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viernes, 29 de septiembre de 2023

La investidura de Sánchez depende de una lluvia de millones y de perdones

 En el entorno de Pedro Sánchez se muestran seguros de que finalmente habrá acuerdo con Puigdemont y Junqueras. Y que éste llegará en la segunda mitad del mes de octubre.

Finalizado ya el capítulo de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, los socialistas retoman las conversaciones y la negociación con los partidos independentistas de Cataluña. El PSOE por su lado y los negociadores de Sumar por el suyo. El objetivo es común, pero cada cual lleva su propia negociación e intercambia sus papeles con la contraparte.

“El acuerdo avanza”, aseguran también desde el independentismo, al tiempo que públicamente afirman que no hay nada que hacer sin autonomía y consulta. Pero, en realidad, pelean por el dinero con uñas y dientes

Aseguran los negociadores de Sumar que ellos también les hacen llegar sus textos a los socialistas, no así a la inversa y que, por el momento, el PSOE no les ofrece respuestas claras. Son los negociadores de Sumar los que parecen tener más clara la vía legal que puede acabar concediendo la amnistía o el “acuerdo político”, como prefieren llamarle, que puede dar lugar a la fumata blanca en la negociación. Está por ver la redacción final y el recorrido que pueda tener posteriormente ante el Tribunal Constitucional.

 

En el entorno del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se muestran seguros de que habrá acuerdo y que éste llegará en la segunda mitad del mes de octubre, puesto que Sánchez quiere ser presidente investido ya para cuando se celebre el acto solemne de la jura de la Constitución que efectuará la Princesa de Asturias.

Uno de los negociadores, de hecho, asegura a ESdiario que “si no hemos votado la investidura en el mes de octubre, es que las cosas van peor de lo que esperábamos y que la legislatura puede estar en el aire”. Pero es mayor el optimismo que la depresión en estos momentos, dentro de la izquierda y, en concreto, de aquellos que tienen capacidad decisoria.

Sánchez quiere ser presidente investido ya para cuando se celebre el acto solemne de la jura de la Constitución que efectuará la Princesa de Asturias.

Sin embargo, tanto socialistas, como Sumar e independentistas catalanes no ocultan que el escollo más difícil de salvar, en este momento, es la cuestión económica, la deuda que reclama Cataluña le sea condonada y reconocida por el Estado y, en especial, cómo trasladar eso a uno o varios textos legislativos.

 

Sánchez y Yolanda Díaz, este miércoles en el debate de investidura viendo pasar a Aitor Esteban.

 

Saben los partidos que aspiran a cerrar un Gobierno de coalición de izquierdas que si plantean renovar el caducado e injusto sistema de financiación autonómica actual, tendrán que ser muy convincentes y eso significa ir con la chequera por delante para que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP- un total de 12 de las 17 existentes- voten a favor, por lo que andan buscando todo tipo de particularidades, excepciones y motivos varios para compensar a unos y otros territorios, que estarán en su derecho a reclamar “que hay de lo mío” si el Ejecutivo premia a Cataluña con una lluvia de millones y de perdones.

Aseguran los negociadores de Sumar que ellos también les hacen llegar sus textos a los socialistas, no así a la inversa y que, por el momento, el PSOE no les ofrece respuestas claras. Son los negociadores de Díaz los que parecen tener más clara la vía legal que puede acabar concediendo la amnistía o el “acuerdo político”

Eso, en época de vacas gordas, no resulta excesivamente complicado. Se trataría de acallar posibles críticas con billetes de curso legal. Sin embargo, en el Gobierno temen que la Unión Europea pase definitivamente de la época del riego de dinero y fondos dé paso a una nueva etapa de contención del gasto y fiscalización que puede complicar seriamente los planes y las políticas expansivas a Sánchez y a su titular de Hacienda, María Jesús Montero.

 

“El acuerdo avanza”, aseguran también desde el independentismo, al tiempo que públicamente afirman que no hay nada que hacer sin autonomía y consulta. Pero, en realidad, pelean por el dinero con uñas y dientes, mientras públicamente condicionan las negociaciones a una cuestión de fuero… ¡y dos huevos duros!

ESDIARIO Esther Jaén

domingo, 19 de febrero de 2023

Sánchez confía en que el TC 'arregle' la negativa del Supremo a rebajar la malversación de los líderes del 'procés'

 

La única vía para que la reforma del Código Penal del Gobierno beneficie a sus socios separatistas es que Junqueras y el resto de condenados recurran en amparo ante el Constitucional.


