En un sinsentido jurídico que quien fuera presidente de la Junta andaluza, y también del PSOE, José Antonio Griñán, esté exigiendo que su pena de seis años de cárcel por el fraude de los ERE quede sin efecto en la creencia de que antes o después será indultado por el Gobierno.
Sería como beneficiarse de un indulto preventivo, no concedido, e incluso tramitado y aprobado antes de que la propia pena haya empezado a ejecutarse. El PSOE se equivocó desde un primer momento planteando esta cuestión como una pugna entre odiadores y admiradores de Griñán.
No se trata de que alguien quiera que entre en prisión o no, porque esto no va de empatía o antipatía con una persona que, como dijo el presidente del Gobierno, ha sido condenado «injustamente», lo que es tanto como sostener que el Tribunal prevaricó condenando a un inocente.
En realidad, esto va de cumplimiento de la ley y de las sentencias en tiempo y forma. Lo contrario sería tanto como generar un resquicio de privilegios para Griñán y un agravio comparativo respecto a muchos cientos de presos con seis años de cárcel que sí entraron inmediatamente.
La justicia de autor con penas ‘ad hoc’ para alguien solo porque es un político sería indigna de nuestro sistema. Además, Griñán yerra al enfrentarse a la Fiscalía porque se limita a describir una verdad.
Sí, los ERE fueron corrupción pura y dura.
ABC
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