Denuncian al conseller de Interior por prevaricación por los diez mossos en la casa de Puigdemont

Presentan una denuncia en los juzgados de Barcelona que cuestiona el informe de riesgos elaborado por la policía autonómica para proteger la vivienda del expresidente de la Generalitat.

 El consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Miquel Sàmper.

A falta de poco más de un mes para que inicie el juicio contra los dos agentes de los Mossos d'Esquadra que ayudaron a Carles Puigdemont a huir a Bélgica, se presentan nuevas denuncias contra la dirección política de la policía autonómica al considerar que siguen actuando en favor de los intereses del expresidente de la Generalitat fugado de la justicia española.

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Según ha podido saber Vozpópuli, este viernes 16 de abril se ha presentado una nueva denuncia en los juzgados de Barcelona contra el conseller de Interior, Miquel Sàmper, y su predecesor en el cargo Miquel Buch por un presunto delito de "malversación y prevaricación por tener a diez mossos de Escuadra, es decir un servicio público, vigilando de manera continuada las 24 horas, en turnos rotativos, la casa y la familia del expresidente Puigdemont en la urbanización del golf de la localidad de San Julián de Ramis en la provincia de Gerona".

Inma Alcolea, la excabo purgada por los Mossos -a quien posteriormente la justicia la dio la razón- es quien ha interpuesto la denuncia ante el juzgado de Guardia de Barcelona después de que el pasado mes de febrero la Fiscalía Provincial de Gerona le notificara el archivo de la denuncia penal que presentó por los mismos hechos.

Diez mossos las 24 horas

En su escrito la denunciante expone que desde 2018 hasta el día de hoy, diez agentes de la policía autonómica vigilan, en pareja y en turnos rotativos de 24 horas, ininterrumpidamente, la casa y la familia de Puigdemont, procesado por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos y, actualmente, procesado en rebeldía.

La Fiscalía Provincial de Gerona archivó la primera denuncia porque desde el Departamento de Interior se motivó la protección de la finca en un “informe de riesgos” elaborado por los propios Mossos en relación a la familia del expresidente.

Los diez agentes del cuerpo autonómico se ubican en un emplazamiento parecido al de los guardias civiles que custodian el chalet del matrimonio de Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, e Irene Montero, ministra de igualdad.

Se trata de una caseta prefabricada, justo en el exterior de la casa unifamiliar, ubicada en la urbanización del golf, de la localidad de Sant Julià de Ramis. En la vivienda viven habitualmente la mujer de Puigdemont, Marcela Topor y sus dos hijas.

"Pagado por todos los españoles"

"Ese servicio público de diez mozos de escuadra, pagado por todos los españoles, cuya única función radica en la protección de manera ininterrumpida, en turnos rotativos día y noche, de la casa y de la familia de un expresidente de la Generalidad de Cataluña, un presunto delincuente procesado por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos, y que se encuentra en rebeldía", abunda Alcolea en su escrito.

De acuerdo con la denunciante esta protección "no está justificada". A su juicio en los últimos tres años y medio no ha habido ningún tipo de amenaza o algún acto de violencia realizada contra la mujer del exmandatario catalán ni contra ninguna de sus dos hijas. Tampoco se ha producido ningún daño en las instalaciones de la vivienda.

Para apoyar esas afirmaciones sostiene que los jefes de la Policía, así como los jefes de sala u operadores de sala regional de coordinación operativa, no han tenido conocimiento de ningún tipo de amenaza o acto vandálico. Añade que las "únicas amenazas" son "con anterioridad al 2018", y que más que amenazas en strictu sensu son "simples deseos de que se muera o insultos que se han producido vía Twitter".

La Fiscalía pide otros 5 años de prisión para Pablo Hasel por los altercados tras la detención de Carles Puigdemont

 Le acusa de participar en el asalto a la subdelegación del Gobierno en Lérida y le acusa de desórdenes públicos, atentado a la autoridad, lesiones y daños

Pablo Hasel comparece ante los medios en Lérida, el pasado día 1 de febrero. EUROPA PRESS

La Fiscalía ha pedido otros cinco años y tres meses de cárcel para Pablo Hasel por los incidentes que tuvieron lugar en la noche del 25 de marzo de 2018 en el intento de asalto a la subdelegación del Gobierno en Lérida como protesta por la detención en Alemania de Carles Puigdemont unas horas antes.