Pedro Sánchez, con Oriol Junqueras en el Congreso de los DiputadosFoto: GTRES / Edición: El Debate
Corren malos tiempos para la agenda reformista de un Gobierno que, necesitado de extremismos, independentismos y populismos para agotar la legislatura, se proponía revisar el Código Penal a la medida de los líderes del procés y salvar, con ello, sus últimos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el revés judicial que ha supuesto para los planes de Pedro Sánchez la decisión del Supremo de confirmar, esta misma semana, la inhabilitación de Oriol Junqueras, el líder de Esquerra (ERC) durante ocho años más, hasta el 2031, obligará al Ejecutivo socialista a pensar en una vía alternativa con la que enmendar su nuevo «error» legislativo. Y, lo más efectivo, desde un punto de vista judicial, es que los condenados recurran la sentencia del Alto Tribunal, en amparo, ante un Constitucional controlado por el rodillo de la mayoría de izquierdas, siete magistrados contra cuatro, impuesto desde la Moncloa.
De ahí las prisas de Sánchez por desbloquear la renovación de un órgano que, no siendo Poder Judicial, tendrá la última palabra en algunas de las causas más políticas del Gobierno, tal y como durante varios meses ha ido avanzando El Debate. No en vano, uno de los objetivos principales de la contrarreforma con la que el PSOE Podemos retiraron el veto impuesto meses antes a los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) era no sólo el de consumar el vuelco ideológico de la Corte de Garantías, sino colocar a Cándido Conde-Pumpido al frente de la misma para 'arreglar' las cuestiones más polémicas.
No en vano, las prisas del PSOE por contentar a sus socios de investidura para obtener su apoyo en los últimas cuentas públicas presentadas, recibía un importante revés protagonizado, una vez más, por el Supremo. Y es que enarbolando su propia jurisprudencia, al igual que había hecho la Fiscalía en un primer momento, el Alto Tribunal ha mantenido intacta la forma agravada del delito de malversación.
Un escenario que, en contra de lo deseado por el Ejecutivo, no sólo encareció la posible vuelta a España de Carles Puigdemont sino que impide el regreso anticipado a la primera línea política de los indultados como Oriol Junqueras quien seguirá apartado de la primera línea de la política, como mínimo hasta 2031.
La clave está en que el Supremo ha venido considerando, tradicionalmente, que el «lucro personal» utilizado por el Gobierno para justificar la rebaja de la malversación no es aplicable, de ningún modo, a los cabecillas políticos del procés. Es decir, la nueva redacción del delito es «plenamente aplicable» a los líderes separatistas, fugados o no, «en la medida en que la sustracción y la apropiación» de los fondos públicos «no presenten un significado sustantivamente diferente del comportamiento que se busca reprimir».
«La Jurisprudencia viene sosteniendo, desde hace más de medio siglo, que el propósito de enriquecimiento no es el único posible para la realización del tipo de los delitos de apropiación. En particular el delito de malversación es claro que no puede ser de otra manera, dado que el tipo penal no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos o bienes asimilados a éstos», fijaba el TS en uno de sus últimos autos de procesamiento.
EL DEBATE

lunes, 16 de enero de 2023

El tiro por la culata

 

Los jueces y fiscales no están interpretando hasta ahora la reforma del delito de malversación como esperaban Sánchez y Junqueras. Hay debate jurídico a la vista, pero apunta a que todo el desgaste al que se ha sometido el Gobierno ante la opinión pública para contentar a los separatistas podría ser en vano. Justicia poética.


 

 

viernes, 13 de enero de 2023

La Fiscalía del TS abre la puerta a penar el 'procés' por desórdenes públicos agravados

 VOZPÓPULI

Los fiscales del procés respaldan la tesis de Llarena de que los hechos son constitutivos de desobediencia y malversación, pero añaden también la figura diseñada por el Gobierno para sustituir a la sedición

El exvicepresident de la Generalitat y preso del 'Procés', Oriol Junqueras EP


La Fiscalía del Tribunal Supremo abre la puerta a acusar en el procedimiento del procés con el delito de desórdenes públicos agravados. Los fiscales al frente de esta causa respaldan la tesis del magistrado instructor, Pablo Llarena, acerca de que los hechos probados deben tipificarse, a tenor de la reforma legal impulsada por el Gobierno, con los delitos de desobediencia y malversación. Sin embargo, además, consideran que se tiene que añadir el delito de desórdenes públicos agravados; figura diseñada por Moncloa que sustituye a la ya extinta sedición.

