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domingo, 11 de noviembre de 2018

CREDIBILIDAD Y CRÉDITO


” Pues claro que lo van a pagar los clientes, sólo que a plazos, o con un retoque de los intereses, o con la fórmula que fije la estrategia comercial de cada banco. Y el lunes empezarán a comprobarlo». Llueve sobre un centro de Madrid en obras, un caos de máquinas, barro, polvo y atascos. En la planta alta de una entidad financiera, el ejecutivo esboza una leve sonrisa con gesto aliviado.
«La verdad es que esta conversación estaba prevista para comentar un escenario mucho peor, más complicado, pero la sentencia ha sido bastante más satisfactoria de lo que esperábamos. Y con un coste asumible para todos, dentro de lo problemático del caso. No, yo no creo en esa teoría conspirativa del pacto entre los poderes del Estado. Demasiado alambicada, si bien de facto es evidente que la solución, concertada o no, ha evitado el caos. Si el Gobierno se quiere poner ahora una medalla, que lo haga mientras le dejen o le crean los ciudadanos.
Porque el dichoso impuesto, de una manera o de otra, seguirá a cargo del prestatario. No, no hará falta volver a las comisiones de apertura, que han caído en desuso, ni a ningún mecanismo raro. Mira: la media reciente de las hipotecas es de 120.000 o 125.000 euros a devolver en 24 o 25 años. Ponle un uno por ciento correspondiente a actos jurídicos documentados, 1.250 euros arriba o abajo: aunque sea algo más, dime si eso es difícil de prorratear en las cuotas sin escándalo.
Los retoques de tipos serán mínimos, prácticamente imperceptibles para el usuario. Y con el gravamen a las transacciones, si llega, ocurrirá más o menos lo mismo, lo asumiremos como costes trasladables al mercado. El único tributo que no se paga es el que no existe, que te quede claro».
«A nosotros lo que nos importaba era la retroactividad. No sólo porque significaba provisionar unos cinco mil millones, sino por el impacto en la cotización, que en conjunto hubiese sido mucho mayor que eso. De ahí que lo único que pidiésemos fue, cuando temíamos un fallo adverso, que se comunicase con el mercado cerrado para poder gestionar su efecto con un mínimo de tiempo.
El Gobierno tenía pánico de incrementar el déficit, porque obviamente íbamos a ir a pleito, y las autonomías estaban espantadas ante la posibilidad de perder de alguna forma el impuesto. Ahora todo el mundo gana, incluso los clientes que no tienen que hacer el desembolso al firmar el préstamo. Bueno, sí, todos menos el poder judicial, que sale descalabrado y con el prestigio por los suelos.
A todos nos preocupa la reputación, y en ese sentido este lío no ha resultado para casi nadie bueno. Pero unos se jugaban la credibilidad y otros… el crédito. ¿Que el presidente ha aprovechado para darle, en vísperas del juicio del procés, una lanzada en el costado al Supremo? Puede que estés en lo cierto, pero se trata de política, allá ellos. El negocio de la banca tiene que ver con el dinero…».


Ignacio Camacho ( ABC )
viñeta de Linda Galmor

Sánchez e Iglesias tapan sus vergüenzas atacando a los jueces

No cabe duda de que la gestión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el caso del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) sobre los préstamos hipotecarios ha sido de una torpeza con escasos precedentes que hay que achacar fundamentalmente a su presidente, Luis María Sánchez Picazo. No obstante, lo cierto es que la revisión de esta sentencia inicial llevada acabo por el pleno del Supremo ha dado lugar a una campaña contra la judicatura en general tan injusta como intencionada por parte de las fuerzas políticas que la inspiran.

Podemos ha llevado la voz cantante en esta operación contra el Poder Judicial al convocar una manifestación ante la sede del Tribunal Supremo. El fracaso de la convocatoria, coherente con la caída en intención de voto de los bolivarianos en los últimos meses, no puede pasar por alto la gravedad de estas algaradas callejeras contra los órganos judiciales.

Pero la iniciativa populista de Iglesias, por cierto, beneficiario de una hipoteca muy ventajosa para financiar su mansión gracias a esa banca contra la que despotrica, es algo que cabía descontar por anticipado dada su vergonzosa falta de escrúpulos para aprovechar políticamente cualquier conflicto social. Otra cosa muy distinta es que el partido del Gobierno de España se sume a esta campaña inaudita contra el Poder Judicial. Porque esa y no otra es la conclusión que cabe extraer de las declaraciones de altos dirigentes socialistas desde que se conoció la rectificación del pleno del Supremo de la sentencia inicial dictada por la Sala Tercera. El propio presidente Sánchez ha contribuido a este intencionado desprestigio de la judicatura elaborando a salto de mata un decreto ad hoc que solo servirá para tapar las vergüenzas de los socialistas en materia fiscal.
Porque no puede olvidarse que la izquierda es la responsable, primero de la implantación del impuesto sobre AJD en 1993 con un Gobierno del PSOE y, más tarde, del extraordinario incremento de la tasa impositiva como ocurrió recientemente en las cortes aragonesas a propuesta de los socialistas y con el voto entusiasta de los podemitas liderados por Pablo Echenique. Que unos y otros ataquen ahora a los jueces y llamen a los afectados por sus actos a manifestarse ante la sede de los tribunales es una canallada que pone de manifiesto su atroz hipocresía.

Ahora bien, esa campaña de desprestigio de nuestra Justicia a pocas semanas de que se juzgue a los golpistas catalanes no resulta casual. Más bien parece la primera fase de una operación destinada a desacreditar a los órganos judiciales encargados de castigar a los responsables de un golpe de Estado, sin cuyos votos ni Sánchez ni Iglesias serían nadie.
L.D.

viernes, 9 de noviembre de 2018

La hipocresía de PSOE y Podemos: ambos dispararon el impuesto hipotecario que hoy critican


El Gobierno del PSOE aprobó el pasado jueves un nuevo decreto para que, a partir de ahora, sean los bancos y no los clientes quienes abonen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de hipotecas. Así lo anunciaba el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el día antes en rueda de prensa.
Esta medida, sin embargo, pese a ser anunciada a bombo y platillo, no supondrá ninguna diferencia en la práctica, ya que, en última instancia, las entidades financieras acabarán repercutiendo esta nueva carga al hipotecado mediante una subida de las comisiones y/o de los tipos de interés.
Pero lo más curioso de toda la polémica es la supuesta indignación que han mostrado algunos líderes socialistas con la decisión definitiva del Tribunal Supremo, en la que avala que, en base a la legislación vigente, el AJD debe ser abonado por el hipotecado. Destaca, sobre todo, el caso de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que no duda en acusar a los jueces de poner "los intereses de las entidades financieras por delante del de los ciudadanos.