Casado plantea desalojar a los okupas en 24 horas en vez de en los 2 meses actuales

La precampaña electoral ha comenzado y el Partido Popular tiene ya su primera medida sobre la mesa, de cara a los comicios municipales de mayo. Se trata de una proposición de ley para conseguir que se resuelva el lanzamiento de viviendas okupadas en menos de 24 horas, en lugar de los 2 meses actuales, tal y como ha anunciado el propio presidente del PP, Pablo Casado. El grupo parlamentario popular pedirá que esta proposición se tramite por el procedimiento de urgencia.

Este borrador se sustenta en cuatro pilares: el cambio de consideración legal sobre los hechos —que la okupación pase de ser falta a ser delito— y un aumento de las penas —prisión de 1 a 3 años—, que los inmuebles okupados no puedan tener la consideración de domicilio, que las personas jurídicas también puedan iniciar el desalojo y que las comunidades de propietarios puedan personarse en el proceso.

Casado ha dado a conocer el contenido de esta proposición de ley, para la que ha pedido el apoyo del PSOE y Ciudadanos para su tramitación en el Congreso, en un acto en Badalona (Barcelona), acompañado por la portavoz de los populares en dicha cámara, Dolors Montserrat, y el líder del PP en Badalona, Xavier García Albiol.

Quién será considerado okupa y quién no

El presidente también ha responsabilizado a "los mal llamados alcaldes del cambio" del fenómeno de los okupas en las ciudades españolas, “principalmente Madrid, Barcelona y Badalona”. " La señora Colau, los mal llamados alcaldes del cambio como Carmena, Kichi o Santiesteve [alcalde de Zaragoza] están permitiendo la okupación con la misma impunidad con la que permiten el comercio ilegal de manteros, las agresiones ciudadanas o la quema de vehículos, con las mismas indicaciones irresponsables a la policía local de no actuar ante el delito", ha añadido.

El PP ha apostado por este texto legal porque, según ha comentado su líder, está en su ADN la defensa de la propiedad privada. “Es un derecho consagrado en el artículo 33 de la Constitución”. Con esta nueva propuesta, los de Casado esperan “recuperar el mercado del alquiler”. “Aquellas personas que tienen un problema económico después de unas cuestiones sociales o pérdida del empleo no van a ser considerados okupas”, ha matizado.

La ley que propone el PP no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios. "No estamos regulando el denominado 'precario', es decir, cuando una persona estaba alquilada o tenía un título jurídico para vivir en un piso y ese acaba y permanece en el lugar y es tolerado por el propietario o poseedor legítimo", han indicado fuentes de Génova. "No estamos regulando tampoco los desahucios hipotecarios. Estamos luchando contra la delincuencia y la ocupación ilegal".

La ley sobre desokupación de viviendas ya fue reformada el pasado mes de abril, con  Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. Aquel cambio legislativo, que fue a propuesta del PDeCAT y contó con el apoyo del PP, Ciudadanos y PNV, ya redujo los tiempos. el demandado tenía 5 días para recibir la notificación de desalojo, 20 días para hacer efectivo el desahucio y se fijaba un plazo de 7 días para que los servicios públicos puedan "adoptar las medidas de protección que procedan".

Era una reclamación tradicional de los propietarios, que, antes de la reforma de la ley, podían necesitar hasta tres años para liberar sus inmuebles. Así, el Partido Popular pone el foco en un caladero electoral que puede granjearle cierta ventaja en las urnas.

EL FIN DE LOS OKUPAS EN ESPAÑA

El problema de los okupas ha alcanzado cotas aberrantes en España a lo largo de los últimos años. La absoluta indefensión que sufren los propietarios por culpa de una ley injusta y mal diseñada, que ampara a los delincuentes en lugar de a los legítimos dueños de los inmuebles, y la vergonzosa y cómplice connivencia que han mostrado los políticos, especialmente la extrema izquierda, con la okupación, han terminado por disparar este fenómeno a nivel nacional.

Tan solo en Madrid cerca de 5.000 viviendas permanecen okupadas, pero son decenas de miles las propiedades que han sido usurpadas en todo el país a manos de mafias organizadas o meros caraduras, cuyo único objetivo es beneficiarse con la venta y disfrute de bienes ajenos. Se trata, simple y llanamente, de un robo. Pero lo más grave es que, a diferencia de lo que sucede con otros crímenes, los okupas han gozado hasta el momento de plena impunidad, tanto desde el punto de vista legal como político.

