El juez del caso Gali investiga a Interior por el encubrimiento del líder del Polisario

 

Ha ampliado las diligencias tras saber que la Policía no informó de la llegada de Gali a la Audiencia Nacional, que lo estaba buscando y que había pedido semanas antes que lo localizaran por varias causas penales.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior - Ep

ABCGUARDAR

NOTICIAS RELACIONADAS

• Destapado el acuerdo secreto de Zapatero con el que Sánchez oculta sus manejos en el caso Gali
• Interior encubrió al líder del Polisario tras ser introducido furtivamente en España
• La Abogacía del Estado ningunea al juez del caso Gali y le torpedea con la Ley de Secretos Oficiales

El juez del caso Gali, Rafael Lasala, ha ampliado las diligencias de investigación para depurar responsabilidades en el Ministerio del Interior por la entrada clandestina en España del líder del Frente Polisario. El Gobierno de Pedro Sánchez desplegó en abril una operación para introducir furtivamente a Brahim Gali, que estaba incurso en varias causas penales en la Audiencia Nacional por genocidio, terrorismo y torturas, entre otros delitos.

En los meses previos, la Audiencia Nacional había pedido a la Policía que localizara a Gali, junto a otros miembros del Polisario. La Policía no dio con él, pero se comprometió a seguir las indagaciones. Sin embargo, apenas cuatro semanas después, cuando la cúpula policial supo de la entrada clandestina de Gali, no lo notificó a la Audiencia Nacional. En vez de eso, se activó un dispositivo de escolta y seguridad en torno a Gali.

El plan para introducir furtivamente en España al líder del Polisario fue coordinado por la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a través del que era su director de gabinete, Camilo Villarino. Ambos están imputados por los presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad. Pero en aquella operación también intervino la cúpula del Ejército del Aire, que depende de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y también agentes del Ministerio del Interior, lo que compromete de lleno al ministro Fernando Grande-Marlaska.

Brahim Gali, líder del Frente Polisario - DPA

Hace meses que el juez zaragozano que instruye el caso Gali había extendido sus pesquisas al Ministerio del Interior. Llamó a declarar como testigo a la jefa de gabinete de Marlaska, Susana Crisóstomo, que le dijo al juez que no sabían nada de la entrada de Gali, que se enteraron días después, cuando trascendió por los medios de comunicación. Esa versión de Crisóstomo protegía a Marlaska, pero se vio truncada hace escasos días, el 29 de noviembre, cuando compareció ante el juez Lasala el comisario general de Información, Eugenio Pereiro. Contradijo a la jefa de gabinete del ministro.

Pereiro desveló que él sí sabía que Gali iba a entrar en España. Afirmó que lo supo con antelación –dijo que por un supuesto confidente– y que se lo contó al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González Jiménez. El DAO forma parte del equipo del director general de la Policía, la cúpula orgánica que cuelga del ministro. Pero tan crucial dato, la presencia de Gali, no se comunicó a la Audiencia Nacional, pese a que la Policía tenía la encomienda de localizarlo.

Nombres y documentos

El juez acaba de ordenar nuevas diligencias para reclamar más documentación, datos y nombres. Busca la rama del caso Gali en los dominios del ministro Marlaska. También quiere los datos que se cruzaron Interior y Exteriores.

El líder del Polisario, que poco antes había declarado la guerra a Marruecos y está protegido por Argelia, llegó a España gravemente enfermo de Covid. Fue curado en el hospital público de Logroño, donde fue ingresado con un pasaporte falso. El Gobierno riojano de la socialista Concha Andreu también participó en la operación. Gali llegó el 18 de abril (domingo), a través de la Base Aérea de Zaragoza, y se marchó de España el 1 de junio. Se fue como llegó, sin pasar los controles de pasaportes.

MENTIRAS A BORDO DEL FALCON

 

La Audiencia Nacional ha vuelto a retratar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un compulsivo de la opacidad que, inexplicablemente y de modo reiterado, se niega a ofrecer a ABC información sobre la utilización de un avión Falcon del Estado para sus desplazamientos privados.

La Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia es ya la tercera instancia judicial que da la razón a ABC sobre el derecho de acceso a una información que debería ser pública, que no compromete la seguridad del Estado, y que no supone ninguna carga añadida de trabajo a la Administración.

De este modo, la Abogacía del Estado, convertida una vez más en la abogacía del Gobierno, ha vuelto a sufrir un varapalo jurídico muy contundente que, por desgracia, solo contribuye a dañar aún más la imagen de una institución que está perdiendo prestigio a chorros desde la llegada de Sánchez al poder.

Hace dos años, ABC quiso recabar datos a través del Portal de Transparencia sobre los medios de transporte aéreo utilizados por Sánchez entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2019. Por entonces, era público y notorio que habría utilizado un Falcon del Estado para desplazarse a un concierto musical en Benicásim o a la boda de un familiar en La Rioja.

Pese a ser actos de marcado carácter personal, y pese a que pudo trasladarse por medios infinitamente más baratos, Sánchez optó por el Falcon, con todos los gastos lógicamente a cargo del Estado. ABC se limitaba a reclamar que Moncloa informase de las fechas de los viajes y de la justificación oficial que aconsejaba realizarlos en Falcon.

La única respuesta que recibió este periódico es que publicar esos datos comprometería la seguridad nacional, algo evidentemente falso, como acaba de reseñar la Audiencia Nacional. La resolución es nítida y recuerda que la Abogacía del Estado ni siquiera se molestó en discutir que era información pública y que ABC tenía derecho a conocerla. Alegar eso habría sido hasta temerario, y por eso no lo hizo, aunque tal y como concibe Sánchez las leyes de nuestro Estado, y dada su manera de utilizar el poder, todo era posible.

Pero es que además es completamente absurdo, y así se lo hace saber la Audiencia al Gobierno, sostener que ABC arriesgaría la seguridad nacional y la integridad del presidente del Gobierno. Y todo, por la sencilla razón de que cuando ABC reclamó esa información los viajes ya se habían realizado, eran de dominio público porque fueron objeto de cobertura mediática y, sobre todo, porque no son materia clasificada.

Se ha convertido en una pésima costumbre que Sánchez recurra a los secretos oficiales cuando le viene en gana. Bien sea para no explicar por qué dedica ingentes recursos públicos para acudir a la boda de su cuñado, cuando hay alternativas mucho menos onerosas que no comprometerían su seguridad; bien sea para traer a España de modo clandestino a un líder del Frente Polisario manipulando todo tipo de documentación y creando una crisis diplomática con Marruecos.

Ni sus viajes privados son secretos de Estado, ni dar cuentas al ciudadano de lo que hace con el dinero público pone en riesgo la seguridad de nada. Lo único seguro es que Sánchez se ha convertido en el presidente menos transparente de nuestra democracia y en un dirigente incapaz de disociar el ámbito público del privado. Y eso le acerca al caudillismo.

Tan pobre es la ética pública de este Gobierno como lógico es el reproche que le hace la Audiencia Nacional por su abuso cesarista del poder.

ABC

Marlaska o la indignidad

Mientras esperamos una vacuna que no llega, el Gobierno desmonta pieza a pieza nuestro Estado de Derecho

Isabel San Sebastián

Mientras usted y yo, querido lector, aguardamos encerrados esa vacuna prometida que, como Godot, siempre está a punto de llegar, el Gobierno desmonta pieza a pieza nuestro Estado de Derecho, aprovechando el miedo y la postración de una ciudadanía centrada en sobrevivir al virus y a la ruina derivada de su nefasta gestión. Lo hace con precisión implacable, a través de varias ofensivas que buscan el control de la Justicia, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y los medios de comunicación (lo acaba de denunciar un prestigioso organismo independiente estadounidense), piezas claves en la democracia cuya regla de oro es la división de poderes. Dicha pretensión determina las alianzas del comandante supremo, Pedro Sánchez, quien no hace ascos a totalitarios,

 golpistas o portavoces de aquellos que apretaron el gatillo etarra. Y a la consecución de ese objetivo dedica el presidente sus mayores desvelos, ingentes recursos públicos y a sus más fieles lacayos, entre los cuales brilla con luz propia el benefactor de la peor escoria terrorista y verdugo de personas intachables como el coronel Pérez de los Cobos, Fernando Grande-Marlaska, a quien la Audiencia Nacional acaba de propinar una paliza histórica. Un varapalo judicial de un calibre incompatible con su permanencia en el cargo. España no se merece un ministro del Interior indigno.