El edificio y varios vehículos policiales sufrieron daños y cuatro mossos fueron lesionados. La Abogacía del Estado está personada en la causa penal para reclamar la indemnización por los daños materiales. No así la Generalitat, que no se ha personado contra Hasel para acusarlo por agresiones a los agentes.

El escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción número 1 de Lérida mantiene que el rapero Pablo Hasel ya encarcelado y otros 10 acusados formaron parte del grupo que incitó a la muchedumbre y dirigió el ataque a los mossos d'Esquadra que custodiaban el edificio. Su intención, según el Ministerio Público, era desbaratar el operativo de protección y "acceder al edificio", símbolo del gobierno central en la ciudad.

"Previo acuerdo con otras personas no identificadas, [los acusados] empujaron a las líneas policiales hacia el edificio, gritando e incitando al resto de los 3.000 manifestantes que al menos allí se encontraban a hacerlo", afirma la Fiscalía.

PATADAS Y EMPUJONES

"Durante el transcurso de la acción", prosigue el escrito presentado en diciembre, "todos los acusados, con evidente intención de alterar la paz pública, acorralaron a los agentes por medio de patadas y empujones que propinaban ayudándose del anonimato que ofrece la masa de gente que allí se congregaba, provocando que los agentes fueran retirando poco a poco hasta el umbral de la puerta de entrada del edificio de la Subdelegación del Gobierno".

Con los policías ya tocando con sus espaldas la puerta e imposibilitados de retroceder más, "los acusados, junto con la masa de gente virulenta y envalentonada por la situación, siguieron arrinconando a los agentes, le sustrajeron las emisoras de radio, les lanzaron objetos (monedas, huevos, arroz...)". También arrancaron los plásticos de las furgonetas de los Mossos y se los arrojaron a los agentes y al edificio, donde también hicieron pintadas y rompieron la valla de seguridad del acceso al aparcamiento.

Los mossos sólo lograron recuperar el control de la situación y ganar el espacio que habían cedido tras disparar "varias salvas", que acompañadas de nuevas cargas provocaron que el tumulto retrocediese.

Por estos hechos, la Fiscalía atribuye a Pablo Rivadullo Duró -Hasel es nombre artístico- y los otros 10 acusados los delitos de desórdenes públicos (tres años de prisión), atentado a la autoridad (un año y medio), cuatro delitos leves de lesiones (nueve meses de cárcel y 900 euros de multa) y un delito de daños (multa de 2.700 euros). A un menor ya juzgado por estos hechos se le impuso un año y medio de libertad vigilada con instrucción formativa y laboral.

El escrito también reclama casi 7.000 euros como indemnización por los daños en el edificio. En cuanto a los desperfectos en los vehículos policiales, se valorarán cuando la conselleria de Interior informe de ellos, si al final lo hace. Además, si resultan condenados deberán indemnizar a los cuatro mossos con un total de 4.000 euros. Más de la mitad, a un mossos que estuvo casi dos meses impedido de servicio.

Antes de precisar las penas que propone, el escrito recuerda que Hasel ya había sido condenado por un delito de resistencia a la autoridad. En realidad, tiene varias condenas. La que le tiene ahora en prisión ha sido la segunda que le impuso la Audiencia Nacional: nueve meses y un día de prisión por enaltecimiento del terrorismo. La ejecución de una condena anterior de dos años por el mismo delito fue suspendida porque por entonces Pablo Hasel no tenía antecedentes.

O PAGO O CÁRCEL

El rapero ha recibido otras condenas. Entre ellas, una de dos años y medio por amenazar a un testigo que había declarado en favor de unos policías. Otros seis meses le cayeron -la sentencia aún no es firme- por agredir a un periodista de TV3.

Esta última condena está recurrida. Aun así, la proliferación de condenas recientes hace que Pablo Hasel tenga difícil salir de prisión cuando pasen los nueve meses que está cumpliendo ahora. Junto a las penas de cárcel, en varias sentencias se le han impuesto multas que ha anunciado que no va a apagar. Eso supone que podría prolongar el tiempo encarcelado, porque las resoluciones prevén sustituir las multas por penas ni éstas no se pagan.

