Sánchez busca la impunidad para la corrupción del PSOE andaluz y le plantan cara

 Las últimas maniobras del Gobierno en funciones y del Tribunal Constitucional hacen estallar a la Junta, que tratarán de impedir que los condenados del caso ERE se libren de sus penas.

El líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, maneja los tiempos a su antojo y no le importa cambiar de opinión sobre asuntos tan graves como la amnistía. Mientras busca encaje para beneficiar a los independentistas catalanes, también se preocupa de los exdirigentes de su partido en Andalucía, sentenciados por el caso de corrupción de los ERE, que podrían quedar impunes de su condena.

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El plan para librar a los socialistas que dilapidaron el dinero de los parados andaluces durante décadas en el Gobierno andaluz tiene dos posibles vías. Una de ellas está sobre la mesa del Tribunal Constitucional, que según ha salido a la luz, está elaborando un informe que podría anular las sentencias contra los condenados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La segunda posibilidad es que el Ejecutivo de Sánchez conceda el indulto, una medida que ha estado guardada en el cajón desde que la solicitaron en septiembre de 2022 y que ahora se retoma.

Los condenados del caso ERE se pueden librar en el Constitucional sin indultos

 Estas novedades que afectan al caso de los ERE ha hecho estallar a la Junta. No están dispuestos a permitir que el "mayor corrupción" en la historia de esta país, quede "impune". Así lo ha manifestado el consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, este pasado lunes, y este martes el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco.

Ambos han expresado la "máxima preocupación" del Gobierno andaluz con las últimas informaciones sobre la posible existencia de un informe del Tribunal Constitucional "previo a una toma de decisión en relación con que se dé marcha atrás en las condenas" por el caso de los ERE irregulares.

 

El indulto: un escándalo

Según Sanz, por un lado, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "prepara un indulto para los condenados en relación con los ERE y, por otro lado, vemos un informe bastante preocupante de lo que significaría dejar impune el mayor escándalo".

"Lo que representaría una verdadera vergüenza y un auténtico escándalo es que el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia en España quedará impune", ha dicho Sanz, quien ha recordado que han sido "más de 800 millones de euros defraudados del dinero de los parados de los andaluces y que existe condena del Tribunal Supremo que ha calificado este caso como el mayor caso de corrupción en la historia de España".

Sanz ha insistido que, sobre todo, se pone de manifiesto que el Gobierno de Pedro Sánchez "no tiene escrúpulos" y está dispuesto a "cualquier cosa, a saltarse cualquier garantía constitucional, hasta incluso dejar impune el mayor escándalo y caso de corrupción".

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Manuela Herreros ,esdiario

Los turbios negocios del marido de Gámez que investiga el juez de los ERE

 

María Gámez junto a su pareja Juan Carlos Martínez.

La dimisión de la directora de la Guardia Civil tras citar a su marido como investigado por malversación y blanqueo de capitales, se suma a los muchos escándalos de corrupción del PSOE.

El marido de la que desde ahora es exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, estaba totalmente acorralado por la justicia y este miércoles todo ha estallado con su citación como investigado y la dimisión de la socialista. Los negocios de Juan Carlos Martínez, presuntamente fraudulentos utilizando fondos públicos de la Junta de Andalucía estaban el foco del juez José Ignacio Vilaplana, instructor del caso de corrupción de los ERE fraudulentos que ahora lo ha llamado en calidad de investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y blanqueo de capitales.

La causa hace referencia a los fondos transferidos por Bienvenido Martínez, hermano de Juan Carlos, como presidente de la ya extinta empresa jienense Santana Motor, ubicada en Linares, y en la que la Administración andaluza participó, en beneficio de su propia empresa Experience Management Group.

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Así figura en dos autos emitidos los días 22 de febrero y 16 de marzo por el Juzgado de Instrucción  de Sevilla, incluyendo el primero de ellos la exposición de que Experience Management Group, según las pesquisas, habría transferido fondos "a otras empresas gestionadas por los hermanos" Martínez, "en concreto a la sociedad Be Make Create, titularidad de Manuel Martínez; y en favor de la sociedad Job Management Liberty, "titularidad de Juan Carlos" Martínez, "quien además habría de sido directivo de INCUBA, SOPREA y de FAGIA en 2010 y 2011".