Marlaska inauguró su fulgurante carrera política sirviéndose de su toga y su voto para liberar de golpe a todos los criminales afectados por la derogación de la llamada ‘doctrina Parot’, en una interpretación ‘generosa’ de una resolución del Tribunal de Estrasburgo que satisfacía las exigencias de la banda en su negociación con Zapatero. Ahora utiliza su cartera para prodigar beneficios penitenciarios a los pistoleros del hacha y la serpiente, a razón de cinco por semana, sin descartar a desechos humanos como García Gaztelu, ‘Txapote’, asesino de Miguel Ángel Blanco, Fernando Múgica, Miguel Buesa, Irene Fernández, José Ángel de Jesús y un largo etcétera, quien ya disfruta en Madrid de la misma cárcel que su pareja, Gallastegui, otra sicaria agraciada por la lotería con la que Sánchez paga el apoyo de Bildu. No contento con prestarse a semejante vileza, el máximo responsable de nuestra seguridad perpetró hace un año la destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Manuel Pérez de los Cobos, por negarse a revelarle el contenido de una investigación referida al delegado del Gobierno en la capital, que la juez había declarado secreta; es decir, por atenerse escrupulosamente a lo que marca la Ley. Así lo afirma una sentencia demoledora de la misma instancia en la que sirvió Marlaska, que no solo le obliga a reponer al coronel en su cargo, sino que certifica la flagrante arbitrariedad cometida al cesarle «por no llevar a cabo el acto abiertamente ilegal que de él se esperaba». España no se merece un ministro del Interior que castiga a un hombre de honor por cumplir con su deber.

Tocado y hundido: Casado, Abascal y Arrimadas exigen la dimisión de Marlaska

 

Marlaska contra las cuerdas tras el demoledor varapalo judicial.

El varapalo judicial recibido por el ministro del Interior deja al exmagistrado contra las cuerdas un día después del ajuste de gobierno. La oposición va a hacer batalla contra él.

Un día después de presumir de su nuevo gobierno y de sus cuatro vicepresidentas, a Pedro Sánchez se le ha prendido en Moncloa un inesperado incendio que amenaza con dejar aún más chamuscado a uno de los ministros de su núcleo duro, el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska.

La decisión de la Audiencia Nacional de desautorizar a Marlaska y obligar a la reposición en su puesto del coronel Diego Pérez de los Cobos, ha provocado una reacción inmediata y unánime de los tres partidos de la oposición.

Más aún, han sido sus tres máximos líderes, Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, los que han salido a la palestra para exigir la dimisión del ministro.

La reacción del Gobierno, por el momento, ha sido de perfil bajo. Se ha limitado a anunciar que recurrirá la sentencia.  

Jaque mate a Marlaska: la Audiencia Nacional tumba su purga al coronel Pérez de los Cobos

"Desde el respeto a las decisiones judiciales, al discrepar con la resolución del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8, se interpondrá recurso contra la misma a través de la Abogacía del Estado", ha informado el Ministerio del Interior tras conocer la sentencia que afirma que el cese "era ilegal".

play_arrow Jaque mate a Marlaska: la Audiencia Nacional tumba su purga al coronel Pérez de los Cobos

 

play_arrow Calvo para los pies a Iglesias y le avisa de que ya no pinta nada en el Gobierno

 

play_arrow Luis Figo manda a Rufián a trabajar después de que éste le llame neonazi

ESDIARIO

LA » CLOACA » ESTABA EN CASA

Las frases contenidas en las resoluciones de la Audiencia Nacional siempre fueron de ida y vuelta. Siempre fueron reversibles ideológicamente, y siempre a favor de obra cuando era la izquierda quien necesitaba magnificarlas o acallarlas.