Así lo confirman fuentes fiscales a Vozpópuli las cuáles precisan que la decisión del magistrado Llarena de mantener la malversación agravada les parece "razonable". El magistrado de la Sala de lo Penal apuntó en un auto este mismo jueves que la reforma legal del Ejecutivo implicaba la sustitución de la sedición por el delito de desobediencia, que no lleva aparejada pena de prisión. Del mismo modo mantuvo el delito de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada.

En su duro auto el magistrado expuso que la reforma del Ejecutivo que entró en vigor este jueves no implicaba una modificación real de la malversación agravada que impone a Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig. El instructor entiende que para ellos, procesados junto con las también fugadas Clara Ponsatí y Marta Rovira, debe prevalecer el Código Penal vigente en el momento de los hechos que castiga con más de 10 años de cárcel la malversación de caudales públicos.

La Fiscalía respalda a Llarena

El magistrado de la Sala de lo Penal entiende que la nueva regulación prevé la misma pena que la anterior para supuestos en los que, como este, la cuantía asciende a más de 250.000 euros. De manera que el horizonte penal para tres de los cinco huidos podría complicarse con el delito de malversación. Una tesis que los fiscales del procés también respaldan. Las fuentes consultadas apuntan que les parece una interpretación "fundada y razonable", por lo que no se descarta que también la mantengan en lo que respecta a los otros doce líderes del procés ya condenados.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se dirigió este mismo jueves a las partes del procedimiento y les dio ocho días de plazo para que formulen alegaciones en relación a los nuevos cambios legales que acaban de entrar en vigor. El tribunal que preside Manuel Marchena, y que condenó a Junqueras y los otros acusados por delitos de sedición en concurso medial con malversación, estudia ya cómo tipificar los hechos probados según los cuáles los condenados "desplegaron e impulsaron una desobediencia civil y una insurrección institucional orientada a alterar el orden constitucional".

Así pues, ahora el Ministerio Público, la Abogacía General del Estado y las partes de la causa tienen que pronunciarse en relación al nuevo encaje penal mientras que, en paralelo, el juez Llarena ya ha anunciado que sigue la causa contra los fugados por desobediencia y malversación. A falta de que la Fiscalía informe sobre el asunto, las fuentes consultadas aseguran que sí contemplan la comisión de un delito de desórdenes públicos agravados. Cabe recordar que la Fiscalía del alto tribunal acusó por rebelión, aunque el tribunal finalmente les impuso sedición a todos menos a tres consejeros, a los que solo condenó por desobediencia.

Por su parte los condenados siguen estudiando una revisión de condena. Es el caso de la defensa de Oriol Junqueras. El líder de ERC fue el que se llevó la condena más grande, con 13 años de cárcel por sedición en concurso medial con malversación y otros 13 años de inhabilitación. Su defensa anunció que estudiaría pedir una revisión a tenor de la desaparición de la sedición y la rebaja de la malversación hasta un máximo de cuatro años en los que casos en los que no haya habido lucro personal del desvío de fondos. El objetivo es acortar la inhabilitación para cargo público que tendría que cumplir hasta 2031.

Mismo criterio con la malversación

La reforma legal que aprobó Moncloa para contentar a sus socios de ERC no solo afecta al procés. Los daños colaterales de la rebaja de la malversación ya se están dejando sentir en otras causas de corrupción en las que se empieza a estudiar ya posibles cambios. Ante este escenario, el fiscal general del Estado, Álvaro García, prepara un decreto en el que impartirá las directrices a seguir para unificar criterio en lo que respecta a la actuación de la Fiscalía.

Fuentes fiscales consultadas por este medio explican que el decreto estará listo antes de que acabe el mes ya que hay algunas causas –como la trama Kitchen sobre el espionaje a Luis Bárcenas- que están pendiente de calificación del Ministerio Fiscal y urge unificar criterio sobre el asunto. Al igual que ocurrió con la conocida como ‘ley del sí es sí’ la Fiscalía va a emitir decreto y no circular porque la circular se tiene que someter el preceptivo informe de la Junta de Fiscales.

La Fiscalía de Cataluña ha pedido tiempo para formular su escrito de conclusiones provisionales en la causa contra los diputados de ERC Jové y Salvador por malversación

Precisamente, una de las aristas del procés que se va a ver afectada por la rebaja de la malversación es la causa que se ha seguido en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra los diputados de ERC Josep María Jové y Lluis Salvador. La formación independentista no solo quería asegurar el futuro de Oriol Junqueras –que fue indultado junto con otros 8 miembros del procés- sino que también espera que Jové y Salvador se beneficien de los cambios legales.

