La Fiscalía del TS abre la puerta a penar el 'procés' por desórdenes públicos agravados

 VOZPÓPULI

Los fiscales del procés respaldan la tesis de Llarena de que los hechos son constitutivos de desobediencia y malversación, pero añaden también la figura diseñada por el Gobierno para sustituir a la sedición

El exvicepresident de la Generalitat y preso del 'Procés', Oriol Junqueras EP

La Fiscalía del Tribunal Supremo abre la puerta a acusar en el procedimiento del procés con el delito de desórdenes públicos agravados. Los fiscales al frente de esta causa respaldan la tesis del magistrado instructor, Pablo Llarena, acerca de que los hechos probados deben tipificarse, a tenor de la reforma legal impulsada por el Gobierno, con los delitos de desobediencia y malversación. Sin embargo, además, consideran que se tiene que añadir el delito de desórdenes públicos agravados; figura diseñada por Moncloa que sustituye a la ya extinta sedición.

MÁS INFO

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Así lo confirman fuentes fiscales a Vozpópuli las cuáles precisan que la decisión del magistrado Llarena de mantener la malversación agravada les parece "razonable". El magistrado de la Sala de lo Penal apuntó en un auto este mismo jueves que la reforma legal del Ejecutivo implicaba la sustitución de la sedición por el delito de desobediencia, que no lleva aparejada pena de prisión. Del mismo modo mantuvo el delito de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada.

En su duro auto el magistrado expuso que la reforma del Ejecutivo que entró en vigor este jueves no implicaba una modificación real de la malversación agravada que impone a Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig. El instructor entiende que para ellos, procesados junto con las también fugadas Clara Ponsatí y Marta Rovira, debe prevalecer el Código Penal vigente en el momento de los hechos que castiga con más de 10 años de cárcel la malversación de caudales públicos.

La Fiscalía respalda a Llarena

El magistrado de la Sala de lo Penal entiende que la nueva regulación prevé la misma pena que la anterior para supuestos en los que, como este, la cuantía asciende a más de 250.000 euros. De manera que el horizonte penal para tres de los cinco huidos podría complicarse con el delito de malversación. Una tesis que los fiscales del procés también respaldan. Las fuentes consultadas apuntan que les parece una interpretación "fundada y razonable", por lo que no se descarta que también la mantengan en lo que respecta a los otros doce líderes del procés ya condenados.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se dirigió este mismo jueves a las partes del procedimiento y les dio ocho días de plazo para que formulen alegaciones en relación a los nuevos cambios legales que acaban de entrar en vigor. El tribunal que preside Manuel Marchena, y que condenó a Junqueras y los otros acusados por delitos de sedición en concurso medial con malversación, estudia ya cómo tipificar los hechos probados según los cuáles los condenados "desplegaron e impulsaron una desobediencia civil y una insurrección institucional orientada a alterar el orden constitucional".

Así pues, ahora el Ministerio Público, la Abogacía General del Estado y las partes de la causa tienen que pronunciarse en relación al nuevo encaje penal mientras que, en paralelo, el juez Llarena ya ha anunciado que sigue la causa contra los fugados por desobediencia y malversación. A falta de que la Fiscalía informe sobre el asunto, las fuentes consultadas aseguran que sí contemplan la comisión de un delito de desórdenes públicos agravados. Cabe recordar que la Fiscalía del alto tribunal acusó por rebelión, aunque el tribunal finalmente les impuso sedición a todos menos a tres consejeros, a los que solo condenó por desobediencia.

Por su parte los condenados siguen estudiando una revisión de condena. Es el caso de la defensa de Oriol Junqueras. El líder de ERC fue el que se llevó la condena más grande, con 13 años de cárcel por sedición en concurso medial con malversación y otros 13 años de inhabilitación. Su defensa anunció que estudiaría pedir una revisión a tenor de la desaparición de la sedición y la rebaja de la malversación hasta un máximo de cuatro años en los que casos en los que no haya habido lucro personal del desvío de fondos. El objetivo es acortar la inhabilitación para cargo público que tendría que cumplir hasta 2031.

Mismo criterio con la malversación

La reforma legal que aprobó Moncloa para contentar a sus socios de ERC no solo afecta al procés. Los daños colaterales de la rebaja de la malversación ya se están dejando sentir en otras causas de corrupción en las que se empieza a estudiar ya posibles cambios. Ante este escenario, el fiscal general del Estado, Álvaro García, prepara un decreto en el que impartirá las directrices a seguir para unificar criterio en lo que respecta a la actuación de la Fiscalía.