La propia sentencia que está cumpliendo ahora indica que si no paga la multa que también se le impuso por el enaltecimiento deberá cumplir 84 días más de prisión. Y si no paga la multa por el delito de injurias y calumnias a la Corona, otros seis meses; y si no paga la multa por injurias y calumnias a las instituciones del estado, otros siete meses y medio. Así pues, en caso de no pagar, los nueve meses actuales podrían convertirse en dos años y un mes de prisión

EL MUNDO

Los Mossos reciben órdenes verbales de “no cargar” en los mítines de Vox

 Los independentistas más violentos y los denominados antifascistas han arrojado piedras, objetos y dañado equipos en los mítines de Vox en plena campaña electoral de Cataluña. El último ataque ha ocurrido en Girona y ante la pasiva acción de los Mossos d’Esquadra.

Pese a la virulencia mostrada en algunos momentos por los violentos encapuchados, los Mossos no han realizado detenciones, mientras que sí han estrechado los cordones policiales para evitar enfrentamientos.

“No son tan idiotas de poner por escrito estas órdenes”. Así se han pronunciado fuentes de los Mossos d’Esquadra a MONCLOA.COM sobre la falta de contundencia contra los violentos ataques que ha sufrido Vox en los mítines de la campaña electoral de Cataluña.

“Ninguna unidad de Mossos es tan idiota para ponerlo por escrito“, han reiterado las mismas fuentes ante la insistencia de este medio. “Las órdenes provienen del jefe de grupo”, han asegurado.

La presencia de los Mossos obliga a recular a los violentos

Tras la inacción de los Mossos en los primeros días de campaña, los agentes están practicando identificaciones en las inmediaciones de los mítines y carpas informativas de Vox, como ha ocurrido en la protesta de este lunes en el barrio barcelonés de Horta, finalmente desconvocada por la “desmesurada presencia policial”, unos 50 agentes en una docena de furgonetas.

Además, estas órdenes se han producido por “teléfono” y dentro del “escalafón” policial, de esta forma el agente raso tendría que dirigirse al jefe de equipo, intendente, jefe de la Brigada Móvil (antidisturbios) y a la cúpula de la policía autonómica para conocer quién dio la orden. “Es muy similar a la defensa de (Josep Lluís) Trapero”, han comparado. “Es una táctica habitual en los Mossos”, han concluido.

Los agresores derramaron líquido sobre la mesa de sonido en el último mitin de Sabadell (Barcelona), según han declarado los presentes al acto en las grabaciones subidas a las redes sociales este pasado domingo. En este mitin, los seguidores de Vox retuvieron hasta la llegada de los agentes de los Mossos al presunto responsable de haber estropeado el aparato, motivo por el que plataformas antifascistas están recuperando las imágenes y tratando de identificar a estos simpatizantes.

Un día antes, Santiago Abascal y su séquito fue recibido a pedradas en Girona, sin que se produjera detención alguna. En Reus (Tarragona), el objetivo fue el diputado Javier Ortega Smith también el pasado domingo.

Vox denuncia los hechos ante la Junta Electoral

Vox, por su parte, ha presentado una denuncia antela Junta Electoral por esta inacción de los Mossos, según ha asegurado el candidato de la formación, Ignacio Garriga, este lunes en una entrevista con Gemma Nierga. Además, no han descartado denunciar los hechos ante la justicia para evitar que se vuelvan a repetir.

A principios de año, Garriga hizo un llamamiento para “firmar el manifiesto por unas elecciones libres, democráticas y en paz“. “La respuesta obtenida por la mafia separatista es acudir a nuestras carpas informativas a increparnos”. “¡Sabemos a qué atenernos! ¡Recuperemos Cataluña!”, escribía en su perfil de Twitter.

En esas mismas fechas, la cuenta de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, un perfil oficial de la Generalitat de Cataluña, animaba a “protestar de forma efectiva y pacífica contra la extrema derecha filofascista”. “Es posible y necesario”, continuaba su mensaje, en el que se adjuntaba una imagen de una carpa de Vox. Poco después, el mensaje fue borrado.

Convocados por redes sociales

Las protestas contra Vox, considerado un partido fascista por los radicales de extrema izquierda e independentistas, no son fruto de la casualidad. Son ataques coordinados a través de distintas cuentas, la mayoría perteneciente al círculo de Arrán, la juventud más violenta de Cataluña.