El marido de la directora de la Guardia Civil ganó 123.000 euros con la Junta

 

El caso Santana Motor ha sido otro de los escándalos de corrupción del PSOE-A, en el que se busca el paradero de los 36,1 millones de euros que se otorgó a la empresa automovilística a través de ayudas, incluso días después de su cierre. También dentro de la misma se cuestionó el enriquecimiento del marido de Gámez, que recibió 123.786 euros en poco más de un año, entre enero de 2010 y junio de 2011, del Gobierno andaluz. Fue mediante los tres contratos que fue encadenando como asesor en empresas públicas, dos de las cuales fueron extinguidas y absorbidas por otras sociedades meses después.

Aunque Juan Carlos Martínez estaba dentro de la Junta antes de llegar a estas empresas públicas. Había sido asesor del exministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, del exconsejero andaluz Francisco Vallejo y del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, bajo el mandato de Manuel Chaves.

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esdiario

María Gámez dimite como directora de la Guardia Civil tras la citación judicial de su marido en una pieza de los ERE

 Un reciente informe de la UDEF aprecia un "lucro injusto" de su esposo a través de una sociedad en el caso Santana

La directora de la Guardia Civil, María Gámez, ha presentado su renuncia esta mañana al ministro del Interior porque su marido ha sido citado en un procedimiento judicial, según ha anunciado la propia Gámez en una declaración pública. La imputación de su marido, Juan Carlos Martínez, se ha producido por parte de un Juzgado de Sevilla en una de las piezas del caso ERE, la pieza referida a la empresa Santana.

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María Gámez, que ha hecho una declaración acompañada de la cúpula de la Guardia Civil, ha justificado su renuncia al cargo "tras haber tenido conocimiento" de que su marido "ha sido citado en el marco de un procedimiento judicial".

El proceso judicial al que se refiere la ya exdirectora general de la Guardia Civil está en el Juzgado número 6 de Sevilla, cuyo titular es José Ignacion Villaplana, quien investiga los pagos de la Junta de Andalucía a una empresa de uno de los hermanos de Juan Carlos Martínez, marido de Gámez, durante los años 2009, 2010 y 2011.

Recientemente, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, entregó en el citado Juzgado un informe sobre presuntas irregularidades cometidas en la concesión de préstamos por parte de la Agencia IDEA a la empresa Santana Motor, que recibió unos 36 millones de euros en créditos y cerró en 2011.

LUCRO INJUSTO DEL MARIDO DE GÁMEZ, SEGÚN LA UDEF

En el atestado policial aparece citado en 19 ocasiones el nombre del marido de María Gámez, Juan Carlos Martínez, quien fue jefe de gabinete del exconsejero de Obras Públicas Francisco Vallejo y director de gabinete del exconsejero Gaspar Zarrías, ambos del PSOE.

Según el citado informe, los investigadores aprecian un "lucro injusto de este exasesor político" a través de una sociedad y apunta, además, a un supuesto "mecanismo de retribución por la concesión de fondos públicos".

La dimisión de María Gámez coincide también con las investigaciones judiciales por las presuntas irregularidades en obras en 13 comandancias del cuerpo policial y con el 'caso Mediador', afectando a dos generales retirados, Pedro Vázquez Jarava y Francisco Espinosa Navas, este último en prisión por las mordidas en las que también está imputado el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni'.

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La exdirectora de la Guardia Civil será sustituida por la actual delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes Fernández, de profesión periodista, quien lleva en el cargo desde el 31 de marzo de 2021, según las fuentes consultadas.

DIMITE PARA "PROTEGER A SU FAMILIA Y A LA GUARDIA CIVIL"

María Gámez, por su parte, ha calificado la decisión que ha adoptado de dimitir de "difícil" pero considera que es la única posible para lograr dos objetivos "irrenunciables" para ella: proteger a su familia y a la Guardia Civil.

Ha precisado que toma la decisión, sin entrar en el derecho a la presunción de inocencia que tienen todas las personas, también la de su marido, por "principios, honestidad y responsabilidad".

