Sánchez adjudicó 339.584€ de fondos UE a la empresa recomendada por su mujer 7 días antes de estallar la trama Koldo

 

La consultora de Carlos Barrabés, colaborador en la puesta en marcha del máster que dirige Begoña Gómez, recibió una adjudicación de 340.000 euros de una entidad del Ministerio de Trabajo para formación en "emprendimiento"

Begoña Gómez se encuentra acorralada y afronta su semana más dura desde que se convirtiese en 'primera dama' del presidente Sánchez. Las informaciones publicadas por diversos medios de comunicación sobre su relación con empresas privadas como Globalia y fondos públicos ha producido un efecto dominó que ha terminado produciendo dos hechos: que ya haya sido denunciada ante la Fiscalía Europea y que el Congreso vaya a centrar parte de la próxima sesión de control sobre ella.

Una presión que ha terminado explotando a través de una carta remitida al director de El Confidencial, Nacho Cardero. El medio señala que la esposa de Pedro Sánchez ha amenazado con "ejercer la acción judicial" contra el medio, pero sin poner en duda la veracidad del contenido de ninguno de los artículos que han publicado. Eso sí, Begoña Gómez ha exigido al diario la retirada de uno de sus titulares en el que queda señalada por apoyar una UTE que ganó una adjudicación de fondos públicos por la mínima gracias a su carta de recomendación.

Todo ello también ha llevado a que Red.es, la Entidad Pública Empresarial adherida al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, haya salido al paso para defender a Begoña Gómez: denuncian que ella "no forma parte" de las empresas que recibieron la adjudicación, pese a que no desmienten la existencia de una carta de recomendación de la 'primera dama' que decantase la balanza.

Hazte Oír ha elevado las informaciones periodísticas a los tribunales, lo que promete ejercer todavía más presión sobre el matrimonio Sánchez-Gómez. La organización ha denunciado ante la Fiscalía Europea las "extrañas circunstancias" que envuelven el proceso de adjudicación de estos fondos y promete "una batería de acciones legales" contra la esposa del presidente del Gobierno. Miguel Tomás, portavoz de la organización, afirma que tomarán más medidas "que serán anunciadas en los próximos días".

El choque frontal y abierto contra algunos medios de comunicación y la primera denuncia que recibe no son los únicos hechos que prometen elevar las pulsaciones de la mujer de Pedro Sánchez. Begoña Gómez verá cómo tendrá un gran protagonismo en la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Mientras el Partido Popular ha declinado preguntar sobre las informaciones que rodean a Begoña Gómez -Feijóo ha señalado que no es su forma de hacer política-, Vox sí que realizará una consulta sobre "el papel" que tiene en la adjudicación de fondos públicos. La encargada de hacer la pregunta será Pepa Millán, portavoz de la formación en el Congreso. "¿Va a explicar el Gobierno el papel de Begoña Gómez en los contratos públicos?", es la pregunta que Vox registró el pasado jueves.

Con su pregunta, Pepa Millán recoge las informaciones que se han venido publicando en las últimas semanas acerca de que reuniones de Begoña Gómez con empresarios que, como los dueños de Globalia, acabaron recibiendo ayudas del Gobierno, así como sobre las ya citadas cartas de recomendación que firmó en favor de empresas que obtuvieron subvenciones.

La pregunta irá dirigida a un Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, que ya fue interrogado de forma similar en el Senado. Entonces, tachó de "miserables" las insinuaciones y sospechas vertidas para "ensuciar" la figura de Begoña Gómez.

Sánchez vuelve a batir su récord de gasto en asesores y altos cargos y lo dispara hasta los 132,7 millones

El presidente socialista sigue batiendo récords de gasto: en 10 meses ha superado en 20 millones el último año completo de Mariano Rajoy

• Nuevo récord de gasto de Sánchez en asesores: 55 millones, el doble que en 'investigación científica'
• Congreso y Senado duplican el gasto en las pensiones privadas de los asesores de los partidos

Récord de gasto en asesores y altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez / VANESA NÉRIDA.

La lista de asesores y altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez tiende a infinito, como el número pi. Los últimos datos disponibles (enero-octubre de 2023) sobre ejecución de gasto consultados por Vozpópuli certifican que el Ejecutivo de Sánchez es el que más derrocha en este personal. El Gobierno de PSOE y Podemos (ahora Sumar) han gastado en lo que va de año 132,7 millones de euros en salarios de asesores y altos cargos, una cifra récord que supera en 7 millones lo destinado a tal fin en 2022.

Con esta cantidad se podría pagar tres veces la Ley ELA (38 millones), que el Gobierno suspendió en el Congreso de los Diputados por suponer un aumento de gasto. El monto total de la factura gubernamental en altos cargos y personal eventual es de 132.784.000 euros. En 2022, se gastaron en esta partida 126.639.000 euros, una cifra que si bien es inferior a la actual ya supuso un récord en aquel entonces.