“Santiago Abascal quiere venir a dar su discurso fascista en Horta, no lo permitiremos”, reza el cartel de Arran, aunque éste no es el único grupo que apoya a los violentos. Decenas de perfiles han criticado a los Mossos d’Esquadra por los amplios dispositivos policiales a raíz de los vídeos subidos a las redes sociales.

Caza al simpatizante de Vox

Perfiles separatistas han iniciado una identificación a los simpatizantes y miembros de Vox que acudieron a Sabadell. La retención de la persona que provocó supuestamente los daños en la mesa de sonido ha llevado a los independentistas a identificar a quienes participaron en el mitin de Vox en clave de “investigación”.

Cartel en el que se identifican a seguidores de Vox y se dan datos personales.

De esta forma han dado a conocer nombres, apellidos, profesiones, cargos, lugares que frecuentan y otros datos privados se están publicando en las redes sociales, tal y como ha comprobado este medio. Una forma de amedrentar extendida en Cataluña en este tipo de grupos.

Todas las imágenes corresponden a pantallazos de un vídeo subido a las redes sociales en el que se asegura que son los miembros de Vox quienes “agreden a miembros fascistas”, mientras “los mossos están desbordados y se producen diversas agresiones“.

Según fuentes policiales, este señalamiento a los simpatizantes de Vox es “clarametne denunciable en forma de querella” por el posible incumplimiento de la ley de protección de datos. Además, consideran que los Mossos d’Esquadra no actuarán de oficio por el señalamiento público, pero sí podría actuar las divisiones de delitos telemáticos de la Guardia Civil o Policía Nacional.

Otras cuentas afirman que al mitin asistieron miembros del Casal Tramuntana (neonazis) y del Movimiento Social Republicano (MSR), también de extrema derecha y violentos.

La ‘Gestapo’ de Torra analiza los vídeos de los CDR para purgar a los mossos que cargaron en Barcelona

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha ordenado poner en marcha la mayor investigación interna de la historia de los Mossos d’Esquadra. El presidente catalán busca contentar al separatismo radical, indignado con las cargas policiales, con una “caza de brujas” sin precedentes entre los antidisturbios catalanes. Una operación encargada a la división de Asuntos Internos y para la que se están utilizando vídeos difundidos por los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). Quince agentes ya tienen abierto en estos momentos un expediente de información por parte de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra. Se trata de antidisturbios de la policía autonómica que participaron en las cargas policiales contra los radicales que provocaron el caos en Barcelona y en otros puntos de Cataluña. "Caza de brujas" Esta “caza de brujas”, como califican abiertamente agentes de la Brigada Móvil (BRIMO) a las investigaciones de Asuntos Internos, se está realizando por encargo directo de Eduard Sallent, comisario jefe de los Mossos d’Esquadra. Para llevar a cabo esta purga que exige la CUP -que ha pedido en el Parlamento la expulsión de agentes y el desmantelamiento de la BRIMO– se ha recurrido al análisis detallado de todos los vídeos que se han difundido en redes sociales en las últimas semanas. Interesan especialmente aquellas imágenes que han servido de base para las denuncias de ‘brutalidad policial’ por parte de los CDR, así como de otros colectivos separatistas como Arran, el ‘Tsunami’ separatista o ‘Anonyomous Catalunya’. Se busca un efecto mediático castigando a aquellos mossos que se hayan hecho virales en las redes. OKDIARIO ha podido conocer de fuentes internas de los Mossos d’Esquadra, vinculadas con las investigaciones de la DAI, algunos de los episodios que están bajo análisis por, presuntamente, vulnerar la "ética profesional" del cuerpo policial. “Somos gente de paz” Uno de los primeros casos que estuvo sobre la mesa de la DAI fue el de los agentes de la BRIMO que persiguieron a varios sospechosos por las calles de Tarragona. Utilizando el sistema de megafonía del furgón, los agentes les gritaron "¡Venid! ¡Somos gente de paz!" en tono de burla. Las imágenes, como desveló ODKIARIO, provocaron indignación en las altas esferas del Gobierno de Torra y se convirtieron en la primera investigación abierta desde el inicio de las protestas por la sentencia del procés.