Fuentes fiscales consultadas por este medio explican que el decreto estará listo antes de que acabe el mes ya que hay algunas causas –como la trama Kitchen sobre el espionaje a Luis Bárcenas- que están pendiente de calificación del Ministerio Fiscal y urge unificar criterio sobre el asunto. Al igual que ocurrió con la conocida como ‘ley del sí es sí’ la Fiscalía va a emitir decreto y no circular porque la circular se tiene que someter el preceptivo informe de la Junta de Fiscales.

La Fiscalía de Cataluña ha pedido tiempo para formular su escrito de conclusiones provisionales en la causa contra los diputados de ERC Jové y Salvador por malversación

Precisamente, una de las aristas del procés que se va a ver afectada por la rebaja de la malversación es la causa que se ha seguido en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra los diputados de ERC Josep María Jové y Lluis Salvador. La formación independentista no solo quería asegurar el futuro de Oriol Junqueras –que fue indultado junto con otros 8 miembros del procés- sino que también espera que Jové y Salvador se beneficien de los cambios legales.

De momento la Fiscalía del TSJ catalán ya ha pedido más plazo para formular su escrito de conclusiones provisionales. “El examen de estos preceptos no puede abordarse desde una perspectiva meramente individualista sino que, como no puede ser de otro modo, en aras a la salvaguarda de la unidad de actuación, debe ser consecuencia de una respuesta integral de esta institución”, reza un escrito de este mismo viernes firmado por el teniente fiscal de Cataluña, Pedro Ariche.

Cataluña: no matan, pero no dejan vivir

 Siguiendo los pasos de Otegui y Ternera, los independentistas acosan a quienes rehúsan aceptar el yugo naZionalista

Fue durante la tregua pactada por los pistoleros de ETA con Zapatero, al comienzo de este proceso infame que lleva a la destrucción de España, cuando la concejal popular del Ayuntamiento de San Sebastián María José Usandizaga alumbró una expresión preclara que resume a la perfección lo que está pasando en Cataluña: «Ahora ya no nos matan, pero no nos dejan vivir». Usandizaga se refería al hecho de que los coches bomba y tiros en la nuca habían sido sustituidos por acosos callejeros, señalamientos y demás técnicas de intimidación ejercidas por las hordas batasunas contra cualquiera que osara plantarles cara. Una táctica que funcionó a pedir de boca, si consideramos que, transcurridos quince años, ETA ocupa el segundo lugar del podio electoral vasco, pisando los talones al PNV, su viejo cómplice, mientras el PP, víctima principal de esa persecución, está prácticamente desaparecido y el PSE, antaño alineado en las filas del constitucionalismo, recoge migajas presupuestarias en distintas instituciones a cambio de mirar hacia otro lado mientras el separatismo acapara poder e impone sus dogmas.

«Ahora ya no nos matan, pero no nos dejan vivir». ¡Qué gran verdad! Para vivir en el País Vasco con cierta tranquilidad es menester sumarse al bando de los vencedores o bien agachar la cabeza y callar. No hay resistencia posible cuando quien debería ser tu valedor, el Gobierno que juró cumplir y hacer cumplir la Carta Magna, se ha vendido a quienes quieren hacerla añicos a cambio de unas poltronas que deshonra en cada decisión.

ETA, que ahora se llama Bildu, ha hecho fortuna con ese cambio de estrategia. Arnaldo Otegui, alias «Gordo», coautor del nuevo guión junto a José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias «Josu Ternera», supo ver que en la Europa del tercer milenio una banda local de vía estrecha, como la que ambos capitaneaban, no tenía nada que hacer. La brutal competencia del islamismo siempre sería imbatible y los asesinos no encontrarían santuarios donde refugiarse. Era preciso hallar otro camino, no porque matar inocentes les causara el menor escrúpulo, sino por una cuestión de eficacia. Solo hacía falta encontrar un tonto útil o, en su defecto, un traidor. Tengo para mí que Zapatero desempeñó el primer papel y Sánchez ha asumido gustoso el segundo, otorgando con sus pactos plena legitimidad democrática no solo a partidos independentistas enemigos declarados de nuestro modelo de Estado, sino al brazo político de una organización terrorista.

