Lejos de negarse a aceptar la exigencia de ERC de un referéndum separatista, Pedro Sánchez ha ordenado buscar fórmulas que, orillando la Constitución, forzándola al extremo, permitan satisfacer las demandas de los independentistas. El grupo de asesores encargado de hacer encaje de bolillos trabaja sobre un documento base que, como informa OKDIARIO, fue elaborado hace meses y cuenta tanto con el visto bueno del PSOE como del PSC, que es el interlocutor directo con los partidos separatistas.
El esquema apunta a un doble referéndum pero sobre textos distintos: toda España votaría una reforma constitucional a la carta de las cesiones máximas admisibles dentro de las exigidas por los golpistas. Y, después, sólo los catalanes votarían sobre una reforma del Estatut de Autonomía para llevar estas cesiones a su nivel más exagerado, al límite máximo que permite la Constitución.
No es de extrañar que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, apuntara la posibilidad de reformar el título VIII de la Cara Magna, que es aquel que define nuestro modelo territorial. Una vez refrendado vía reforma constitucional, el Estatuto de Cataluña conseguiría introducir aquellos preceptos que en su día fueron declarados inconstitucionales por el TC, entre ellos el fraccionamiento del Poder Judicial, lo que supondría la injerencia en los jueces para anular, de facto, la aplicación penal sobre las conductas golpistas. El plan es complejo, pero el Gobierno trabaja en esa doble vía para ofrecer a ERC alternativas distintas a las exigencias planteadas por el partido de Oriol Junqueras, entre ellas la autodeterminación.
La triquiñuela es que todos los españoles votarían una reforma ad hoc de la Constitución y luego sólo los catalanes harían lo propio sobre el Estatuto. En definitiva, Sánchez está dispuesto a forzar las costuras de nuestro marco constitucional con tal de mantenerse en el poder. O por decirlo aún más claro: hacerle un traje a la Constitución a medida de los separatistas, que luego tendrían vía libre para reformar su Estatuto sin temor a que el TC les afeara jurídicamente la conducta.
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