En el verano de 2008, las cosas no pintaban bien para la fábrica de Nilefós Química de Huelva y sus 118 trabajadores. El nuevo propietario de la antigua planta de Rhodia -una fábrica dedetergente radicada en el Polo Químico onubense-, el empresario ugandés Nitin Jayant Madhvani, amagó con cerrarla ahogado por las deudas, pero desistió después de que la Junta de Andalucía le prometiera cobertura económica para financiar un plan social y otro industrial para reflotar la compañía reorientando su actividad hacia la fabricación de pienso para animales.
El Gobierno socialista acabó concediendo 8,4 millones de euros al dueño de Nilefós, de los que le pagó 3,6 millones de euros, antes de que éste desapareciera del mapa en
el año 2009. Para que el misterioso empresario recibiera financiación pública fue decisiva la presión ejercida por los trabajadores de Nilefós ante el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, para que apoyara la continuidad de la fábrica con dinero público.
El 21 de agosto de 2008, el presidente del comité de empresa, José Pérez Marroco, delegado de UGT y afiliado al PSOE, escribió un correo electrónico al jefe del Ejecutivo andaluz en el que apelaba a su condición de compañero de partido para buscar una salida al conflicto y evitar la quiebra: «Usted y nuestro partido se comprometieron a buscar una solución para nuestra fábrica, después del anuncio de cierre por parte de la dirección de la empresa». Manuel Chaves era el candidato del PSOE a la Presidencia en las elecciones autonómicas de 2008 cuando prometió una solución «justa y equitativa» a la plantilla de Nilefós. El dirigente sindical le recuerda que lo había conocido en un reciente acto electoral en la localidad onubense de Aljaraque donde hizo tal promesa.
Las negociaciones de la Administración autonómica con los directivos de la factoría y representantes sindicales se alargaban en el tiempo sin terminar de concretarse las ayudas públicas. Los trabajadores empezaban a impacientarse. En su mensaje busca la complicidad política, sin restar dramatismo a la situación: «Me consta que la Junta ha dado todos los pasos necesarios para resolver el problema, pero la dirección de la empresa hasta el momento no ha aportado ni un solo euro… Si nadie lo remedia la quiebra será inevitable».
José Pérez se ofrece a informarle «personalmente» sobre la crisis de la empresa, pero sin testigos indiscretos: «Estamos procurando en todo momento dar la sensación de normalidad […], pero lo que realmente vivimos es una situación virtual que queremos evitar [que] llegue a determinada prensa y pudiese deteriorar la gestión y el trabajo realizado de la Junta». «Atentamente» se despide el presidente del comité, que está controlado por UGT y CCOO en un correo que obra en el sumario que instruye el juez del caso ERE. El Juzgado busca el rastro del dinero público en cuentas bancarias de Islas Vírgenes Británicas y la Isla de Man, considerados paraísos fiscales.
Prejubilaciones
«A raíz de este correo», se pone en marcha la maquinaria burocrática para liberar las ayudas con cargo al fondo irregular de los ERE, llama la atención la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe enviado al juzgado. El 10 de septiembre de 2008 el correo se remite desde la Dirección de Relaciones Institucionales a la Consejería de Empleo. El «siguiente eslabón de la cadena» es el consejero Antonio Fernández. «Por indicación del Excmo. Sr. consejero de Empleo» el escrito se remite después a su subordinado que repartía las ayudas.
El entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Juan Márquez, firmó el 20 de marzo de 2009 la resolución por la que concede 5,31 millones de euros –cuantía que se eleva luego a 5,71 millones– para subvencionar las prejubilaciones de 33 trabajadores mayores de 55 años a cambio de mantener en funcionamiento la fábrica durante unos meses más. La Administración asume el ‘sacrificio’ de financiar el 72% del coste de estas pólizas, que debían haber corrido a cargo de Nilefós. Los prejubilados crean una asociación para canalizar la subvención. Dicha ayuda se completa con otro incentivo de 3,12 millones.
La inversión prometida por la empresa no se lleva a cabo y sus directivos se esfuman en 2009 sin devolver el dinero. El 24 de enero de 2010, el presidente del comité de empresa envía otro correo al consejero de Empleo. Sus reproches ahora se focalizan en la Junta: «Sr. consejero, ya no podemos seguir en la tesis de culpar al ‘indio’ –en referencia al hindú Madhvani–». Ha llegado el momento de «empezar a construir y para ello será fundamental que ustedes sean fieles en sus compromisos con los trabajadores», le advierte.
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