Otegui se ha convertido en un referente para los golpistas catalanes, especialmente los de ERC, aliados de Frankenstein, una de cuyas prófugas lo considera un «modelo del cual aprender». Los cachorros de la estelada reproducen fielmente la «kaleborroka» y atacan a pedradas los mítines de Vox. TV3 esparce odio supremacista. Las escuelas, doctrina falsaria. En Cataluña no se mata (de momento) pero la vida se hace cada día más difícil para quienes rehúsan aceptar el yugo naZionalista.

Golpismo catalán en la calle.

 

Mal precedente para cualquier Gobierno que conceda el indulto porque, no más allá del día siguiente, puede encontrarse con un alzamiento social y político en toda regla.

La Generalidad catalana vuelve a echar un pulso al Supremo, con el convencimiento de que lo va a ganar. Y es que, si ese camino se ha abierto, es debido a que la comunidad autónoma tiene las competencias penitenciarias, al igual que ahora inicia el mismo camino la comunidad vasca. Sigue siendo un error de bulto que no estén centralizadas competencias como sanidad, educación, instituciones penitenciarias, servicio meteorológico, recursos hidrológicos…

El artículo 148 de la Constitución reseña las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas, en tanto que el 149 refiere las que son exclusivas del Estado en numerosas materias, pero a la hora de la verdad todo es negociable. A veces se trata de trocear algo y que quien esté interesado disponga de ello. Sin duda, es el momento de ‘abrir el melón’ de la Constitución y volver a redactar infinidad de cuestiones que se han quedado obsoletas: monarquía, línea hereditaria, representación laboral, fuerzas armadas, administración de Justicia, relaciones laborales, comunidades autónomas, legislación y desarrollo de recursos y aprovechamiento hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, repesca estatal de competencias mal utilizadas por las comunidades, recortes competenciales… Pueden servirnos esas a modo de ejemplo, pero son muchas más y muy diversas.

Viene eso a cuento porque en Cataluña han vuelto a tomar el pelo a todos españoles. Resulta que la Generalidad ha soltado a los golpistas que sembraron el odio, la barbarie y el terror en Cataluña. Lo más grave de todo es que tienen el tercer grado sin haber mostrado ningún tipo de arrepentimiento, pero sí todo el odio del que son capaces. “¡Lo volveremos a hacer tan pronto como se den las circunstancias para ello!”, decían los Jordi y el propio Junqueras. Hoy le ha faltado tiempo a este ‘mamotreto’ de ERC para soltar otra memez tan propia de él: “¡Nos encarcelan porque no pueden ganar!”. ¿Se puede ser más ignorante? Eso sí, la humillación a España y a todo lo español que no falte, de ahí que la exalcaldesa de Badalona, candidata de la sectaria y anarquista CUP, haya recibido con honores a los golpistas y terroristas, Junqueras y Raúl Romeva.

De momento tienen el tercer grado, pero el Gobierno filoetarra de Pedro ‘Plagio’ Sánchez está buscando el momento más idóneo para conceder el indulto a toda la tropa de Lledoners. ¿Comparamos el intento de golpe de Estado del 23F con el golpe de Estado efectuado en Cataluña? Unos cumplieron treinta años de prisión y estos ‘terroristas de cuarto de aseo’ tan solo han cumplido tres. Los mismos que pedían a gritos un muerto el 1-O para echárselo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, en un intento de crear mártires del golpe de Estado catalán, resulta que ahora salen a la calle para hacer campaña electoral, retar al Supremo, hacer la peineta al Constitucional y pasarse por el arco del triunfo la ley española.

Mal precedente para cualquier Gobierno que conceda el indulto porque, no más allá del día siguiente, puede encontrarse con un alzamiento social y político en toda regla. Decía un buen amigo, profesor de la Universidad de Valladolid, que “hay que tener cuidado con los libros de política; podemos morir por culpa de una errata”.

“Este país lo merece todo, lo necesita todo y estamos aquí para dároslo todo, incluso nuestra libertad”, ha dicho Junqueras sin pudor. Empieza por llamar país a su comunidad autónoma lo que ya es motivo de risa, mofa y hazmerreír, tanto como el ridículo que hizo Puigdemont en el Europarlamento en su cutre discurso; me refiero al primero porque, el día que le tocaba volver, se desalojó la Cámara y se quedó como los de Tudela; es decir, solo. De momento, los golpistas están demostrando lo que son y por lo que todos los tenemos: “Retorcidos bichos con labios tan finos que, en vez de besar, cortan.

