Sede de IBM en Barcelona, en la avenida diagonal
La Generalitat pagó más de 750.000 euros a la compañía informática IBM para la construcción del sistema SPRIU, la aplicación con la que según la investigación que lleva el Juzgado número 13 de Barcelona, había sido pensada para reemplazar a la Agencia Tributaria estatal en una hipotética Cataluña independiente.
Así consta en el sumario de actuaciones del Juzgado número 13 de Barcelona, al que ha tenido acceso Europa Press, que investiga la organización y financiación del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre, así como la presunta creación de “estructuras de Estado” en Cataluña, con fondos del erario público, para garantizar la viabilidad administrativa de esta comunidad autónoma si la consulta ilegal triunfaba y se escindía de España, con herramientas como el SPRIU.
Se trata de un sistema informático que según concluyó la Policía judicial, diseñaron IBM y SAP en colaboración con el centro de tecnologías CTTI de la Generalitat para gestionar la agencia Tributaria catalana y que resultó ser demasiado ambicioso como para tramitar los impuestos que por competencia corresponden a una comunidad autónoma, lo que llevó a los agentes a concluir que el plan era “acabar supliendo” a la AEAT en una hipotética Cataluña independiente.
ras este informe, el instructor del 13 ordenó a IBM y SAP que facilitasen de inmediato “toda aquella documentación”, desde contratos hasta actas de reuniones pasando por extractos de cuentas bancarias y facturas, relativa al “encargo, la dirección, desarrollo y la facturación del sistema SPRIU”.
En concreto, quería los “evolutivos, pliegos de condiciones, modificados de contratos, solicitudes, órdenes o comunicaciones realizadas por la Generalitat de Cataluña, cualquiera que sea el tipo de medio utilizado, contratos, facturas, justificantes de horas de trabajo, expedientes de trabajo, extractos de cuentas bancarias, presentaciones, acta de reuniones, informes técnicos etcétera”.
Ambas compañías contestaron por escrito aunque en el caso de SAP no hay cifras económicas. IBM informa al juez de que en total, la cuantía de sus servicios facturados a la Generalitat para el SPRIU asciende a 753.102,3 euros, de los que 241.382 corresponden a la oferta relativa al encargo, 16.162,2 (sin IVA) por la desactivación, y 511.720 euros por el Gestor de Entradas.
No obstante, la Guardia Civil solicitaba al juez que interviniese los correos electrónicos del director de SPRIU en IBM y su responsable de gestión desde el 1 de enero de 2015, hasta el 15 de octubre de 2017, pero no se ha atendido su pretensión porque según el auto, “excede el objeto de la investigación”, en la que “únicamente tendrían relevancia las actuaciones realizadas desde que se activó el proyecto de celebración del referéndum”.
Un catastro catalán
Por otra parte, la Guardia Civil apuntó en ese mismo informe la intención de los responsables del Govern de confeccionar un catastro desvinculado del nacional, frente a lo que el juez solicitó al Instituto Cartográfico y Geográfico de Cataluña que entregase “toda aquella documentación”, incluyendo facturas, documentación contable o informes de asesoría y borradores, que hubiera podido realizar “para cualquiera de los departamentos que conforman la Generalitat o terceros” si están “relacionados con la creación de un catastro” para el Ejecutivo autonómico.
El juez incluye específicamente en el requerimiento al Instituto Cartográfico una mención a toda la documentación sobre un catastro catalán “que hubiese podido contratarse con cualquier departamento dependiente de la Secretaría de Hacienda u otros organismos de la Generalitat”.
En su respuesta, el Cartográfico declara que “el Instituto no ha facturado cantidad alguna relacionada con la formación de un catastro catalán, ya sea de la Generalitat de Cataluña, sus entidades públicas o a terceros” y no se ha ejecutado “ningún contrato” al respecto.
