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domingo, 21 de noviembre de 2021

Agentes de todas las policías dan la cara contra el Gobierno: "Si la reforma se consuma va a arder la calle"

 

Miembros de la Guardia Civil, Ertzaintza y Policía Nacional.© Unidad Editorial, S.A. Miembros de la Guardia Civil, Ertzaintza y Policía Nacional.Más allá del fondo en el que el Gobierno pretende instalar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay un dolor profundo y manifiesto por haber sido excluidas del debate para reformar la normativa. También por la sensación que tienen los agentes de estar obligados a retar a la delincuencia en su propio terreno y con la presión añadida -e inquebrantable- de tener que ganarle. Antes de abundar en las distintas formas de la pérdida de autoridad que aventuran, policías, guardias civiles y cuerpos autonómicos y locales se quejan amargamente de la incapacidad dialéctica del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El cambio por el que -entre otras cosas- no será necesario avisar de las manifestaciones, por el que se limitarán los materiales de uso de los antidisturbios o por el que se acota el tiempo de las identificaciones, ha despertado una sucesión de calificativos demoledora e implacable. Es una convulsión generalizada y sin grietas por parte de todos los Cuerpos afectados. Sin excepción. Por primera vez en la historia, tanto sindicatos y agrupaciones de Guardia CivilPolicía Nacional, efectivos autonómicos y locales como agentes que no están adscritos a este movimiento se han dado la mano para protestar y lo harán en la macromanifestación que han organizado el próximo día 27, cuando pretenden sacar a 100.000 agentes a la calle. La reforma de la ley supone un disparo tan ajeno a su manera de trabajar que, resaltan, no les ha quedado otra que tomar Madrid para intentar hacer reflexionar al Gobierno. Agustín Leal, agentes de la Guardia Civil y secretario general de Jucil.JAVIER BARBANCHO. «Lo más triste de todo es que ni siquiera nos hayan consultado ni se hayan sentado con nosotros para una reforma tan importante. Nosotros conocemos el terreno y nos han dejado al margen. Es un despropósito y una merma total a nuestras funciones. Podemos perder el carácter de agentes de la autoridad», razona Agustín Leal, secretario de comunicación de Jucil. Leal se muestra inflexible con los planes para cambiar la normativa. «Esto es una traición. Es como si alguien le hubiera dado una hoja en blanco a un antisistema y le hubiera dicho 'pon lo que quieras'». Es especialmente crítico con la vía libre a las manifestaciones espontáneas. «Si no sabemos que va a haber una protesta no podemos preparar un dispositivo antidisturbios, y una manifestación sin avisar que se puede volver multitudinaria y violenta, y en la que apenas tenemos dos horas para identificar, puede llegar a ser un caos. Si la reforma se consuma, va a arder la calle», advierte.
Dan carta blanca a la delincuencia y nos atan de pies y manos
Leal también quiere aclarar que la reivindicación de todos los colectivos va más allá de que se retire el uso de las pelotas a los agentes antidisturbios. «La pelota de goma siempre es la última opción de los agentes. Cuando sucede, se hace por la necesidad de mantener alejados a los manifestantes que ejercen algún tipo de violencia. Por lo general, se usan métodos menos lesivos. Esta nueva manera obliga a un cuerpo a cuerpo que no tiene sentido». «El perjudicado total de todo esto, el verdadero rehén, es el ciudadano porque es una reforma que favorece a bárbaros, violentos y antisistemas. No es propia de un país de la Unión Europea». Delegado de Jupol y miembro de la UIP del Cuerpo Nacional de Policía.JAVIER BARBANCHO En la misma línea que Leal se pronuncia el delegado de Jupol y miembro de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía, los mal llamados antidisturbios, quien hace una profunda disección de la problemática que evidencia su profundidad. «Como policías, nos hierve la sangre que la gente no pueda hacer su vida. Esto es algo que afectará a la sociedad y pongo un ejemplo: si una manifestación, por no estar prevista, corta de manera sorpresiva una calle o una carretera puede hacer que no llegues a tiempo a la entrevista de trabajo de tu vida, a un examen, al médico con tu hijo o incluso a un parto. Que las vías de comunicación estén despejadas es esencial por muchas cosas. La reforma de la ley hace que se pierda el respeto a los demás». El agente enumera las gestiones que se dejarán de hacer en caso de que se consume la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. «Cuando tenemos constancia de una movilización, hay previsión y por tanto establecemos puntos de seguridad o rutas alternativas de metro, pero si de repente aparecen 50.000 personas sin avisar no tenemos capacidad de reacción».
Esta ley nos genera indefensión, ahora los agentes somos un blanco fácil
¿Las consecuencias? «No se podrá circular o se colapsará el transporte público. Un caos. Sin duda es un cambio estructural en la seguridad pública». Además, también se sumerge sin restricciones en el hecho de que les recorten su material de trabajo, concretamente las pelotas de goma. «Dejar de usarlas en manifestaciones violentas con la cantidad de agentes que somos y sin medios de disuasión hará imposible que contengamos a tanta gente. Será el triunfo de la anarquía». «Aquí -argumenta con vehemencia- no hay súper hombres, sino profesionales organizados que hacen su trabajo y a los que se lo van a poner muy difícil». Y lanza una reflexión que refleja el sentir del colectivo: «Esta reforma se ha planteado desde una visión idílica. En realidad, no beneficia a nadie, únicamente supone la pérdida de la paz pública. Es el temor del panadero, del propietario de la tienda de lujo, del ciudadano que tiene su moto aparcada en la calle y al día siguiente la puede encontrar quemada y no puede ir a trabajar...». Marcos Veiras, agente de la Policía Nacional y secretario regional de Jupol en Cataluña .A. P. El escenario que se prevé preocupa -y afecta- especialmente a Marcos Veiras, secretario regional de Jupol en Cataluña y agente del Cuerpo Nacional de Policía en activo en la Brigada de Extranjería y Fronteras. La reforma, considera, amenaza con acentuar las convulsiones que se viven en el territorio catalán. Vivía junto a su familia en una céntrica calle de Barcelona y, tras el 1-O, tuvo que mudarse porque varias personas le identificaron en un bar. Quemaron su moto. «A los vecinos no les decimos que somos policías, ni tendemos los uniformes en el exterior. Si quieres llevar una vida más social, tienes que mentir». Veiras conecta su reflexión a que ahora no vaya a ser delito identificar y subir fotografías de agentes a las redes sociales. «Aquí en Cataluña eso hará que no estemos tranquilos», insiste. «Tememos que elementos ligados al radicalismo nos identifiquen. Un compañero tuvo que cambiar a su hija de colegio porque la dejaban sin recreo y otros tres han tenido que dejar el Cuerpo».
Es una reforma que favorece a bárbaros, violentos y antisistemas
No olvida la especial realidad de la autonomía en la que trabaja con, recuerda, una presencia muy activa de los Comités de Defensa de la República (CDR), que han protagonizado la movilización social en la crisis política catalana tras el 1-O. «La reforma permite que haya manifestaciones violentas y que se desarrollen con total impunidad. No vamos a poder anticiparnos y eso es extremadamente peligroso porque los movimientos radicales están cada vez más organizados». El policía también reprende con dureza que no les hayan pedido opinión. «No se entiende. Definitivamente, no se han parado a valorar la situación violenta de la que nosotros somos conscientes». Milagros Cívico, guardia civil y secretaria regional de Jucil en Cataluña.A.P. También en Cataluña trabaja Milagros Cívico, secretaria regional de Jucil, quien alerta de cómo el cambio en la normativa puede contribuir a acentuar un ambiente ya de por sí muy crispado. «Nos dejan totalmente abandonados y más aquí, con la problemática tan grande que tenemos con los CDR. Si antes los actos violentos se sucedían con demasiada frecuencia, ahora lo harán con completa libertad», avisa. En este sentido, dibuja una realidad que, según su percepción, es habitual. «En Barcelona, una reivindicación lícita y aprobada muchas veces acaba en violencia con la quema de contenedores. Esta reforma hará más grande el problema».
La reforma mata la ley de prevención de las distintas policías
«Indiscutiblemente -continúa- se va a dar carta blanca a la delincuencia. Vamos a estar muy atados de pies y manos. Es un abandono a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de la Administración». «Esta ley -enfatiza- son pasos hacia atrás de lo legal y pasos gigantescos hacia lo ilegal». Cívico rescata, asimismo, el «rechazo continuo» que suscitan en Cataluña los agentes del Instituto Armado y de la Policía Nacional, y se muestra muy preocupada por que ahora no sea delito que las imágenes de estos efectivos puedan compartirse en internet. «Que nos graben y pongan esas imágenes nos deja en peligro a nosotros como agentes y a nuestras familias, y más con la tensión que se vive en esta autonomía. Es un retroceso». «Aquí -añade- te pueden señalar por ser guardia civil y eso hace que no te sientas bien». La agente presta servicio en la patrulla fiscal, con lo que el asunto de que únicamente vayan a tener dos horas -en la actualidad son seis- para identificar a una persona y devolverla al mismo punto en el que se la interceptó le afecta de primera mano. «Esas gestiones en dos horas no son posibles. Si, por ejemplo, entramos en un establecimiento público y la persona a identificar es extranjera, hay que hacer muchas comprobaciones. Si a eso le unimos que hay que devolverla al cabo de las dos horas al mismo sitio y que para realizar las gestiones en la mayoría de los casos hay que desplazarse a una comisaría, todo es misión imposible», precisa. «Sin duda -resalta- la reforma de la ley favorece la delincuencia y, sobre todo en Cataluña, favorece la violencia. Los antisistema camparán a sus anchas».
El más perjudicado, el rehén de todo esto, es el ciudadano
Juan Carlos Sáenz, agente y secretario de Organización del Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SIPE), también es muy crítico con la reforma. «Claramente, deja desprotegidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proteger más al delincuente y pone en entredicho el valor jurídico que nos daba hasta ahora la ley». En su queja, el lugar predominante es el reproche a la Administración por haberles dado la espalda cuando el proceso estaba en las bambalinas. «No pueden modificar una normativa de esta envergadura sin contar con nosotros. No tiene ningún sentido». «Hay un problema básico que no entienden las fuerzas jurídicas: hay que hacer una ley propia del siglo XXI. Tampoco hay que olvidar que somos garantes tanto de los derechos como de las obligaciones de los ciudadanos».
Supone un cambio radical en la estructura de la seguridad pública
Txema Cid, policía nacional y representante de Jupol en el País Vasco, se pronuncia en los mismos términos que su compañero. «La reforma nos genera indefensión porque ahora somos un blanco fácil y vamos a tener que justificar nuestras funciones. Nos convierte en agentes vulnerables». «Sin duda -añade- es un efecto llamada para ciertos colectivos y a que nos planten cara. Trabajar en la calle con esa nueva ley va a ser un auténtico infierno». Pablo Pérez, policía nacional y portavoz de Jupol.JAVIER BARBANCHO Pablo Pérez conoce con precisión los márgenes de la seguridad ciudadana y sus diferentes aristas. Hasta ahora, nunca había tenido que verse cuestionado como agente de la autoridad. Para el portavoz del sindicato Jupol la modificación de la normativa donde, apunta, la palabra de un policía no tiene presunción de veracidad en un atestado, es algo, subraya, «gravísimo». A su juicio, este extremo traspasa muchas fronteras. «Implica que se nos coloca al mismo nivel que a un delincuente». Y pone un ejemplo gráfico: «Es como si la palabra de un conductor valiera lo mismo que la de un policía cuando el conductor se ha saltado un semáforo en rojo y no hay una cámara». «Pone en duda nuestra profesionalidad y eso sienta un precedente muy peligroso». El tifón policial constante por la reforma de esta ley, calificada peyorativamente Ley Mordaza, tendrá su clímax con la manifestación del sábado con la que los sindicatos quieren hacer historia.

