas, que han recordado ya que aceptar una negociación de un Estatuto de Autonomía les sitúa políticamente hace tres lustros: les sitúa aceptando que son una mera región. Y eso, sus bases y votantes radicalizados no lo aceptarían.

Por ello, Sánchez ha ordenado ya tirar de negociaciones previas y buscar fórmulas que, forzando la Constitución, permitan albergar el objetivo de ERC, PNV y EH Bildu.

Sobre la mesa existe ya un documento base que fue elaborado hace meses y cuenta tanto con el visto bueno del PSOE como del PSC, que es el interlocutor directo con los partidos separatistas. Pero el esquema apunta, precisamente, hacia ese doble referéndum sobre textos distintos, con lo que toda España votaría una reforma constitucional a la carta de las cesiones máximas admisibles dentro de las exigidas por los golpistas; y, más tarde, sólo los catalanes votarían sobre una reforma del Estatut de Autonomía para llevar estas cesiones a su nivel más exagerado dentro de los márgenes de interpretación constitucional.

El nuevo plan, sin embargo, pasa por aceptar, tal cual, la petición de los separatistas de cara a consultar a la población sobre un fraccionamiento de la nación en varias naciones. Y eso supondría dar, por primera vez, la posibilidad de votar a los catalanes y vascos sobre ese asunto. A todo el resto de españoles también. Pero con idea de mostrar después los resultados por regiones, algo que dispararía la presión social en esos territorios en caso de ser afirmativo el voto de forma mayoritaria.

LA NACIÓN VIVE Y SE DEFIENDE

Dice el artículo 2 de la Constitución española: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Hoy, cuando se cumple el cuadragésimo aniversario de su aprobación, esa Nación secular no solo resiste a los embates del separatismo aliado al populismo de extrema izquierda y también a la cobardía y el relativismo de muchos, sino que demuestra tener un vigor muy superior al calculado por sus enemigos.

España vive y se defiende de quienes ansían aniquilarla. El pueblo español acude una vez más al rescate de su patria, como en tantas otras ocasiones a lo largo de la historia, tomando la iniciativa frente a dirigentes impotentes, pusilánimes, traidores o incapaces de honrar la alta representación que ostentan. La primera manifestación de esta contraofensiva ha tenido lugar en Andalucía, pero seguirá extendiéndose. Una Nación como la nuestra no se destruye así como así.

La Carta Magna a la que debemos cuatro décadas de prosperidad democrática fue aprobada gracias a un ingente esfuerzo común por acercar posiciones. A muchos españoles entonces les repugnaba la idea de parcelar el Estado en diecisiete autonomías y a otros, los menos, les habría gustado una descentralización aún mayor. Al final prevaleció el consenso y el texto fruto de ese acuerdo obtuvo un abrumador respaldo.

Con el correr de los años, los separatistas disfrazados de nacionalistas han ido exigiendo más y más soberanía, en una exhibición obscena de deslealtad constitucional, mientras que los partidos nacionales cedían a manos llenas lo que no era de su propiedad. Ahora pagan cara esa falta de diligencia en la custodia de un bien mucho más valioso que cualquier poltrona.

Sánchez ha llevado al paroxismo el movimiento centrífugo que inició Zapatero. Si aquel fomentó la conversión de su partido en un conjunto de taifas, este ha puesto su destino y el del PSOE en manos de golpistas confesos, herederos de ETA y extremistas de izquierda que alientan a la violencia como respuesta al veredicto que arrojan las urnas andaluzas.

Su ambición personal es tan infinitamente superior a sus convicciones o su visión de estadista que ha entregado un legado centenario a cambio de unos años en Moncloa. En Andalucía ha empezado a sufrir las consecuencias de esa traición, que amenaza con borrar al socialismo del mapa municipal y autonómico.

En las filas populares el paisaje tampoco resulta muy proclive al optimismo. Más allá de la euforia desatada por el previsible desembarco de Moreno Bonilla en el palacio de San Telmo, pese a su tremendo batacazo electoral, la actual dirección nacional debe ser consciente de su debilidad. El espacio político que Aznar logró unificar bajo unas mismas siglas está ahora dividido en tres, y las fuerzas que cotizan al alza se sitúan a izquierda y derecha de un PP menguante.

La negativa de Rajoy a plantar cara política al independentismo, su rechazo del combate ideológico y su apuesta por el apaciguamiento no solo han dejado esta herencia de fragmentación, sino que han impulsado a un partido que cuestiona abiertamente la continuidad de las autonomías reconocidas en el mismo artículo 2 de la Constitución que consagra la indisoluble unidad de la Nación.

La tarea que tiene Casado por delante es ingente, si aspira a recuperar lo que fue y significó su formación. Porque tanto Ciudadanos como Vox han venido para quedarse. El reto que les aguarda ahora a todos ellos es emular a los constitucionalistas de 1978 y poner el interés de España por encima de sus diferencias.