De momento la Fiscalía del TSJ catalán ya ha pedido más plazo para formular su escrito de conclusiones provisionales. “El examen de estos preceptos no puede abordarse desde una perspectiva meramente individualista sino que, como no puede ser de otro modo, en aras a la salvaguarda de la unidad de actuación, debe ser consecuencia de una respuesta integral de esta institución”, reza un escrito de este mismo viernes firmado por el teniente fiscal de Cataluña, Pedro Ariche.


jueves, 12 de mayo de 2022

La tercera humillación que Junqueras prepara a Sánchez para que "resista

 Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso.

Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso.

El independentismo ha levantado el pie del acelerador tras anotarse la "decapitación" de la jefa del CNI y la comparecencia del presidente en las Cortes. Pero hay una tercera prueba a superar.

Como todas las estrategias en el sanchismo están destinadas al más efímero plazo y a ir salvando los obstáculos que se presentan un día sí y otro también, Moncloa confía en que la entrega en bandeja de plata a Esquerra de la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban, -y pasado el mal trago de una sesión de control al Gobierno en el que Pedro Sánchez se ha convertido en el sparring de propios y extraños-, sirva para que la sociedad española pase página del bochornoso y esperpéntico Pegasusgate. Como tantas ocasiones antes, los asesores del presidente lo fían todo a "resistir".

A la espera del único evento que interesa en este momento a Sánchez: la cumbre decisiva de la OTAN en Madrid el próximo mes. La única razón por la que Margarita Robles se ha salvado de momento del tribunal del independentismo y de Podemos.

No obstante, al presidente aún le queda una emboscada más que le tiene preparada ese independentismo renacido y crecido. Primero fue imponerle una comparecencia monográfica en el Congreso que, como adelantó ESdiario, viene a ser en realidad una moción de confianza encubierta. Después ha sido el sacrificio de la directora de los servicios secretos.

Pero ahora Oriol Junqueras y Pere Aragonés aún tienen un conejo en su chistera. Según ha sabido este diario, la Generalitat pretende que el cara a cara entre Sánchez y Aragonés que este último impuso en su conversación de cuatro minutos del viernes en Barcelona se celebre en la Ciudad Condal.

Que, como ya hizo antes Quim Torra y el propio Aragonés, el inquilino de La Moncloa rinda pleitesía y escenifique en el Palau su petición de perdón por la "afrenta" del catalangate.

De hecho, Esquerra asume que hay que buscar una salida para "reconducir" sus relaciones con el Gobierno y considera que la anunciada reunión entre Sánchez y Aragonés "podría ser la vía para desencalllar la situación".

Desde la formación de Junqueras dicen confiar en que en ese próximo encuentro cara a cara -y que ERC quiere que sea en Barcelona- el presidente dé cumplidas explicaciones al mandatario catalán. Y, además, los de Junqueras defienden la necesidad de reactivar la mesa de diálogo sobre Cataluña.

Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido este miércoles de que, además de esa cita pendiente entre Sánchez y Aragonés, "sobre todo sería bueno que la mesa de diálogo y negociación tenga una agenda y se pueda reunir".

Esperar que escampe, como los indultos

Mientras esto sucede, fuentes socialistas consultadas por ESdiario reconocen que la hoja de ruta adoptada en la Situatión Room de Moncloa es la misma que Sánchez adoptó cuando decidió indultar a los condenados del procés. Asumir que la medida iba a incendiar el país algunos días pero que después la ciudadanía dará la polémica por amortizada.

Estas mismas fuentes aseguran que Robles sale indemne “de momento” en esta crisis aunque su crédito está relacionado con los avanzados preparativos de la cita de Madrid y de la llegada de decenas de jefes de estado y de gobierno con Joe Biden a la cabeza.

 

Pedro Sánchez ha aceptado ya dos condiciones de ERC: la cabeza del CNI y una "moción de confianza". Pero habrá una tercera...

 

Pero en Ferraz y en el entorno presidencial hay además ahora otra prioridad, las elecciones andaluzas del 19-J a las que el PSOE de Juan Espadas llega lastrado por un candidato que no levanta pasiones, la traición al Sáhara de un partido que en Andalucía tiene estrechos lazos con el Polisario desde su propia militancia y la demostración de estas horas de hasta qué punto Sánchez es una marioneta política en manos de Oriol Junqueras y del Podemos teledirigido a distancia por Pablo Iglesias.

En Moncloa son bien conscientes de que hasta el 29 de junio en que comiencen a aterrizar los líderes mundiales, tanto ERC como Podemos y Bildu van a hostigar más aún al PSOEIzquierda Unida y varios sectores morados están convocando ya a sus simpatizantes para reventar la cita de la Alianza.