"Provengo de una cultura personal, política y profesional donde los valores y la ética están por encima de cualquier proyecto", ha argumentado, añadiendo que no va a permitir "ni por asomo" que alguien pueda utilizar la circunstancia personal de su marido para dañar a la Guardia Civil o a sus representantes, ni tampoco al Gobierno de España del que "tan orgullosa" ha formado parte". "Ninguno de ellos lo merece", ha exclamado.

La ya exdirectora de la Guardia Civil ha recordado que, desde que llegó al cargo en enero de 2020, ha guiado su actuación bajo los principios de "diálogo y busqueda de consenso". Considera, en este sentido, que ha generado "una ética de trabajo destinada única y exclusivamente a la eficacia y al merjor servicio al ciudadano".

Ha destacado las capacidades, sacrificios y desvelos de las mujeres y hombres que componen la Guardia Civil y el "enorme privilegio" de haber recorrido ese camino con ellos: "Aunque no pueda en este acto agradecerles individualmente su entrega, valor y dedicación sí quiero, al menos que quede constancia del reconocimiento y admiración profunda que siento por este cuerpo".

También ha querido dar las gracias, por su confianza, al presidente del Gobierno, al ministro del Interior, a la de Defensa y a todo el equipo directivo y de mando de la Guardia Civil y dice abandonar el cargo "satisfecha de lo que ha conseguido y orgullosa de haber puesto" su granito de arena para que la Guardia Civil continúe como una de las instituciones más valoradas y queridas por la ciudadanía española.

María Gámez sustituyó a Félix Azón al frente de la Guardia Civil en enero de 2020, ambos con Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior. Anteriormente, fue subdelegada del Gobierno en la provincia de Málaga y concejal en el Ayuntamiento de Málaga,

    ECD

CC.OO. obligó a afiliarse a los miembros de una cooperativa para recibir un ERE de 3,4 millones de la Junta

 

La Federación Minero Metalúrgica de CC.OO. de Andalucía pagó las cuotas de sindicación para incluir a la sociedad en la «arbitraria e injusta concesión de ayudas» públicas del ente socialista.

El juez que instruye la macrocausa de los ERE andaluces y su centenar de derivadas, José Ignacio Vilaplana, ha procesado al exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, a un dirigente de Comisiones Obreras, Manuel Roberto Carmona, un mediador «intruso» y dos empresarios del sector asegurador, en el marco de una pieza separada que se ocupa de la concesión de inyecciones irregulares de dinero por valor de 3,46 millones de euros concedidas a la cooperativa Springer Arteferro S.C.A. por la Junta de Andalucía de la época socialista.

La Administración autonómica asumió el coste total de 28 indemnizaciones por despido de una treintena de socios de la misma, entre los años 2004 y 2010, previa intermediación del responsable sindical, a cambio de afiliaciones ficticias «al sindicato, a pesar de la poca utilidad que habría de tener dicha afiliación al no poder los socios cooperativistas formar secciones sindicales en representación de los trabajadores en el seno de la sociedad» y «que la misma cooperativa pagaba las cuotas de afiliación al sindicato».

Así lo ha recogido en magistrado en un auto dictado el pasado martes, en el que se acuerda el pase a procedimiento abreviado de las diligencias de investigación seguidas contra los cinco investigados –facilitadores y mediadores «de las operaciones determinantes de la desleal administración de fondos públicos objeto de las presentes actuaciones»– por varios presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

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En dicha resolución judicial, además, el juez Vilaplana describe con detalle cómo el sindicato obtuvo comisiones de las «ayudas sociolaborales o excepcionales» ilícitas, otorgadas por la Junta de Andalucía a la cooperativa sevillana, ya liquidada. Unas «subvenciones arbitrariamente concedidas por la Junta de Andalucía» por importe, al menos, «de 3.466.088,53 euros»; y, que «habrían tenido por objeto, fundamentalmente, el pago de las indemnizaciones por despido de 28 socios cooperativistas afectados» por dos expedientes de regulación de empleo (ERE) «mediante la financiación de un seguro de rentas».

