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lunes, 24 de abril de 2023

Pedro Sánchez riega con 450.000 euros a la asociación que califica a Txapote como 'víctima'

 

El Gobierno, a través del Ministerio de Ciencia y del de Transición Ecológica, ha inyectado diversas partidas a Aranzadi, protagonista del polémico listado que incluye a los etarras como víctimas de violencia política


 El etarra Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote' 
Europa Press



El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido subvenciones por un valor cercano a los 450.000 euros a la sociedad científica Aranzadi, que en las últimas fechas ha sido protagonista de una airada polémica tras calificar como víctima al sanguinario etarra José Javier García Gaztelu, alias Txapote, autor material del asesinato de Miguel Ángel Blanco e implicado en los crímenes de Gregorio Ordóñez o Fernando Múgica, entre otros. No se trata de la única partida a fondo perdido que ha recibido esta entidad: diversos organismos de País Vasco y Navarra también le han inyectado fondos por valor de 830.000 euros.

El origen de la polémica se basa en el proyecto relacionado con una base de datos para el ayuntamiento vizcaíno de Galdácano donde se recogen los nombres y trayectorias de todos aquellos vecinos de la localidad que han sufrido “violaciones” de sus derechos fundamentales. Esta compilación recoge cerca de 500 casos, la mayoría de ellos relacionados con “la represión ejercida por los golpistas y la dictadura, durante la Guerra del 36 y en un contexto de posguerra”, pero también con la “memoria reciente”, que se define como “violaciones de derechos humanos a causa del conflicto político vasco”.

En esta última clasificación se incluyen tanto a víctimas de ETA como a los verdugos. El caso más notable es el ya citado de Txapote, pero también se puede encontrar al terrorista Jon Bienzobas Arretxe, que participó en el asesinato del magistrado Francisco Tomás y Valiente. Según los autores de la base de datos, ambos sufrieron una “política penitenciaria contraria a los estándares internacionales” y la “aplicación de leyes excepcionales”, motivos por los que figuran en la misma base de datos de víctimas de la violencia política.

La airada polémica que suscitó entre víctimas y actores políticos -con protesta incluida del concejal del PSE en Galdácano, Víctor Trimiño- ha obligado a la sociedad científica Aranzadi a justificar su trabajo. En declaraciones a Onda Vasca, el autor del proyecto, Javier Buces, argumentó que hay otros ayuntamientos con bases de datos similares y calificó de “sorprendente” todo el revuelo en torno a la incorporación de Txapote y Bienzobas a la base de datos.

Las subvenciones del Gobierno

Lo cierto es que esta sociedad científica es una vieja conocida del Gobierno central, toda vez que en los últimos cinco años -coincidiendo con la presidencia de Pedro Sánchez- los organismos dependientes de Moncloa le han inyectado subvenciones por valor de, al menos, 446.195,78 euros. Así se desprende de los datos oficiales recogidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En este periodo de tiempo, la sociedad científica Aranzadi, que cuenta con diversas áreas de investigación y proyectos, ha recibido cinco subvenciones del Gobierno central. La primera fue en diciembre de 2019, cuando la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, le entregó una partida por valor de 32.861,40 euros. Este mismo órgano le concedió nuevos fondos en diciembre de 2020 por 63.334,38 euros. Ambas partidas, con el objeto de “evaluación de la biodiversidad terrestre española”.

La otra entidad ligada al Ejecutivo que ha financiado a Aranzadi es el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de su Subsecretaría: en julio de 2020, con 100.000 euros; en marzo de 2021, con otros 125.000; y en febrero de 2022, con 125.000 euros más. En total, 350.000 euros, que sumados a los concedidos por la Fundación Biodiversidad alcanzan la cifra de 446.195,78 euros en cinco años.

Otras inyecciones financieras

Esta base de datos, no obstante, no recoge otras subvenciones que se le han concedido a la sociedad científica en los últimos años. Según ha podido comprobar Vozpópuli, Moncloa le inyectó más fondos en 2022 a través del Ministerio de Presidencia, con el objeto de elaborar un estudio sobre “la sanidad en San Sebastián y Gipuzkoa [sic] durante la Guerra Civil (1936-1939); los médicos guipuzcoanos en el 36”. Esta subvención figura en un documento colgado en la página web oficial de este Ministerio, si bien no especifica la cuantía.

