De la etapa Gallardón a la actualidad: Así ha afectado la corrupción al PP

De la etapa Gallardón a la actualidad: Así ha afectado la corrupción al PP

Pepe G.-Saavedra

 

 

Cristina Cifuentes ha visto su nombre relacionado con la presunta financiación irregular de la formación en un informe de la UCO, pese a que la Justicia ha rechazado las acusaciones y ha descartado su imputación.

El Partido Popular de Madrid sigue acosado por sus casos de corrupción. Este martes se conocía la lista completa de imputados en la Operación Lezo -después de que el juez Velasco levantara parcialmente el secreto de sumario- y el informe de la UCO en el que la Guardia Civil vincula a Cifuentes con la financiación irregular del partido.

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido señalada por las presuntas corruptelas de su formación, al igual que le ocurrió a Esperanza Aguirre y a Alberto Ruiz-Gallardón, ambos ya apartados de cualquier cargo político. 

Aunque por el momento ninguno de los tres deberá rendir cuentas ante la Justicia, sí se han visto salpicados de alguna manera por las corruptelas que afectan a su partido:

Cifuentes, señalada por la UCO

La presidenta de Madrid -y del Partido Popular en la región desde hace dos meses- ha negado cualquier acusación de corrupción relativa a su gestión en la etapa aguirrista. Sí, aguirrista. Cifuentes formó parte activa y con puestos de responsabilidad durante los años de mandato de Esperanza Aguirre, a pesar de querer distanciarse de esa época que ahora le ha costado el puesto a su viceconsejero Miguel Ángel Ruiz.

El informe de la UCO señala que la presidenta regional fue conocedora de la financiación irregular del partido y aprecia indicios de delitos en la contratación de la empresa del exlíder de la patronal madrileña, Arturo Fernández, por parte de la Asamblea.

En su informe, la Guardia Civil cita en concreto a Cristina Cifuentes, a quien considera posible responsable de delitos de cohecho y de prevaricación y sobre quien hace un informe específico. Para el Instituto Armado, la clave está en la incompatibilidad de Cifuentes en la toma de decisiones por la multitud de cargos que ocupaba por aquel entonces.

La UCO asegura que la presidenta intervino en las ‘’valoraciones arbitrarias’’ de la Mesa de Contratación que adjudicó los contratos de cafetería y cocinas de la Asamblea regional -entre los años 2009 y 2011- al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández.

Por aquel entonces, Cifuentes -además de presidir dicha Mesa de Contratación- era patrona de la fundación Fundescam, dirigente del PP de Madrid y miembro del comité de campaña de la formación. La Guardia Civil considera que la presidenta “vulneró la imparcialidad” de la Mesa de Contratación al “compatibilizar” su cargo en el órgano que decidía las adjudicaciones y como patrona de Fundescam. 

Dicha fundación había recibido 160.000 euros de las empresas de Arturo Fernández, que fueron empleados para la campaña electoral del Partido Popular. 

El juez no ve indicios de delito

A pesar del informe de la UCO, el juez Velasco ha rechazado pedir la imputación de la presidenta de Madrid en el marco de la Púnica. Tanto él como el fiscal no observan indicios de delito de Cifuentes en relación a la financiación irregular del partido y aseguran que no hay pruebas de su implicación. 
Además, la líder de los populares madrileños ha rechazado las acusaciones de la UCO, ha asegurado que todas las gestiones y contrataciones se realizaron dentro de la legalidad y ha anunciado que emprenderá acciones legales contra quienes pongan en cuestión su honorabilidad.

Lezo se lleva por delante a Ignacio González

Este informe de la UCO fue remitido al juez Velasco el pasado 1 de marzo, momento en el que el expresidente madrileño ya estaba siendo investigado en el marco de la Operación Lezo, tal y como publicó La Gaceta pocos días después.

Bajo la etapa Cifuentes, el expresidente Ignacio González ha sido detenido e imputado por los presuntos cobros ilegales desde el Canal de Isabel II. Fue Cifuentes quien decidió llevar a la Fiscalía la gestión de sus predecesores en la empresa pública.

