La Junta gastó más en vestuario de Presidencia que en “atención integral” a víctimas de género

Los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018 recogen una partida de 128.939 euros únicamente para "vestuario" en la consejería de Presidencia. Una cantidad que asciende hasta los 236.847 euros si se contemplan también esos gastos en las correspondientes delegaciones de la consejería por toda Andalucía.
Una cuantía que supera algunas de las cantidades asignadas para las víctimas de violencia de género, a través del Instituto Andaluz de la Mujer. Así,  por ejemplo, y como se observa en el cuadro, las transferencias directas a familias e instituciones sin fines de lucro para la atención psicológica a víctimas es de apenas 190.000 euros, y de 101.981 en el caso de la atención integral a estas mujeres.

Ello pese a que, como publicó OKDIARIO, este Instituto tiene un presupuesto para el presente ejercicio de cerca de 43 millones de euros. Sin embargo, de esa cantidad, la que realmente llega a las víctimas de forma directa es de 1,2 millones. El resto se pierde en una estructura de asociaciones subvencionadas, personal y gastos varios.

Según se desprende del análisis del Presupuesto autonómico, hasta 9,5 millones del Presupuesto destinado a las víctimas se fue en sueldos de 182 trabajadores; otros 12,2 millones en gastos corrientes (agua, luz, mantenimiento, seguridad o incluso vestuario); 20 millones a ‘transferencias de capital’, un apartado en el que se incluyen las subvenciones a sindicatos, las ayudas para “potenciación del asociacionismo de mujeres” (las asociaciones feministas se llevan 3 millones de euros), la promoción en las universidades de “actuaciones en materia de género” y distintas acciones de formación. También se incluyen otros conceptos que ni siquiera se detallan y cuyo importe asciende a 900.000 euros.
Como publicó este periódico, el importe destinado únicamente a pagar dietas en las distintas consejerías -tanto en sus sedes centrales como en las correspondientes delegaciones- ascendió a 3,06 millones de euros, solo en 2018.

El desglose detallado del gasto en dietas por consejerías fue el siguiente:
Presidencia, Administración local y Memoria Democrática: 216.906
Economía y Conocimiento: 170.286
Hacienda y Administración Pública: 114.185
Educación: 436.542
Salud: 281.549
Igualdad: 103.843
Justicia e Interior: 185.799
Empleo, Empresa y Comercio: 140.927
Fomento y Vivienda: 433.794
Turismo y Deporte: 207.625
Cultura: 93.864
Agricultura, Pesca y Desarrollo rural: 322.192
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 358.403
Una cantidad que no incluye las dietas correspondientes a otros organismos como la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo o el Consejo Audiovisual, entre otros.
En contraposición a las ayudas directas a las víctimas, el Instituto destinó casi 3 millones de euros para la “potenciación del asociacionismo de mujeres” y 1.605.000 millones a universidades para distintas acciones en este ámbito.
Además, los Presupuestos contemplan casi 8,5 millones para “centros de información municipales” y 140.000 euros a UGT y CCOO para la “defensa legal en materia de igualdad entre mujeres y hombres”.

La Junta de Andalucía gastó tres veces más en dietas que en las víctimas de violencia de género

Pedro Sánchez con Susana Díaz (EP)

La Junta de Andalucía presupuestó, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), cerca de 43 millones de euros para la lucha contra la violencia de género en 2018. Sin embargo, de esa cantidad, la que realmente llegó a las víctimas de forma directa fue de apenas 1,2 millones.

El resto se pierde en una estructura de asociaciones subvencionadas, personal o gastos varios. En contraposición, el gobierno de Susana Díaz triplicó esa cifra únicamente en concepto de dietas para las distintas consejerías.

Según se desprende del análisis del Presupuesto autonómico, hasta 9,5 millones del Presupuesto destinado a las víctimas se fue en sueldos de 182 trabajadores; otros 12,2 millones en gastos corrientes (agua, luz, mantenimiento, seguridad o incluso vestuario); 20 millones a ‘transferencias de capital’, un apartado en el que se incluyen las subvenciones a sindicatos, las ayudas para “potenciación del asociacionismo de mujeres” (las asociaciones feministas se llevan 3 millones de euros), la promoción en las universidades de “actuaciones en materia de género” y distintas acciones de formación. También se incluyen otros conceptos que ni siquiera se detallan y cuyo importe asciende a 900.000 euros.

