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martes, 8 de noviembre de 2022

LA SENTENCIA DE LOS ERE DEBE CUMPLIRSE COMO LAS DEMÁS.

 

En un sinsentido jurídico que quien fuera presidente de la Junta andaluza, y también del PSOE, José Antonio Griñán, esté exigiendo que su pena de seis años de cárcel por el fraude de los ERE quede sin efecto en la creencia de que antes o después será indultado por el Gobierno.

Sería como beneficiarse de un indulto preventivo, no concedido, e incluso tramitado y aprobado antes de que la propia pena haya empezado a ejecutarse. El PSOE se equivocó desde un primer momento planteando esta cuestión como una pugna entre odiadores y admiradores de Griñán.

No se trata de que alguien quiera que entre en prisión o no, porque esto no va de empatía o antipatía con una persona que, como dijo el presidente del Gobierno, ha sido condenado «injustamente», lo que es tanto como sostener que el Tribunal prevaricó condenando a un inocente.

En realidad, esto va de cumplimiento de la ley y de las sentencias en tiempo y forma. Lo contrario sería tanto como generar un resquicio de privilegios para Griñán y un agravio comparativo respecto a muchos cientos de presos con seis años de cárcel que sí entraron inmediatamente.

La justicia de autor con penas ‘ad hoc’ para alguien solo porque es un político sería indigna de nuestro sistema. Además, Griñán yerra al enfrentarse a la Fiscalía porque se limita a describir una verdad.

Sí, los ERE fueron corrupción pura y dura.

ABC

domingo, 10 de abril de 2022

El caso de los ERE de la Junta de Andalucía y la Audiencia Nacional. El mayor caso de corrupción del mundo civiizado

 


Hay más de 600 imputados y más o muchísimo más de 1.600 millones € malversados o en paraísos fiscales. El antepenúltimo descubierto es el de la mujer de Juan Espadas, candidato socialista a presidir la Junta de Andalucía, si gana las elecciones nos tenemos que ir los andaluces al Sahara. Este caso aún no está contabilizado. Hasta la fecha, solo se pueden contabilizar estos:  Dos expresidentes, siete exconsejeros, dos exviceconsejeros, tres ex directores generales, dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tres ex secretarios generales técnicos, un exjefe del gabinete jurídico y un ex interventor general de la Junta. Hay un caso curioso de una exconsejera y candidata nacional a Pta. Del Gobierno, -ganó Zapatero-, también sin contabilizar: “Le muestra el juez un talón de 300 millones de euros y, como siempre, le pregunta el fiscal ¿Es su firma? Contesta…NO ME ACUERDO, ¿Tantos talones de esa cantidad ha firmado usted como para no recordar este? Contesta….NO ME ACUERDO.

El caso ERE de Andalucía, no resolverá nunca. Reitero, la mujer del candidato a la Presidencia de la Junta y alcalde de Sevilla es funcionaria por dos veces y no recuerda la ubicación de ninguno de sus puestos de trabajo. Vox que es la marca blanca del PSOE y el PP que ni está ni se le espera. Ahora Semana Santa, después la feria de Abril de Sevilla, después el Rocío, después convocará elecciones Juanma Moreno, después el verano, después las rondas de pactos, después la Navidad, después los Reyes Magos, después volverá a convocar elecciones Juanma Moreno, después las elecciones municipales, después dirá el PP que no quiere pactos con Vox –lógico, si convoca elecciones porque con estos bichos no se puede gobernar- después las elecciones generales que Pedro Sánchez retrasará 90 días, el presidente del Gobierno tiene un plazo de 54 días para firmar el decreto por el que convoca las elecciones que se puede extender hasta ±90 días. Siempre se han adelantado, pero mucho me temo, pero mucho me temo que Pedro Sánchez es único.

Los jueces dicen que no se reconoce su trabajo, ¿A qué coño viene esta sentencia de la Audiencia Nacional? Estos mismos jueces u otros, pero jueces se supone que juzgaron parte del caso ERE de Andalucía. ¿Alguno sabéis la sentencia? 

Dice:  

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado de nuevo al Partido Popular a título lucrativo por las actuaciones de la trama ‘Gürtel’ en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Esta es la tercera condena contra la formación y en esta ocasión les obliga a pagar 204.198,64 euros.

 

En una sentencia de 303 páginas, los magistrados de la Sección Segunda establecen que los populares deberán abonar esa cantidad con responsabilidad directa y solidaria del que fuera líder de la trama, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, el exalcalde Arturo González Panero o los que fueran gerentes de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

 

El fallo, que condena a un total de 23 personas, establece la pena de prisión más alta para ‘El Albondiguilla’, que en la fase final del juicio recibió duros reproches por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El que fuera regidor deberá cumplir hasta 36 años y 11 meses de cárcel por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo y malversación de caudales públicos.

 

Un beneficio evidente para el PP

En esta línea, los magistrados cargan con dureza contra González Panero y aseguran que su declaración en el juicio no cumplió con la «veracidad, suficiente y utilidad» necesarias. «Negó su participación en los hechos en las seis declaraciones que realizó en fase de instrucción, y no fue hasta días antes del inicio del juicio en que presentó un escrito anunciando ‘un reconocimiento de hechos'», recuerdan.

