El Gobierno del PSOE aprobó el pasado jueves un nuevo decreto para que, a partir de ahora, sean los bancos y no los clientes quienes abonen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de hipotecas. Así lo anunciaba el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el día antes en rueda de prensa.
Esta medida, sin embargo, pese a ser anunciada a bombo y platillo, no supondrá ninguna diferencia en la práctica, ya que, en última instancia, las entidades financieras acabarán repercutiendo esta nueva carga al hipotecado mediante una subida de las comisiones y/o de los tipos de interés.
Pero lo más curioso de toda la polémica es la supuesta indignación que han mostrado algunos líderes socialistas con la decisión definitiva del Tribunal Supremo, en la que avala que, en base a la legislación vigente, el AJD debe ser abonado por el hipotecado. Destaca, sobre todo, el caso de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que no duda en acusar a los jueces de poner "los intereses de las entidades financieras por delante del de los ciudadanos.
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