Sin embargo, para ayudas directas a las víctimas de violencia de género apenas se destinan, en conclusión, 1,2 millones de euros, desglosados de la siguiente forma: 400.000 para “programas de atención social a las mujeres”, 660.000 para ayudarlas económicamente,190.000 en “atención psicológica a víctimas de la violencia”, 101.981 en “atención integral a mujeres víctimas de Violencia de género” y 253.785 euros en “atención especializada a menores expuestos a la violencia de género”.

Mientras, el importe destinado únicamente a pagar dietas en las distintas consejerías -tanto en sus sedes centrales como en las correspondientes delegaciones- ascendió a 3,06 millones de euros, solo en 2018.

Aquí el desglose detallado del gasto en dietas por consejerías:

Presidencia, Administración local y Memoria Democrática:  216.906

Economía y Conocimiento: 170.286

Hacienda y Administración Pública: 114.185

Educación: 436.542

Salud: 281.549

Igualdad: 103.843

Justicia e Interior: 185.799

Empleo, Empresa y Comercio: 140.927

Fomento y Vivienda: 433.794

Turismo y Deporte: 207.625

Cultura: 93.864

Agricultura, Pesca y Desarrollo rural: 322.192

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 358.403

La cantidad anterior no incluye las dietas correspondientes a otros organismos como la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo o el Consejo Audiovisual, entre otros.

Las ‘casas gratis’ de los altos cargos

La comparación con otros gastos del gobierno autonómico también es llamativa. Es el caso, por ejemplo, de algunos privilegios de que gozaban los altos cargos del Ejecutivo de Susana Díaz, como el ‘plus’ mensual para costear el alquiler de sus viviendas. La prebenda, regulada por ley, suponía para las arcas de la Junta de un gasto anual superior a los 700.000 euros. En septiembre, el último contabilizado, se llegaron a pagar 63.000 euros.

Se trata de una cantidad que supera la dotación de los programas de atención a las mujeres víctimas de violencia de género antes indicados. En algunos casos, como el de “atención integral a mujeres víctimas”, la cuantía se multiplica hasta siete veces.

Como publicó OKDIARIO, entre los beneficiarios, 59, figuraba por ejemplo el propio vicepresidente de la Junta socialista, Manuel Jiménez Barrios; el consejero de Empleo, Javier Carnero; el de Fomento, Felipe López y el de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, además de un amplio etcétera de viceconsejeros, directores y secretarios generales. Las cuantías van desde los 300 a los 1.383 euros que cobraba el director del Centro andaluz de Arte Contemporáneo, Juan Antonio Álvarez Reyes.

Siendo consejera de Hacienda, la actual ministra María Jesús Montero consideró “justo” que los altos cargos recibiesen ese dinero extra debido al “sobrecoste añadido por hacer su trabajo”. Montero veía necesario “compensar el gasto que ocasiona ostentar una representación institucional”.

PP, Ciudadanos y VOX se han comprometido a racionalizar el gasto de la Administración y, con ello, las remuneraciones de sus cargos, lo que incluye una revisión de estos privilegios.

okDiario

Palo a UGT: un atestado exculpa al empleado que aireó las comilonas y desfalcos

Dirigentes de UGT.de Sevilla durante una de las mariscadas

Un informe pericial tumba la acusación por revelación de secretos contra Roberto Macías, para quien el sindicato pide prisión. Días después de su despido, alguien accedió a su ordenador.