martes, 9 de noviembre de 2021

Indignación de los Antidisturbios: el pacto PSOE-Podemos que les deja vendidos

 Un policía agredido brutalmente por ultraizquierdistas que reventaron un mitin de Vox en Vallecas.

Un policía agredido brutalmente por ultraizquierdistas que reventaron un mitin de Vox en Vallecas.

Los socialistas aceptan la exigencia de los morados, Esquerra, Bildu y la CUP y pacta que los policías no puedan utilizar pelotas de goma para disolver manifestaciones y les dejan maniatados

 | M.B 
  

Las negociaciones en el seno del Gobierno para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza siguen desatando la indignación máxima entre los policías. Más aún, tras conocerse este lunes que el PSOE está dispuesto a aceptar una de las viejas exigencias de los partidos más radicales, entre ellos ERCBildu y la CUP.

PSOE y Unidas Podemos ultiman su negociación para cerrar los últimos detalles de las enmiendas conjuntas de cara a la derogación de la ley y que versan entre otros asuntos sobre la prohibición de pelotas de goma en los protocolos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante incidentes en manifestaciones.

 

Además, según han explicado fuentes conocedoras de la negociación entre ambas formaciones, existe una propuesta de base aunque aún no es definitiva para impedir el uso de material que cause lesiones irreversibles en las intervenciones policiales cuando se producen incidentes en protestas.

Esta redacción, se dirige sobre todo a prohibir el uso de pelotas de goma por parte de los agentes Antidisturbios, dado que ha habido varios casos de manifestantes que han perdido visión total o parcial en algún ojo al recibir impactos de este material. Los agentes de las llamadas Unidades de Intervención han sido objeto de brutales agresiones en manifestaciones; tanto por antisistema ultraizquierdistas en Madrid; como a manos de los CDR, en Barcelona.

Las conversaciones se centran también en fijar una redacción definitiva al criterio de proporcionalidad en las multas a las personas sancionadas, ligado a la capacidad de ingresos de los manifestantes para propiciar reducción en los importes.

Específicamente, se discute sobre como reducir a la mitad la sanción para quienes cobren menos de 1,5 veces el SMI y otra franja del 25% para aquellos que se sitúen en la franja entre 1,5 y 2,5 veces del salario mínimo.

Este lunes y en rueda de prensa, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha subrayado que el acuerdo base con el PSOE para la derogación de la Ley Mordaza es una "excelente noticia" que garantizará el "disfrute" de libertades públicas, como es el derecho de manifestación y reunión.

El miércoles previsiblemente se cerrará el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley que impulsa el PNV y que ha estado parado durante más de un año. De esta forma, los socios de coalición se afanan en definir los últimos flecos sobre las propuestas de modificación de esta normativa, aprobada por el PP en 2015.

Otros aspectos son la retirada de sanciones en manifestaciones no comunicadas que se desarrollen de forma pacífica, pues solo comportarán consecuencias si se produce desórdenes públicos o violencia.

En cuanto a los registros corporales e identificación de ciudadanos y ciudadanas, deberá contar por escrito la motivación del agente que lleve a cabo comprobaciones en la vía pública. A su vez, los registros limitarán los desnudos parciales y si estos deben realizarse de forma inmediata, será en un lugar que cuente con la "debida garantía de protección de la intimidad".

También se trabaja en la redacción de una enmienda conjunta para reducir el tiempo de identificación en comisaría sea de un máximo de dos horas, salvo causa excepcional debidamente "alegada y verificable". Además, una vez concluida la persona identificada deberá ser "devuelta" al lugar desde donde fue la conducida a la diligencia de identificación si esta se hubiera realizado en otra localidad.

ESDIARIO

viernes, 19 de febrero de 2021

Una diputada sorprende a Marlaska con la hemeroteca y él no sabe dónde meterse

 

La portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez.

Una diputada sorprende a Marlaska con la hemeroteca y él no sabe dónde meterse

Los rifirrafes dialécticos entre la portavoz popular de Interior, Ana Belén Vázquez, y el ministro suelen ser memorables. Este viernes se ha vuelto a demostrar en el Congreso.

La portavoz de Interior del PPAna Belén Vázquez, que además es miembro del Cuerpo Nacional de Policía, lo ha vuelto a hacer. Su intervención este viernes en la Comisión de Interior del Congreso ha descolocado a Fernando Grande Marlaska.

Lo ha hecho en apenas un minuto y medio, cuando le ha reprochado su falta de apoyo expreso y contundente a los agentes -tras los disturbios de los últimos tres días- sacando a relucir unas palabras suyas de la hemeroteca en la que afeaba a Quim Torra su falta de apoyo a los Mossos.

Por eso, Vázquez ha reclamado a Marlaska que haga lo mismo que pidió hace un año al entonces presidente catalán y condene "de manera firme y rotunda" la violencia que se ha visto estos días contra la Policía Nacional en las calles de Madrid, Barcelona o Valencia.

"Pablo Iglesias es culpable de lo que pasa en las calles y Sánchez, cómplice, y si usted no es capaz de condenar la violencia, debe dimitir", ha advertido la diputada popular, quien ha mostrado su sorpresa por que el Gobierno aún no haya instado a la Fiscalía a abrir una investigación al "impresentable" portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, por "incitar a la violencia" a través de su Twitter.