En fin, de aquí al 14 de febrero nos vamos a reír de lo lindo. No van a faltar estupideces al más puro estilo de ERC con los ‘payasos’ y fantoches Romeva, Rufián y Junqueras. Mis más sinceros respetos para los payasos de profesión: siempre admirables, risueños y dispuestos a hacer felices a los demás. Ya se sabe que el golpismo catalán, que es lo mismo que el terrorismo de salón y el crimen de ficción, está muy interesado en que se hable mucho y de todo. Gente como el ‘ojiplático’, Junqueras, está muy interesada en que todos tengan por qué callar, para que no hablen de ellos.

Su corrupción por malversación de caudales públicos, así como su golpismo militante, le llevaron a la cárcel y ahí debe seguir, salvo que la Judicatura se ponga mirando a Cuenca esperando a recibir. Y esto sería muy grave porque el mismo derecho tendríamos todos los españoles a pasarnos la ley por donde posamos montados a caballo. ¿Van a ser tan ladrones en la Judicatura que nos van a robar la democracia y la libertad? Decía Napoleón que “Hay ladrones a los que no se castiga, pero que nos roban lo más preciado: el tiempo”.

 

Jesús Salamanca Alonso

Carme Forcadell y Dolors Bassa vuelven a prisión después de revocar el Supremo el tercer grado a los presos del ‘procés’

El tribunal ve un intento de la Generalitat de dar a los líderes independentistas un “tratamiento penitenciario privilegiado”

Carme Forcadell reingresa a la cárcel de Wad Ras (Barcelona).ALBERT GARCIA

La expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell y la exconsejera de Salud Dolors Bassa han vuelto a ingresar este viernes en las prisiones de Wad Ras (Barcelona) y de Puig de les Basses, en Figueres (Girona), después de que el Tribunal Supremo revocara el tercer grado de que disfrutaban los nueve líderes independentistas catalanes condenados por sedición por el proceso secesionista del otoño de 2017. El tribunal también ha revocado para todos ellos la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que les permitía salir de prisión a diario para trabajar, hacer voluntariado o cuidar de familiares. Forcadell y Bassa, militantes de ERC, han acudido a los centros penitenciarios acompañadas por un grupo de simpatizantes.

Oriol Junqueras y el resto de presos del procés seguirán encarcelados sin disfrutar de la semilibertad de la que gozaron durante unas semanas el verano pasado. Los beneficios penitenciarios estaban suspendidos temporalmente en casi todos los casos a la espera de la decisión del alto tribunal. Los magistrados que juzgaron el procés consideran “prematuro” que los presos disfruten ya del tercer grado y destacan que es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, especialmente cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte.

El tribunal ha anulado también la otra vía abierta por la Generalitat para flexibilizar el cumplimiento de la pena de los nueve presos: la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que les permitía salir de prisión a diario para trabajar, hacer voluntariado o cuidar de familiares. En sus resoluciones, el tribunal ve un intento de la Generalitat de dar a los líderes independentistas un “tratamiento penitenciario privilegiado”. El futuro penitenciario de los nueve presos está en manos del Supremo mientras el Gobierno tramita el indulto y debate la reforma del delito de sedición.

El acuerdo adoptado por el Supremo solo tiene consecuencias prácticas para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (condenada a 11 años y medio por sedición) y la exconsejera Dolors Bassa (12 años por sedición y malversación). Ellas fueron las únicas que se beneficiaron de las discrepancias de criterio existentes entre los juzgados de vigilancia penitenciaria sobre si el tercer grado de los presos del procés debía quedar en suspenso hasta que el Supremo confirmara o anulara la semilibertad. Ambas han continuado acudiendo a la cárcel solo a dormir de lunes a jueves y pasando los fines de semana en sus casas, mientras los siete presos hombres, cuya cárcel depende de otro juzgado, volvieron a finales de julio al régimen ordinario de prisión. Forcadell y Bassa perderán ahora esa semilibertad.