 

Además, en la medianoche de ese 19-J a Sánchez le va a llegar a buen seguro un nuevo mazazo junto a las espectativas electorales del PSOE. Y dirigentes del partido, en especial los barones, están convencidos que tras la cumbre de la OTAN su líder estará obligado a tomar medidas drásticas.

Un año de la crisis de gobierno

En julio se cumplirá un año de la crisis del gabinete que acabó con el despido de Iván RedondoCarmen Calvo y José Luis Ábalos. Y una nueva "revolución" para tomar impulso tras los hipotéticos réditos de la cumbre atlántica en términos de imagen precisaría de la colaboración de Yolanda Díaz para que Sánchez pudiera meter mano al ala morada del Consejo de Ministros.

En el sanchismo dos meses son una eternidad. Porque ahora tras el escándalo en el CNI solamente toca “resistir”. Aunque al líder socialista le espera antes una nueva humillación de sus acalistas.

sábado, 4 de diciembre de 2021

La Constitución, objetivo inminente de Junqueras y Otegi tras maniatar a Sánchez

 

Sánchez junto al Rey Felipe VI.

La Carta Magna cumple este lunes 43 años. Más amenazada que nunca por el plan de los socios del Gobierno para la recta final de la Legislatura.


  

Fue en octubre, en su discurso de clausura del 40 Congreso Federal del PSOE cuando Pedro Sánchez clamó contra el PP por vetar la reforma de la Constitución para algo tan sencillo, según el presidente del Gobierno, como eliminar del texto constitucional el término "disminuidos".

Las críticas de Sánchez, como en tantas otras ocasiones, tenían trampa. Porque esa sencilla reforma de la Carta Magna abriría de inmediato el melón que planea partir por la mitad la mayoría Frankenstein, la de tumbar el texto de 1978 para introducir el derecho de autodeterminación, derogar el modelo autonómico y, de paso, tocar todo el aparataje constitucional relacionado con que la Corona siga ejerciendo como la Jefatura del Estado de España. Es decir, introducir el tan exigido -por Pablo Iglesias- referéndum entre Monarquía o República.

Tanto el presidente de EsquerraOriol Junqueras; como el líder de BilduArnaldo Otegi, no se cansan de repetir que la actual coalición progresista de PSOE y Podemos abre una "ventana de oportunidad" para sus objetivos independentistas. Y es que su plan es derogar la Carta Magna, de la que este próximo lunes se cumplen 43 años.

Aizpurúa (Bildu): "Si hay que modificar la legislación que impide las aspiraciones de la mayoría de la sociedad, habrá que cambiarla"

Su primer paso, denigrarla junto a Podemos. De ahí que en el Congreso este nuevo 6-D no estarán presentes ninguno de los aliados de Pedro Sánchez. No es que vayan a vetar el solemne acto Esquerra y Bildu; al boicot se sumarán PNVCompromís, JuntsBNG, Más País y PDeCAT.

  

El abrazo entre Junqueras y Otegi, la pareja que mueve los hilos de la legislatura hasta 2023.

 

PP y Vox se han conjurado para frenar de raiz cualquier intento de abrir un debate sobre la reforma de la Carta Magna en lo que queda de mandato de Sánchez, que el Gobierno puede plantear en la recta final de la legislatura, el momento más oportuno porque cualquier cambio debe votarse posteriormente en referéndum tras previa disolución de las Cortes Generales.

En los últimos meses, el propio Junqueras ya ha esbozado su exigencia: un referéndum pactado a la escocesa. A la que se suma la intención del PNV de relanzar en los próximos su plan de reforma del Estatuto de Guernica para incluir el "derecho a decidir". Una reedición 2.0 del Plan Ibarretxe. Pero ninguna de las dos vías tiene encaje legal en la vigente Constitución.


Y en este marco, Otegi destapó en junio el verdadero objetivo de la alianza de facto que ha constituido con Junqueras: la demolición de la Carta Magna. Mertxe Aizpurua, la mano derecha del líder batasuno en Madrid ha advertido de que si la Constitución "va a ser el traje que encorsete" la solución al "conflicto" en Cataluña, "habrá que cambiarla".

Es más, la portavoz de Bildu ya ha trasladado en varias ocasiones a sus interlocutores del Gobierno que si el marco jurídico constitucional vigente es un obstáculo a sus planes, habrá que "adecuarla a las necesidades de la mayoría social".

"Si hay que modificar la legislación que impide las aspiraciones de la mayoría de la sociedad, habrá que cambiarla. Es una cosa de sentido común". Palabras mayores.