Isabel San Sebastián ( ABC )

Sánchez le hará un traje a la Constitución a medida de los separatistas

Lejos de negarse a aceptar la exigencia de ERC de un referéndum separatista, Pedro Sánchez ha ordenado buscar fórmulas que, orillando la Constitución, forzándola al extremo, permitan satisfacer las demandas de los independentistas. El grupo de asesores encargado de hacer encaje de bolillos trabaja sobre un documento base que, como informa OKDIARIO, fue elaborado hace meses y cuenta tanto con el visto bueno del PSOE como del PSC, que es el interlocutor directo con los partidos separatistas.

El esquema apunta a un doble referéndum pero sobre textos distintos: toda España votaría una reforma constitucional a la carta de las cesiones máximas admisibles dentro de las exigidas por los golpistas. Y, después, sólo los catalanes votarían sobre una reforma del Estatut de Autonomía para llevar estas cesiones a su nivel más exagerado, al límite máximo que permite la Constitución.

No es de extrañar que la  vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, apuntara la posibilidad de reformar el título VIII de la Cara Magna, que es aquel que define nuestro modelo territorial. Una vez refrendado vía reforma constitucional, el Estatuto de Cataluña conseguiría introducir aquellos preceptos que en su día fueron declarados inconstitucionales por el TC, entre ellos el fraccionamiento del Poder Judicial, lo que supondría la injerencia en los jueces para anular, de facto, la aplicación penal sobre las conductas golpistas. El plan es complejo, pero el Gobierno trabaja en esa doble vía para ofrecer a ERC alternativas distintas a las exigencias planteadas por el partido de Oriol Junqueras, entre ellas la autodeterminación.

La triquiñuela es que  todos los españoles votarían una reforma ad hoc de la Constitución y luego sólo los catalanes harían lo propio sobre el Estatuto. En definitiva, Sánchez está dispuesto a forzar las costuras de nuestro marco constitucional con tal de mantenerse en el poder. O por decirlo aún más claro: hacerle un traje a la Constitución a medida de los separatistas, que luego tendrían vía libre para reformar su Estatuto sin temor a que el TC les afeara jurídicamente la conducta.

Cuando Pujol defendía una España unida y «fuerte», con «orden y justicia»

«Sin Constitución, sin reglas de juego, sin marco adecuado, la mejor voluntad fracasa», advertía en 1978. El 1-O votó en el ilegal referéndum independentista

 
 
 
  

 

 

«Esta es la Constitución de la solidaridad», «la Constitución persigue un Estado equilibrado y eficaz, un Estado fuerte» al servicio «de sus ciudadanos, del orden y de la justicia». Las palabras están dedicadas a la vigente Constitución Española. Se escucharon en el Congreso de los Diputados el 21 de julio de 1978 y quien las pronunció fue Jordi Pujol.
En aquellos meses decisivos en los que las Cortes Generales alumbraron la arquitectura jurídica de la moderna democracia española, Pujol había conseguido ver reconocida la aspiración autonomista de Cataluña. Y, logrado ese objetivo que le iba a valer situarse en la cúspide del poder catalán durante más de trece años seguidos, no ahorró loas a la Carta Magna que ha acabado pisoteada por su partido tras años de tránsito desde el nacionalismo a la rebeldía independentista.
El 21 de julio de 1978 se celebraba sesión plenaria en el Congreso. Era una jornada más en el trámite parlamentario que conduciría a la promulgación de la Constitución. Cuando Pujol tomó la palabra, no solo lanzó entusiastas calificativos al texto constituyente sino que apeló, de cara al futuro, a protegerlo, cuidarlo y preservarlo de quienes intentaran atacarlo. Clamó, en suma, justo por lo contrario de lo que lleva tiempo poniendo en práctica el PDeCat -nombre con el que se rebautizó la Convergéncia de Pujol-.
Por aquel entonces, el gerundense Carles Puigdemont apenas podía soñar con alcanzar un día la presidencia de la Generalitat. Miraba con admiración a Jordi Pujol y empezaba a dar sus primeros -y juveniles- pasos en el nacionalismo político catalán. Pujol no solo fue una admirada figura para Puigdemont, sino también un referente profesional al que prestó asalariada lealtad. En la segunda mitad de los años 90, por encargo del otrora 'molt honorable', Puigdemont montó la identitaria Agencia Catalana de Noticias, una pieza más en el «hólding» mediático construido por los nacionalistas desde la Generalitat y alimentado a golpe de talonario público.

Puigdemont fue premiado como el más destacado asalariado de esta nueva empresa pública de la Generalitat: Pujol le puso al frente de la Agencia Catalana de Noticias. Puigdemont permaneció en ese puesto hasta el año 2002, hasta poco antes de que Jordi Pujol abandonara el 'Govern'. Poco después, el gerundense dio el salto a la política profesional con la que acabó llegando a la presidencia de la Generalitat y a liderar el golpe independentista contra el Estado.