 

Sobre el PP, que aparece mencionado hasta 177 veces en la resolución, la sentencia señala que el beneficio para la formación fue «evidente» y se deriva de pagos del Grupo Correa destinados al «sostenimiento de la propia organización» y que, por ende, se traducía en un «menor gasto» para el sostenimiento del partido en Boadilla y para afrontar las campañas y precampañas de 2003 y 2007. «No cabe más que señalar que se ha producido un beneficio económico para este partido«, dice el tribunal. –otro juzgado dice que la relación entre Correa y el PP es meramente comercial-.

 

Además, la Audiencia Nacional dice que el PP contaba en esas campañas con un ‘colchón’ de remanente que sobró, y considera que esto evidencia «de un modo claro» que el partido «no era quien estaba abonando esos gastos sino que se sufragaban por el Grupo Correa (con fondos) obtenidos como beneficio del delito». Lógico, en caso contrario no habría delito. Está claro que casi todos los jueces, como los políticos quieres estar en la cúpula, Casado no estaba por la labor de ceder y Feijóo, tanto o menos.

 

Beneficio a título lucrativo

En cuanto el argumento usado por la defensa de los ‘populares’, que alegó que esos gastos electorales no tenían vinculación con la obtención de votos, el tribunal apunta que es irrelevante porque los abonos al PP por Correa iban más allá de esos periodos de comicios e incluían abono de bienes, eventos y actos.

 

Y en lo referido al argumento de que la formación no sabía de esos gastos y que eran «contrarios a su voluntad», la Sala dice que es irrelevante porque tal y como recordó el Supremo en una sentencia de 2020, «la naturaleza de la participación a título lucrativo no se trata de una obligación civil que tiene su origen en la participación del delito, sino de modo objetivo en la existencia de un beneficio a título gratuito de un tercero que desconoce su procedencia delictiva». Y recuerda que la condena a título lucrativo es compatible con la buena fe.

 

Esta es la tercera condena de la formación, que se suma a las de la primera época de la ‘Gürtel’ y por el uso de la ‘caja B’ para las obras de la sede del partido en Génova 13.

 

Entre los condenados en esta nueva sentencia, adoptada por unanimidad, también se encuentran el líder de la trama, Francisco Correa, y su segundo, Pablo Crespo, que confesaron su papel en la red a cambio de una rebaja en la petición de la fiscal.

Blog de Juan Pardo.

domingo, 20 de marzo de 2022

La corrupción pública heredada del PSOE sigue manchando la imagen de Andalucía

 

Los expresidentes del PSOE de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados en el caso de los ERE.



El balance del Consejo General del Poder Judicial de 2021 evidencia que Andalucía está a la cabeza en cuanto al número de procedimientos judiciales de toda España por corrupción pública.

La corrupción sigue siendo una mancha negra que empaña la imagen de Andalucía y el último balance del los casos registrados en el 2021 dejan patente que la comunidad se coloca a la cabeza de toda España en cuanto a procedimientos judiciales.

Así, los jueces dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 273 personas físicas y 71 personas jurídicas en todo el territorio nacional por delitos de corrupción en 2021, 83 más que en 2020, y Andalucía fue la comunidad autónoma que más procedimientos acumuló, hasta 24 en todo el pasado año 2021.

 

Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante 2021 los jueces concluyeron en España 53 procedimientos por corrupción frente a los 56 registrados en 2020. En total, los órganos judiciales dictaron 65 sentencias en todo el país, dos menos que en el año anterior donde se firmaron 67 resoluciones.

Según ha precisado el CGPJ del total de los 53 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó en 2021, 14 corresponden al cuarto trimestre del año. Del total, solo dos corresponden a causas dirigidas en la Audiencia Nacional, frente a las siete registradas en 2020.

Andalucía en pleno revuelo judicial

Las estadísticas reflejan que Andalucía fue la comunidad autónoma que más procedimientos acumuló, 24 en todo 2021. Le sigue la Comunidad Valenciana con nueve y Madrid con siete. No es de extrañar cuando están en activo en los juzgados los mayores casos de corrupción pública que se ha conocido en España y que tiene a los políticos socialistas que gobernaron la Junta señalados por la causa de los ERE.

En connivencia con esta trama se apunta también a organizaciones sindicales y empresarios, que participaron del desvío de dinero público, a través de subvenciones y préstamos irregulares. También los que fueron altos cargos en la Junta por realizar contrataciones sin procedimiento alguno para favorecer a familiares o amigos.

 

Por este motivo, Andalucía lidera la lista con el mayor número de personas, físicas y jurídicas, acusadas en causas relativas a delitos de corrupción, con 179. En el caso de la Comunidad Valenciana constan 80 personas acusadas; en Castilla y León, por su parte, 26.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los juzgados y tribunales dictaron un total de 65 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De todas ellas, 44 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 67% de las dictadas por los distintos órganos judiciales. Las 21 sentencias restantes, el 32% del total, eran absolutorias.

La corrupción pública preocupa a los ciudadanos

La información referida a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad, tiene como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciónfraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.