Más atrás, en el tiempo, en 2021, se habían destinado para el mismo período de tiempo 122,2 millones de euros, es decir, 10 millones menos que en la actualidad. Si nos remontamos todavía más atrás, hasta lo peor de la pandemia de coronavirus, en el año 2020, podemos comprobar que Sánchez pagó 112,9 millones a dicho personal. Pese a la complejidad histórica de aquel año, el Gobierno de Sánchez gastó 20 millones de euros menos en el salario de sus asesores y altos cargos que ahora. 

Pedro Sánchez puede cambiar de opinión en casi todo, pero no en seguir destinando recursos públicos a su cohorte de asesores. Según el último recuento oficial (julio de 2022), Sánchez y Bolaños acumulan solo para ellos 390 asesores. El séquito completo del Ejecutivo alcanza los 801 asesores.

Los altos cargos, cada vez más numerosos, han consumido 73,8 millones de euros, según los registros de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Supone un incremento de 2,6 millones de euros respecto a lo que se gastaba en 2022. Son 3,6 millones más que en 2021 y 8 millones por encima de lo que dedicó en 2020.

Pere Aragonès se vanagloria de que ERC ha forzado al Gobierno de Sánchez a reformar el Código Penal

 En ERC confirman que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España desde julio de 2021 ha sido y es negociador del Gobierno de "Madrid" que junto con su equipo han llevado a cabo esta negociación y que ahora toca avanzar en su hoja de ruta que pasa por la amnistía, la autodeterminación y la república.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se jactó ayer jueves, durante una entrevista en Catalunya Radio de ser el responsable de la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y modifica la malversación, lo que algunos ya han considerado como el acceso directo para la rebaja de penas de independentistas.

"Hoy entra en vigor la reforma del Código Penal que es fruto del proceso de negociación. Nosotros somos responsables del texto del código penal, ahora hay que ver que interpretación, guiada por la norma, como no puede ser de otra forma, que hacen los jueces, y la expectativa de cómo se puede implementar. Pero es fruto de esta negociación y voluntad de avanzar en la resolución del conflicto", ha afirmado.

En Esquerra se apuntan el tanto e insisten en que la entrada en vigor de la reforma es un beneficio colectivo, no solo para el independentismo. En este sentido, el coordinador general del partido ha reiterado que el conflicto político entre Cataluña y España, lejos de terminar, está más vivo que nunca. "Es necesaria una gran propuesta de acuerdo desde Cataluña sobre un referéndum efectivo y reconocido internacionalmente", ha subrayado.

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De la misma forma los republicanos han asegurado que están cada vez más cerca de la despenalización, a la que hoy se ha referido el juez Pablo Llarena en su auto al abordar el suceso del 1-O, y que van a seguir luchando para poner fin a la represión.

La hoja de ruta pasa por "la amnistía, la autodeterminación y la república", lo que en términos prácticos comienza con una posible absolución de los independentistas condenados y el regreso de los fugados, que podría concretarse este mismo año.

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Bolaños pidió a los nuevos ministros 'revisar' su pasado antes de que Sánchez les nombrase

 

Félix Bolaños e Isabel Rodríguez, en el Senado. EP

Antes de que los teléfonos de los destituidos comenzasen a sonar, Pedro Sánchez encomendó una primera misión al que se convertiría en el ‘hombre fuerte’ del presidente: contactar uno a uno a los ministrables para hacerles llegar la noticia de que el jefe del Ejecutivo estaba pensando en ellos para renovar el gabinete monclovita en el ecuador de la legislatura. Pilar Llop, Raquel Sánchez, Pilar Alegría, Isabel Rodríguez, José Manuel Albares y Diana Morant recibieron sendos mensajes en sus móviles con un recado un tanto singular: que escudriñasen en su pasado en busca de posibles polémicas o causas pendientes que pudieran salir a la luz y empañar la recta final del mandato del Gobierno de coalición. En plena carrera preelectoral, cualquier escándalo interno podría enterrar la oportunidad de Sánchez de repetir en Moncloa hasta 2027.

El pasado mes de julio, Pedro Sánchez ejecutó la mayor remodelación ministerial desde que resultó investido en enero de 2020. El anterior gabinete gubernamental se había visto sacudido por un sinfín de polémicas y, a ojos del jefe del Ejecutivo, había sucumbido a un desgaste político acuciado por el azote de una pandemia sin precedentes en España. La renovación gubernamental se convertiría muy pronto en un asunto capital para Pedro Sánchez, a pesar de que tanto él como su entorno lo desmentían una y otra vez.