Como consecuencia, los propietarios, además de tener que sufrir semejante atropello, han tenido que esperar meses, cuando no años, para poder recuperar sus viviendas debido a las trabas jurídicas y la enorme lentitud de la Justicia.

Todo ello atenta de forma directa contra el derecho fundamental a la propiedad privada, pero es que, por si fuera poco, la multiplicación de casas okupas en el centro de las ciudades ha terminado generando graves problemas de convivencia vecinal e incluso de seguridad pública, puesto que son muchas las viviendas usurpadas que se destinan a la comisión de actividades ilícitas. Hasta tal punto ha llegado el escándalo que en los últimos meses se han aprobado algunas iniciativas para tratar de frenar esta plaga, pero se han demostrado absolutamente ineficaces contra los delincuentes.

La propuesta que acaba de presentar el PP de Pablo Casado, por el contrario, da justo en el clavo. Tanto es así que su aprobación acabaría de raíz con el problema de los okupas en España, a imagen y semejanza de lo que sucede en otros países ricos y civilizados. La iniciativa, que protege a todos los propietarios por igual, tanto personas como empresas, impondría penas de cárcel a los okupas, en lugar de meras multas que nunca se pagan, tal y como sucede en la actualidad, al tiempo que agiliza los procesos judiciales, sobre todo contra las mafias organizadas.

Sin embargo, lo más importante es que garantiza un mecanismo ágil, rápido y eficaz para que los dueños recuperen sus inmuebles de inmediato, en un plazo máximo de 24 horas. La clave aquí radica en que la víctima podrá acudir directamente a la Policía y, sin necesidad de autorización previa por parte del juez, proceder al desalojo de los okupas, empleando el uso de la fuerza en caso necesario, sin tener que esperar meses o años como acontece hoy. El fin de la protección jurídica de la que hoy disfrutan los okupas es una cuestión de dignidad, justicia y puro sentido común.

No es concebible que los legítimos propietarios sean víctimas de un robo y que el Estado, lejos de perseguir el crimen, se dedique a defender a los delincuentes. La propuesta del PP es intachable y, si bien es cierto que Vox lleva tiempo defendiendo una medida similar, el hecho de que se extiendan y compartan este tipo de soluciones entre las formaciones políticas es digno de aplauso. Allá la izquierda si quiere proteger a los okupas. La decencia política siempre ha de estar del lado de los ciudadanos honrados, jamás de los delincuentes.

Libertad Digital

Colau gasta 800.000€ públicos en indemnizar a un hotel que no pudo construirse al estar ella de okupa

El ayuntamiento de Barcelona concedió en 2007 una licencia a la cadena hotelera Catalonia para derruir un edificio y construir un hotel en su lugar. Al intentar proceder, la empresa se topó con doce viviendas ocupadas y dos habitadas. Los ‘okupas’ estaban capitaneados por la ahora alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau. Once años más tarde, el contribuyente tendrá que pagar de su bolsillo 801.183,56 euros para indemnizar a la cadena hotelera perjudicada.

El comienzo de la historia tiene lugar cuando el ayuntamiento estaba liderado por el socialista Jordi Hereu. Por aquel entonces, Ada Colau era una reconocida activista de la ‘ocupación’ en Barcelona. Tanto ella, como la actual concejal Gala Pin, se encontraban en el edificio que la empresa hotelera pretendía derruir para construir un hotel de tres estrellas y 65 habitaciones.

El litigio y posterior desocupación duró hasta el año 2010 y supuso que la licencia para la construcción expirase. La empresa consideró que todo aquello no era su culpa y acudió a los tribunales. Finalmente, y varios años después, el Tribunal Superior de Justicia Catalana les ha dado la razón.

Por ello, el pasado 22 de marzo, la comisión de gobierno del Ayuntamiento tuvo que autorizar el pago de la indemnización de más de 800.000 euros por parte del órgano municipal a la empresa.

“Que los pague de su bolsillo”

Alberto Fernández, presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona,  pide a Colau  “que pague de su bolsillo los  801.183,56€ de condena al Ayuntamiento, como indemnización, en consecuencia de una ocupación ilegal promovida por la alcaldesa cuando ella era activista”.

Alberto Fernández ha afirmado que “las ocupaciones de Colau no pueden salirle gratis a ella y caras a Barcelona” y añade “aquella ocupación ilegal provocó molestias a vecinos, y comerciantes, además de al hotel que allí debía construirse, y al que ahora todos debemos pagar”.