A todas esas partidas habría que sumar otros 831.194,93 euros que esta asociación ha recibido en los últimos cinco años por parte de diversas entidades públicas vascas y navarras. La más cuantiosa, por valor de 325.000 euros, corrió a cargo del ayuntamiento de Bilbao para un proyecto de investigación en el cementerio de Bayona. Otras entidades recurrentes en la financiación de Aranzadi son los Departamentos de Relaciones Ciudadanas y el de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno Foral, así como diversos consistorios vascos.

Por su parte, el Parlamento vasco tiene previsto abordar una iniciativa para exigir al ayuntamiento de Galdácano, en manos de EH Bildu, la retirada de Txapote y Bienzobas en la base de datos de víctimas de la violencia política. Por el momento, los nombres de los dos etarras aún figura en la página elaborada por la sociedad científica Aranzadi.


VOZPÓPULI

jueves, 4 de abril de 2019

La Fiscalía pide que CCOO y UGT devuelvan las subvenciones que se quedaron de los fondos de formación

La Fiscalía no sólo ha solicitado de forma urgente la paralización de las entregas pendientes de las subvenciones ligadas a proyectos de formación presentados por UGT y CCOO en Extremadura. La gravedad del fraude descubierto en las investigaciones -que puede elevar la cuantía del desvío de fondos por encima de los 100 millones de euros– y la complejidad del caso ha hecho que la Fiscalía pida ya el “embargo cautelar de bienes suficientes” de las “entidades beneficiarias [CCOO y UGT, fundaciones y empresas investigadas]” para “garantizar posibles responsabilidades civiles”.

Es más, la Fiscalía recuerda que estas son sólo algunas de las medidas. Porque todo ello es “sin perjuicio de las actuaciones administrativas de repercusión y recuperación de importes de las subvenciones públicas concedidas en esta convocatoria analizada”.

La Fiscalía subraya, de esta manera, la enorme gravedad del latrocinio de fondos llevado a cabo por UGT y CCOO en Extremadura, tal y como está avanzando día a día OKDIARIO.

La acusación popular del PP considera que el volumen defraudado puede haberse amasado a lo largo de décadas y que su cuantía difícilmente quedará por debajo de los 100 millones de euros. Y la Fiscalía no quiere que se ponga en peligro ni un euro más.

Por ello, además, el Ministerio Público “atendidas la concurrencia de numerosos hechos presuntamente delictivos y de numerosas personas objeto de difícil investigación, volumen de las pruebas documentales ya recabadas y periciales jurídicas y que será probablemente preciso ampliar”, ha decidido solicitar “la declaración judicial de complejidad de la instrucción de este procedimiento penal”.

Y es que, como ya adelantó este diario, la UCO se encuentra en estos momentos desbordada y ha reclamado más medios para poder ampliar la investigación a otras partidas de subvenciones y años. Porque los primeros testimonios apuntan a una práctica defraudadora extendida a lo largo de años y eso puede disparar el volumen de dinero desviado y, por supuesto, la cantidad que los sindicatos deberían devolver en concepto de subvenciones utilizadas con un fin ajeno por completo al diseñado: los fondos de formación.

El escrito del Ministerio Público no deja lugar a dudas sobre las evidencias de delito en el comportamiento de los sindicatos hermanos del PSOE (UGT) y de IU -ahora apadrinado por Podemos- (CCOO). “Respecto a las entidades beneficiarias UGT Extremadura y Comisiones Obreras Extremadura se observa que la mayor parte de los hechos investigados habrían sido cometidos presuntamente” con la participación de entramados comandados por “las entidades IFES Extremadura (UGT) y Forem Extremadura (CCOO)”, señala la Fiscalía.

Los hechos relatados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por la Fiscalía reflejan que CCOO y UGT participaron en un latrocinio de los fondos de formación regionales. Ambos sindicatos, igualmente, utilizaron redes de sociedades interpuestas para camuflar las prácticas y disparar el lucro provocado por el inflado sistemático de facturas.