Un caluroso fin de semana de julio llegó por fin el ‘hachazo’ de Sánchez. El presidente del Gobierno comunicó un total de siete nuevos nombramientos, incluyendo la salida de Miquel Iceta, que cambió la cartera de Política Territorial por la de Cultura y Deportes. Félix Bolaños reemplazaría a Carmen Calvo, aunque para entonces ya había comenzado a ejercer de nuevo ‘policía’ de Sánchez con el mandato de bucear en los posibles secretos de los nuevos ministros socialistas.

Y cuando lo tuvo atado, activó el terremoto: del Ejecutivo salieron la titular de Presidencia, Carmen Calvo; la de Educación, Isabel Celáa; el ministro de Ciencia, Pedro Duque; la de Exteriores, Arancha González Laya; el titular de Justicia, Juan Carlos Campo; el de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; y el de Transportes, José Luis Ábalos. La guinda del pastel fue la salida del todopoderoso asesor del presidente del Gobierno, Iván Redondo, cuyo puesto como jefe de gabinete fue ocupado por el socialista Óscar López.

El retraso de los fondos europeos: España ha recibido hasta la fecha un tercio de lo esperado

Pero dentro de la escabechina gubernamental de Sánchez, la salida de José Luis Ábalos fue la que en mayor medida hizo convulsionar a las filas socialistas. El cese del ex secretario de Organización del PSOE -el ex número tres dimitió a las pocas horas de efectuarse el traspaso de cartera a Raquel Sánchez- fue argumentado por el jefe del Ejecutivo por el nuevo objetivo de «cargar las pilas» y «rejuvenecer» al Gobierno en el marco de una etapa de «renovación y modernización», pero nunca ahondó en las causas concretas.

En poco tiempo, Ábalos se había convertido en una de las personas con mayor peso político en la organización socialista y era uno de los pocos ministros de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Quizá por este motivo, su destitución pilló a más de uno por sorpresa, incluido él mismo. De hecho, Sánchez preparó junto a Ábalos la profunda remodelación ministerial sin saber que su salida también figuraba en los planes del jefe del Ejecutivo. De hecho, no se enteró de su salida hasta la misma mañana del sábado en que Sánchez oficializó la crisis gubernamental. «Se vio de repente fuera del Gobierno», trasladaron entonces fuentes gubernamentales a El Independiente.

Haber servido a mi país como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido un gran honor para mí. Toda mi gratitud al presidente @sanchezcastejon por la confianza y a mi equipo y al conjunto de los empleados del grupo @mitmagob por su trabajo y su compromiso.

— José Luis Ábalos (@abalosmeco) July 10, 2021

El afán de Pedro Sánchez de revisar el pasado de sus nuevos lugartenientes podría tener su origen en su propia experiencia con José Luis Ábalos. Fueron múltiples los escándalos que rodearon su figura en sus últimos meses en el seno del Ejecutivo, tanto que la oposición no dudó en relacionar su fulminante cese con dos escándalos en los que se había visto implicado y que habían erosionado al Ejecutivo: el ‘Delcygate’ y el rescate de Plus Ultra, ambos relacionados con el gobierno de Nicolás Maduro. En relación al último caso, el ministerio que él dirigía avaló el rescate con 53 millones de euros a la citada aerolínea a través de un fondo SEPI pese a que no se trataba de una compañía estratégica en España, y la primera parte del traspaso fue suspendido cautelarmente por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

Meses después, una nueva polémica volvió a sacudir a un José Luis Ábalos ya retirado, después de que The Objective diese la voz de alarma por la presunta «doble vida» de José Luis Ábalos que, según el digital, precipitó la salida del ex titular de Transportes del Gobierno. El ex dirigente negó toda vinculación con las acusaciones del medio dirigido por Álvaro Nieto, y anunció una querella por la vía penal. Con todo, y aunque el asunto quede finalmente en nada tras su paso por los tribunales, Sánchez quiere despegarse al máximo de las polémicas que puedan zarandear su gabinete y rechazar toda ventana de oportunidad a la oposición para crecer a su costa.

El Gobierno y el PP llegan a un acuerdo para renovar todas las altas instituciones salvo el Poder Judicial

 El Gobierno y el PP han alcanzado un acuerdo este jueves para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, según han confirmado fuentes de La Moncloa y del PP. El pacto ha dejado fuera el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como querían los populares. El acuerdo se ha cerrado en menos de 24 horas tras varias reuniones entre el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Las conversaciones seguirán de forma discreta para buscar un acuerdo también en el órgano de gobierno de los jueces, pero de momento el pacto lo deja fuera.