González está imputado en cinco de la seis piezas que conforman la Operación Lezo: la relativa a la compra de empresas en Hispanoamérica; otra sobre el tren de Navalcarnero; la gestión de Canal Golf; el presunto blanqueo de capitales; y la quinta pieza sobre la financiación irregular de la formación. 

Aguirre y la Caja ‘B’

Antes de la etapa González, Aguirre dirigió la Comunidad desde 2003 hasta 2012, momento en el que se apartó de la política activa y cedió el testigo a su delfín. Durante toda esa época, según la UCO, el Partido Popular acudió dopado a las citas electorales. 

Según sostiene la Benemérita en un informe en el marco de la trama Púnica, existen indicios fundados para asegurar que la formación se financió de manera irregular de cara a las campañas de 2007 y 2011. 

La investigación parte de una libreta de Francisco Granados y de la documentación intervenida al exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, y, según la UCO, pone de manifiesto una contabilidad "B" de gastos electorales "que revela la superación sistemática de los límites de gasto electoral así como numerosas irregularidades, muchas de ellas con relevancia penal".

La Benemérita apunta en su informe que el PP de Madrid tuvo supuestamente una "caja B" en la que acumuló más de un millón de euros en torno al año 2011, cuando se celebraron elecciones autonómicas.

Dicha documentación, "a juicio policial, pondría de manifiesto la existencia de una caja B cuantificada en más de un millón de euros", señala la Guardia Civil.

Y añade que los ingresos fraccionados de terceros al PP de Madrid son "parcialmente coincidentes" con las aportaciones que el exconsejero madrileño Francisco Granados -en prisión desde 2014 por este caso de corrupción- le hizo a Beltrán Gutiérrez.

Gallardón y el inicio de Lezo

Fue bajo la era Gallardón cuando comenzó el desvío de fondos del Canal de Isabel II, tal y como apuntó hace unos días OKdiario. 

En 2001 se produjo la compra de una de las filiales sudamericanas del Canal -Inassa- y, según los investigadores, fue el comienzo del desfalco de las arcas de la empresa pública. 

"Presuntamente Alberto Ruiz-Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta de Inassa y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González", aseguraba el diario El Español.

A día de hoy, sólo Ignacio González ha salido damnificado por las tramas de corrupción que afectan al PP de Madrid. Aun así, los investigadores consideran probado que la formación se dotó de recursos de manera ilegal y las discrepancias se circunscriben únicamente al papel que jugaron los diferentes presidentes autonómicos. Por el momento no consideran que Cifuentes, Aguirre o Gallardón tengan responsabilidad alguna.

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Los testaferros de Pujol, Urdangarin, Bárcenas y González usaron el mismo banco del paraíso de Belice

fachada del Belize Bank donde operaban los testaferros de Pujol, Bárcenas, Urdangarin y González.

Todos los caminos conducen a Belice, una antigua colonia del Caribe en la que encontraban refugio los bucaneros británicos (conocidos como baymen, los hombres de la bahía) que abordaban a los galeones españoles en el siglo XVII junto al golfo de Honduras.
El rastro del dinero de los corruptos más conocidos de la política española conduce hasta la misma dirección: 60 Market Square, Belize City, donde se encuentra la sede del Belize Bank Limited, a penas 500 metros de la Corte Suprema del país.
Los testaferros de Iñaki Urdangarin, Luis Bárcenas, Jordi Pujol Ferrusola e Ignacio González han operado desde esta misma entidad financiera para ocultar al fisco español la fortuna de sus representados.
El caso más reciente es el del ex presidente de la Comunidad de Madrid. Tal como se ha conocido ahora, la constructora OHL pagó en Suiza a Ignacio González una comisión de 1,4 millones de euros a cambio de la adjudicación de las obras del tren de Navalcarnero, que nunca ha llegado a circular.

Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal
El pago se hizo desde la filial mejicana de OHL a una cuenta del Anglo Irish Bank cuyo titular es la sociedad Lauryn Group, vinculada al empresario Adrián de la Joya. Esta sociedad está domiciliada en Panamá y tiene como administrador al abogado Harmodio Herrera Villareal, quien también actuó como testaferro del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.

González, Bárcenas, Urdangarin y Pujol usaron testaferros que operaban desde el paraíso fiscal de Belice.

Harmodio Herrera figura como administrador de más de 8.000 empresas, casi todas radicadas en Panamá. También consta como director de la sociedad 707 Miami Corporation, con sede en Nueva York, y tiene despacho abierto en el 60 Market Square de Belize City, donde tiene su sede el Belize Bank.
El actual presidente ejecutivo del Belize Bank es el británico Michael Ashcroft, quien hasta 2015 fue representante del partido Tory en la Cámara de los Lores y en 2010 fue distinguido por la reina de Inglaterra con el título de barón de Ashcroft. Se estima que su fortuna personal ronda los 1.300 millones de libras.
Harmodio Herrera también actuó como testaferro de Luis Bárcenas, como administrador de la Fundación Sinequanon radicada en Panamá, con la que el ex tesorero del PP manejaba una cuenta en el Dresdner Bank de Ginebra, en la que llegó a ocultar 22 millones de euros. Como ha informado OKDIARIO, Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar ante Hacienda otros 21,9 millones que gestionaba a través de otra sociedad, Tesedul, con sede en Uruguay.

Urdangarin disfruta su retiro en Suiza
El juez José de la Mata envió el martes a Jordi Pujol Ferrusola, a la cárcel de Soto del Real, donde también cumple prisión preventiva Ignacio González. El hijo mayor del clan Pujol transfirió parte del dinero que ocultaba en Andorra a la Fundación Kopeland, radicada en Panamá y creada por el despacho de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee.
La Fundación Kopleland estaba gestionada a través de la sociedad Global Services Advisory Limited, cuyos administradores son Fernando Antonio Gil y José Cornelio Berdiales Rodríguez, dos testaferros del banco andorrano BPA que ha sido intervenido por lavar dinero negro del crimen organizado. La citada sociedad, Global Services Advisory Limited, tenía su domicilio legal también en la sede del Belize Bank, en el 60 Market Square de Belize City.

Acto de constitución de la Fundación Kopeland, usada por Jordi Pujol Ferrusola para ocultar su dinero en Belice.

 

ambién conduce a este paraíso fiscal el rastro del dinero de Iñaki Urdangarin, quien sigue disfrutando de su residencia en Suiza a la espera de que la Justicia resuelva el recurso que ha presentado contra la sentencia que le condena a seis años de cárcel.
Uno de los testaferros utilizados por Urdangarin para ocultar su fortuna en el extranjero es Gustavo Alberto Newton, quien figura como administrador de varias decenas de sociedades (57 en el Reino Unido, 15 en Panamá y una en Nueva Zelanda, entre otras).
Los nuevos ‘piratas del Caribe’
Utilizando a Gustavo Alberto Newton como persona interpuesta, Urdangarin y Diego Torres transferían fondos del Instituto Noos desde la empresa radicada en Londres De Goes Center for Stakeholder hasta la sociedad Skyline Associates Corp que tiene su sede, también, en el Belize Bank del paraíso fiscal caribeño.

La Fundación Kopeland está administrada por la sociedad Global Services Advisory, domiciliada en la sede del Belize Bank.

Belice tiene actualmente una población de apenas 380.000 habitantes. Conocida en la antigüedad como “la Honduras británica” (era una colonia del Reino Unido vinculada a la isla de Jamaica), no obtuvo formalmente la independencia hasta el año 1981. No obstante, forma parte de la Commonwealth y tiene como jefa del Estado a la reina Isabel II.
Celebra su fiesta nacional el 10 de septiembre, aniversario de la batalla del Cayo San Jorge de 1798, en la que los baymen y los esclavos de la isla rechazaron el último intento de las tropas españolas de someter el país a su soberanía. Hoy, muy al contrario, los corruptos españoles acuden al paraíso de Belice a ocultar su fortuna, protegidos por el secreto bancario.