Con ese fin, ambas formaciones sindicales enchufaron a falsos profesores con sueldos elevados artificialmente para llevarse el dinero de los fondos de formación que repartía sin control la Junta de Extremadura comandada por el socialista Guillermo Fernández Vara.
La UCO y la Fiscalía siguen con su investigación y no dejan de destapar prácticas que apuntan, como señala el Ministerio Público -Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada-, “a nivel indiciario a diversas conductas de apariencia delictiva que justifican la formulación de esta oportuna denuncia”.

Entre los mecanismos de fraude figura el “incremento artificioso del coste de las nóminas del personal docente, el desvío de subvenciones públicas “a financiar gastos de personal de la estructura” de Comisiones Obreras y de UGT; y la “aplicación [de las subvenciones] en gastos justificados mediante nóminas del personal de Extremadura que no se ajustan a valor de mercado”.

martes, 6 de marzo de 2018

10 subvenciones surrealistas de Colau: "presos políticos", gays y lesbianas en Cuba...



Subvenciones, gays, lesbianas, cuba, podemos, barcelona, presos políticosEl Ayuntamiento de Barcelona hizo pública hace semanas la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones de Cooperación para la Justicia Global, que permitirá al consistorio destinar 6,5 millones de euros a 110 proyectos solidarios. Según ha informado el consistorio dirigido por Ada Colau, en total se destinarán 6.560.256 euros, un 6,5% más que en la anterior edición, que se reparten en 4,8 millones para proyectos desarrollados en 2016 y 1,7 millones para iniciativas que tienen continuidad en el tiempo.

Por modalidades, 53 de los proyectos seleccionados corresponden a programas de educación, 44 a cooperación internacional para la justicia global y 13 a cooperación internacional para ciudades específicas. Por áreas geográficas, el 42% de los proyectos se centra en América Latina, el 29% en el Mediterráneo, el 28% en África y un 1% en otras zonas.

Lainformacion.com ha consultado la lista de proyectos que van a recibir una subvención y algunos de ellos llaman la atención. Por ejemplo, destaca un subvención de 57.436,64 euros al plan de la Asociación Paz con Dignidad para "fortalecer la protección de los derechos de los/las presos/as políticos/as". Según el Ministerio del Interior en España no existen presos políticos, si acaso presos condenados por asesinar o por pertenecer a la banda terrorista ETA.

El consistorio barcelonés también financiará proyectos como el denominado "defensa, sensibilización, promoción de los derechos de colectivos LGTB en Cuba" o "consolidación del fortalecimiento del colectivo LGTB en Escuintla, Guatemala". Ambos recibirán 47.000 euros.

Otra subvención llamativa es la que recibirá el proyecto "África negra. Reinventando el espacio urbano", con 24.900 euros, o "Stop Corporate War", con 49.863,69 euros. El programa "De la banca armada a la banca ética" también percibirá 42.983 euros.

domingo, 1 de noviembre de 2015

Las asociaciones de mujeres presididas por cargos de PP y PSOE se reparten las mayores subvenciones para la igualdad de la mujer

  • La Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural encabezan el reparto
  • Estas ayudas del Instituto de la Mujer han ido perdiendo cuantía durante los años de la crisis