Colau invierte 35 millones para entidades y colectivos afines

Máximas facilidades para sus colectivos afines. El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, es especialmente permisivo con grupos y entidades que se sitúan en la órbita ideológica del partido de la alcaldesa e incluso de la CUP. Prueba de ello son los más de 35 millones de euros que el gobierno municipal ha destinado para locales de estos colectivos, «embajadas de radicales», como lo consideran desde el grupo municipal del PP en la Ciudad Condal.

Según datos facilitados por el grupo popular, la compra de edificios por parte del gobierno de Colau para sus afines desde que gobierna supera los 20 millones, cantidad a la que se deben añadir otros 15 millones en rehabilitaciones tanto de edificios adquiridos como cedidos. Por si esto fuera poco, algunos edificios de propiedad municipal siguen en manos de «okupas» ante la pasividad del consistorio.

«Es necesario que Colau ponga fin a esta política de compra de edificios y cesión de equipamientos a grupos radicales afines ideológicamente», incide Alberto Fernández, líder municipal de los populares. A su parecer, esta actitud no favorece al asociacionismo y entidades de barrio, ya que no existe un trato igualitario entre ellao y algunas claramente sufren un agravio comparativo respecto a estos grupos mimados por Colau.

Arran, CDR, ANC...

Entre los casos, destaca la reciente compra por un millón de euros del Bloc 17, en el corazón de Horta. La finca, en la que se reunían entidades como una agrupación de Arran (juventudes de la CUP) o el Comité de Defensa de la República (CDR) del barrio, tiene pendiente la rehabilitación, que también pagará el Ayuntamiento. También se conoció hace poco la rehabilitación del Ateneu de la Sagrada Familia, en el Eixample. Este edificio, en el que tendrán espacio las territoriales de la ANC y Òmnium, entre otras entidades, fue comprado por 2,4 millones y ahora se destinar otros 2,3 a rehabilitarla.

Otro ejemplo es el Ateneu Harmonia, de Sant Andreu. Ubicado en un recinto fabril, se han destinado 5,6 millones en arreglarlo. De nuevo Arran, la Asamblea Antifascista de Sant Andreu, los Yayoflautas o los CDR, entre otras asociaciones, lo frecuentan.

Mención especial merecen los proyectos de Ciutat Vella, por sus altas inversiones. Las tres fincas Can Seixanta, en el Raval, se reconvertirán en pisos y sedes sociales: el proyecto, en el que el PP intuye que se beneficiará a otros afines, costará 9,1 millones. Además, el Espacio del Inmigrante -ayuda y atención para extranjeros en situación irregular- ha costado 1,4 millones-. «Si Colau hubiese gastado la misma cifra para luchar contra los ‘narcopisos’, con toda probabilidad, ahora no hablaríamos de las complicaciones que tiene el Raval», apunta Fernández. Por otro lado, el Borsí, con un coste de 11,5 millones, será para el barrio y aunque todavía no se ha concretado quienes lo usarán, se sabe que la CUP, la CGT o el movimiento del 15-M arropan el proyecto.

«Okupación» tolerada

Además, el gobierno municipal tolera la «okupación» de espacios municipales. El conocido centro de Can Vies en Sants, origen de uno de los últimos capítulos de violencia callejera en Barcelona -antes del no menos polémico conflicto del Banco Expropiado de Gracia-, es uno de los espacios que a día de hoy siguen «autogestionados» por colectivos antisistema.

En este mismo sentido está la «okupación» de las casas de la calle Hort de la Vila, en Sarrià: el Ayuntamiento de la capital catalana ha destinado allí 67.829 euros en rehabilitaciones y, según destaca el PP, fue asaltada por miembros de Arran y la CUP tras acabar las obras. La antigua comisaría del CNP de Gracia también es usada sin complejos por colectivos antisistema: el consistorio cede el inmueble por 550 euros al año y les paga luz, agua, comunidad e IBI.

Más allá de las inversiones destinadas a los locales para sus afines, los presupuestos municipales -que justo se acaban de aprobar automáticamente al haber superado la alcaldesa cuestión de confianza a la que se vio obligada por falta de apoyos- también contemplan un incremento de «las subvenciones ideológicas». «En un año se han incrementado un 122%, pasando de 11 millones a 24,4», denuncia Fernández.

Colau gasta 56.000€ en una guía turística que promociona una casa okupa

Colau gasta 56.000€ en una guía turística que promociona una casa okupa

 

El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau y el PSC, está promocionando como uno de los reclamos turísticos de la ciudad la Kasa de la Muntanya, un histórico templo del movimiento okupa barcelonés que pertenece al Ministerio de Hacienda y lleva tomado ilegalmente desde 1989.