«Estado fuerte, al servicio de sus ciudadanos»

En el ilegal referéndum secesionista del 1 de octubre, Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola participaron activamente. Acudieron a votar, sumándose así al órdago contra la Constitución y la unidad de España. Pujol hizo justo aquello que censuró vehementemente hacía 29 años desde su escaño del Congreso. «Sin Constitución, sin reglas de juego, sin marco adecuado, la mejor voluntad fracasa», dijo Pujol en el pleno del Congreso de aquel 21 de julio de 1978. Y aplaudía el contenido de la Carta Magna que se estaba alumbrando, porque iba a dar lugar a «un Estado fuerte» en España.

Pujol y su esposa, votando en el referéndum ilegal del 1-O

Pujol elogió el articulado constitucional y la consagración de la unidad de España recogida por aquel en combinación con la descentralización autonómica. «La Constitución -dijo el 'padre' político de Puigdemont- persigue un Estado equilibrado y, al propio tiempo, eficaz; un Estado fuerte, no en el sentido autoritario de la palabra, sino en el de la eficacia y en el de la capacidad de servicio; un Estado al servicio de sus ciudadanos, de la seguridad y del bienestar físico y moral de sus ciudadanos, del orden y de la justicia».
En otro momento de su intervención en aquel pleno del Congreso, Pujol remaraba las múltiples bondades que le reconocía a la Constitución que ahora su partido pretende tumbar. «La Constitución nos va a permitir», dijo aquel 21 de julio de 1978, «un país en el cual la democracia, el reconocimiento de las identidades colectivas, la justicia y la equidad sean una realidad». Y por «país» Pujol solo se refería a España. La Constitución, remachó, «es el marco imprescindible de la convivencia colectiva».

Lea el legendario artículo de Antonio Burgos sobre los que quieren cambiar la Constitución

 

 

 

 

 

 

 

 

Está escrito en ABC, 11 de diciembre de 2016, por  Antonio Burgos:

“España está llena de perjuros, y me perdonarán que no los cite por sus nombres, porque en tal caso iba a tener que llenar entera esta página de ABC, y tampoco es para ponerse así.

Las autoridades, desde el presidente del Gobierno al último concejal de pueblo, antes de tomar posesión de los cargos para los que han sido democráticamente elegidos han de jurar (o prometer, si van de laicos y laicistas, como es la moda) cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Lo de cumplirla, pues muchos la cumplen de aquella manera. Y como nadie se atreve ni a toserles, en plan «tú apaga la luz y no digas ná en Triana», pues No Passsa Nada. Pero el caso es que los que juraron hacer cumplir la Constitución no obligan a que la obedezcan a quienes como un desafío a España y a los españoles no sólo se la pasan por el forro, sino que presumen de ello.

Así que ya les digo: entre los que no la cumplen y los que por cobardía, o por corrección política, o por evitar según ellos males mayores, no se atreven a cumplir con su obligación y obligar que se aplique la Carta Magna, España está llena de perjuros. (…)

Y algo muy divertido. ¿Saben ustedes quiénes tienen más interés en reformar o cambiar la Constitución y poco menos que hacer una de nueva planta, o de articularla como quien se compra una silla en Ikea y la monta con la llave Allen?

Pues los que no la cumplen, no la han cumplido ni la cumplirán; los que se la saltan a la torera, en esta España donde puedes hacer caso omiso a cuantos artículos de la Carta Magna quieras, pero, ay de ti como te saltes un semáforo en rojo o vayas a más de 120, que viene el flamante director general de Tráfico, Gregorio Serrano, y te arrea una multa que te avía, y te deja el carné con menos puntos que el Granada en la Liga. (…)

La Dirección General de Tráfico merece a muchos más respeto que el Tribunal Constitucional. Te llega una multa que te ha impuesto la abnegada y cumplidora Guardia Civil de Tráfico y es que no te atreves ni a recurrirla. Vas corriendo al banco más cercano a pagarla.

En cambio, a muchas autoridades españolas, autonómicas o no, les llegan sentencias del Tribunal Constitucional por incumplimiento de la Carta Magna en graves materias como la Unidad de la Patria o el respeto a su Bandera y es que cogen el papel y lo ponen directamente donde usted se imagina, para limpiarse el ya me entiendes lo que te quiero decir.

Por todas estas razones, es absurdo perder el tiempo y gastar el dinero en reformar la Constitución, y no quiero citar la soga de Italia en casa de los ahorcados separatistas, podemitas, antisistema y demás castuza empeñada en cambiar la Carta Magna. Lo de Magna a ellos les debe de sonar a marca de helado de chocolate con palito, por el interés que tienen los tíos hacerse una a medida… de la destrucción de España.

Más que una nueva Constitución, aquí lo que necesitamos es autoridad para hacer cumplir la de 1978 y dejarnos de perjuros y de cobardes. Y si hay que aplicar el artículo 155, se aplica y listo. Dicen que los británicos, como son tan suyos, tienen una Constitución no escrita. Nosotros les echamos la pata. Nosotros tenemos una Constituciión escrita. Pero escrita sobre papel mojado”.