Bien estaba la cosa si quienes incluían en sus sentencias acotaciones políticas y derivaciones pseudo-jurídicas contra la derecha eran magistrados de vitola progresista, trayectoria de superioridad moral, o patente de corso ideológica.

Alguno de ellos ni siquiera permitió a Mariano Rajoy intuir por dónde le iba a venir la moción de censura que dio con él en un soporífero despacho del Registro de la Propiedad.

En cambio, si las resoluciones de la Audiencia Nacional afectan de lleno a un dirigente de la izquierda, como ocurrió ayer con Pablo Iglesias, el escándalo deja automáticamente de serlo y su fanfarria mediática se diluye en la rutina procesal de los Tribunales.

O en ese uso extensivo y caprichoso de la presunción de inocencia que la ética pública de la izquierda siempre niega a los demás. Por el mero hecho de afectar a un dirigente de Podemos, estas resoluciones nacen como si no fueran ajustadas a Derecho.

Son solo tics autoritarios de una derecha judicial con dejes vengativos y herencia ultraconservadora que apenas merecen mucho más que el desprecio del silencio, porque están viciadas por un ancestro reaccionario que conviene erradicar.

Una frase de la Audiencia contra Rajoy, sin siquiera amagar con imputarle personalmente, hunde a un Gobierno en semanas. Una frase contra Iglesias, apuntando a la comisión directa de dos presuntos delitos, es azúcar en el agua. El progresismo calla.

Antes de intuir que un juez de la Audiencia Nacional apuntara a su posible pre-imputación, Pablo Iglesias ya había señalado y estigmatizado con desprecio amenazante al Tribunal que condenó a su portavoz en Madrid, Isa Serra, por atacar a varios policías en una manifestación.

Restringir la independencia del poder judicial fue el primer objetivo de Iglesias desde que formó gobierno con Pedro Sánchez, por encima incluso de su propósito de dominar al PSOE.

Y su fiscal general lo demuestra en este caso protegiendo a Iglesias como si fuese intocable. La claudicación de los poderes legislativo y judicial frente a la autoridad abusiva del ejecutivo está en la primera cartilla de cualquier populismo nacido para derogar las libertades.

Por eso, cuando un juez tumba a un derechista es un justo ejercicio de legalidad. Y cuando golpea a un izquierdista de ley, es la reencarnación de la ultraderecha bajo una toga indigna.

Ningún gobierno soportó tan mal el peso de la hemeroteca como el de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Fernando Grande-Marlaska -juez avalado en su día por la derecha para saltar al CGPJ- acusó directamente a ministros del PP de diseñar una emboscada contra Iglesias utilizando las «cloacas del Estado».

Ahora, un juez tan miembro de la Audiencia Nacional como Marlaska intuye que Iglesias miente y sospecha que la «cloaca» estaba en Podemos. Mucho se equivocó en su día el PP con su parafernalia de medias verdades, sus delatores presos, y sus imaginativas versiones judiciales.

Hoy, la única diferencia es que Iglesias parece inmune.

Manuel Marín ( ABC )

No son ‘presos políticos': son políticos presos por violar las leyes y desobedecer sentencias

Contra las mentiras del separatismo catalán y de la ultraizquierda española

No son ‘presos políticos': son políticos presos por violar las leyes y desobedecer sentencias