La decisión del Supremo sobre el tercer grado la han tomado los mismos jueces que juzgaron y sentenciaron el caso, con la excepción del magistrado Luciano Varela, ya jubilado. El tribunal ha estado integrado por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, que ha ejercido como ponente, y los magistrados Antonio del Moral, Ana Ferrer, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Andrés Palomo del Arco. En los nueve autos notificados este viernes, de contenido similar, los magistrados explican que la concesión del tercer grado a un interno que no haya cumplido la cuarta parte de la condena (que es el caso de todos ellos salvo Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Joaquim Forn y Josep Rull, que tampoco han cumplido la mitad) es excepcional y exige “una justificación reforzada, lógicamente, con respecto a aquella exigible en los supuestos en los que se propone para el tercer grado a un interno que ya ha cumplido la cuarta parte de la condena”.

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, antes de entrar en el centro penitenciario.ALBERT GARCIA

Sin embargo, según el Supremo, la Generalitat, que otorgó la semilibertad, y los jueces de Vigilancia Penitenciaria, que la avalaron, no solo no han dado argumentos que justifiquen la concesión de esta medida sino que han vinculado el encarcelamiento de los líderes independentistas con sus ideas políticas, una interpretación que censuran los magistrados. “Yerra la juzgadora de instancia al dejar entrever que la estimación del recurso del Ministerio Fiscal implicaría exigir al interno que modificara su ideología. El señor Junqueras no fue condenado por su ideología independentista. Fue declarado autor de un delito de sedición en concurso con un delito de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada, con base en los hechos declarados probados en el juicio histórico de nuestra sentencia”, advierten los magistrados en el auto referido al exvicepresidente de la Generalitat. “Nadie cumple condena en un centro penitenciario por sus ideas políticas”, añaden.

El tribunal también cuestiona lo que considera un “distanciamiento” entre algunas de las decisiones adoptadas por la administración penitenciaria catalana y lo que, según los magistrados, debería ser el “adecuado cumplimiento de sus funciones”. “El principio de flexibilidad (…), de tanta importancia para hacer realidad el fin constitucional de resocialización del penado, no convierte a las Juntas de Tratamiento en una última instancia llamada a corregir los desacuerdos de los funcionarios que las integran con el desenlace de un determinado proceso (…). Tampoco permite el traslado injustificado de un penado a otro centro penitenciario si esa decisión está estratégicamente dirigida a rectificar la competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria, fijada en atención al ámbito territorial en el que se asiente la prisión”, señalan los jueces en relación con el cambio de prisión de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que intentó así esquivar la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria de Lleida, a la que correspondía la cárcel en la que Forcadell empezó a cumplir la condena, de que el Supremo se pronunciara sobre la aplicación del artículo 100.2.

Un “tratamiento privilegiado”

La sala advierte a la Generalitat de que “la administración penitenciaria no puede distanciarse de los principios y garantías que informan la ejecución de las penas de prisión impuestas por los tribunales”. “Su acatamiento de la legalidad no debe hacerse depender de su grado de identificación o desacuerdo con la argumentación jurídica sobre la que se fundamenta la condena. De lo contrario, se subvierte el papel que la ley reserva a los órganos administrativos que, de esta forma, se convierten en una extravagante tercera instancia que se arroga la tarea de hacer más justa la decisión emanada de los jueces y tribunales constitucionalmente llamados al ejercicio de la función jurisdiccional”. “Los órganos de la administración penitenciaria no pueden vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal de justicia”, señala el Supremo, que considera que su sentencia sobre el procés se ha sometido a una “relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado” y, precisamente por ello, “improcedente”.

Una persona sostiene una pancarta luminosa frente a las puertas del centro penitenciario.ALBERT GARCIA

El Supremo defiende en los nueve autos la sentencia por la que condenó a los líderes independentistas y responde a una de las críticas habituales que viene recibiendo por parte del independentismo desde que se inició el proceso penal contra el Gobierno de Carles Puigdemont: que el alto tribunal no castiga actos sino ideas políticas. “No se pretende que el interno ‘reniegue de sus convicciones políticas’, sencillamente porque estas son ajenas a su condena”, advierte la sala, para la que sostener lo contrario supone “aferrarse a una línea argumental equivocada, que nada tiene que ver con el significado del cumplimiento de una pena privativa de libertad en una sociedad democrática”.