Tal y como señala este sábado el diario El Mundo, nuevas pruebas exculpan a Roberto Macías, el ex administrativo de la federación andaluza de UGT que el sindicato quiere que sea condenado a 4 años de cárcel y a pagar 60.000 euros por "daño moral", bajo la acusación de haber destapado la contabilidad interna y el presunto fraude de las facturas falsas que está investigando un juez de Sevilla, después de que trascendiera el escándalo.
La información recalca que tras los presuntos desvíos de subvenciones documentados por este diario, como las comilonas con barra libre en la Feria de Abril de Sevilla, costeadas con ayudas de la Junta, o los 700 maletines falsificados en Asia que el sindicato regaló a los asistentes a un congreso regional, también sufragados con fondos públicos, UGT-A desató una caza de brujas interna.
Los cabezas de turco señalados por el sindicato fueron sus ex trabajadores Roberto Macías y Laureano Conde, a los que puso una querella. El sindicato acusa a Macías de haber copiado 22.500 archivos confidenciales de su contabilidad que luego fueron publicados en los medios y destaparon el fraude de las presuntas facturas falsas y los supuestos desvíos de subvenciones. Conde fue despedido de forma fulminante por el sindicato en 2013 acusado de borrar 1.756 archivos internos. Ambos niegan que revelaran ningún secreto.
La querella de UGT-A por revelación de secretos se está investigando en el Juzgado de Instrucción 11 de Sevilla, donde ya están las nuevas pruebas que exculpan a Roberto Macías. Las diligencias sobre Laureano Conde quedaron archivadas hace dos años, al no haber el más mínimo indicio de que hubiera cometido el delito de revelación de secretos que le achacaba el sindicato.
Pero según El Mundo, las nuevas pruebas que exoneran a Macías demuestran que otros empleados de sociedades instrumentales de UGT-A como Soralpe, ajenos por completo al departamento de compras o la contabilidad interna ugetista, tuvieron acceso a los ficheros que, según el sindicato, eran confidenciales y que fueron copiados por su antiguo administrativo.
Otro informe técnico elaborado por la empresa Forest Digital Evidence, que ha sido aportado al juzgado, curiosamente, por el sindicato, sostiene que un usuario llamado Roberto Macías entró por última vez en el ordenador con el que trabajaba en el sindicato y desde el que se hizo el copiado masivo de archivos confidenciales el 18 de diciembre de 2012, es decir, 18 días después de que fuera despedido.
Roberto Macías estuvo trabajando en el área de compras del sindicato como administrativo desde el 5 de diciembre de 2008 hasta el 30 de noviembre de 2012. El presunto copiado de archivos que le achaca el sindicato se produjo unos días antes de su marcha, el 7 de noviembre de 2012. ¿Cómo es posible que haya quedado constancia de un acceso al ordenador con el que trabajaba Macías en la sede de UGT 18 días después de su despido? Ese día Roberto Macías no estaba en la sede del sindicato, ¿quién lo hizo? ¿por qué?

La prueba que demuestra que había otros trabajadores de empresas vinculadas a UGT-A con acceso a los documentos que el sindicato dice que son confidenciales es el atestado 5/2015, realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de Delitos Económicos de la Guardia Civil. Analiza el disco duro incautado en el despacho de M.T., un trabajador de Soralpe, en el que había información sobre la supuesta facturación ilícita, además de los botes y las comisiones que iba acumulando el sindicato con sus proveedores de confianza.
Aunque Soralpe es una empresa participada 100% por UGT-A, no tiene sentido que aparezcan en el disco duro de uno de sus trabajadores esos ficheros, que son propios del departamento de compras al que pertenecía Roberto Macías. Además, las anotaciones del informe vendrían a confirmar que solamente los empleados del área de compras del sindicato tenían acceso a esa información. El empleado de Soralpe M.T., cuyo disco duro fue analizado, se encargaba de asuntos de personal, altas o vacaciones, pero nunca trabajó en el departamento de compras.
Prueba que ahora sí vale
Este atestado ha sido remitido desde el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, donde se siguen las pesquisas sobre las presuntas facturas falsas y la supuesta financiación irregular del sindicato a través de las subvenciones concedidas por la Junta. Inicialmente, la juez de Instrucción 11 rechazó esta prueba, pero la Audiencia de Sevilla la obligó a practicar las diligencias solicitadas por Roberto Macías, al considerarlas "necesarias y pertinentes", dice el auto de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla fechado el 15 de junio de 2016.
Este auto advertía de que si hubieran tenido acceso a los "documentos publicados otras personas ajenas al sindicato, no parece que pudiera hablarse de indicios suficientes para atribuir" a Roberto Macías "la revelación de los documentos a los que se refiere la denuncia, con trascendencia para afectar a la intimidad de alguna persona física".
La declaración de Roberto Macías ante la UCO de la Guardia Civil ha sido fundamental para que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la imputación de Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, los máximos responsables de UGT-A entre 1998 y 2013, por su "participación directa" en la "financiación ilícita" del sindicato.
ESdiario

¿Se subieron el sueldo en secreto los diputados de PSOE, PP e IU de Andalucía?

Al parecer, entre 2013 y 2014 percibieron 170 euros más al mes al acordar el Parlamento sin publicidad pagarles de sus fondos la cuota de la Seguridad Social, que ascendía a esa cantidad

 

El Parlamento andaluz, en su último pleno de 2014

«No es cierto». Son palabras del secretario segundo de la Mesa del Parlamento durante esta legislatura, Manuel Andrés González, del PP, con las que respondía a la denuncia que apunta a que los parlamentarios andaluces pactaron en secreto incrementar sus retribuciones desde marzo del 2013 y durante un año.