  • El BOE publica hoy el reparto de las subvenciones que concede el Instituto de la Mujer destinadas a apoyar el movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal. La entidad que ha recibido mayor puntuación y, por tanto, mayor cuantía (más de 40.000 euros), es la Federación de Mujeres Progresistas, presidida por Yolanda Basteiro, concejal socialista de Seguridad Ciudadana y Comercio en Alcalá de Henares.
    La siguiente en la lista es Afammer, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (con 37.500 euros de ayuda), presidida por Carmen Quintanilla, diputada del PP en el Congreso desde el año 2000. Su vicepresidenta es Cruz Ruiz Benito, que fue concejala del PP en Nájera (La Rioja) y segunda de la alcaldesa hasta las pasadas elecciones. Ambas, Quintanilla y Ruiz, son consejeras -titular y suplente, respectivamente- del Consejo Escolar del Estado.
    No es la primera vez que estas dos entidades lideran la lista de ayudas. En 2014, ambas recibieron ayudas casi idénticas que rozaron los 38.000 euros. Un año antes, en 2013, Afammer fue primera con más de 58.000 euros (como adelantó Eldiario.es) y la Federación de Mujeres Progresistas le seguía con unos 51.500 euros.
    Estas ayudas han ido perdiendo cuantía presupuestada durante los años de la crisis. El recorte más llamativo se produjo en 2010, cuando pasaron de casi cuatro millones a 2,6. En 2013 volvieron a sufrir un importante tijeretazo, pasando de 2,2 millones a 1,6 en el presupuesto. Pero finalmente se acabó repartiendo mucho menos, solo un millón de euros. El reparto publicado hoy en el BOE para 2015 suma 1,2 millones y para 2016, los presupuestos han destinado a esta partida 1,25.
    No son las únicas ayudas públicas que reciben estas dos entidades. Según la base de datos de subvenciones, Afammer ha recibido 647.225 euros desde junio de 2014, fecha en que se empezaron a contabilizar, a los que habría que sumar los 37.500 del reparto de hoy. Las mas cuantiosas provienen del reparto de la casilla de la renta destinada a fines sociales.
    Por su parte, la Federación de Mujeres Progresistas suma casi un millón de euros, entre los 972.720 euros que recoge la base de datos de subvenciones desde octubre de 2014, que no ha sumado ninguna de las recibidas en 2015, y los más de 40.000 euros del reparto publicado en el BOE de hoy. La mayor parte de esa cantidad proviene, también, del reparto de la casilla de fines sociales.

    lunes, 25 de mayo de 2015

    El PP pierde cinco millones de subvención pública para sufragar la campaña electoral

    Las subvenciones por escaño y voto y para envío de propaganda electoral solo se reciben en caso de que se justifiquen los gastos
    Si el partido ha destinado a la campaña menos de lo asignado, recibe ayudas para cubrir esa cifra y las administraciones se ahorran el resto
    Podemos y Ciudadanos aparecen, por primera vez, entre los más premiados
    El revolcón en autonomías y municipios no solo ha afectado a la composición de las administraciones públicas, sino también al reparto de subvenciones asignadas a cada partido para costear la campaña electoral, vinculadas directamente a los resultados. A más votos y escaños, más euros. Eso sí, siempre se trata de cantidades asignadas. Lo que reciba finalmente cada formación dependerá de cuánto haya gastado en campaña, puesto que el sistema solo subvenciona los costes reales.
    Este sistema provoca que algunos partidos, como ocurrió con Podemos en las Elecciones Europeas, gasten mucho menos de lo que acaben recibiendo y terminen por ahorrar cientos de miles de euros a las arcas públicas. O que otros, como PP (gastó 2,5 millones más de lo recibido en ayudas) y PSOE (se pasó 1,3 millones), se endeuden más de la cuenta a la espera de obtener unos resultados que nunca llegan.
    Con el escrutinio en una mano y las normativas autonómicas y municipal en la otra, hemos realizado la mejor estimación posible de las cantidades asignadas a los principales partidos políticos. La cifra exacta y final dependerá, además del gasto que pueda justificar cada uno de ellos, del baile final de cifras con los resultados definitivos (los correspondientes a las municipales han sido extraídos cuando el recuento estaba al 99,48% del escrutinio) y las asignaciones derivadas de algunas coaliciones no asignadas, entre otros aspectos.
    La caída del PP en los resultados se traduce en una caída en su asignación. En concreto, ha pasado de los más de 21 millones que recibió por escaño y voto, entre municipales y autonómicas, en 2011, a poco más de 16 millones, lo que supone una pérdida de cinco millones de euros. Además, tanto entonces como ahora, recibe unos 9 millones para sufragar el envío de propaganda electoral. En total, el reparto electoral les asignaría, si pueden justificar esos gastos, unos 25 millones de euros.
    Según un artículo publicado en El País -la página web del partido no muestra su presupuesto de campaña- habían asignado a estas elecciones 20,5 millones de euros. Si ese fuera su gasto final, ahorrarían a las arcas públicas varios millones de euros. Como en el resto de los partidos, no sabremos cuál ha sido su gasto final y, por tanto, si han gastado más o menos de lo que pueden recibir, hasta que se publique la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
    El PSOE también pierde en ayudas con respecto a los comicios de 2011, aunque de una forma menos brusca: pasa de 15,8 millones a los 13,8 consignados tras los resultados conocidos ayer, dos millones menos. Además, recibiría otros nueve millones para sufragar sus papeletas, una cifra similar a la del PP. En total, 22,8 milllones. ¿Los cobrará? El partido no informa de cuál es su presupuesto de campaña pero, según la misma noticia de El País estaría establecido en 7,8 millones, mucho menor que lo asignado.
    La aparición de Podemos y Ciudadanos también les podría reportar cuantiosas ayudas. El partido liderado por Albert Rivera, que en 2011 sumó menos de 6.000 euros gracias a sus 12 concejales en las municipales, pega el salto y supera los 2,8 millones por escaños y votos en los comicios celebrados ayer a los que suma otros 4,7 millones para envío de propaganda electoral, que se deben justificar por separado. Si lo ha gastado, puede llegar a cobrar hasta 7,5 millones de euros. Su presupuesto, según la web del partido, era mucho menor, de 1,25 millones.
    Podemos, por su parte, podría recibir más de tres millones por escaño y votos y casi millón y medio por envío de papeletas. Aunque el presupuesto de campaña no ha sido establecido, el sistema de microcréditos del partido (que supera por poco el millón de euros) no alcanza ni de lejos la suma de más de cuatro millones y medio que le tocaría en el reparto, por lo que será uno de los partidos que ahorre dinero a las arcas públicas.
    El batacazo de UPyD también tiene castigo en euros: pasan del medio millón recibido hace cuatro años, a sumar unos 800.000 euros para envío de papeletas; a superar por poco los 50.000 euros y 27.000 para propaganda. De 1.300.000 euros a 77.000.