La Policía Nacional paga las consecuencias de la cobardía del PSOE ante el separatismo

El PSOE mira hacia otro lado mientras los agentes son acosados y atacados

La violencia separatista que sufre la Policía en Cataluña ante el cobarde silencio de Sánchez

@ElentirVigo

Anoche, la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Cataluña sufrió un nuevo asedio a manos de una turba de separatistas violentos, que provocaron graves incidentes a lo largo de la noche.

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La Policía Nacional y los Mozos de Escuadra, asediados y agredidos por los separatistas

Tanto los agentes de la Policía Nacional como de la Brigada Móvil (BRIMO) de los Mozos de Escuadra que acudieron en su ayuda tuvieron que soportar de todo: huevos, pedradas, lanzamiento de adoquines, botes y botellas, además de puñetazos y patadas. Los separatistas también se cebaron con los vehículos policiales, provocándoles diversos desperfectos. El grave episodio de violencia se saldó con dos detenidos y cuatro policías heridos. Tanto la Policía Nacional como la Policía catalana se vieron desbordadas. Podéis ver aquí un vídeo que recopila diversas imágenes de estos altercados que circularon anoche en las redes sociales:

Torra sigue sin condenar la violencia separatista y Sánchez calla ante los ataques a la Policía

Estos graves incidentes llevan repitiéndose durante las últimas dos semanas sin que el Gobierno catalán de Quim Torra condene la violencia separatista, e incluso criticando abiertamente a los antidisturbios de la propia Policía catalana por limitarse a hacer su trabajo. Lo que está pasando en Cataluña es la continuación violenta del golpe separatista del 1-O, con el mismo objetivo: suspender la vigencia de la legalidad española en Cataluña. Esta vez ya han dejado de intentar fingir que son pacíficos y los separatistas ya están actuando con unos métodos copiados del terrorismo callejero de los proetarras vascos. Ante esta situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin tomar ninguna medida y anoche ni siquiera dedicó un mísero tuiteo a los policías que estaban siendo asediados y agredidos en Barcelona. Algo propia de un cobarde.

La actitud de Sánchez: prepotente ante los pacíficos y cobarde ante los violentos

Hay que recordar que esta misma semana el Gobierno impuso unas condiciones propias de un estado de excepción -sin declararlo- en la Basílica católica del Valle de los Caídos con la excusa de la profanación de la tumba de Francisco Franco. El Gobierno impidió acceder al templo a los pacíficos monjes benedictinos que custodian la abadía, violando los Acuerdos entre España y la Santa Sede, e impidió a la familia del difunto tomar fotografías de la profanación, incluso prohibiéndoles acceder con móviles tanto a la basílica como al panteón en el que fue nuevamente inhumado el féretro con los restos del General ferrolano. Sin embargo, este mismo Gobierno se niega a declarar el estado de excepción en Cataluña, a pesar de los graves episodios de violencia separatista y de la complicidad del Gobierno catalán con los violentos. Cabe ya preguntarnos, visto lo visto, si estamos ante un simple caso de cobardía o ante algo peor. Porque cuando un Gobierno se cruza de brazos ante hechos tan graves como los que están ocurriendo en Cataluña, ya no sólo cabe llamarle cobarde, sino también cómplice.

Ada Colau financia el centro que asesora gratis a los detenidos por los disturbios de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha confiado la atención a manifestantes y vecinos afectados por las acciones violentas, ocurridas en la ciudad condal tras conocerse las condenas a líderes del procés, a un grupo crítico con el operativo en el que la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra colaboran para sofocar los altercados.

El Gobierno municipal de comunes y socialistas que encabeza la alcaldesa Ada Colau ha concedido esta semana 9.700 euros al Centro Irídia para que preste asistencia psicosocial y asesoría jurídica a "todas las personas heridas o afectadas por las cargas policiales o por estrés, ansiedad o angustia vinculadas a las situaciones de tensión en el marco del ejercicio del derecho a la protesta", ha informado el Consistorio.

Se trata del mismo colectivo que este domingo condenó por "desproporcionadas" las intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Barcelona y que reclamó la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch. A través de las redes sociales, Irídia se ofrece gratuitamente a los manifestantes detenidos y heridos en los disturbios para denunciar "la violencia policial" que reprocha tanto a la Policía Nacional como a los Mossos. Irídia ejerce de acusación, a la vez que el ayuntamiento, en las causas abiertas en los juzgados contra algunos agentes policiales por las cargas durante el 1-O.

