Las llamativas diferencias entre el criterio jurídico aplicado a los permisos de los presos del procés y el aplicado a otros presos catalanes con condenas mucho menores que las de Jordi Cuixart o Jordi Sánchez han llamado la atención sobre la discreta María Jesús Arnau Sala, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña.
Pero, ¿quién es en realidad María Jesús Arnau Sala y cuál es el porqué de su doble rasero?
María Jesús Arnau Sala es la titular desde noviembre de 2012 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña, con sede en Barcelona, adonde llegó desde el Juzgado de Primera Instancia número 3 de la misma ciudad. Anteriormente, Arnau Sala había sido juez en Reus, en Vic y en Gavá.
La carrera jurídica de Arnau Sala es la habitual en muchos otros jueces. Su historial no muestra sentencias de relevancia y su nombre apenas aparece en los medios, en 2013, como uno de los supuestamente incluidos en un informe empresarial de la agencia de detectives barcelonesa Método 3.
Espionaje en La Camarga
La agencia saltó ese año a los medios de prensa por el espionaje a la líder del PP en Cataluña Alicia Sánchez-Camacho durante sus reuniones con María Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, en el restaurante La Camarga de Barcelona.
El nombre de Arnau Sala palidece, en cualquier caso, al lado del de otros muchos políticos y empresarios supuestamente incluidos en el citado informe de Método 3: Joaquín Almunia, del PSOE; José Montilla, expresidente de la Generalidad por el PSC; Josep-Lluís Carod-Rovira, de ERC; Ignacio González, del PP; o Felip Puig, de CDC.
A día de hoy, nadie en el ámbito judicial cree que Arnau Sala albergara mayor interés para Método 3 que el derivado de su responsabilidad al frente del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Barcelona.
Otro feminismo
Más interesante es su firma al pie del manifiesto Un feminismo que también existe y que redactaron en 2006 una serie de mujeres del ámbito de la política, la judicatura y el periodismo entre cuyos nombres estaba el de Arnau Sala, pero también el de Manuela Carmena, Rosa Montero o Maruja Torres, el de las diputadas Paloma Uría y Reyes Montiel, de IU, o el de Uxue Barkos, en aquel momento diputada de Nafarroa Bai.
En el manifiesto, Arnau Sala y sus compañeras criticaban la futura Ley contra la violencia de género y las nuevas medidas legislativas relativas a la custodia de los hijos en casos de separación y divorcio. También ese feminismo que "tiende a presentar a los hombres y a las mujeres como dos naturalezas blindadas y opuestas: las mujeres, víctimas, los hombres, dominadores".
El manifiesto negaba asimismo la tesis de la existencia de una naturaleza masculina intrínsecamente criminal o violenta. "No existe, en nuestra opinión, una naturaleza masculina perversa o dominadora, sino rasgos sociales y culturales que fomentan la conciencia de superioridad y que, exacerbados, pueden contribuir a convertir a algunos hombres en tiranos".
Contratista con solera
Mucho más llamativo, sin embargo, es el matrimonio de Arnau Sala con el empresario Ramón Serra Masip, cuyo nombre sí aparece con asiduidad en las hemerotecas en relación al socavón de treinta y cinco metros de profundidad que provocaron en 2005 las obras del metro en el barrio del Carmelo de Barcelona y que obligó a desalojar a casi mil trescientos vecinos de más de quinientas viviendas afectadas.
Serra, arquitecto y urbanista, era por aquel entonces presidente y consejero delegado de la empresa pública Gestión de Infraestructuras (GISA), que gestionaba diversas obras de envergadura para el Gobierno autonómico catalán. Entre ellas, la del Carmelo.
Serra se vio obligado a dimitir tras el escándalo, lo que le convirtió frente a los vecinos, y de manera "injusta" según él, en uno de los principales responsables públicos del socavón. "Con dolor, y no porque le toque, acepto la dimisión de Serra", manifestó tras su renuncia el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, del PSC.
El marido de la juez Arnau Sala había sido nombrado presidente de GISA en marzo de 2004. Es decir, durante el primer tripartito de PSC, ERC y ICV, el encabezado por Pasqual Maragall. Antes había trabajado en Fira 2000 y en otras empresas públicas. Y entre ellas Infraestructuras 2004, la empresa que gestionó las obras del Fórum.
320 millones de euros
En la actualidad, Serra es vocal del Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña, un órgano colegiado ligado a Fomento del Trabajo. Es decir, la patronal catalana, presidida por Josep Sánchez Llibre.
Según especifica su propia página web, el Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña "tiene por objeto el análisis, evaluación, deliberación y propuesta de iniciativas y políticas públicas en el ámbito de las infraestructuras en Cataluña, desde la más estricta independencia de criterio".