En el auto referido a Junqueras el tribunal recuerda que los políticos condenados “dinamitaron las bases de la convivencia promoviendo un alzamiento tumultuario con el objeto de demostrar que las resoluciones del Tribunal Constitucional y de los jueces radicados en Cataluña ya no eran ejecutables”. Tampoco pueden alegar la criminalización de sus ideas los dos líderes civiles encarcelados, asegura el tribunal, que en los escritos sobre Sànchez y Cuixart se explaya en recordar por qué les condenó por sedición. “La ruptura de las reglas que delimitan el funcionamiento normal de cualquier estado de derecho y la promoción de incidentes violentos llamados a demostrar que la competencia de los Juzgados y Tribunales ordinarios tenía que detenerse a las puertas de una consejería autonómica, son las razones que están en la base de la condena”, expone en el auto sobre el exlíder de la ANC.

Para justificar la anulación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, el tribunal argumenta que no se cumple el principal requisito para conceder este beneficio penitenciario: que las salidas de prisión sean para participar en un programa de tratamiento que se considere necesario para la reinserción del preso y que no pueda ejecutarse en el centro penitenciario. En el caso de los líderes independentistas, advierte el Supremo, los programas planteados por las cárceles (voluntariados o trabajos en el sector privado) no tienen “vinculación” alguna con los delitos de sedición y malversación por los que fueron condenados, lo que hace “injustificable” la concesión de este régimen de semilibertad, según los magistrados, que aseguran no poner en duda el buen comportamiento de los presos, su actitud colaboradora con el equipo y su implicación en de las diferentes actividades, algunas de las razones en las que se amparan las prisiones catalanas para justificar esta medida. Tampoco cuestionan su trayectoria académica y profesional previa a la comisión de los delitos por los que han sido condenados. “Pero, como ya advertimos en su momento al rechazar la aplicación de este mismo régimen respecto a la señora Forcadell y otros condenados en esta causa especial, nada de ello permite salvar esa ausencia absoluta de enlace entre el programa que se propone y el proceso de reinserción social del penado que, como es obvio, no puede ser ajeno a los delitos cometidos, un delito de sedición y un delito de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada”, concluyen.

Consulte el auto del Supremo que revoca el tercer grado a Oriol Junqueras. Si no puede verlo pinche aquí .

Fuente:El Pais

Sánchez premia a golpistas, separatistas y delincuentes, mientras deja sin financiación a las regiones que más lo necesitan.

Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez

Es muy complicado establecer en España, cuál de los últimos presidentes de gobierno es el que más daño ha hecho a este país. El listón esta ciertamente alto. Pedro Sánchez es la evolución lógica de lo comenzado en 1977, donde los símbolos nacionales quedaron relegados a un segundo plano, y donde lo autonómico primo sobre lo nacional. De una u otra forma, hemos permitido que aquellos que odian a nuestro país, aquellos que desean su destrucción, marquen la agenda política, decidan las leyes más importantes del estado y quiten y pongan presidentes a su antojo.

Pedro Sánchez está haciendo lo mismo que sus antecesores, cesión permanente de soberanía y dar por buenas todas las exigencias que el separatismo le impone. La cuestión con Sánchez es si cabe, más grave de lo habitual, pues ya no queda margen competencial, solo queda la ruptura de España y eso es algo, que por mucho apoyo popular que tuviera, no puede hacer.

Sánchez riega de millones al separatismo catalán, mientras abandona al resto de los españoles, lanzando un mensaje claro a los gobiernos autonómicos, que solo serán tenidos en cuentan si son desleales con el estado español. Premia a golpistas, separatistas y delincuentes, mientras deja sin financiación a las regiones que más lo necesitan. Los socialistas han culminado la traición al pueblo español, y esta vez, no han necesitado de revoluciones violentas ni huelgas revolucionarias.

El socialismo, Pedro Sánchez y su gobierno, humillan a los españoles con su genuflexión y cesión continua frente al gobierno de la generalidad catalana, que les tiene cogida la medida. Lo que los socialistas entienden por dialogo, no es más que dar por buenas las peticiones del separatismo y de todo su entorno, proteger a delincuentes y retorcer la ley para que los que ponen en jaque la unidad de España, puedan seguir con su impunidad y deslealtad.