 

martes, 26 de enero de 2021

Los separatistas pretenden someter a los militares a un «control» ideológico ilegal

 

Proponen una caza de brujas que viola los Artículos 14 y 16 de la Constitución

Los separatistas pretenden someter a los militares a un «control» ideológico ilegal

Las constantes cesiones del Gobierno socialista-comunista ante los partidos separatistas han llevado a éstos a lanzarse a pisotear a nuestras Fuerzas Armadas.

Ahora van a por nuestras Fuerzas Armadas: desprestigiar a los militares es sólo el inicio
La ultraizquierda quiere perseguir a policías y militares españoles que discrepen de ella

Proetarras y golpistas critican la Constitución en su iniciativa

Con los votos a favor del PSOE y de Podemos y los votos en contra del PP y de Vox, ayer la Mesa del Congreso aceptó tramitar una insultante propuesta de varios partidos separatistas (entre ellos los que no condenan los asesinatos de militares y civiles a manos de los terroristas de ETA) para poner en marcha una comisión de investigación “sobre la presencia de la extrema derecha en las Fuerzas Armadas”. El texto de la propuesta fue publicado el 19 de enero por la diputada separatista Laura Borràs, y empieza con ataques a la propia Constitución.

La exposición de motivos de esa iniciativa separatista critica que el Rey sea comandante supremo de las Fuerzas Armadas y también la misión de éstas de defender la integridad territorial de España, hechos recogidos en la Constitución Española que aprobaron los españoles por abrumadora mayoría, una Constitución que los partidos separatistas promotores de esa iniciativa (ERC, PdeCAT, EH Bildu y CUP) desprecian abiertamente, como ya han manifestado en numerosas ocasiones. De hecho, varios de esos partidos estuvieron implicados en el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017, y algunos de sus dirigentes están en prisión por sedición y malversación a causa de ello.

Caza de brujas contra todo lo que etiquetan como «extrema derecha»

En el texto de su propuesta, los separatistas no sólo pretenden llevar a cabo una caza de brujas al más puro estilo macartista contra lo que ellos llaman “extrema derecha” (un término que el separatismo usa indiscriminadamente para referirse a todos aquellos que critican el secesionismo, que defienden la Constitución, que apoyan la libertad lingüística o que tienen opiniones liberales o conservadoras), sino que además insinúan que las Fuerzas Armadas pueden haber cometido faltas de respeto a los derechos humanos en sus operaciones.

Es el colmo del cinismo que un texto así lo firme EH Bildu, un partido que no condena los asesinatos de más de 800 españoles -niños incluidos- a manos de ETA. Que el PSOE y Podemos hayan admitido esa insultante propuesta demuestra hasta qué punto se han convertido en meros peleles al servicio de quienes nunca disimulan su profundo odio a España.

Un «control» ideológico que viola los Artículos 14 y 16 de la Constitución

Pero si todo lo anteriormente expuesto ya resulta grave, el colmo llega con el punto H de la iniciativa de los separatistas: “Proponer y plantear medidas oportunas de control, investigación y sanción a aquellos miembros de las FFAA que promuevan y/o muestren simpatías con corrientes relacionadas con la extrema derecha”. La redacción de ese punto es lo bastante clara como para entender lo que buscan: someter a los militares a un examen ideológico en el que tengan que rendir cuentas e incluso ser sancionados por sus opiniones políticas.

Por lo que parece, los partidos firmantes no se han leído esa Constitución que tanto odian, pues su Artículo 14 prohíbe expresamente la discriminación por motivos de opinión (por lo que nadie puede ser sancionado por dicho motivo, y si se dictase una sanción ésta sería ilegal). Además, el Artículo 16 garantiza la libertad ideológica “sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”y añade: “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Así pues, el “control” ideológico que pretenden hacerles a nuestros militares es abiertamente ilegal. Lo que piden esos partidos separatistas es propio de dictaduras como Cuba y Venezuela, que están entre sus referentes internacionales.

La iniciativa viola también la ley de derechos y deberes de los militares

Por si alguno no se ha enterado, la Ley Orgánica 9/2011 de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadasque fue aprobada por unanimidad, dice lo siguiente en su Artículo 12.1:

“El militar tiene derecho a la libertad de expresión y a comunicar y recibir libremente información en los términos establecidos en la Constitución, sin otros límites que los derivados de la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones y poderes públicos”.

¿Por qué no investigan el «Círculo Podemos Miembros de las Fuerzas Armadas»?

Si el Gobierno y sus aliados quieren investigar el uso partidista de las Fuerzas Armadas, les sugiero que empiecen por los intentos de Podemos de infiltrarse en medios militares, amenazando con “un susto” en 2014 e incluso montando un “Círculo Podemos Miembros de las Fuerzas Armadas”, a pesar de que la citada Ley Orgánica 9/2011 prohíbe expresamente que los militares estén afiliados a partidos políticos o hagan propaganda de ellos. Recordemos que en 2014 el partido de extrema izquierda llegó a afirmar que “una parte importante del Ejército va a garantizar el triunfo de Podemos”. Curiosamente, sobre este caso ni los separatistas, ni el PSOE ni Podemos pidieron investigación alguna.

lunes, 8 de junio de 2020

El F.R.A.P., en toda extensión criminal y terrorista. Un malvado de coleta al descubierto.

PUBLICADO EN "EL CORREO DE ESPAÑA"