Serra es también el presidente de Urbicsa, la sociedad concesionaria encargada de la construcción, el mantenimiento y la explotación durante treinta y cinco años de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, que comprende más de 150 juzgados.
Urbicsa es también la encargada de la comercialización de los locales y las oficinas del complejo. La construcción de la Ciudad de la Justicia supuso en su momento una inversión pública de 320 millones de euros por parte de la Generalidad.
Urbicsa fue constituida en el año 2003 y está integrada por FCC, Copisa, Ferrovial, OHL y Comsa-Emte. Según Economía Digital, "durante el ejercicio 2015, Urbicsa tuvo que hacer frente a una inversión de 5,4 millones de euros para adaptar unas instalaciones a usos judiciales. No tuvo que recurrir a los bancos porque la inversión se financió mediante la contratación de un préstamo de la Generalitat de 6,2 millones".
Y es precisamente la cercanía de Ramón Serra a las oficinas y los pasillos de la Generalidad, así como su condición de contratista "con solera" del Gobierno autonómico catalán, tanto para los partidos separatistas como para el PSC, lo que ha despertado las suspicacias de aquellos que ven en la actuación de la juez Arnau Sala con los presos del procés un doble rasero más que evidente.
Interiorización de la culpa
El caso más llamativo es el de un preso condenado a cinco años de cárcel por tráfico de drogas y al que Arnau Sala denegó, el pasado mes de septiembre, la clasificación en tercer grado aunque este llevaba cumplidos ya tres años de la pena. El argumento esgrimido por la juez fue que el reo "minimizaba" su delito a pesar de "reconocerlo". "Debe trabajar la interiorización de la culpa" añadió Arnau Sala en su auto.
El criterio aplicado a los presos del procés por Arnau Sala fue, sin embargo, radicalmente diferente al aplicado a este preso.
Según la juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5, la falta de arrepentimiento en el caso de los presos del procés es "una decisión legítima". Arnau Sala también ha afirmado que "ni la gravedad del delito ni la duración de las penas" son factores que impidan esos permisos de salida. "Respecto a los programas específicos de tratamiento, la normativa penitenciaria no obliga al penado a realizarlos forzosamente" ha dicho asimismo la juez.
Según uno de los autos de Arnau Sala, el relativo a Jordi Cuixart, este "reconoce los hechos delictivos, pero no está conforme con su calificación jurídica y no muestra arrepentimiento, defendiendo su inocencia, lo cual es sin duda un pensamiento y decisión legítimos puesto que la normativa penitenciaria no impone la obligación del condenado de arrepentirse ni a que se declare culpable y que prescinda de su declaración de inocencia".
Según Arnau Sala, las promesas de "volverlo a hacer" de los presos del procés no son una amenaza, sino "una mera expresión de un pensamiento ideológico/político". En el caso de los permisos a Jordi Sànchez, la juez, llegó a aceptar un informe de los funcionarios de la cárcel en el que se afirma que el líder catalanista condenado por sedición "buscaba el progreso y mejora de la humanidad" al alzarse contra el orden constitucional.
Criterios incoherentes
No fue ese, sin embargo, el criterio aplicado por Arnau Sala a otro preso común condenado a tres años de cárcel y al que también denegó el tercer grado porque "no reconoce los hechos delictivos, muestra poco efecto intimidatorio de la pena de prisión, tiene poca motivación de cambio y no muestra sentimiento de culpa ni arrepentimiento".
A diferencia de los presos del procés, este recluso sí debía, según la juez Arnau Sala, "realizar sus programas específicos de tratamiento para abordar los déficits referenciados".
De momento, los presos del procés, clasificados en segundo grado, disfrutan de los permisos penitenciarios excepcionales que permite el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una vía que permite esquivar el control del Tribunal Supremo y evitar así que este pueda denegar dichos beneficios.
El sindicato Manos Limpias presentó el pasado 18 de febrero una denuncia contra Ester Capella, la consejera autonómica de Justicia, por los supuestos delitos de prevaricación y fraude de ley. Según Manos Limpias, la consejera está aplicando "torticeramente" el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para concederle "permisos a la carta" a los líderes catalanistas encarcelados.
También la Fiscalía se ha opuesto a varios de los permisos concedidos a los presos del procés, aunque ninguna de sus reclamaciones ha evitado, hasta el momento, que estos hayan empezado ya a pisar la calle, sólo unos pocos meses después de ser sentenciados a penas de entre nueve y trece años de prisión.
![Edificio del Tribunal Constitucional, en Madrid.]({"default":{"load":"default","w":"80","h":"53","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB15zBAb.img?h=533&w=799&m=6&q=60&o=f&l=f"},"size3column":{"load":"default","w":"62","h":"42","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB15zBAb.img?h=416&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f"},"size2column":{"load":"default","w":"62","h":"42","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB15zBAb.img?h=416&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f"}})