Nos encontramos en un momento crítico y difícil, con un enemigo ambiguo que ostenta el poder del gobierno de España y con una finalidad, que posiblemente se escapa la mayoría del pueblo español. Sánchez y el PSOE no hacen esto por el mero hecho de mantenerse en el poder, con el simple objetivo de agotar una legislatura, que cada vez se antoja más difícil y complicada, Sánchez y su partido, desean culminar lo que no pudieron hacer en Octubre de 1934, lo hacen por convencimiento, porque entienden que una España sin Cataluña, Vascongadas o Galicia es posible. Porque en su modelo de nación, cabe una república federal con mini estados asociados y con una relación de igualdad respecto al gobierno central.

Llevamos años en un proceso de deconstrucción de España que puede estar llegando a su final. Sánchez ha recuperado lo peor de la tradición del socialismo español. Su alianza con la anti España, es mas por convencimiento ideológico, que por estrategia política o coyuntural. Las decisiones del ejecutivo de Pedro Sánchez, fomentan el enfrentamiento entre españoles, las desigualdades entre regiones o comunidades, e hipotecan nuestro futuro como nación.

Frente a la cobardía de muchos, frente a la inacción de otros y frente a la desidia de otros tantos, pensando que esto no va con ellos, todos tenemos la obligación de combatir a un gobierno que ha perdido toda legitimidad y que no podemos reconocer como propio, cuando sus pasos van encaminados a destruir la nación que deben proteger, encaminados a traicionarnos, regalando la soberanía de todos, regalando lo que no les pertenece. La reacción de los españoles, no se puede hacer esperar. España está en juego y los socialistas trabajan en un doble frente igual de malvado y perverso. Deconstruir España y deconstruir la sociedad, sus tradiciones y sus valores.

Javier García Isac/director radioya.es

EPISTOLA A LOS SUERTUDOS

-Si a la piara sediciosa del “prusés” los hubiera juzgado un tribunal sumarísimo franquista en el 39; o uno republicano en el 36, o incluso otro de la colla de Company, simplemente los habrían fusilado o asesinados en una cuneta.

-¡Pero no!…han tenido la suerte de ser juzgados por el Tribunal Supremo de la “puta España” democrática y eso ha hecho que salven sus sediciosos pellejos.

-Y digo lo de “pellejos” no a la ligera…Fueron golpistas ya que aprovechando la preeminencia de sus cargos que dimanan de la Constitución, se rebelaron contra ella de la manera más cobarde y ruin…Es un caso parecido al del militar que ostentando el poder de las armas que el estado le concede, usa esas mismas armar para derrocarlo…Tejero mismamente.

-Si de verdad hubieran tenido principios éticos y verdadero afán independentista, primero habrían renunciado al cargo que les otorgó la Constitución de la “puta España” y después, como ciudadanos de a pie y con un par de cojones, la habrían puesto en marcha (la rebelión, la sedición o lo que les hubiera salido de la polla).

-¡Pero no! su cobardía les impulsó a salir escondidos en un coche como vulgares delincuentes o a decir ante el tribunal que juzga su rastrero comportamiento que “aman a España” para así tratar de quitarse pulgas con lazo amarillo de encima.

-¡Que suerte habéis tenido pendejos!…que os ha juzgado un tribunal garantista de la “puta España”.

-¿Qué no sabéis lo que significa “garantista”? pues lo que no tienen los ciudadanos constitucionalistas en vuestra “puta Cataluña” gracias a los CDRs.

Viñeta y texto de: Agustín Muro

El PSOE se acobarda ante el golpismo e impone el estado de excepción a unos pacíficos monjes

Los socialistas se niegan a tomar medidas ante las nuevas amenazas de Torra

El PSOE se acobarda ante el golpismo e impone el estado de excepción a unos pacíficos monjes

@ElentirVigo

Crecidos ante la decepcionante respuesta del Tribunal Supremo al 1-O -abriendo la puerta a un tercer grado inmediado- y por la inacción de Sánchez, los separatistas siguen su agenda golpista.