El Consistorio ha destinado 56.760 euros públicos para elaborar la guía turística en la que aparece resaltado el edificio okupado, según consta en una respuesta oficial que el Ejecutivo de Barcelona ha remitido al grupo municipal del PP y a la que este diario ha tenido acceso.

El Gobierno de Colau defiende ante los populares que la Kasa de la Muntanya fue reseñado como «punto de interés cultural» por su valor «arquitectónico e histórico»; y en la guía subraya que «desde hace más de 20 años es uno edificio okupado» como uno de los rasgos distintivos que justifican la visita a un inmueble de 700 metros cuadrados que está catalogado como patrimonio histórico.

La Kasa de la Muntanya es un antiguo cuartel de la Guardia Civil que había sido construido por la familia Güell para dar seguridad al Parque Güell. El inmueble acabaría siendo abandonado por el Instituto Armado en 1983 después de sufrir un atentado por parte de la banda armada independentista Terra Lliure y la propiedad pasó a manos del Ministerio del Interior, que después lo traspasaría al de Hacienda.

En 1989, tras detectar que el Gobierno llevaba seis años sin dar uso a la propiedad, un grupo de activistas decidió okuparlo para acabar convirtiéndolo en un referente del movimiento antisistema barcelonés. En 2001, después de que Hacienda denunciara la okupación, se llevó a cabo un frustrado intento de desalojo que derivó en una batalla urbana y en la que un joven perdió un ojo.

En 2014, la decana de las casas okupas de Barcelona volvió a ser noticia, después de que los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra irrumpieran en ella para llevar a cabo una operación policial contra el terrorismo de ideología anarquista por explosionar artefactos en cajeros. Operación que se acabó saldando con 11 personas detenidas.

La promoción de la Kasa de la Muntanya por parte del Ayuntamiento demuestra de nuevo la simpatía del Gabinete de Colau hacia el movimiento okupa. Connivencia que llevó al Gobierno de Barcelona a mirar hacia otro lado tras los disturbios producidos por el desalojo del Banco Expropiado y que, actualmente, le lleva a plantearse modificar el plan urbanístico que afecta a Can Vies para que este otro templo okupa pueda permanecer en pie.

Con Colau las ‘okupaciones’ ilegales han crecido un 66%

 

 

El PP recuerda que la alcaldesa “además de permitir la ocupación ilegal, paga la luz, el agua y las fiestas" a los antisistema.

 La podemita Ada Colau está prácticamente a diario en la palestra por la gestión que está llevando a cabo al frente de la alcaldía de Barcelona. El PP la acusa de ser un lastre para la ciudad por “haber entregado Barcelona a la prostitución”, "contratar a dedo" y “generar un efecto llamada de manteros".

Además, critica que se haya retirado de 13 procesos penales contra antisistema; le parezca normal familiarizar a los niños con ETA, los adoctrine en la Cabalgata de Reyes; avale que las esteladas presidan actos oficiales o sea permisiva con los ‘okupas’.

Sobre éste último asunto la podemita está en la picota este jueves. El líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández, ha denunciado que con Colau como alcaldesa las okupaciones ilegales se han multiplicado, creciendo un 66% en tan sólo medio año, entre el 2015 y el primer semestre de 2016.

Informa de que el gobierno municipal le ha reconocido en respuesta a una pregunta de su grupo que en el 2015 había 642 casas ocupadas y que en el primer semestre de 2016 se han incrementado hasta 1.065.

Además, el popular alerta de que hay distritos que tienen un incremento de casas ocupadas del 100%, como Ciutat Vella, Nou Barris un 95% o Sarrià-Sant Gervasi 75%.

Fernández consiera que “las políticas de la alcaldesa están multiplicando el fenómeno okupa”. Dice que “está generando un efecto llamada okupa derivado de un efecto Colau que se escribe con doble ‘k’: Alkaldesa Kolau”.

En este sentido, enumera varios casos en los que el Ayuntamiento “además de permitir la ocupación ilegal, les paga la luz, el agua y las fiestas”:

Banco Expropiado: El Consistorio ha pagado el alquiler de este local privado, durante todo el 2015, es decir, la mitad del año de Trias y la mitad de Colau, con un coste de 66.500 euros anuales.

Transformadors: El edificio se ocupó ilegalmente en julio de 2015, hasta abril de 2016 y el Ayuntamiento se ha hecho cargo de los suministros de los ocupantes ilegales por importe de 1.937 euros, correspondientes a luz y agua.

3 Lliris: Se pagaron las conexiones eléctricas de la Fiesta Mayor Alternativa de Gracia a los okupas, por importe de 10.492 euros. Aquí tiene todos los detalles.