La información era publicada esta semana por los periódicos el grupo de medios Joly, que sostenían que «la Mesa del Parlamento de Andalucía acordó sin publicidad alguna que la institución comenzase a pagar con sus propios fondos la cuota obrera de la Seguridad Social a los 109 diputados y, de esta manera, los parlamentarios aumentaron sus retribuciones individuales al no ver descontada de su nómina este porcentaje, del 4,8%, unos 170 euros mensuales». Sólo unos meses antes habían renunciado a la paga extra de Navidad en solidaridad con los recorte salariales de los empleados públicos.

Tal pacto, que no ha sido confirmado, provocó inmedata reacción en Podemos, cuya candidata a la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, no tardó en pedir explicaciones a la presidenta autonómica, Susana Díaz y en hablar de «operación compadreo» entre PSOE, PP e IU. «La austeridad era para los demás, no para ellos», criticó Rodríguez aludiendo a la presunta «subida 0paca de sueldos».

En su desmentido, Manuel Andrés González precisó que «se trataba de una cuestión técnica que se hizo a recomendación de los propios letrados del Parlamento andaluz, pero en ningún momento hubo ningún tipo de aumento de retribución para ningún parlamentario». Consistía, añadió en «homologar la situación de la cámara andaluza con otras de España, sobre todo con las Cortes Generales».

El parlamentario del PP reconoció que los diputados se podían haber opuesto a esa medida pero, «fue una recomendación de los letrados y nosotros confiamos plenamente en los criterios técnicos y así lo hicimos, no tiene más importancia, no hubo ningún tipo de incremento retributivo».

Alaya cree que el sistema benefició al PSOE para ganar las elecciones

Alaya cree que todo el Gobierno conocía y no impidió el sistema que provocó el fraude;Y que el PSOE sacó rédito electoral.

José Antonio Griñán y Manuel Chaves

 

La juez cree que el sistema de los ERE obtuvo como claro «beneficiario» al PSOE para ganar las elecciones. En la exposición razonada que Mercedes Alaya ha enviado al TSJA, asegura que «el beneficiario de manera inmediata o indirecta del uso absolutamente discrecional de los fondos públicos por la administración, fue el propio partido de Gobierno, PSOE, al engrasar durante años las relaciones con empresarios y sindicatos» y que ello le generó «réditos políticos y electorales».

En el texto, en el que Alaya razona su imputación a los aforados, considera que todo el Consejo de Gobierno de Manuel Chaves conocía el sistema de transferencias de financiación que se utilizó en las ayudas irregulares. Según la juez «bajo ningún concepto lógico o razonable podría negarse el conocimiento y mantenimiento de dicho sistema» al Consejo de Gobierno. Incluso afirma que «a aforados y no aforados puede, en conexión, imputárseles la coautoría o participación en el delito de malversación continuado».

Alaya cree que ademas de los exconsejeros y otros ya imputados, lo conocía «el propio Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves», quien aprobó mediante acuerdos de 19 de abril de 2005, de 29 de agosto de 2006 y de 8 de mayo de 2007 los programas a propuesta del entonces consejero de Hacienda, José Antonio Griñán. Por ello la juez, que detalla los indicios que observa contra los cuatro aforados (los exconsejeros Antonio Avila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio y Francisco Vallejo), afirma que el delito de malversación también conecta con «el quebrantamiento del deber de impedir esta utilización ilegítima de efectos públicos por parte de otros».

«Ni los responsables de la Consejería de Hacienda ni el Consejo de Gobierno ni su presidente pueden justificar razonablemente el uso de las transferencias de financiación por IDEA y por el resto de las empresas públicas de la Junta» y que de forma ilegal se destinaban a la concesión y al pago de subvenciones sociolaborales.

Según la juez, «conocían el sistema y lo mantenían cada año en la Ley de Presupuestos, siendo poseedores de una información de la que no disponía el Parlamento y a su vez lo alimentaban con las sucesivas modificaciones presupuestarias». «Tanto los cargos inferiores como los superiores de esta estructura piramidal conocían y participaban en mantener o renovar cada año el sistema». Es decir insiste en que era «un hecho conocido por el Consejero de Gobierno y su presidente».

Además, según recalca, tanto el consejero de Hacienda como la comisión general de viceconsejeros y el Consejo de Gobierno, a través de la elaboración presupuestaria, la actuación de la Intervención y de los proyectos y ordenes reguladoras de las subvenciones «conocían lo que estaba ocurriendo en la Consejería de Empleo». Es decir, que sabían que con las transferencias de financiación IDEA estaba pagando por encargo subvenciones excepcionales carentes de control.