En 1971, un siniestro personaje llamado Julio Álvarez del Vayo, socialista de la línea de Largo Caballero, luego  lo traicionaría y se pasaría a Juan Negrín, otro ladrón y siniestro personaje del partido socialista, aquel que nos llevó  a la guerra civil y que saqueó el oro de las cámaras del Banco de España, atracando incluso  las cajas privadas del Monte de Piedad, robando los joyas, que como oro en paño, sobre todo por lo que tenían  de recuerdo sentimental, habían empeñado, con intención de  recuperarlas algún día, las clases más pobres de nuestra España. Este ladrón y asesino marxista, -comisario general de Guerra-, fue el principal responsable del nombramiento  de comunistas como comisarios políticos, que fueron los que acabaron de forma criminal, incluso con atroces torturas, con el  POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), del trotskista Andrés Nin, en la retaguardia del Frente popular, de la Barcelona de la primavera de 1937. Álvarez del Vayo  dirigió personalmente el asalto a varias embajadas en Madrid, violando su extraterritorialidad, para detener a  los refugiados en ellas, con la única intención de asesinarlos, como así fue.
dos en ellas, con la única intención de asesinarlos, como así fue.
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Julio Álvarez del Vayo, fundador del F.R.A.P
A mayor abundamiento de su perversidad, este sujeto  se empeñó, junto a Negrín, a mantener la guerra civil hasta el día uno de abril de 1939, tras el gran descalabro del ejército rojo, en la batalla del Ebro, de noviembre de 1938, que dejaba vista para sentencia, en favor del Ejército Nacional magistralmente dirigido por Francisco Franco, la guerra de Liberación Española, con la única y malévola intención de lograr, con su inútil resistencia, que prendiese una confrontación bélica a nivel de toda Europa.
Aquel criminal empecinamiento, llevó incluso, a que el coronel Segismundo Casado diese un golpe de estado contra Negrín y Álvarez del Vayo, llenado las calles de Madrid, en los primeros días del mes de marzo de 1939, de miles de cadáveres, tras una batalla campal entre comunistas y socialistas de Julián Besteiro, apoyados por los anarquistas de Cipriano Mera. Aquel triunfo de Casado, Besteiro y Mera, propició que el ejército rojo se rindiese y permitiese que las tropas victoriosas de Franco, -las únicas que derrotaron al comunismo en toda su historia-,  entrasen en Madrid el día 28 de marzo y con la lectura del ultimo parte oficial de guerra, cuatro días después, el uno de abril, se pusiese fin a la guerra española. Álvarez del Vayo, huiría como un cobarde, exiliándose a EEUU y México, de donde sería expulsado del PSOE por su radicalismo procomunista, yéndose posteriormente a vivir a  Francia 
Pues bien, en enero de 1971, decide fundar en París, fruto de una escisión maoísta del oficial Partido Comunista de España, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que se convertirá, a partir de 1973, en un grupo armado, terrorista y asesino. En Madrid se hacen eco de esa llamada, comenzado a militar en el incipiente FRAP, Enrique Aguilar, que se encargó de la secretaría de propaganda de la región madrileña; Esperanza Larren; Rafael Vallejo; José Luis Díaz; María del Carmen Sánchez Casas; los estudiantes Jesús Díaz, Jorge Díaz, Javier Iglesias, (padre de Pablo Iglesias), entre otros.
Su primera aparición en Madrid data de febrero de 1973, cuando promovieron una acción en  el “Rastrillo” de la calle de Marqués de Viana, donde unos llamados “piquetes de defensa”. provistos de barras de hierro y  armas blanca, actuaron de forma muy violenta, obligando, a un enérgico despliegue de las Fuerzas de la Policía Armada, que tuvieron que realizar algunos disparos para disolverlos, resultando herido en un brazo uno de los componentes del “piquete de defensa” al que se le ocupó un cuchillo de monte.
Igualmente provocaron distintas acciones, denominadas de “comando”, de gran violencia y peligrosidad, como roturas de lunas en la avenida de José Antonio, calle de Fuencarral y otros puntos de la capital, así como ataques con piedras o con botellas conteniendo líquidos inflamables contra entidades bancarias, cajas de ahorros y firmas extranjeras. La Policía pudo comprobar que todos los elementos que intervenían en aquellas perturbaciones del orden público, con diferentes siglas como “Partido Comunista de España Marxista Leninista”, “Oposición Sindical Obrera”, “Unión Popular de Mujeres”, “Federación de Estudiantes de Enseñanza Media”, encuadrados todos ellos en el  “F.R.A.P “Frente Revolucionario Antifascista y Patriota”,  actuaban bajo la protección de grupos provistos de barras de hierro, cadenas, armas blancas, palos y otros objetos contundentes.
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Logotipo del Frente Revolucionario Antifascista Patriótico.
En abril de 1973, el FRAP reaparece de nuevo en Madrid, con el reparto de propaganda que incitaba a participar en una manifestación ilegal con motivo del 1 de mayo festividad de San José Obrero, conocido también como el día del trabajo. En sus textos, el FRAP llamaba  a la rebelión popular, con toda clase de violencia, contra el régimen e indicaba que era una escisión maoísta del Partido Comunista de España, que dirigía, desde el exterior, Santiago Carrillo, al que acusaban de burgués y moderado.  
En ese mes de abril, en una de las operaciones policiales contra ese grupo clandestino FRAP, que se convertiría en terrorista y asesino, era detenido, junto con otros jóvenes, Javier Iglesias, padre del actual vicepresidente del Gobierno, coletudo y chepudo, Iglesias Turrión, acusado de repartir propaganda clandestina y desordenes públicos, ingresando en la cárcel de Carabanchel.
El primero de mayo de 1973. Juan Antonio Fernández Gutiérrez, Subinspector de segunda del Cuerpo General de Policía, moría asesinado a puñaladas en la calle del Doctor Mata, esquina a la de Santa Isabel, en las proximidades de la calle de Atocha, de Madrid. Era la primera vez en la historia de España que iba a hacer acto de presencia pública, por medio de una acción violenta y terrorista, la siniestra banda marxista comunista FRAP. (Frente Revolucionario antifascista y patriota), asesinando a un funcionario de policía.
Organizaciones izquierdistas clandestinas, encabezadas por el FRAP, habían convocado con motivo del 1 de mayo, a una manifestación ilegal que tendría como escenario la plaza de Antón Martín y zonas aledañas. La Policía había montado un dispositivo de vigilancia y de protección. Minutos antes de la hora señalada, comenzaron a aparecer, en diversos puntos de la capital, grupos de manifestantes, en especial por las calles de Santa Isabel. Lope de Vega y glorieta de Embajadores, entre otros. Concretamente en la calle de Santa Isabel en su confluencia con la del Doctor Mata, alrededor de unos ochenta manifestantes, que portaban banderas rojas, con la hoz y el martillo, y daban gritos y consignas de corte subversivo, atrajeron la atención de varios inspectores de Policía, los cuales acudieron con la intención de dispersarlos. Lamentablemente los funcionarios cayeron, en una emboscada, pues el grupo al que perseguían se diluyó, apareciendo de improviso otro grupo más reducido, que iba armado.
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Juan Antonio Fernández Gutiérrez, Subinspector del Cuerpo General de Policía, asesinado por el F.R.A.P., el día uno de mayo de 1973 en Madrid.
El “piquete”, Integrado por gente muy joven, llevaba barras de hierro y cuchillos de monte, varios de los cuales iban atados, a modo de bayoneta, a uno de los extremos de las barras. Cuando los policías se encontraban a poca distancia, y sin que en ningún momento hicieran uso de sus armas, fueron agredidos con fatales consecuencias. El subinspector Juan Antonio Fernández Gutiérrez, fue derribado en el suelo y  recibió una cuchillada en el hemi tórax izquierdo a la altura del corazón, mortal de necesidad, de la cual fallecía a los pocos minutos de su Ingreso en la Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco. El señor Fernández Gutiérrez, de veintiún años de edad y uno y medio de permanencia en el Cuerpo, natural de León, hijo de un minero y estudiante de segundo curso de Medicina, fue atendido inmediatamente por el Jefe de guardia del Servicio de Cirugía del mencionado centro hospitalario y por su equipo. Pese al masaje cardíaco que se hizo sin pérdida de tiempo y a la traqueotomía que se practicó el servidor del orden, este falleció en la mesa de operaciones.
Tras el asesinato del Juan Antonio Fernández Gutiérrez, la Brigada Político Social de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, inicia una intensa labor de investigación y que da como resultado una amplia desarticulación de diversas organizaciones clandestinas comunistas encuadradas en el denominado “Frente Revolucionario Antifascista Patriótico”. Serán detenidos Julián Angosto Pérez y José Joaquín Arregul Mendía, estudiantes. El doctor  José Luis Díaz y su esposa María del Carmen Sánchez Casas, de profesión enfermera; Enrique Aguilar Benítez de Lugo y los hermanos Díaz Gómez, entre otros.