Can Vies: Desde el año 2014 que se produjo el fallido intento de desalojo de los okupas, se han producido fiestas, venta de bebidas, conciertos y obras ilegales, sin ningún tipo de licencia. Además, los okupas han impedido que los funcionarios municipales puedan acceder a la finca para inspeccionar el edificio.

Hort de la Vila: En diciembre de 2015 se ocupó ilegalmente y durante las 24 horas posteriores se incoó expediente de recuperación de la posesión, pero Pisarello optó por no intervenir. Recientemente se ha permitido que vuelvan a reocupar la finca, sin que el distrito haya puesto todos los mecanismos a su alcance para impedirlo, incluso celebrándose un acto político con más de 50 asistentes, entre ellos algún concejal de la CUP.

Por su parte, Alberto Fernández propone la creación de ‘Oficinas antiokupas’ que deben servir para asesorar a vecinos y propietarios que sufren los problemas de la ocupación, ya que en "muchas ocasiones éstos se encuentran sin amparo frente a esta problemática".

Metamos a Carmena en su propia trampa: hagamos grupos okupas que no le gusten

 

 

 

El anuncio de la alcaldesa madrileña de que cederá edificios municipales a grupos okupas es algo que resulta inspirador para cualquier asociación que quiera un local gratis.

Y digo cualquier asociación, pero tengo que hacer un matiz: cualquier asociación que se convierta en grupo okupa. Si diriges una Cáritas parroquial y ayudas a los necesitados, te quedas sin local gratis, claro. Porque además de no ser un grupo okupa, te dirán que el laicismo izquierdista impide al ayuntamiento ceder un local a un grupo dependiente de la Iglesia Católica, aunque sea una ONG de ayuda a los menesterosos, pero no impide ceder locales a grupos antisistemas que a menudo se dedican a actividades violentas e ilegales. Según la óptica de Ahora Madrid, lo urgente para acabar con la pobreza en la capital de España no es proporcionar medios públicos a las ONG que la combaten, sino ceder edificios a grupos okupas. ¿Qué no lo entiendes? Pues muy sencillo: los okupas son amiguetes de Carmena y Cáritas no. Y vale ya. ¿O no vale?

Pues no. De hecho, será interesante conocer el criterio de Carmena y su gabinete para adjudicar esos espacios públicos. Si alguien me sugiere que ese criterio consistirá en el uso a discreción de un dedo, no le quitaré la razón. No sería la primera vez que la izquierda confunde una administración pública con su cortijo particular, en el que puede hacer lo que le venga en gana, beneficiando a sus amiguetes con todo el descaro del mundo. El caso es que hay una cosa llamada Constitución Española cuyo Artículo 14 afirma: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” Dicho sea de otra forma: si montas un grupo okupa de derechas, católico, provida, liberal o simplemente anticomunista, Carmena no te podrá discriminar en la adjudicación de locales alegando que tus opiniones no le gustan. O bueno, sí que podría, pero en ese caso -y ella, que ha sido jueza, debería saberlo- estaría cometiendo un delito de prevaricación.

Así pues, ¿para qué seguir manteniendo ONGs de ayuda al necesitado, asociaciones provida, think tanks liberales, grupos a favor de la libertad religiosa o cualquier otra plataforma que tenga por ámbito de actuación la ciudad de Madrid y que no coincida con la ideología de la alcaldesa? Es hora de hacer grupos okupas, que es lo que a Carmena le mola, pero hagámoslos para mantener opiniones que no sean del agrado de la alcaldesa, y veremos lo que pasa. Ya sé que alguno pondrá reparos a llevar cresta, a convertir un edificio en un cerdal, a montar ruido y molestar a los vecinos y a otros comportamientos asociados a esos grupos marginales. Tampoco hay que llegar a eso. No creo que el ayuntamiento tenga el tremendo cuajo de exigir que los grupos adjudicatarios del dedo… perdón, de esa justísima cesión de espacios públicos tengan que caracterizarse por los signos externos reconocibles de esas tribus antisistema. Vete engominado, con camisa, mocasines, lleva pantalones de tergal, y por supuesto no dudes en afeitarte y asearte como es debido. Sería divertido ver a un funcionario municipal argumentando que no te cede un espacio público por no ir hecho un guarro, pero insisto, esto no ocurrirá porque hacerlo sería un delito de prevaricación, y la señora Carmena, exjueza, no va a reclamar a sus funcionarios que cometan esos delitos, ni los va a cometer ella para beneficiar a sus amiguetes okupas, ¿a que no?