Ha ampliado las diligencias tras saber que la Policía no informó de la llegada de Gali a la Audiencia Nacional, que lo estaba buscando y que había pedido semanas antes que lo localizaran por varias causas penales.
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior - Ep
El juez del caso Gali, Rafael Lasala, ha ampliado las diligencias de investigación para depurar responsabilidades en el Ministerio del Interior por la entrada clandestina en España del líder del Frente Polisario. El Gobierno de Pedro Sánchez desplegó en abril una operación para introducir furtivamente a Brahim Gali, que estaba incurso en varias causas penales en la Audiencia Nacional por genocidio, terrorismo y torturas, entre otros delitos.
En los meses previos, la Audiencia Nacional había pedido a la Policía que localizara a Gali, junto a otros miembros del Polisario. La Policía no dio con él, pero se comprometió a seguir las indagaciones. Sin embargo, apenas cuatro semanas después, cuando la cúpula policial supo de la entrada clandestina de Gali, no lo notificó a la Audiencia Nacional. En vez de eso, se activó un dispositivo de escolta y seguridad en torno a Gali.
El plan para introducir furtivamente en España al líder del Polisario fue coordinado por la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a través del que era su director de gabinete, Camilo Villarino. Ambos están imputados por los presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad. Pero en aquella operación también intervino la cúpula del Ejército del Aire, que depende de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y también agentes del Ministerio del Interior, lo que compromete de lleno al ministro Fernando Grande-Marlaska.
Hace meses que el juez zaragozano que instruye el caso Gali había extendido sus pesquisas al Ministerio del Interior. Llamó a declarar como testigo a la jefa de gabinete de Marlaska, Susana Crisóstomo, que le dijo al juez que no sabían nada de la entrada de Gali, que se enteraron días después, cuando trascendió por los medios de comunicación. Esa versión de Crisóstomo protegía a Marlaska, pero se vio truncada hace escasos días, el 29 de noviembre, cuando compareció ante el juez Lasala el comisario general de Información, Eugenio Pereiro. Contradijo a la jefa de gabinete del ministro.
Pereiro desveló que él sí sabía que Gali iba a entrar en España. Afirmó que lo supo con antelación –dijo que por un supuesto confidente– y que se lo contó al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González Jiménez. El DAO forma parte del equipo del director general de la Policía, la cúpula orgánica que cuelga del ministro. Pero tan crucial dato, la presencia de Gali, no se comunicó a la Audiencia Nacional, pese a que la Policía tenía la encomienda de localizarlo.
Nombres y documentos
El juez acaba de ordenar nuevas diligencias para reclamar más documentación, datos y nombres. Busca la rama del caso Gali en los dominios del ministro Marlaska. También quiere los datos que se cruzaron Interior y Exteriores.
El líder del Polisario, que poco antes había declarado la guerra a Marruecos y está protegido por Argelia, llegó a España gravemente enfermo de Covid. Fue curado en el hospital público de Logroño, donde fue ingresado con un pasaporte falso. El Gobierno riojano de la socialista Concha Andreu también participó en la operación. Gali llegó el 18 de abril (domingo), a través de la Base Aérea de Zaragoza, y se marchó de España el 1 de junio. Se fue como llegó, sin pasar los controles de pasaportes.
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