Esto lo que está haciendo el separatismo en Cataluña aprovechando la inacción de Sánchez
Muere un ciudadano francés en Barcelona: los separatistas impedían pasar a las ambulancias

Torra vuelve a anunciar un nuevo golpe separatista para 2020

Hoy el presidente regional catalán, Quim Torra, ha comparecido en el Parlamento de Cataluña. Se puede leer aquí la transcripción oficial de su discurso (sólo la han publicado en catalán). En su intervención, Torra ha llamado a la “desobediencia civil”, siendo como es él una autoridad (me pregunto si aceptará que los catalanes se nieguen a obedecer cualquier orden que dicten ese personaje y su gabinete), y ha anunciado que en la primavera del año 2020 “el debate constituyente podrá consolidar unas propuestas que sirvan de guía para la elaboración de una constitución republicana“. Además, anunció que se propone “fijar las vías para concretar el ejercicio del derecho de autodeterminación en el plazo más breve posible”. Es decir, que va a seguir saltándose la Constitución y las sentencias judiciales para intentar romper la unidad de España.

El cabecilla separatista anuncia una medida prohibida por la Constitución

Además, Torra se ha propuesto “lograr la amnistía de todas las personas perseguidas por el ejercicio de sus derechos políticos, civiles y sociales”, una amnistía expresamente prohibida por el Artículo 62 de la Constitución, que veta los indultos generales. El cabecilla separatista también ha hablado de “presos políticos” para referirse a los golpistas condenados por el Tribunal Supremo, y ha calificado la reciente sentencia de ese tribunal como “el golpe a la democracia más importante que ha tenido lugar, desde 1978”, y lo dice él mientras anuncia su propósito de volver a dar un golpe separatista: hay que tener jeta. Todo eso lo ha dicho desde la tribuna de un parlamento regional y recogido en una transcripción oficial publicada por la propia web del Parlamento de Cataluña, por si alguien tiene alguna duda. A efectos prácticos, esto es como si Torra se pasease por la calle anunciando con un megáfono que va a cometer un delito: ¿qué tendría que hacer la Policía ante eso?

El ministro del Interior se hace el sueco ante las nuevas amenazas de Torra

Pues bien: después de esa intervención de Torra, este mediodía el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido ante los medios y ha dicho que el Gobierno actuará ante hechos “que son indiscutibles y no admiten interpretación”, y no ante las palabras de Torra. La historia se repite. El Gobierno del PSOE parece estar siguiendo el manual de Rajoy para hacerse el sueco ante un golpe separatista. Y el efecto que está provocando con su inacción es el mismo que tuvo la respuesta tibia del Gobierno del PP ante los desafíos de Puigdemont: muchos catalanes que se sienten españoles y muchos agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se sienten abandonados por el Gobierno, que no emprende ninguna acción contra los desafíos del Gobierno catalán (ni el 155, ni el Estado de Excepción ni la Ley de Seguridad Nacional) y que además pretende que las fuerzas del orden hagan frente a los violentos con una mano atada a la espalda. Ayer nos enterábamos de que los policías nacionales han recibido órdenes de no usar pelotas de goma ni botes de humo, y eso mientras los separatistas están arrojando ya cócteles molotov contra la Policía y están incendiando calles, contenedores y coches particulares.

Mientras se acobarda ante el golpismo, Sánchez dirige su prepotencia contra unos pacíficos monjes

La cobardía del Gobierno socialista ante los desafíos del separatismo catalán contrasta con su chulería ante unos monjes pacíficos y desarmados. Y es que ahora mismo donde sí se ha impuesto un estado de excepción es en una basílica católica, la de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, sin que el Gobierno lo haya declarado como es precepcivo, impidiendo -de forma abiertamente dictatorial e ilegal- a los fieles el acceso al templo para asistir a misa, con unas medidas de seguridad desproporcionadas y que de ningún modo encuentran amparo en la sentencia del Tribunal Supremo sobre la exhumación de Franco. Como ha ocurrido tantas otras veces, el PSOE demuestra ser muy prepotente contra los ciudadanos pacíficos que no somos de su cuerda ideológica, y muy cobarde -y hasta podría decirse que cómplice- ante los separatistas y los extremistas de izquierda que se saltan la ley, incluso los que anuncian a las claras que van a seguir haciéndolo mientras sus secuaces incendian la convivencia y las calles en Cataluña. Tal vez sea eso porque el PSOE está tan empeñado como los separatistas en sembrar el odio y la discordia entre los españoles, con el fin cada vez menos disimulado de echar de la vida pública a quienes no nos sometemos a los dictados ideológicos de la izquierda.

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Foto: Twitter @sanchezcastejon. Pedro Sánchez en una reunión con Quim Torra el 20 de diciembre de 2018.