@ElentirVigo     

La Audiencia Nacional ha enviado a prisión preventiva al exvicepresidente y a ocho exconsejeros del Gobierno catalán por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.
Cataluña: Pablo Iglesias está haciendo lo que sus colegas iraníes esperaban de él
Podemos rechaza por tercera vez apoyar la libertad de los presos políticos de Venezuela
Creían tener el privilegio de violar la ley con total impunidad
Significativamente, la orden de prisión preventiva dictada contra ellos ha sido justificada por la juez Carmen Lamela por la fuga de Carles Puigdemont y otros exconsejeros a Bélgica. El expresidente del Gobierno catalán y cuatro de sus exconsejeros han desobedecido la citación judicial, por lo que la Fiscalía ha pedido su detención. Este desenlace del golpe separatista en Cataluña era muy previsible. El Gobierno de España ha sido muy suave a la hora de tomar medidas contra los golpistas, incluso les dio la oportunidad de regresar a la legalidad, pero no hicieron caso. El separatismo catalán lleva años incumpliendo las leyes y desobedeciendo sentencias judiciales -por ejemplo, las que amparan el derecho a estudiar en español en Cataluña-, sin que ello tuviese consecuencias. Se habían acostumbrado a la impunidad de tal forma que ya creían tener el privilegio de saltarse las leyes, incluso cometiendo delitos tan graves como el de sedición y el de rebelión, delitos cometidos al violar la Constitución Española y las sentencias judiciales, a fin de promover la separación de una parte de España, usurpando la soberanía nacional.
La ultraizquierda llama ‘presos políticos’ a los golpistas encarcelados
Ejerciendo una vez más su papel de propagandista del separatismo catalán, Podemos ha salido rápidamente en defensa de sus detenidos. El líder del partido de ultraizquierda, Pablo Iglesias, ha afirmado esta tarde en su Twitter: “Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña pero hoy decimos: libertad presos políticos“. Esta irresponsable y demagógica declaración es un nuevo episodio del apoyo que viene manifestando Podemos al separatismo catalán, en el marco de una estrategia para desestabilizar la democracia española a fin de obtener votos para una opción populista que surgió de las filas del comunismo.
Pablo Iglesias confunde la tolerancia con la impunidad
Obviamente, esos políticos separatistas no están en prisión por hacer oposición al Gobierno, como da a entender Pablo Iglesias. Prueba de ello es que Pablo Iglesias y otros políticos españoles llevan años haciendo oposición al Gobierno sin haber sido acusado nunca de ningún delito por ello. España es una de las democracias más avanzadas del mundo. En España es totalmente legal criticar al Gobierno e incluso manifestarse contra él. De hecho, la izquierda disfruta de una tolerancia que incluso podríamos calificar de excesiva. Una prueba de ello es que Pablo Iglesias incluso ha elogiado a quienes agreden a agentes de Policía e incluso ha apoyado a un miembro de Podemos encarcelado por agredir a puñetazos a un concejal socialista, y a pesar de tratarse de claras incitaciones a la violencia, ningún juez le pidió explicaciones por ello.
La estrategia de Podemos y del separatismo: cuanto peor, mejor
Algo así sería impensable en países como Venezuela. Precisamente, Podemos viene apoyando a la dictadura chavista mientras se dedica a desprestigiar a la democracia española, con absoluta desfachatez. La obediencia del partido de ultraizquierda hacia esa dictadura está por encima incluso de los derechos humanos: el partido de Pablo Iglesias se ha negado a pedir la libertad de los presos políticos venezolanos en tres votaciones parlamentarias, y eso a pesar del encarcelamiento de líderes de la oposición en prisiones militares -algo impensable en una democracia-, el asesinato de manifestantes de la oposición democrática, y las torturas perpetradas en las cárceles venezolanas, unas violaciones de derechos humanos denunciadas por la ONU y la Unión Europea. Mientras Podemos apoya a esa dictadura brutal, sus socios parlamentarios comunistas de Izquierda Unida llaman “institución criminal” a la Unión Europea pero se niegan a definir como “dictadura” a Venezuela. Indudablemente, la calificación absurda que ha hecho hoy Pablo Iglesias sobre los golpistas encarcelados no significa que sea incapaz de distinguir entre un preso político y un político preso. Conoce muy bien la diferencia. Pablo Iglesias miente y lo hace para crear tensión y fomentar una cultura de la subversión, el único escenario del que su partido extremista y populista puede obtener algún resultado que le satisfaga. El separatismo y la ultraizquierda tienen un denominador común: cuando peor le vaya a España, mejor para ellos. Una estrategia antiespañola que debe ser denunciada en todos los ámbitos posibles.