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Funeral con manifestación, por las calles de Madrid, del sub Inspector José Antonio Fernández en mayo de 1973.
Tras aquella desarticulación, el FRAP se rearma poco a poco,  y a él se vinculan personajes como M. Fernández  alias “Raúl Marco”, que se convertirá en vicepresidente del propio FRAP y responsable de la lucha armada; Vladimiro Fernández Tovar; el periodista donostiarra, Manuel Blanco Chivite, alias Alberto, secretario general del FRAP; Pablo Mayoral Rueda, alias “Eusebio”, mecánico de profesión; Nieves Moral Montero, alias “La China”, novia de Pablo Mayoral, encargada de propaganda; Fernando Proenza González, alias “Manolo” camarero de profesión, coordinador del FRAP en Madrid; Manuel Cañaveras de Gracias, alias Ramiro; María Jesús Dasca Penelas, alias “Berta”, dirigente de la juventudes comunistas (Marxista Leninista), encargada de  recomponer los cuadros del FRAP,  tras las primeras detenciones; José Fonfría Díaz, alias “Ricardo”, profesor de instituto; Concepción Tristán alias “Sonia”, enfermera;; Raquel López Navarro, alias “Libertad”, estudiante de magisterio; Fernando Sierra Marco; el vigués Humberto Baena Alonso alias “Daniel” y “el Bigotes”, así como el también natural de Vigo, José Luis Sánchez Bravo Sollas, alias “Hidalgo”,  su gran amigo Ramón García Sanz alias “Pito”;  Silvia Carretero alias “Andrea”, esposa de Sánchez Bravo y  Vicky Sánchez Bravo Sollas, alias “La Larga”, hermana de “Hidalgo”. Baena y Sierra, habían sido reclutados para la siniestra organización a principios del año 1975 por Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tovar.
En enero de 1975, en el restaurante La Milagrosa, situado en la calle Artistas de Madrid, se reunieron por primera vez el vigués José Luis Sánchez Bravo Sollas, alias “Hidalgo” y quien se convertiría en su gran amigo, Ramón García Sanz, alias “Pito”. Sánchez Bravo era hijo de un médico falangista, muerto en 1964, y su madre regentaba en Vigo una pensión para estudiantes. En el Instituto de El Calvario vigués, conecta con el MCE (Movimiento Comunista de España) a través de un joven, Antonio Reinoso, que lo introdujo en el PCE marxista-leninista, protagonizando con el alias de “Lume” varias acciones clandestinas de propaganda. Avisado por su compañero Reinoso, de que la Policía anda tras sus pasos, huyen de Vigo, presentando la madre de Sánchez Bravo, en la comisaría de Policía de la ciudad olívica, una denuncia por desaparición, el 24 de junio de 1974. Sánchez Bravo y Reinoso escapan a Paris, pero José Luis regresa a España, en julio de ese año, concretamente a Madrid, donde toma contacto con Fernando Proenza, camarero de profesión y, coordinador en Madrid del renovado FRAP. Sánchez Bravo deja su alias de “Lume” y adquiere el de “Hidalgo”, comenzando a acudir a las reuniones del FRAP y liderando el comité provincial madrileño. Sánchez Bravo será quien reclute a Ramón García Sanz, yéndose los dos a vivir a un piso, en la calle Iriarte de Madrid, donde instalarán el aparato clandestino del FRAP.
El día 28 de febrero de 1975, los militantes del FRAP, Blanco Chivite y Mayoral Rueda, realizaron un viaje a París, donde recibieron consignas  de endurecer la lucha armada con la imperiosa necesidad de “ejecutar” a miembros de Cuerpo General de Policía, Policía Armada y Guardia Civil, con el único objeto de desestabilizar el régimen franquista.  Sera precisamente Blanco Chivite, al que Vladimiro Fernández Tovar, nombrará jefe del comando, que se dedicaría a asesinar Policías Armados y Guardias Civiles, quien se emplea, en cuerpo y alma, a buscar individuos adecuados para conformar el comando, siendo seleccionados Mayoral Rueda, Baena  Alonso y Sierra Marco. 
Habría que esperar hasta el  14 de julio de 1975, para que  el FRAP reaparecía de nuevo, con su escalada siniestra de muerte.
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Policía Armado Lucio Rodríguez Martín y Teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, asesinados por el F-R.A.P., en Madrid los días 14 de julio y 16 de agosto de 1975.
Ese día, el  agente de la Policía Armada Lucio Rodríguez Martín, cumplía su turno de vigilancia frente a las oficinas de la compañía Iberia, situadas en el número 14 de la calle Alenza de Madrid. Su jornada concluía a las 22.00 horas, pero habían pasado ya veinte minutos y el compañero, que tenía que relevarlo, aún no había acudido. Fue entonces cuando un Seat 127 se estacionó en las cercanías de la mencionada calle. De él bajaron dos individuos, que abrieron fuego contra el agente. El policía, que tenía 23 años, había nacido en la localidad toledana de Villaluenga y planeaba casarse con su novia, en septiembre de ese mismo año. El joven agente, no llevaba ni un año en el cuerpo.
Los asesinos, habían robado un vehículo en la calle del Pez Volador y después de deambular por diferentes sitios de la capital, decidieron ejecutar al primer Policía Armado que encontrasen, en condiciones favorables, para llevar a cabo su vituperable acción. El comando estaba formado por los terroristas Pablo Mayoral Rueda, José Humberto Baena Alonso y Fernando Sierra Marco, que actuaría como conductor.
Al anochecer del día 10 de julio, Blanco Chivite entregó a Pablo Mayoral Rueda un revólver “Cádix”, con la numeración borrada, calibre 22 largo con tambor para nueve balas, así como abundante munición, Con la misma, acordaron, que el día 14 de julio a las cinco y media de la tarde, tendría que reunirse el comando en las cercanías del Hospital Gómez Ulla, para robar un vehículo y proceder al asesinato de algún policía.
A la reunión acudieron tan sólo Mayoral Rueda, Baena Alonso y Sierra Marco, puesto que ni Chivite ni Fernández Tovar-que eran los inductores y no quisieron mancharse de sangre- se presentaron en el lugar, alegando que se hallaban reunidos planeando otras acciones. Ante ello, los otros tres terroristas decidieron actuar y al no encontrar un vehículo fácil de sustraer en Carabanchel, se dirigieron en bus al barrio de la Estrella, donde vieron, en la calle del Pez Volador, un SEAT 127 con la llaves puestas en el contacto, apoderándose del mismo y emprendiendo veloz huida al comprobar que un individuo les seguía corriendo. Después de diferentes vueltas por numerosas calles de la capital, sobre las diez y cuarto de la noche, cuando circulaban por la calle Alenza, vieron en la puerta de las oficinas de IBERIA a un Policía Armado, que resultó ser Lucio Rodríguez Martín. 
Al avistar al agente y después de dar varias vueltas con el coche para garantizarse bien la huida, decidieron volver sobre sus pasos y ejecutar al servidor del orden. Estacionaron su vehículo en las cercanías de la oficina de la compañía aérea, quedando al volante Sierra Marco y apeándose de vehículo Baena Alonso, que portaba el revólver y Mayoral Rueda, que llevaba una navaja automática para proteger la acción de su compañero y si fuera necesario emplearla contra el Policía. Al cruzarse con Lucio Rodríguez y una vez el Policía les dio la espalda, Baena accionó el disparador de su revólver, no llegando a producirse el disparo, sin duda por deficiencias de la munición. Al intentar volverse el Policía, Baena, descargó sobre él, las ocho balas restantes que lo hirieron en la cabeza, cuello, hombro, brazo y abdomen. Con Lucio Rodríguez en el suelo, Baena intentó apoderarse del arma reglamentaria del agente, algo que no pudo lograr, al tener que huir de forma precipitada del lugar de los hechos. Los tres miembros del FRAP, dejarían abandonado el vehículo robado, en la calle Pedro de Valdivia. Lucio Rodríguez logró caminar hasta la calle Cristóbal Bordiú, donde finalmente se desplomó herido de muerte. Falleció en el Hospital Central de la Cruz Roja, adonde fue trasladado con urgencia. 
El 19 de julio, el FRAP perpetró otro atentado, en esta ocasión,  contra el Policía Armado Justo Pozo, quien recibió cinco impactos de bala, uno de ellos gravísimo que le atravesó el estómago y le afectó el pulmón. El atentado se produjo poco después de las 9 de la mañana, en la calle Gómez Ortega, próxima a la prolongación de General Mola. El Policía Armado, Justo Pozo Cuadrado, de 27 años de edad, nacido en Zalamea de la Serena (Badajoz) acababa de terminar su turno de servicio y de recoger su orden de vacaciones. Cuando se dirigía a pie, por la mencionada calle, a la altura del número 24, fue alcanzado por cinco disparos, hechos por dos hombres jóvenes, uno de ellos con barba y cómo de unos 24 años y otro, de más edad que vestía camisa negra
Tras una extraordinaria operación policial, una semana después del asesinato del Policía Armada Lucio Rodríguez y el atentado fallido contra su compañero Justo Pozo, la Jefatura Superior de Policía de Madrid, informó de la detención  de varios integrantes del FRAP, entre ellos, Pablo Mayoral Rueda y su novia Nieves Moral Montero, detenidos el día 15 de julio; Manuel Blanco Chivite, detenido el día 17, cuando intentaba  trasladarse a San Sebastián, donde le esperaba su esposa Gloria Pons, que también sería detenida en la capital guipuzcoana. Caían posteriormente en la operación, el delineante José Gil y su novia Raquel López Navarro. El día 23 de julio, a las dos y media de la tarde,  era detenido Vladimiro Fernández Tovar, responsable del grupo armado que mató al Policía Armado Lucio Rodríguez, siéndole ocupada una Pistola marca “Star”, calibre 7.65, sin número de fabricación, con una bala en la recámara y tres en el cargador, así como una bomba de mano y una navaja de grandes dimensiones.