La verdad sobre el caso de Ignacio González

 

Como en la obra de Mendoza, la intrahistoria de una época dice más que la historia

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Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre - EFE

                                            

Ignacio González González (Madrid, 1960), «Nacho» para la «jefa» y media Comunidad, hace días que colgó los trajes de alpaca ajustados como un guante y ya no lleva tantas pulseras. Ni invita a comer a los periodistas en la Puerta del Sol para conocer de primera mano qué se trajina en los medios. No los convida porque ya no tiene a su disposición (Rajoy le dejó sin él en abril de 2015) el magnífico salón crema de la Puerta del Sol que heredó sin pasar por las urnas de Esperanza Aguirre, la jefa que a su vez lo recibió de Alberto Ruiz-Gallardón. Nacho ya no lleva traje porque ya no le llega la camisa al cuello. Curioso: sus viejos enemigos, salvo Rajoy, o están muertos políticamente, como Alberto, Cobo o Prada, o entre rejas, como Paco Granados, o a punto de estarlo, Rodrigo Rato.

El reguero de víctimas da para una novela de Le Carré. Pero él, se malicia, sellará el más inquietante de los finales que lleva la firma, tal y como reconoce en sus llamadas intervenidas judicialmente, de Cristina Cifuentes. Eso, mejor que reconocer que es autor de los delitos que le atribuye el juez Eloy Velasco: organización criminal, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación, prevaricación, falsedad documental y blanquero de capitales.

Lo de la camisa viene porque un amigo suyo, el presidente del periódico «La Razón», Mauricio Casals, le ha contado (y él a su vez se lo relata con inquietud a su amigo Eduardo Zaplana en una conversación que pinchan los investigadores), que una magistrada amiga de la casa les ha alertado de que la UCO se acerca. Ya lo sabe su familia: su mujer Lourdes Cavero, que también siente el aliento de la justIcia, sus hijas Lourdes y Patricia, su anciano padre con problemas de salud a cuestas y, claro, su hermano Pablo, su cuñado Juan José y su amigo, de los mejores porque siempre estuvo a su lado, Edmundo Rodríguez Sobrino. Quién da más: Edmundo le ha llevado los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica y, además, se sienta en el consejo de un periódico, el mismo donde Ignacio encontró una mano tendida en forma de columna semanal cuando Rajoy le expulsó del paraíso y colocó a Cristina.

Mira que él hizo todo lo posible para que en época de la jefa, Cifuentes no pasara de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid pero en Génova la nombran delegada del Gobierno y a partir de ahí, cree, no ha hecho otra cosa que intentar quitarle el puesto. Fueron amigos. Bueno, como Esperanza de Gallardón, y mira ahora. Porque en el PP pasan estas cosas: los idilios políticos terminan con el intercambio de padrinos.

Edmundo reúne las dos sustancias de las que está formado un hombre en el diccionario particular de González. Poder económico y e influencia mediática. Camino de Soto del Real en la noche fresquita del pasado viernes, tiene que venirle a la memoria esa llamada que le hace Esperanza a finales de 2003, cuando el todavía por esclarecer «tamayazo» le ofrece una segunda oportunidad de ser presidenta de la Comunidad.

Todo el poder para Nacho

Lo nombra vicepresidente y le da todo el poder. Sobre todo el mediático, otorgándole la facultad de buscar y nombrar a su equipo de comunicación. Corren los últimos meses de 2003 y Gallardón se ha ido al Ayuntamiento por mandato de Aznar. Sus inocultables dudas sobre el turbio origen del tamayazo (el abandono inopinado de dos diputados socialistas que impidiero que Rafael Simancas fuera investido presidente de la Comunidad) han enfadado mucho a la jefa. Ella lo cuenta en su libro «La presidenta». Nunca se lo perdonará a Gallardón. Por eso, el primer objetivo es acabar políticamente con el alcalde de Madrid y, de paso, con su inocultable ambición por llegar a La Moncloa.