    Sistema de reparto

    Para alcanzar estas cifras se utiliza un complejo sistema de cálculo basado en los resultados. En concreto, en las municipales cada concejal vale 270,90 euros y cada voto, siempre que se haya obtenido representación, 0,45 euros, tal y como se publicó en el BOE el pasado tres de abril. Las cantidades asignadas a cada formación no pueden superar, en ningún caso, el límite de gasto establecido en la misma normativa. A todo esto se le suma la ayuda por envío de propaganda electoral, que en 2015 ha sido de 0,22 euros por elector. Eso sí, para acceder a ellas es necesario presentarse y obtener representación en la mitad de los municipios de la provincia.
    Esa es la razón por la que la candidatura de Ahora Madrid, centrada únicamente en la capital, se queda fuera de estas ayudas. Eso sí, le corresponden unos 285.000 en la asignación por concejales y votos. Teniendo en cuenta que, según el presupuesto publicado en su página web, prevén haber gastado menos de 160.000, podrían ahorrar más de 120.000 euros a las arcas públicas.
    Barcelona en Comú, la candidatura ganadora en las municipales de Barcelona, sí tiene asignada una ayuda para reparto de papeletas -unos 255.000 euros-, gracias a que sus socios de coalición, Entesa e ICV, sí se representan en otros grandes municipios de la provincia. Esta subvención por papeletas se añade a la que reciben por escaños y votos -98.200 euros-, lo que les daría un total superior a 350.000 euros. Según su propia página web, su presupuesto ha sido de 160.000 euros, con lo que su prudencia podría significar un ahorro a las administraciones públicas de casi 200.000 euros.
    Por otro lado, cada autonomía tiene su particular sistema de distribución de ayudas y establece las cantidades a pagar para la campaña, que van desde los más de 20.000 euros por escaño en Madrid y Canarias a los 10.867 de Cantabria o los 10.205 euros de Castilla y León. Además, cada una de ellas marca los límites de gasto y el reparto de ayudas, si las hay, para sufragar el envío de papeletas.
    Para poder recibir todas estas ayudas, las formaciones políticas tienen que presentar su contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas entre los 100 y 125 días después de las elecciones. Es este organismo el que, en su fiscalización, decide qué gastos han estado justificados, cuáles no y cuál es la cantidad que puede recibir cada partido basada en la asignación oficial.
    Puesto que el reparto no llega hasta mucho después de las elecciones, los partidos deben financiar su campaña electoral adelantando el dinero, gracias a préstamos o a sistemas de microcréditos como el de Podemos. Eso sí, los partidos que ya han obtenido estas ayudas pueden pedir un adelanto de una parte de las mismas para la próxima cita electoral del mismo rango.