Podemos quiere que enfrentarse con violencia a la Policía salga más barato y no lleve a prisión

Enmiendas a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Pablo Iglesias

Podemos quiere rebajar el delito de ‘atentado contra la autoridad’, previsto en el artículo 550 del Código Penal, de forma que la resistencia con violencia a la Policía no conlleve la entrada en la cárcel.
Así se recoge en las enmiendas presentadas por el partido de Pablo Iglesias a la enmienda a la totalidad que planteó el PSOE a la Ley de Seguridad Ciudadana. 
El nuevo redactado que propone Podemos reduce a la mitad las penas previstas para este delito, de forma que, como máximo, serían condenados a dos años de cárcel, lo que implica que, sin antecedentes, no se entre en prisión.

En concreto, el artículo 55o del Código Penal establece que “son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”.
Este delito será castigado con pena de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra la autoridad.

Podemos, en la nueva redacción de este artículo, propone que “los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a dos años, si el atentado fuera contra autoridad”. Es decir, la mitad de lo previsto en el Código Penal.
El partido de Pablo Iglesias argumenta que la intención es “evitar los indeseables efectos expansivos de la confusa redacción típica dada en la reforma de 2015, así como una adecuación de los límites máximos al principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta que en los supuestos más graves se producirá un concurso de delitos con la vulneración de bienes jurídicos personales del sujeto pasivo de la acción, así como permitir una adecuada individualización de la pena en los supuestos de menor entidad”.

Evita la palabra ‘agresión’
De hecho, la formación retoca también la misma consideración de delito de atentado, evitando la palabra agresión. “Son reos de atentado los que acometieren, o con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia activa grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”.
En resumen, la nueva redefinición del delito implicaría finalmente que la agresión a la Policía conlleve también menos penas de cárcel, en el caso de que al de atentado contra la autoridad se sume un delito de lesiones.
Según el artículo 147 del Código Penal se considera como tal “el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses”.
Pero esto únicamente ocurrirá cuando “la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico”.
Es decir, en el caso de que la lesión no precise de tratamiento, se considerará lesión leve y su autor “será castigado con pena de multa de uno a tres meses”.
Es lo que antes se consideraba ‘falta’ de lesiones y que desde la reforma del Código Penal de 2015 se contempla como delito leve, lo que implica que deje antecedentes. No obstante, estos se cancelarán si transcurren seis meses sin que el condenado vuelva a delinquir.
Más trabas al delito
En la práctica jurídica actual, cuando en un hecho constituya dos delitos -como podría ser en este caso atentado contra la autoridad y lesiones- se suelen sancionar de forma conjunta, aplicándose la mitad superior del delito más grave. Esto es, como máximo, dos años según la reforma de Podemos.
El partido añade más trabas a la tipificación de delito contra la autoridad, añadiendo más concreción a los objetos de que hagan uso quien atente contra la autoridad.
Así, se exige que estos sean “concretamente peligrosos” para la vida de las personas o que puedan causar lesiones graves. El actual redactado solo hace referencia a que se haga “uso de armas u otros objetos peligrosos”.
También, en el caso de que se haga uso de un vehículo a motor, Podemos exige que exista “peligroso (sic) concreto para la vida de las personas o que pueda causar lesiones graves”.

Las salvajes frases de Iglesias sobre la Policía en 2012 hunden su reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

Jaime González, en ABC, rescata esta perla del líder de Podemos en 2012: "La Policía no protege a la gente, son matones al servicio de los ricos"

Manifestantes pateando a policías y Pablo Iglesias, entusiasmado con ello.

Miscelanea de temas este 1 de marzo de 2018 en las tribunas y editoriales de la prensa de papel. Desde los líos internos en el PSOE al nombramiento de Almodóvar como hijo adoptivo de Madrid o la intención de Podemos de convertir a los agentes de policías en meros observadores de revueltas sin posibilidades de intervenir.
El editorial de ABC denuncia con contundencia la estratagema de la oposición, especialmente Podemos, con su empeño en derogar la Ley de Seguridad Ciudadana:
El Gobierno haría bien en responder con firmeza a la ofensiva de la oposición contra la Ley de Seguridad Ciudadana, porque, junto a enmiendas de mejoras técnicas que pueden ser atendidas, discurren iniciativas como las de Podemos, que buscan debilitar la capacidad policial del Estado. Las propuestas del partido de Iglesias están sacadas de un manual del 15-M y su implantación sumiría a policías y guardias civiles en una situación de impotencia.