 

Pastrana y Fernández Sevilla, imputados por las facturas falsas de UGT-A por su 'participación directa'

Atiende a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y los cita para noviembre Fueron 'titulares de la máxima representación y poder en el sindicato' durante los hechos

Francisco Fernández Sevilla y Manuel Pastrana, en Sevilla en mayo de 2013.

El juez de Sevilla que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas ha imputado en la causa a los dos últimos ex secretarios generales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.

Según han informado fuentes judiciales, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, ha atendido la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y ha citado a declarar a ambos el próximo mes de noviembre.

En un escrito elevado con fecha 6 de octubre, el Ministerio Público pedía a este magistrado que cite a declarar como imputados a ambos exaltos cargos del sindicato dada su participación "directa" en las actividades investigadas.

En primer lugar, la Fiscalía ponía de manifiesto en su escrito que tanto Pastrana como Fernández Sevilla "fueron titulares a la fecha de los hechos de la máxima representación y poder en el sindicato", precisando que el primero de ellos "fue secretario general durante todo el desarrollo de los hechos investigados y hasta mayo de 2013".

Un 'núcleo de decisión' bien definido

De su lado, Fernández Sevilla "fue secretario de Organización durante el mismo periodo y luego secretario general, y según declaraciones de todos los testigos, pertenece al núcleo de decisión" junto con Manuel Pastrana y el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda.

Según explica la Fiscalía, "este núcleo de decisión se concentra desde el punto de vista orgánico en la comisión ejecutiva del sindicato", aseverando que esta comisión ejecutiva, "y singularmente los acusados, no solo eran conocedores sino que tomaron decisiones en relación con los hechos objeto del presente procedimiento".

A continuación, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto, hace un resumen de los hechos investigados, indicando que, "en esencia, el objeto del presente procedimiento es la financiación irregular del sindicato UGT Andalucía a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación".

Según pone de manifiesto, los hechos investigados "comienzan a implantarse cuando se puso en marcha la llamada central de compras, cuestión que se deduce no solo de las investigaciones sino de las declaraciones de los imputados", y explica que esta central de compras "fue inspiración directa de Manuel Pastrana, según lo manifestado por Fresneda, y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, no solo en su época de secretario de organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana".

Presunto desvío de fondos por distintas vía

El Ministerio Público señala que "esta financiación ilícita" se llevaba a cabo por medio de varias "vías", la primera de ellas el denominado 'rapel', una "figura a tenor de la cual se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por este y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato".

"Luego ante la Administración, el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban a la Administración", asevera el fiscal, precisando que "los importes totales obtenidos por el sindicato a través de este 'rapel' se repartían entre la propia estructura regional y las uniones provinciales", y "el lugar en que se hacía era la comisión ejecutiva".

Otra "vía" era el 'bote', a través del cual el sindicato "encargaba la elaboración de facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, y siempre previo pago de esas facturas", lo cual "hacía que el sindicato sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese 'bote'".

"Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación", pone de manifiesto la Fiscalía en su escrito.

El Ministerio Público destaca que en la rendición de cuentas que Fresneda presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva "se incluía el monto obtenido por el 'rapel', se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión", tal y como afirmó Roberto Macías, secretario de Fresneda en Administración y posteriormente en el departamento de compras.

La Junta liberó a sindicatos y patronal de tener que justificar 200 millones en ayudas

En la lista de exoneraciones que ahora ha publicado el Gobierno andaluz se incluyen 11 expedientes de la CEA (79 millones), 25 de UGT (con 62 millones mínimo) y 16 de CC.OO. (unos 50).

 

Griñán, junto a Carbonero (CC.OO.) y Pastrana (UGT)

 

La Junta de Andalucía liberó tanto a la patronal como a los dos principales sindicatos, UGT y CC.OO., de tener que justificar subvenciones concedidas para cursos de formación por un valor en torno a los 200 millones de euros. Así se deduce del repaso a la lista de exoneraciones publicada hace unos días por el Gobierno regional «para total transparencia». Dos años después, eso sí. En ese listado, las entidades más favorecidas con esta medida tomada bajo la presidencia de José Antonio Griñán son las centrales sindicales, aunque también hasta 11 expedientes de ayudas para cursos de formación para el empleo a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) fueron exonerados de tener que justificarse en su momento para seguir optando a más subvenciones. Sindicatos y patronal pudieron seguir recibiendo dinero público sin necesidad de justificar esos expedientes.