Tras un minucioso examen del arma, esta coincidía con los cartuchos recogidos en la calle Gómez Ortega, tras el atentado contra el Policía Armado, Justo Pozo. Tovar confesaría ser el autor de los disparos contra Justo Pozo y también ser cooperador en el asesinato del servidor del orden Lucio Rodríguez.
Ocho horas más tarde, en las inmediaciones del cine madrileño, Barceló, era detenido José Humberto Baena Alonso, a quien acompañaban, Fernando Sierra Marco y José Félix Olaso. Baena admitiría en su declaración,  ser el autor material del asesinato del Policía Lucio Rodríguez. Por su parte Sierra, declararía ser el conductor de los vehículos –se le intervendrían dos juegos de llaves para coche-, un SEAT 127, robado en la calle del Pez Volador,  y utilizado para atentar contra el Policía Lucio Rodríguez, abandonado posteriormente en la calle Pedro de Valdivia,  y otro, un SEAT 850, que se utilizaría para la comisión del delito de atentar contra el otro Policía Armado, Justo Pozo, en la calle Gómez Ortega y que sería abandonado en la avenida del General Perón.  En la operación, dirigida por el Comisario Roberto Conesa, y en la que se distinguirían los inspectores González Pacheco y Domínguez, entre otros, también serían detenidos  Justo Juan Santos Serrano, secretario general del F.R.A.P.
Tras aquellas detenciones, el miembro del FRAP,  Ramón García Sanz, viajó a París en donde recibió instrucciones, sobre la circular ya emitida a finales de febrero, y que habían recibido  Blanco Chivite y Mayoral Rueda, de que se aumentase de nuevo la violencia de las acciones, en respuesta a las detenciones de miembros del FRAP,  poniendo especial interés en la ejecución de funcionarios del Cuerpo General de Policía, de miembros de la Policía Armada, Guardia Civil, jueces, militares y personas de relevancia social. Una vez de regreso a Madrid, le comunicó las órdenes recibidas en la capital francesa, a Sánchez Bravo.
Precisamente el 21 de julio de 1975, al regresar a su domicilio, en compañía de su mujer, Sánchez Bravo  observó que en el número 1 de la calle Villavaliente entraba el Teniente de la Agrupación de Tráfico de  la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, que vestía uniforme, y en días sucesivos observó que tal hecho era una costumbre del mencionado teniente, realizándola siempre a la misma hora. Esta observación hizo concebir a José Luis Sánchez-Bravo la idea de llevar a la práctica las consignas de aumento de la violencia de la circular del Partido Comunista y asesinar al miembro del Benemérito Instituto.
Conociendo esa información, y según se reflejaría en la sentencia que condenaría a Sánchez Bravo y García Sanz, “el día 1 de agosto de 1975 Sánchez-Bravo se entrevistó con Fernando Proenza, al que dio cuenta del plan elaborado, que mereció la conformidad de éste y accedió a participar en el mismo. Sánchez-Bravo dijo que si le daban autorización, él sería quien lo llevara a la práctica”, como de forma literal se reflejó en  la sentencia que los condenaría.
El 2 de agosto, Sánchez-Bravo se entrevistó con Manuel Cañaveras de Gracia –el cual, en esas fechas, era el responsable de la secretaría de agitación y propaganda del Comité Provincial de Madrid. La entrevista la preparó Concepción Tristán López, militante también del Partido Comunista y responsable de la secretaría de agitación y propaganda de la Zona Norte de Madrid. En dicha entrevista Sánchez-Bravo indicó que se debía cortar el cañón del arma y que necesitaba de varias personas para realizar el plan, ofreciéndose el propio Cañaveras para ejecutarlo. Del plan de asesinato del Teniente Pose, fue informada María Jesús Dasca Penelas, máxima responsable de la infraestructura del grupo terrorista, quien dio su conformidad para la realización de la acción.
El día 15 se reunieron en una cafetería, Concepción Tristán, Sánchez Bravo y Cañaveras, manifestando la primera que la acción debía realizarse cuanto antes. Más tarde Cañaveras y Sánchez Bravo acudieron a una cita con Fonfría, que se encontraba en compañía de otro individuo llamado Pujol, que no fue nunca  identificado. Dieron encargo a Fonfría de robar un coche, para preparar la huida, tras la muerte del teniente, quedando citados Cañaveras y Fonfría el 16 de agosto en un comercio. Asimismo se citaron, para la una de la tarde de dicho día 16, Sánchez Bravo, García Sanz, Cañaveras y Proenza en la confluencia de las calles Ortega y Gasset y Conde de Peñalver.
El mismo día 16 de agosto de 1975, según  la sentencia del tribunal que les juzgó,  “el integrante del FRAP Ramón García Sanz compró dos cajas de cartuchos del calibre 12, dirigiéndose con otro de los terroristas integrantes del comando, Manuel Cañaveras de Gracia -quien le había entregado el arma- a una vaguada cercana a la carretera de Fuencarral a El Pardo, para probar la escopeta contra un árbol. Regresaron a Madrid y se separaron.
A la una de la tarde se reunieron Cañaveras, Sánchez Bravo, Fonfría y Proenza, quedando algo apartado García Sanz. Sánchez Bravo distribuyó los lugares que debían ocupar cada uno durante el asesinato y la misión que tenían que desempeñar. En esta reunión dijo Fonfría que no había podido conseguir el coche, y le indicaron que les acompañara, pues para algo serviría.
Se trasladaron a las inmediaciones de la víctima escogida, encontrándose en un bar Cañaveras, Fonfría, García Sanz y Proenza, al que llegaron sobre la una y media y permanecieron hasta las dos. Dieron una pequeña vuelta por los alrededores y se colocaron encima de la ropa que vestían otra camisa que llevaban preparada, explicando Cañaveras a Fonfría que iban a matar a un jefe de la Guardia Civil. García Sanz extrajo de una bolsa que llevaba la escopeta y los cartuchos, y unas octavillas atribuyendo el hecho al FRAP para que Proenza las arrojara al suelo tras cometido el asesinato.
Una vez ocupado cada uno de los integrantes del grupo el lugar asignado, García Sanz, se apostó con la escopeta tras un coche al lado del lugar donde solía estacionar el suyo el teniente de la Guardia Civil. Sobre las dos y media, Proenza dio una voz de “ahí viene” al ver que llegaba el señor Pose Rodríguez. Cuando apareció el automóvil, y estando fuera del mismo el citado teniente, Proenza hizo la señal convenida y García Sanz sacó la escopeta y apuntando al señor Pose cuando se encontraba a unos dos metros de distancia, completamente ajeno a lo que se tramaba y sin posibilidad de defensa, le disparó un solo tiro que le alcanzó en el hemitórax izquierdo y le produjo heridas gravísimas en pulmón y corazón, a consecuencia de las cuales falleció por muerte instantánea.
García Sanz recogió la bolsa en la que guardó el arma, salió corriendo, dejando abandonados tres cartuchos que no recogió por el apresuramiento, y huyendo a través del paso inferior del paseo de Extremadura, junto a Proenza. Los dos tomaron un taxi y fueron al otro extremo de Madrid, separándose luego. García Sanz se dirigió a su domicilio, en donde fue hallada la escopeta y cajas de cartuchos. Fonfria, al escuchar el disparo se marchó del lugar, dirigiéndose al domicilio de su suegra, donde estaba invitado a comer”. Posteriormente –sigue diciendo la sentencia- celebraron una serie de entrevistas entre ellos y con el denominado “Pujol”, al que dieron cuenta de lo realizado. El día 17 Sánchez Bravo dio cuenta a Concepción de la acción realizada, la cual le felicitó y le encargó trasmitiera la felicitación al resto del comando”.
El día 2 de septiembre, la Dirección General de Seguridad  facilitaba la siguiente nota oficial sobre la detención de miembros del F. R. A. P., entre ellos los presuntos asesinos del teniente de la Guardia Civil don Antonio Pose Rodríguez:El día 16 del pasado mes de agosto fue asesinado en Madrid el teniente de la Guardia Civil don Antonio Pose Rodríguez. El crimen fue reivindicado por los llamados «Grupos de Combate y Autodefensa del F.R.A.P.», organización clandestina controlada, dirigida e inspirada por el Partido Comunista de España marxista-leninista.
Tras activas gestiones funcionarios del Cuerpo General de Policía consiguieron identificar al “comando” autor de la muerte del señor Pose Rodríguez y, posteriormente, detener al ejecutor material del hecho, así como a otros dos elementos del F.R.A.P. que participaron en el mismo, uno de ellos como responsable del grupo y que fue, además, el que facilitó a la organización los informes que permitieron llevar a cabo el criminal atentado.