El pago se ordenó por el titular de Trabajo sin que existiera previa solicitud formal de la ayuda por parte de la cooperativa ni se dictara resolución alguna que justificara la subvención

«Los fondos públicos fueron comprometidos y dispuestos bajo el supuesto y ficticio camuflaje de ayudas excepcionales sociolaborales individuales, cuando en puridad lo que se pretendía era allegar fondos para financiar el proceso de viabilidad y reestructuración empresarial de una sociedad de naturaleza privada; a lo que debe añadirse –cuestiones a las que no podían ser ajenos los investigados– las injustificadas coberturas y condiciones de las pólizas, así como la discrecional selección de las compañías aseguradora y mediadora» que participaron en la trama.

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Además, el juez destaca cómo «los baremos y criterios utilizados para cuantificar el importe económico de las ayudas derivadas de la aprobación de los ERE analizados, son muy superiores y más amplios que los previstos en las Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 5 de octubre de 1994, por la que se regulaba, para el ámbito del Estado –el competente–, la concesión de ayudas regladas, estas sí, sociolaborales».

Así, por ejemplo, «el coste de la extinción colectiva de contratos de trabajo» derivados de los ERE concedidos a la cooperativa Springer «habría sido asumido por la Junta de Andalucía en su totalidad (100 %), en lugar del 60 % la empresa y el 40 % la Seguridad Social», como se establecía en la normativa vigente.

Criterios «arbitrarios» y «voluntaristas»

Para el juez Vilaplana es especialmente significativo que en las «prestaciones aseguradas» para la concesión de los pagos a la cooperativa implicada, en forma de ERE, respondieron a una «absoluta falta de justificación técnica y económica, de modo que los criterios utilizados para cuantificar el importe económico de las ayudas derivadas de la extinción de las correspondiente relaciones laborales sería totalmente voluntarista». «Procede aquí destacar la absoluta arbitrariedad de la cuantificación de las ayudas concedidas, pues se habrían otorgado en ausencia de documentos que recojan la justificación, fundamento y cálculo de las prestaciones a cobrar para cada trabajador para determinar el importe de la ayuda», subraya el juez magistrado instructor.

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No en vano, el modus operandi de la trama conformada para desviar injustificadamente los fondos públicos, se diseñó para que los trabajadores de Springer afectados por los ERE recibiesen «un seguro de rentas cuya cobertura alcanza el 100 % del salario bruto (incrementado en un 2,5 % anual) a partir de los 49 años (en lugar de los 60 años)» fijados por ley «y hasta cumplir la edad de jubilación (65 años), así como el pago de todas las cuotas del Convenio Especial con la Seguridad Social a suscribir para mantener la correspondiente cotización y conservar las prestaciones de la Seguridad Social; rentas que, en todo caso, habrían de resultar compatibles con la continuidad en otro trabajo por cuenta ajena o con la percepción del subsidio por desempleo». «Siendo todo ello financiado íntegramente –debe insistirse– por la Junta de Andalucía en virtud del mero concierto de voluntades naturalmente concurrentes entre los dirigentes de la Consejería de Empleo», el líder sindical y el resto de investigados.

«Las aportaciones económicas comprometidas y realizadas en favor de Springer Arteferro, S.C.A., objeto de la presente causa, ni tan siquiera responderían al concepto técnico-jurídico de subvención» al no reunir los requisitos mínimos de la figura «como es que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido», analiza en su auto el juez Vilaplana.

Tal es así que en el expediente de concesión no consta «una memoria descriptiva del fin o de la actividad a realizar, ni un presupuesto ni un desglose por partidas o conceptos; algo absolutamente improcedente en nuestro ordenamiento jurídico», recuerda el magistrado. Tampoco existe «procedimiento alguno de otorgamiento de ayuda socio-laboral, ni siquiera se ha dictado acto administrativo, ni razones de efectuar los pagos de forma indirecta [a través de transferencias de financiación a IFA/IDEA], careciendo de todo sentido, salvo que se estuviera intentando eludir los controles administrativos a los pagos realizándolos a través de un ente instrumental», alerta.