Junto a la asociación Stop Balas de Goma, Irídia instó al ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, a que "la Policía deje de usar desde ahora mismo las balas de goma en Cataluña", apelando a que "al menos cinco personas han sufrido lesiones graves" por esos proyectiles esta semana.

El Parlament prohíbe desde 2014 usarlos a los Mossos d'Esquadra, que los han sustituido por unos prototipos hechos de una espuma denominada foam. Irídia, que habla de una "ola represiva" lanzada por los cuerpos policiales, también pide que la policía autonómica no dispare balas de foam a la cabeza.

El Consistorio explica que los 9.700 euros se concretan en la cesión de un espacio en unas oficinas municipales y en "apoyo a los equipos de atención psicosocial y de asesoramiento jurídico" de la entidad, y recalca que el auxilio que facilita a través de Irídia hasta el próximo 31 de octubre no se circunscribe sólo a los lesionados por la actuación de las Fuerzas de Seguridad.

En todo caso, Irídia no se ha referido en los últimos días a los daños materiales provocados por la acción de los radicales, como los coches siniestrados o el mobiliario urbano quemado -"un ojo o una vida valen más que un contenedor", dice un comunicado-, y ha focalizado su atención en los presuntos excesos policiales.

"Los agentes están actuando de manera totalmente descontrolada y movidos por la intencionalidad de castigar y humillar", ha acusado en las redes sociales, y urge a Interior a que expediente y retire de funciones a algunos agentes. Sobre un vídeo en el que se ve a varios mossos rodeando a un joven en el suelo y golpeándolo con la porra afirma que "son agresiones que tan sólo buscan asustar y que atentan contra la integridad moral de las personas".

Por otro lado, Colau ha asegurado que el ayuntamiento reclamará daños y perjuicios por la vía civil debido a los estragos, que cuantifica en más de dos millones de euros. Ciudadanos y el Gremio de Restauración de Barcelona le habían exigido que fuera más allá y que el Consistorio se personara como acusación particular contra los detenidos.

Los radicales queman coches y lanzan piedras y ácido a los Mossos en Barcelona

Cargas policiales contra grupos de encapuchados, que han quemado 10 coches

Torra anima la movilización desde una de las marchas que se dirigen a Barcelona

Sánchez: “Garantizaremos los derechos desde la firmeza, la moderación y la unidad”

El consejero de Interior limita la violencia a grupos minoritarios de agitadores.

Pedro Sánchez ha asegurado que el Gobierno garantizará "los derechos de todos en Cataluña desde la firmeza, la moderación y la unidad". Lo ha dicho al acabar las reuniones que ha mantenido este miércoles con Pablo Casado, Pablo Iglesias, y Albert Rivera tras los violentos disturbios de anoche en Barcelona y el resto de capitales catalanas. Pero los incidentes han vuelto por segundo día consecutivo a la capital catalana, tras las concentraciones sin incidentes de la tarde. Al caer la noche grupos de encapuchados se han enfrentado a los Mossos en Barcelona, han montado numerosas barricadas incendiarias con contenedores y quemado 10 coches, y han disparado piedras, ácido, petardos y canicas con tirachinas a los antidisturbios, que han efectuado cargas. Un incendio ha llegado a afectar a un local comercial con viviendas encima. Los Mossos aseguran que algunos manifestantes han lanzado material pirotécnico contra el helicóptero del cuerpo. Una persona ha sido detenida y 14 han tenido que ser atendidas. Un periodista de Telemadrid ha sido agredido por los radicales, según fuentes policiales. También se están registrando incidentes, incendios y cargas en Girona. 

https://elpais.com/politica/2019/10/16/actualidad/1571207756_038911.html#?sma=newsletter_alerta20191016

PROTESTAS POR LA SENTENCIA DEL 'PROCÉS'

La Fiscalía pide prisión sin fianza para cuatro detenidos en los disturbios en Barcelona

La Generalitat solicita para los arrestados libertad bajo fianza mínima

https://elpais.com/politica/2019/10/16/actualidad/1571246748_175222.html#?sma=newsletter_diaria_noche20191016m

