El Ayuntamiento de Barcelona ha confiado la atención a manifestantes y vecinos afectados por las acciones violentas, ocurridas en la ciudad condal tras conocerse las condenas a líderes del procés, a un grupo crítico con el operativo en el que la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra colaboran para sofocar los altercados.
El Gobierno municipal de comunes y socialistas que encabeza la alcaldesa Ada Colau ha concedido esta semana 9.700 euros al Centro Irídia para que preste asistencia psicosocial y asesoría jurídica a "todas las personas heridas o afectadas por las cargas policiales o por estrés, ansiedad o angustia vinculadas a las situaciones de tensión en el marco del ejercicio del derecho a la protesta", ha informado el Consistorio.
Se trata del mismo colectivo que este domingo condenó por "desproporcionadas" las intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Barcelona y que reclamó la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch. A través de las redes sociales, Irídia se ofrece gratuitamente a los manifestantes detenidos y heridos en los disturbios para denunciar "la violencia policial" que reprocha tanto a la Policía Nacional como a los Mossos. Irídia ejerce de acusación, a la vez que el ayuntamiento, en las causas abiertas en los juzgados contra algunos agentes policiales por las cargas durante el 1-O.
Junto a la asociación Stop Balas de Goma, Irídia instó al ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, a que "la Policía deje de usar desde ahora mismo las balas de goma en Cataluña", apelando a que "al menos cinco personas han sufrido lesiones graves" por esos proyectiles esta semana.
El Parlament prohíbe desde 2014 usarlos a los Mossos d'Esquadra, que los han sustituido por unos prototipos hechos de una espuma denominada foam. Irídia, que habla de una "ola represiva" lanzada por los cuerpos policiales, también pide que la policía autonómica no dispare balas de foam a la cabeza.
El Consistorio explica que los 9.700 euros se concretan en la cesión de un espacio en unas oficinas municipales y en "apoyo a los equipos de atención psicosocial y de asesoramiento jurídico" de la entidad, y recalca que el auxilio que facilita a través de Irídia hasta el próximo 31 de octubre no se circunscribe sólo a los lesionados por la actuación de las Fuerzas de Seguridad.
En todo caso, Irídia no se ha referido en los últimos días a los daños materiales provocados por la acción de los radicales, como los coches siniestrados o el mobiliario urbano quemado -"un ojo o una vida valen más que un contenedor", dice un comunicado-, y ha focalizado su atención en los presuntos excesos policiales.
"Los agentes están actuando de manera totalmente descontrolada y movidos por la intencionalidad de castigar y humillar", ha acusado en las redes sociales, y urge a Interior a que expediente y retire de funciones a algunos agentes. Sobre un vídeo en el que se ve a varios mossos rodeando a un joven en el suelo y golpeándolo con la porra afirma que "son agresiones que tan sólo buscan asustar y que atentan contra la integridad moral de las personas".
Por otro lado, Colau ha asegurado que el ayuntamiento reclamará daños y perjuicios por la vía civil debido a los estragos, que cuantifica en más de dos millones de euros. Ciudadanos y el Gremio de Restauración de Barcelona le habían exigido que fuera más allá y que el Consistorio se personara como acusación particular contra los detenidos.
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