PIEZA A-NOVO COMLINK

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El propio Tribunal de Cuentas aseguró que se trataba de unas salidas dinerarias «carentes de cobertura legal, al haberse realizado sin cumplir los requisitos ni seguir los procedimientos establecidos en la legislación reguladora de las subvenciones y ayudas públicas». Los referidos directivos y representantes de la cooperativa beneficiada por las ayudas, gracias a la colaboración, asesoramiento e intermediación –principalmente– del dirigente sindical «se habrían concertado, para conseguir la obtención ilícita de las mismas, con el correspondiente titular de la DGTSS –en particular, con Francisco Javier Guerrero Benítez–, con quien ultiman las condiciones de salida de los socios/trabajadores –ellos mismos incluidos–, los instrumentos de simulación de las ayudas obtenidas en favor de la empresa, la incondicionada y progresiva aportación de fondos públicos, y la presentación de unos expedientes de regulación de empleo así como la formalización de las correspondientes pólizas de seguro».

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El exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, en la Audiencia de Sevilla.

Continúa el procedimiento contra el exdirector de Trabajo de la Junta, Daniel Alberto Rivera, y un sindicalista por las ayudas arbitrarias e ilícitas otorgadas a la empresa Springer Artefer.

El exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, tendrá que volver a visitar los juzgados de Sevilla porque una nueva investigación recae sobre él. El alto cargo durante el gobierno del PSOE-A en la Junta se libró del juicio de la pieza principal de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) denominado 'procedimiento específico' en el que se condenó a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros exconsejeros de Trabajo y Empleo y altos cargos en la administración autonómica.

Pero aunque esquivó en esa ocasión a la justicia, Rivera está investigado en la mayoría de las más de 80 piezas en las que se ha dividido esta macrocausa judicial y el paseíllo a los tribunales ya se ha convertido en un acto habitual más que puntual.

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Ahora tiene un nuevo problema por delante. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla continúa con las diligencias previas contra cinco personas investigadas, entre ellas el exdirector, centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía habría concedido por un importe de al menos 3.466.088 euros a la empresa Springer Arteferro S.C.A., constituida en el año 1995 y que tenía como objeto social la fabricación de mobiliario y objetos de decoración.

El magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción. Los cinco investigados además de Rivera, son dos responsables de la empresa que recibió las ayudas, un representante del sindicato CCOO y un directivo de la mediadora Uniter S.L.. Asimismo, el instructor señala en calidad de responsables civiles subsidiarios a las entidades Springer Arteferro, CCOO de Industria, Confederación Sindical de CCOO y Confederación Sindical de CCOO de Andalucía.

El juez señala "la abusiva y arbitraria disposición de fondos públicos"

En el auto, el magistrado precisa que el objeto de esta pieza “lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales facilitadas” entre los años 2004 y 2010 por la Dirección General de Trabajo a la mercantil, que habrían tenido por objeto, fundamentalmente, el pago de las indemnizaciones por despido de 28 socios cooperativistas afectados por dos ERE mediante la financiación de un seguro de rentas.

En este sentido, resalta que, vinculado a uno de los ERE, se formalizaría una póliza de seguro colectivo de rentas de prejubilación para once extrabajadores de la empresa con una determinada aseguradora figurando en la misma como tomador, “sin justificación alguna para ello”, la Federación Minero-Metalúrgica de CCOO, representada por el sindicalista investigado, póliza de seguro donde presuntamente se incluyó a un ‘intruso’, persona que no era trabajadora de la empresa y que no figuraba en la relación de afectados por el ERE.

Según asevera el magistrado, “los fondos públicos fueron comprometidos y dispuestos bajo el supuesto y ficticio camuflaje de ayudas excepcionales sociolaborales individuales, cuando lo que se pretendía era allegar fondos para financiar el proceso de viabilidad y reestructuración empresarial de una sociedad de naturaleza privada. A ello añade las injustificadas coberturas y condiciones de las pólizas, así como la discrecional selección de las compañías aseguradora y mediadora.

“En definitiva, y en todo caso, se habría producido una abusiva y arbitraria disposición de fondos públicos carente de amparo normativo alguno y en franca contradicción con los principios generales que integran el Orden Público administrativo y financiero que articula la gestión y disposición del Patrimonio Público, en este caso, autonómico”, pone de manifiesto el juez.

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En el verano de 2008, las cosas no pintaban bien para la fábrica de Nilefós Química de Huelva y sus 118 trabajadores. El nuevo propietario de la antigua planta de Rhodia -una fábrica dedetergente radicada en el Polo Químico onubense-, el empresario ugandés Nitin Jayant Madhvani, amagó con cerrarla ahogado por las deudas, pero desistió después de que la Junta de Andalucía le prometiera cobertura económica para financiar un plan social y otro industrial para reflotar la compañía reorientando su actividad hacia la fabricación de pienso para animales.