Jaime González recuerda las andanadas de Pablo Iglesias contra la Policía y por eso pone más que en cuarentena las enmiendas a esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana:
Supongamos que se le muestra a Pablo Iglesias la imagen de una manifestación en la que aparecen un policía armado tendido en el suelo y un joven que lleva el rostro cubierto con un pasamontañas y una piedra en la mano. Señor Iglesias, ¿qué le sugiere esta fotografía? Hasta hace muy poco, la respuesta del secretario general de Podemos saldría de su boca de forma automática: "Que algo está pasando cuando la rabia crece hasta el punto de jugarse la integridad física frente a un funcionario público que está entrenado, lleva un arma de fuego y un casco" (septiembre 2012). Hasta hace nada, Pablo Iglesias lo tenía muy claro y no se cortaba: "La Policía no protege a la gente, son matones al servicio de los ricos" (noviembre de 2012).
Isabel San Sebastián se fija en cómo a los jubilados se les está utilizando por parte de la oposición (y también del Gobierno) para quedarse con su voto a base de burdas campañas:
El Pacto de Toledo se fraguó precisamente con el propósito de sacar las pensiones de la pugna partidista, actuar con responsabilidad y renunciar al empleo de munición electoral tóxica con los jubilados. Hasta donde me alcanza la memoria, ningún partido lo ha cumplido nunca. Ocho millones y medio de votantes son un caladero demasiado goloso como para andarse con escrúpulos. De manera que todo vale. Desde las promesas imposibles de cumplir, hasta las movilizaciones teledirigidas a base de mentiras, las ofertas engañosas o las amenazas. Y no sé qué resulta más vil.

Manuel Marín echa por tierra los resultados del CIS andaluz:
Andalucía difícilmente puede ser un banco de pruebas creíble. El «CIS andaluz» avanzó días atrás resultados de un sondeo lastrado por un discutible trabajo de campo y una desproporción evidente de la cifra de encuestados en unas provincias o en otras. El resultado necesariamente tiene que resultar viciado. El PP ha salido demolido por esa proyección; el PSOE, satisfecho por mantener el Gobierno andaluz, pero resignado a un paulatino desgaste que no augura nada positivo para la marca electoral en el resto de autonomías. Podemos sale trasquilado y solo Ciudadanos, sin más gestión en Andalucía que observar pacientemente cómo se erosionan los demás, reacciona eufórico.
Arcadi Espada, en El Mundo, se hace una pregunta pertinente sobre el nombramiento de Almodóvar como hijo adoptivo de Madrid:
La ética movible obliga también a otro ejercicio, que es el de la gradación de la inmoralidad. La evasión fiscal es un asunto moralmente poco recomendable, como cualquiera puede aceptar. Sin embargo no ha sido suficiente, en un paisaje ya pacificado, para dejar huérfano a Almodóvar. Ahora bien, ¿qué habría sucedido si en vez de la ilegalidad fiscal, documentada, comprobada, hubiera aparecido en los medios durante estos días -estos días- alguna acusación, vaporosa, ambigua, remota de que Almodóvar hubiera practicado en alguna esquina de su vida lo que llaman el acoso sexual?
Emilia Landaluce considera que el PP no anduvo fino en respaldar el nombramiento de Almodóvar como hijo adoptivo de Madrid. Cree que con haberse abstenido habría bastado para que el cineasta tuviera esa distinción y, al mismo tiempo, recordarle al personal que el manchego acusó al PP, tras las elecciones del 14-M de 2004, de intentar dar un golpe de Estado:
El PP en el Ayuntamiento de Madrid votó a favor de la distinción a Almodóvar. No había sido una decisión sencilla. El grupo había barajado la posibilidad de abstenerse porque algunos concejales no habían olvidado las palabras del cineasta. Sin embargo, los partidos son tan jerárquicos como las langostas. La abstención del PP hubiera permitido que Almodóvar fuera merecidamente nombrado hijo adoptivo y al mismo tiempo, mandar un mensaje claro a su electorado (porque está claro que el director manchego nunca les va a votar), cada día más próximo a Cs. O mejor dicho: huérfano. Pero, evidentemente, eso sería hacer política y nadie parece estar por la labor. Y en el PP al borde de un ataque de nervios. Un erial.
Antonio Martín Beaumont, en La Razón, detalla las cuchilladas internas que se están dando susanistas y sanchistas en el PSOE:
La presencia del secretario general del PSOE en la entrega de medallas de Andalucía fue filtrada y vendida por Ferraz como un gesto de acercamiento a la presidenta andaluza, aunque en San Telmo estuvieron lejos de interpretarlo de esa manera, toda vez que se enteraron por las redes sociales de lo que llegaron a denominar como una «autoinvitación». El trágala, sin embargo, se impuso y Sánchez colocó este miércoles con su asistencia el recado de que él es el líder del socialismo en toda España, también en Sevilla. Así lo asumió la propia Díaz quien, horas antes de hacerse pública la decisión de ese desembarco, ya dejó entrever en una entrevista que la relación entre ambos sigue siendo mala.