Dicho “comando” estaba integrado por; José Luis Sánchez Bravo Solías,(sic), alias “Hidalgo”, ya detenido como responsable del grupo, convicto y confeso del hecho. Manuel Cañaveras de Gracia, alias “Ramiro”, también detenido como miembro del «comando» de asesinato y persona que proporcionó la escopeta homicida, que ha sido ocupada. También convicto y confeso de estos hechos. Ramón García Sanz, alias “Pito”, capturado y autor material del crimen, convicto y confeso del mismo.
La acción que llevaron a cabo los citados, así como las anteriores perpetradas contra miembros de las fuerzas armadas y de orden público, es consecuencia de la orden dada por el Partido Comunista (M.-L,), en marzo del corriente año y con carácter de urgencia, a toda su militancia para que ésta pasase, orgánicamente, información acerca de guardias civiles, policías armados, inspectores del Cuerpo General de Policía, militares o jueces para proceder de forma inmediata a la eliminación física, de los mismos!”.
“Sin embargo, las investigaciones practicadas y la acción policial subsiguiente han permitido desmantelar dichas organizaciones terroristas mediante la detención de los «cuadros» del partido y del F.R.A.P. y la ocupación de material diverso”. La brillante acción policial fue coordinada por el Comisario Roberto Conesa.
El tercer capítulo del historial sangriento y siniestro, de aquella banda de terroristas asesinos, sucedió en Barcelona. A las 15,30 horas del domingo día 14 de septiembre, cuando el Policía Armado Juan Ruiz Muñoz de 49 años de edad, se dirigía a su domicilio, vestido de paisano, a la altura del número 12 de la Vía Favencia, se le acercaron dos individuos jóvenes armados, quienes sin mediar palabra y apoyando uno de ellos su pistola en la cabeza del servidor del orden, le efectuaron a la vez dos disparos, rematando su vituperable acción, hiriéndole con una navaja y produciéndole una herida en la región occipital, otra el vientre y una tercera en el muslo izquierdo, cayendo fulminado al suelo, mientras los agresores emprendían veloz huida. El Policía Armada fue trasladado con urgencia a un centro sanitario donde nada se pudo hacer por salvarle la vida.
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Policía Armado Juan Ruiz Muñoz, asesinado por el F.R.A.P., en Barcelona el 14 de septiembre de 1975.
Juan Ruiz Muñoz, que prestaba sus servicios con peluquero en el II Escuadrón de Caballería de la Policía Armada, siguiendo su costumbre dominical y una vez finalizada su labor de arreglo de peluquería en el cuartel, se dirigía vestido de paisano y completamente desarmado hacia su casa situada en la calle Bará nº9.
Entre los efectos personales que cayeron junto al cadáver del servidor del orden público se halló una bolsa que contenía churros y patatas fritas –que había comprado para su hija pequeña- así como los útiles de peluquero. Los asesinos llevaban merodeando por las cercanías de donde se produjo la agresión mortal del policía Armada, una media hora antes de perpetrarse el asesinato y debían de ser conocedores de las costumbres de Juan Ruiz Muñoz.
El día 29 de septiembre a las 8,45 de la mañana, el policía Diego del Río Martín prestaba servicio de vigilancia en las dependencias de la pagaduría de la Residencia de la Seguridad Social Francisco Franco, de Barcelona. Cinco miembros del grupo terrorista FRAP, tres hombres y dos mujeres, mezclados con el personal que guardaba cola para el cobro de sus haberes, vestidos con batas blancas y mascarillas, armado uno con una pistola y los restantes con metralletas, asaltaron las oficinas para robar los 21 millones de pesetas que había en ellas. Para lograrlo y sin mediar palabra abrieron fuego con pistolas y metralletas contra la pareja de Policías Armados que se encontraban en el local de vigilancia, alcanzado mortalmente al policía Diego del Río e hiriendo a su compañero, Enrique Camacho Jiménez, que prestaba servicio con él. Estos cayeron al suelo gravísimamente heridos y a continuación los asaltantes se apoderaron del dinero y huyeron del lugar de los hechos. 
Diego del Río Martín recibió cinco impactos de bala en el estómago y un sexto en la cabeza, El funcionario de Policía fue trasladado al Hospital Militar donde fallecería; Diego del Río era natural de Algeciras, de veinticuatro años de edad, estaba destinado en la V compañía de la 45 Bandera Móvil, en cuyo acuartelamiento de la barriada de la Verneda, quedó instalada la capilla ardiente por la que pasaron para testimoniar sus condolencias gran número de personas. 
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Policía Armado Diego del Río Martín, la última víctima del siniestro F.R.A.P, asesinado en Barcelona el día 29 de septiembre de 1975.
El día tres de octubre del 1975, la Jefatura Superior de Policía de Barcelona enviaba  a los medios de información, la siguiente nota: “Por funcionarios especializados afectos a la Jefatura Superior de Policía, tras laboriosas gestiones, han sido Identificados los presuntos autores del asesinato del Policía Armado don Juan Ruiz Muño, hecho sucedido el día 14 del pasado mes de septiembre. Parece ser que se ha comprobado la participación material en los hechos de: Miguel Sánchez Gómez, alias “José”, nacido en Sevilla el día 21 de enero de 1948, de 1,70 de estatura; y de los hermanos José María y Lorenzo Jurado Pérez, ambos nacidos en Lérida, el día 31 de enero de 1955, el primero de 1,64 y el segundo de 1,62 metros de estatura, siendo conocido este último con los alias de «Yunque» y «Luis». Se su- pone que los tres individuos mencionados vayan acompañados por Antonia López Quero, novia del «Yunque», nacida en Alcolea, Córdoba, el día 24 de junio de1955, de 1,67 metros de estatura, y de Francisca Molinos Barrios, alias “La Gallega”, nacida en Cenlle, Orense, el día 18 de agosto de 1955, novia de José Jurado. Se ruega a cualquier persona que pueda facilitar datos sobre el paradero de alguno de los cinco Individuos filiados, lo comunique inmediatamente a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona”.
Catorce días después, el 17 de octubre de 1975, la Jefatura Superior de Policía de Barcelona daba a conocer la siguiente nota informativa: “La Jefatura Superior de Policía, en estrecha colaboración con miembros de la Guardia Civil, tras una exhaustiva y tenaz investigación, se ha logrado la detención de Lorenzo Jurado Pérez, alias  “Yunque” y “Tanque”, autor material del asesinato del Policía Armado don Juan Ruiz Muñoz, hecho perpetrado sobre las 15 horas del día 14 del pasado mes de septiembre, cuando la víctima se dirigía a su domicilio. Asimismo han sido detenidos: José María Jurado Pérez, Francisca Molinos Barrio, alias “La Gallega”, Antonia López Quero, alias “Rodríguez”, Pedro Saúl Sánchez Vega y Vicente Aguedino Vidal Tuñón, Individuos todos estos que desde la publicación en los periódicos de sus fotografías y en los que se daba cuenta de su posible participación en el criminal atentado se habían refugiado en un piso sito en la avenida de José Antonio, núm.12, de San Adrián de Besós”.
Lorenzo Jurado el “Tanque”, se beneficiaria de la amnistía, aprobada por el congreso de los Diputados, en la mañana del viernes día  de 14 de octubre de 1977, al igual que Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, Pablo Mayoral Rueda y Fernando Proenza, entre otros. 
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Los tres miembros del F.R.A.P. José Luis Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz y José Humberto Baena Alonso,  que serían condenados a muerte, en septiembre de 1975, por los asesinatos del Teniente de la Guardia Civil, Antonio Pose Rodríguez y del Policía Armado Lucio Rodríguez Martin.
El trabajo de la Policía contra el FRAP,  había sido arduo y enormemente satisfactorio. Serían detenidos 37 miembros de la organización, que en su corta y criminal vida, había asesinado a cinco personas. Tras unos sumarísimos consejos de guerra, celebrados en el acuartelamiento de El Goloso, los días 11, 12 y 18 de septiembre de 1975, tres miembros del FRAP, José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Sollas, y Ramón García Sanz, fueron condenados a muerte, el primero por el asesinato del Policía Armado Lucio Rodríguez Martin, y los otros dos  por el asesinato del Teniente de la Guardia Civil, Antonio Pose Rodríguez. Los tres serían fusilados el día 27 de septiembre en  Hoyo de Manzanares (Madrid). El Jefe del Estado,  Generalísimo Franco, hizo uso del derecho de gracia y conmutó la pena de muerte por la de reclusión mayor, a la que habían sido también condenados los otros miembros del FRAP, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, Manuel Cañaveras de Gracia, Concepción Tristán López y María Jesús Dasca Penelas.  Con los tres  miembros del FRAP, serían condenados también a la pena capital, los miembros de ETA, Juan Paredes Manot, alias “Txiqui” por su participación en un atraco a mano armada a la sucursal urbana del Banco de Santander en Barcelona el 6 de junio de ese año 1975,del que resultó muerto el cabo primero de la Policía Armada, Ovidio Díaz López y Ángel Otaegui Echevarría alias “Cara Quemada”, por su participación directa, en el asesinato del cabo primero de la Guardia Civil, Gregorio Posadas Zurrón, en una calle de Azpeitia (Guipúzcoa), el 3 de abril de 1974