La renovación de estas instituciones se llevará a cabo en una sesión plenaria que se celebrará previsiblemente la semana del 25 de octubre, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Los integrantes de estos órganos en la nueva etapa serán “de reconocido prestigio y de consenso”, y se darán a conocer en los próximos días, según el comunicado que han pactado ambas partes y que han hecho público de forma simultánea. El acuerdo no es entre el PSOE y el PP, sino entre el Gobierno de coalición y los populares. Por eso, Unidas Podemos está incluido en este pacto, aunque no haya negociado directamente. Por tanto este grupo tendrá representación en los nombres para renovar los organismos, según fuentes de Unidas Podemos, aunque nadie quiere de momento desvelar los posibles candidatos. Mientras, los populares aseguran que “este es un acuerdo PP-PSOE” y no quiere saber nada de Unidas Podemos.

Tanto Bolaños como García Egea se han felicitado por el acuerdo, aunque el ministro ha insistido en que el Gobierno lo que quiere ahora es que este acuerdo se extienda al CGPJ. El PP asegura que este pacto se produce porque Casado decidió tender la mano el miércoles en la sesión de control. “Esta vez la mano tendida de Casado fue recogida por Sánchez”, ha dicho García Egea, que sin embargo ha asegurado que mantienen su exigencia de cambiar el sistema de elección antes de renovar el Poder Judicial. En cualquier caso, García Egea ha dejado claro que las conversaciones continúan. “Todo es posible con voluntad y con intención de acordar y de ceder”, ha remarcado el número dos del PP en el patio del Congreso, tras un discurso conciliador en el que ha hablado de la “voluntad de consenso” del PP y de la “normalidad absoluta” de que “un partido de Gobierno y el líder de la oposición hablen”.

El PP, ha dejado claro García Egea, considera que esta renovación del CGPJ se tiene que hacer “con la norma vigente”, pero al mismo tiempo los populares quieren que se pacte un cambio de la ley para que la próxima renovación, cuando toque, se haga ya con un nuevo método de elección de los vocales, de forma que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 vocales. El secretario general del PP ha subrayado que su partido quiere “garantías” de que la ley se cambiará, y fuentes de la dirección popular han explicado después que esas garantías pasan por “un cambio de la ley” que regula el método de elección del Poder Judicial, que se haga de forma “simultánea” al pacto para renovar el CGPJ. “Podría votarse en el mismo Pleno una cosa y la otra”, han especificado estas fuentes.

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Sánchez advierte ante la ONU que la democracia está amenazada

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El acuerdo llega ocho meses después de la última intentona fallida, cuando socialistas y populares renovaron solo RTVE, dejando fuera todo lo demás por una discrepancia sobre los vocales que debían integrar el CGPJ; en concreto, por la elección del juez del caso Gürtel, José Ricardo de Prada, al que el PP vetó con el argumento de que no podía entrar por el turno de juristas por ser un magistrado en activo.

El Poder Judicial, el órgano más complejo de renovar y el más poderoso de todos, sigue, en cambio, más de mil días después, con el mandato caducado por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP. Al final, el Gobierno ha aceptado la renovación parcial que ofreció el miércoles Pablo Casado a Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso. El Ejecutivo quería un pacto global, pero ha terminado aceptando que se trocee, vistas las diferencias con el órgano de gobierno de los jueces.

El Gobierno ha entrado así en el camino marcado por el PP, con la intención de dejar muy claro que si no hay renovación es por el bloqueo de los populares, porque los socialistas estaban dispuestos a pactar, como se ha demostrado en un acuerdo que no ha costado ni 24 horas fraguar. En una llamada y dos reuniones se ha cerrado. El Gobierno confía ahora en que quede muy claro para la opinión pública que es el partido de Casado el que bloquea la renovación del Poder Judicial.

Bolaños y García Egea, que nunca rompieron sus puentes, seguirán ahora conversando de forma discreta para ver si es posible ese acuerdo. El problema aquí es que el PP exige que antes de cerrar la renovación el PSOE se comprometa a aprobar un cambio en el sistema de elección, y los socialistas se niegan porque creen que esa nueva fórmula, con más poder para los jueces y sus asociaciones, consolidaría una mayoría conservadora permanente en el Poder Judicial, voten lo que voten los ciudadanos. Los socialistas creen que si solo se pusiera encima de la mesa la negociación del propio órgano de gobierno de los jueces sería sencillo el acuerdo con un reparto de vocales de 10 a 10, que ya estaba muy avanzado en febrero, cuando la negociación fracasó por última vez.

Ahora el PSOE confía en que el tiempo y la situación cada vez más insostenible en tribunales estratégicos como el Supremo haga que el PP se replantee el bloqueo; y a la vez los populares confían en que el PSOE ceda con el cambio del sistema de elección. La rapidísima negociación del resto de organismos demuestra que basta un cambio en la voluntad política y todo se puede resolver en horas.

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