A la vuelta del año, la atrocidad del 11-M, la pérdida del poder por parte del PP y la caída a los infiernos de Rajoy abren un luminoso camino para el todo poderoso «Chino», como le apelan sus enemigos a causa del mechón blanco de su cabello: si a Gallardón se le abate y Rajoy es ya un perdedor solo queda ella, la lideresa, para arreglar el PP de los «maricomplejines», apelativo acuñado por Federico Jiménez Losantos, muy crítico también con la tibieza política de Rajoy.

Aunque la torpe gestión de Aznar y Acebes en las jornadas posteriores al atentado de los trenes de Atocha y la torticera utilización por la izquierda de esos fallos, manda a la oposición al PP, un potente eje mediático, en el que también se incluye Pedro J. Ramírez, responsabiliza políticamente a Rajoy de aquella debacle política y alienta una teoría conspiratoria de la mano negra de ETA en la matanza de 192 inocentes. Esperanza e Ignacio tonifican así el que será su principal objetivo político: mandar a negro al actual presidente, señalándole como el responsable de que esa verdad alternativa, hoy la llamaríamos postverdad, no se abra paso. Frente a ellos, medios como ABC defienden la verdad judicial que condena al yihadismo como autor de la masacre y que, al cabo de 13 años, nadie ha podido desmontar.

Pero ahí comprueba González lo importante que es el poder mediático. A la Comunidad no la iba a conocer a la vuelta de los años ni la madre que la parió. Parafraseando el poema que nunca escribió Brecht y muchos se lo adjudican, un anterior cargo del PP madrileño relata así el desembarco del poder aguirrista: «Vinieron a por Pío (García-Escudero, expresidente del PP de Madrid al que Aguirre destronó), y yo no hablé porque no era de Pío; vinieron a por la Cámara de Comercio, y yo no hablé porque no era de la Cámara; vinieron a por Ifema, y yo no hablé porque no era de Ifema; vinieron a por Telemadrid, y yo no hablé porque no era de Telemadrid; vinieron a por Caja Madrid y yo no hablé porque no era de la Caja; vinieron a por Rajoy, y yo no hablé porque no era de Rajoy…»

Como un calcetín todo fue dado la vuelta. A veces con razón, otras con el único objetivo de marcar territorio conviertiendo al PP de Madrid, en un PP dentro del PP, en el contrapoder del «marianismo». A muchos empresarios fue fácil domeñarlos: el presupuesto y las comisiones, según defiende en su investigación el juez Velasco, tenían la última palabra. Por eso, en torno a la patronal madrileña y a sus directivos Arturo Fernández y Gerardo Díaz Ferrán, hoy en prisión, se formó una tupida red de intereses vinculadas al imperio de la Puerta del Sol. Entretanto, algunos informadores fueron marcados por la «letra escarlata», so pretexto de ser «gallardonistas» o, responsables de un pecado de «lesa fe aguirrista»: no atizar sin piedad a Rajoy, un «traidor» a ojos de «liberalismo» de la expresidenta. Pero para esos díscolos periodistas siempre había preparada una medicina infalible: el veto profesional en Telemadrid, cadena a la que la conjunción del control político y la parálisis sindical acabaron por convertir en casi un canal marginal.

Esa etapa de espías, presiones a los medios y reproches a los jueces no adscritos -hoy mojada por las lágrimas de Aguirre- ofreció matices sorprendentes. Cuando Ignacio González se postuló para presidir Caja Madrid, contra la opinión de Rajoy que colocó a Rato, el dirigente madrileño tuvo de su parte sorprendentemente a un socialista: Tomás Gómez. Un diputado del PP lo explica así: «Los enemigos nunca fueron los socialistas ni la izquierda, los enemigos éramos nosotros». Los del PP.