El juez da cinco días a los Mossos para entregar los móviles secretos del 1-O

Agentes de los Mossos d'Esquadra, aplaudidos por un grupo de personas junto a un centro de votación durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

HEMEROTECA: Los Mossos utilizaron el 1-O móviles que no dejaban rastro

Uno de los jueces que investiga en Cataluña la actuación de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum ilegal del pasado uno de octubre ha exigido a la policía autonómica catalana la información de todos losteléfonos móviles que fueron entregados a las patrullas para que se comunicaran sin dejar rastro alguno. Y es que, tal y como reveló EL MUNDO, se repartieron por primera vez terminales a los agentes para que canalizaran por esta vía las instrucciones y no quedaran registradas.

El Juzgado de Instrucción número dos de Sabadell acaba de requerir al Cuerpo de Mossos d'Esquadra "con la mayor brevedad posible y en un plazo máximo de cinco días" toda la "documentación" que "acredite la preexistencia de los teléfonos móviles que, conforme a la declaración de los investigados, fueron entregados a los agentes".

Según la orden judicial, a la que ha tenido acceso este periódico, también se reclama a la policía autonómica que "acredite su titularidad" así como "qué teléfonos concretos se entregaron a cada patrulla".

Asimismo, el juez pide la inmediata identificación de los mandos que organizaron esta operativa para que presten declaración como imputados por un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

En la investigación que dirige este mismo juzgado varios mossos han desvelado durante los últimos meses que los responsables del Cuerpo distribuyeron al menos "un terminal por patrulla".

"No nos dieron explicaciones de por qué se nos daba un teléfono móvil", precisaron en sus declaraciones. "Es el primer operativo en el que vemos que se dan teléfonos móviles a las patrullas", añadieron en sus comparecencias.

La indicación de que se comunicaran con sus superiores por esta vía provocó que todas las conversaciones mantenidas a través de este canal no hayan quedado grabadas y, por lo tanto, no puedan ser ahora analizadas por la Justicia.

No en vano varios juzgados catalanes han requerido sistemáticamente las comunicaciones entre los agentes y sus responsables para examinar las instrucciones que distribuyeron los mandos entre sus subordinados. A su vez, el Juzgado de Instrucción número dos de Sabadell ha solicitado "todas las comunicaciones registradas durante la jornada del uno de octubre de 2017 en la Sala Regional de la Zona Metropolitana Norte, tanto las entrantes como las salientes, así como el contenido de las mismas cualquiera que haya sido el medio que se hubiera usado para emitir tales comunicaciones". "Esto incluye", precisa el juez, "el chat corporativo mencionado por los investigados en sus declaraciones", en referencia a un canal interno utilizado por los mandos.

El juez también exige al Cuerpo de Mossos d'Esquadra que identifique a los responsables de las patrullas a las que se repartieron los móviles para que declaren de inmediato como imputados por un posible delito de desobediencia a la autoridad judicial. En este mismo procedimiento, al igual que ha ocurrido en otros similares, los agentes que han comparecido han denunciado la inacción de sus mandos.

Han detallado que comunicaron a través de los terminales móviles con la Sala Regional de Coordinación para pedir refuerzos e indicaciones de cómo debían actuar al toparse con colegios acordonados por centenares de personas que les impedían el acceso al interior de los mismos. Estos policías han contado al juez que sus responsables, inspectores, subinspectores y comisarios, les despacharon con un escueto "recibido" y que les abandonaron a su suerte sin medios ni instrucciones concretas durante todo el día.

Paradójicamente estos mismos policías han explicado al juez que recibieron de manera extraordinaria un teléfono móvil pero que, sin embargo, no se les entregó siquiera cinta aislante para precintar los colegios electorales.

Llegando a ejemplificar que tuvieron que sellar la puerta de uno de los centros con "una pegatina" y que, en otros casos, sólo tras requerirlo les fue facilitada cinta aislante ya muy avanzada una jornada con una "absoluta falta de medios".

Por lo tanto, buena parte de las solicitudes de auxilio por parte de los agentes desplegados y la posterior inacción por parte de los mandos no quedó registrada gracias al reparto de los referidos terminales móviles, que fueron inmediatamente devueltos por los agentes al terminar el día.