Hasta aquí la siniestras y sangrientas acciones del F.R.A.P, que ahora, para salvar al indecente vicepresidente del gobierno, intentan blanquear de forma ruin y miserable, unos impresentables lacayos del poder y dinero, que ocupan la mayoría de esas infumables y esperpénticas tertulias, llenas de maldad e ignorancia supina, -en enorme cantidad-, que pueblan TVE, Antena 3, la sexta, Cuatro y Telecinco. Y todo porque la diputada del Partido Popular, la valiente y cultísima Cayetana Álvarez de Toledo, en la sesión del Congreso de Diputados del día  27 de mayo,  replicó al “machote”, ”al rey de la amenaza e insulto fácil”, el impresentable vicepresidente del gobierno, de la forma siguiente: “Vamos a hablar de esto de la aristocracia. Ha hecho referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra  vez, en definitiva. Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos responsables de los que vayan a hacer nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez: usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político”.
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Con inusitada cara dura, sinvergonzonería, falto de moral,  matonismo barato y chulería, con voz ahuecada y frailuna, el de la coleta, que ahora se tinta el pelo, -supongo que para seguir encandilado a las jóvenes alumnas de políticas-, con los brazos en jarras, como si la tribuna del Congreso de Diputados, -donde está, salvo honrosas excepciones,  tan lamentablemente representada la soberanía del pueblo español-, fuera un bar de carretera, al final de una noche crapulosa, con olor a tabaco, alcohol y sudor,  incidiendo en el insulto, sintiéndose ultrajado, dirigiéndose nuevamente a la diputada popular como “señora marquesa”, amenazándola de haber cometido un delito, capaz de creerse con la impunidad de llamar terrorista a alguien, y que eso no le iba  a salir gratis, manifestando que invitaría su padre a ejercer  las acciones oportunas. No sé de qué acciones oportunas habla este mentiros compulsivo, chepudo comunista, amigo y protector del régimen asesino y narco traficante de Venezuela y sostenido por el dinero de otro “idílico régimen” el de los ayatolas de Irán. Precisamente él, en  un texto difundido por ese libelo  lleno de cuartilleros venenosos, odiadores de España y de todo lo que representa nuestra gran Nación,  al servicio del comunismo más rancio, que se llama Público, con ocasión de la muerte del  líder del PCE, el asesino de Paracuellos del Jarama,  Santiago Carrillo, en septiembre de 2012, Iglesias reconocía lo siguiente: “Créanme si les digo que siendo hijo de un militante del FRAP y habiendo militado donde milité, tiene su mérito admirar a Carrillo. Frente a Santiago descubrí que estaba ante al secretario general que condenó irremediablemente a la mediocridad a todos los secretarios generales que llegaron después. Nadie estuvo a su nivel”.
Y para que se disipen todas las dudas sobre este siniestro personaje, más falso que un euro de plástico, incluso en septiembre de 2016, en una sesión del congreso de diputados, se atrevió a hacer una encendida defensa laudatoria de uno de aquellos asesinos del F.R.A.P., el grupo del que se pavonea orgulloso, en el que, según sus  propias  palabras, militó su padre, con estas palabras: “Cuando me fusilen mañana pediré que no me venden los ojos para mirar a la muerte de frente, se lo escribió Humberto Baena a su familia poco antes de ser asesinado. Hoy se cumplen cuarenta y un años de los últimos fusilamientos de la dictadura". Fue su intervención en el primer pleno de la legislatura en el Congreso de los Diputados, donde pidió "memoria, dignidad y justicia" para los "fusilados por el franquismo", manchando el lema de las víctimas del terrorismo marxista de ETA, igualando así a víctimas con verdugos. El pleno, convocado el 27 de septiembre de 2016, era para que el ministro Luis de Guindos diera explicaciones del nombramiento frustrado de José Manuel Soria para un puesto directivo en el Banco Mundial. En él ya se podía ver la catadura moral de este individuo, que dejó perlas como estas: "Dijeron que Soria era idóneo para ocupar el cargo y mintieron, Soria sólo ejerció 5 años la profesión de técnico comercial del Estado. Dijeron que hubo un concurso público y fue mentira". "Ustedes nombraron a Soria a dedo y la prueba de que mintieron fue que revocaron la decisión de nombrar a Soria", aseguró Iglesias.
"En un gobierno normal, cuando se producen tal cantidad de mentiras, tienen que cesar a alguien y cuando se miente en política hay que tener al menos la decencia y dignidad de dimitir".
Se lo podía aplicar, a si mismo, en estos momentos de la gran zozobra Nacional, al ver la ingente cantidad de mentiras que vierte por esa boca llena de negros dientes. Su desmesurada negligencia e indigencia mental y moral, han causado, sobre todo en las residencias de ancianos, que él, pretendidamente controlaba, durante  el estado de arresto, impuesto por el psicópata de Sánchez y su mariachi, una cruel letalidad, en una Nación que ha visto como 40.000 mil de sus compatriotas fallecían, solos, abandonados, sin la mano de un buen hijo para cerrarles los ojos,  victimas del virus rojo chino que nos ha asolado de forma devastadora, recordándole también que a quien comparte colchón con él, la hizo, nada más y nada menos, que  ministro ¡Manda carallo!, ¡Hipocrita!
Con sus palabras de reconocimiento al asesino Baena  Alonso, Iglesias Turrión, dejaba muy claro el orgullo que para él representaba, que su padre hubiese militado en un grupo terrorista y asesino como el F.R.A.P. Y evidentemente para ser terrorista, no es necesario ser un asesino. Lo hemos comprobado de forma clara y meridiana a través de este artículo. Sin embargo, como dijo aquel inolvidable español y gran patriota, Blas Piñar, con motivo de una impresionante manifestación contra el terrorismo y sus cómplices, celebrada en las calles de Madrid, el día 3 de noviembre de 1978, “sin cómplices no hay terrorismo”. Hay terrorismo porque hay terroristas, y hay terroristas porque el Estado y el Gobierno no combaten en defensa de España y de los españoles”.
Y tan terrorista era el que apretaba el gatillo por la espalda, o ponía la bomba con una trampa, como aquel que informaba a través de una vigilancia, artera y cobarde, de los movimientos de la víctima; o aquellos que escondían en sus viviendas a los asesinos, para que quedasen impunes de sus fechorías; o los que repartían propaganda a su favor; o los niñatos de la Kale Borroca, que con sus quemas de autobuses y mobiliario urbano, intentaban justificar las “heroicas acciones de sus gudaris”, en algún caso más que gudaris, “Cagaris”, como el asesino de Mondragón, Zabarte Arregui, que se cagó materialmente, el hijoputa, cuando fue detenido por fuerzas de la Guardia Civil en Hernani (Guipúzcoa) en junio de 1984;  o las marcas blancas, Herri Batasuna, Sortu, Euskal Herritarrok y demás canalla infecta, que en la actualidad, se llama Bildu, ese repugnante y malvado grupo, dirigido por “el gordo” etarra, Arnaldo Otegui, que intentó asesinar al diputado de UCD, -unos de los miembros de la comisión constitucional-, Gabriel Cisneros Laborda, que intentaron e intentan, con obscena hipocresía y grandes dosis de maldad,  blanquear a  sus colegas y compañeros asesinos de ETA, otra siniestra y sanguinaria organización que llenó las calles de toda España, de muerte, destrucción, terror y muchas lágrimas que aun –ni nunca- serán-enjuagadas. A día de hoy, más de trescientos asesinatos de la extorsionadora, asesina, secuestradora, marxista y anti española ETA, están sin resolver Ni olvido ni perdón.
Ah y por cierto, y como remate final, en el año de 2009 el siniestro Zapatero, que trajo de vuelta el socialismo comunista y guerra civilista, la memoria histórica que firmó el propio rey, al que esa ley lo declara ilegitimo, con los votos a favor de los estúpidos acomplejados del Partido Popular, conseguía que Julio Álvarez del Vayo, el fundador del F.R.A.P, el ladrón del oro del banco de España y de las cajas de seguridad de  bancos y Monte de Piedad, fallecido en Ginebra en 1975, fuese reintegrado de forma póstuma, con todos los honores  a las filas del PSOE, que es sin duda, desde el año 1909, fecha de su lamentable aparición en las Cortes españolas, amenazando de muerte, por medio de su diputado, Paulino Iglesias,  al presidente del Gobierno Antonio Maura y hasta los atentados de los trenes del 11 de marzo de 2004, de cuyo resultado se benefició enormemente, pasando por la semana trágica de Barcelona en 1909; atentado con resultado de muerte, en 1912, contra el presidente del gobierno José Canalejas; huelga salvaje de 1917; atentado con muerte contra el presidente del Gobierno Eduardo Dato, en 1921; pacto de San Sebastián y sublevación de Jaca, contra la Monarquía de Alfonso XIII, revolución marxista de Asturias en 1934 contra el gobierno legítimo de la II república; fraude, robo de actas y violencia en las elecciones de febrero de 1936 para lograr el triunfo del Frente popular ,   el partido más criminal, ladrón, golpista y corrupto de la historia de España y de prácticamente todos los países del mundo.