El Gobierno socialista acabó concediendo 8,4 millones de euros al dueño de Nilefós, de los que le pagó 3,6 millones de euros, antes de que éste desapareciera del mapa en

 el año 2009. Para que el misterioso empresario recibiera financiación pública fue decisiva la presión ejercida por los trabajadores de Nilefós ante el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, para que apoyara la continuidad de la fábrica con dinero público.

El 21 de agosto de 2008, el presidente del comité de empresa, José Pérez Marroco, delegado de UGT y afiliado al PSOE, escribió un correo electrónico al jefe del Ejecutivo andaluz en el que apelaba a su condición de compañero de partido para buscar una salida al conflicto y evitar la quiebra: «Usted y nuestro partido se comprometieron a buscar una solución para nuestra fábrica, después del anuncio de cierre por parte de la dirección de la empresa». Manuel Chaves era el candidato del PSOE a la Presidencia en las elecciones autonómicas de 2008 cuando prometió una solución «justa y equitativa» a la plantilla de Nilefós. El dirigente sindical le recuerda que lo había conocido en un reciente acto electoral en la localidad onubense de Aljaraque donde hizo tal promesa.

Las negociaciones de la Administración autonómica con los directivos de la factoría y representantes sindicales se alargaban en el tiempo sin terminar de concretarse las ayudas públicas. Los trabajadores empezaban a impacientarse. En su mensaje busca la complicidad política, sin restar dramatismo a la situación: «Me consta que la Junta ha dado todos los pasos necesarios para resolver el problema, pero la dirección de la empresa hasta el momento no ha aportado ni un solo euro… Si nadie lo remedia la quiebra será inevitable».

«Queremos evitar que lleuge a determinada prensa» la situación de la empresa, asegura el delegado de UGT

José Pérez se ofrece a informarle «personalmente» sobre la crisis de la empresa, pero sin testigos indiscretos: «Estamos procurando en todo momento dar la sensación de normalidad […], pero lo que realmente vivimos es una situación virtual que queremos evitar [que] llegue a determinada prensa y pudiese deteriorar la gestión y el trabajo realizado de la Junta». «Atentamente» se despide el presidente del comité, que está controlado por UGT y CCOO en un correo que obra en el sumario que instruye el juez del caso ERE. El Juzgado busca el rastro del dinero público en cuentas bancarias de Islas Vírgenes Británicas y la Isla de Man, considerados paraísos fiscales.

Prejubilaciones

«A raíz de este correo», se pone en marcha la maquinaria burocrática para liberar las ayudas con cargo al fondo irregular de los ERE, llama la atención la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe enviado al juzgado. El 10 de septiembre de 2008 el correo se remite desde la Dirección de Relaciones Institucionales a la Consejería de Empleo. El «siguiente eslabón de la cadena» es el consejero Antonio Fernández. «Por indicación del Excmo. Sr. consejero de Empleo» el escrito se remite después a su subordinado que repartía las ayudas.

El entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Juan Márquez, firmó el 20 de marzo de 2009 la resolución por la que concede 5,31 millones de euros –cuantía que se eleva luego a 5,71 millones– para subvencionar las prejubilaciones de 33 trabajadores mayores de 55 años a cambio de mantener en funcionamiento la fábrica durante unos meses más. La Administración asume el ‘sacrificio’ de financiar el 72% del coste de estas pólizas, que debían haber corrido a cargo de Nilefós. Los prejubilados crean una asociación para canalizar la subvención. Dicha ayuda se completa con otro incentivo de 3,12 millones.

La inversión prometida por la empresa no se lleva a cabo y sus directivos se esfuman en 2009 sin devolver el dinero. El 24 de enero de 2010, el presidente del comité de empresa envía otro correo al consejero de Empleo. Sus reproches ahora se focalizan en la Junta: «Sr. consejero, ya no podemos seguir en la tesis de culpar al ‘indio’ –en referencia al hindú Madhvani–». Ha llegado el momento de «empezar a construir y para ello será fundamental que ustedes sean fieles en sus compromisos con los trabajadores», le advierte.

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