La CEA, de una parte, quedó exenta de justificar esa decena larga de expedientes de ayuda de la administración autonómica para cursos por un valor total de 79.349.637,5 euros. Un dinero procedente de subvenciones que ocupan desde 2008 —hay una de ese año por valor de 17,9 millones—, hasta 2011. Se incluyen la citada de 2008, otra más de 2009 de 2,8 millones, cuatro de 2010 y cinco de 2011, último ejercicio en que el ejecutivo regional concedió ayudas públicas para formación para el empleo. En total, esos 79,3 millones a los que no se le puso la lupa.

Más de cien millones

En cuanto a los dos principales sindicatos, las cantidades se trasladan ya por encima de los cien millones liberados de pasar por la fiscalización correspondiente para poder seguir optando a subvenciones. La Consejería de Empleo, de este modo, exoneró a UGT, por ejemplo, de tener que justificar 25 expedientes de concesión de ayuda que suman como mínimo (no hay detalle de todos los expedientes) 62 millones de euros, a los que hay que añadir los casi 700.000 euros para cursos que la Junta concedió al Instituto de Formación y Estudios Sociales, ente de la órbita de la UGT. Por su parte, CC.OO. fue liberada de tener que justificar un total de 16 expedientes de subvención, alguno de más de 8 millones de euros, que sumados vienen a suponer algo más de 50 millones de euros. Con todo, no todos los expedientes han podido ser contabilizados al faltar también datos sobre las cantidades.

El documento de las exoneraciones está rubricado por el entonces consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ya imputado por la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE fraudulentos. Esa resolución de Ávila rubricada el 11 de diciembre de 2012 ha permanecido oculta durante casi dos años, algo que el Gobierno andaluz ha justificado en que la difusión «no era obligatoria».

UGT y CC.OO. ganaron más de 7 millones en Andalucía sin «prestar ningún servicio»

Así lo ha comunicado al Tribunal Supremo Mercedes Alaya quien, además, asegura que la Consejería de Empleo estaba al corriente .

 

Los sindicatos UGT y CCOO cobraron entre 2001 y 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE fraudulentos de Andalucía pese a que "no prestaron ningún servicio efectivo", según la exposición razonada elevada por la juez Mercedes Alaya al Tribunal Supremo.

Dicho texto, al que ha tenido acceso Efe, afirma que las mediadoras, con las sobrecomisiones que cobraban en cada ERE, pagaban a los sindicatos, de modo que estos "con dicha retribución facilitaban la culminación normalizada de los mismos, a pesar de ser entidades sin ánimo de lucro cuya esencia es la defensa del derecho de los trabajadores y la negociación colectiva". Los sindicatos, mantiene Alaya, "no prestaban ningún servicio efectivo" a los mediadores pero, según un informe de la Guardia Civil, entre 2001 y 2009 habrían recibido retribuciones por parte de las aseguradoras Vitalia y Uniter por importe de 7.648.815 euros.

Los sindicatos emitían facturas a las mediadoras por servicios no prestados y se limitaban, según la exposición razonada, "a revisar los cálculos actuariales" realizados por las agencias, sin que estas lo precisaran. Una veintena de sindicalistas de UGT y CCOO se encuentran entre los 201 imputados por los ERE, encabezados por un líder estatal, José Luis Montesinos, secretario general de Fiteqa-CCOO, y un ex secretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, de UGT-A. La juez instructora mantiene que los sindicatos cobraban entre el 1 y el 1,5 por ciento de la prima del seguro, "porcentaje muy sustancioso dado el elevado coste de los seguros, y que inclinaría la balanza hacia una u otra mediadora".

Según un informe de la Agencia Tributaria, "existen datos suficientes para concluir que el pago a los sindicatos existió en la época de José Antonio Viera como consejero de Empleo", dice Alaya en referencia a uno de los siete exconsejeros andaluces aforados que ha motivado la elevación del caso al Tribunal Supremo. Así, la entidad Temiqui, cuyo único socio es la Federación Estatal de Industrias Químicas de UGT, habría cobrado de Vitalia 177.820 euros, mientras que ITG, en la que el 100 % del accionariado pertenece a UGT, habría recibido 200.634 euros de Vitalia y de Uniter.

«Con conocimiento de la Consejería»

La Federación Agroalimentaria de UGT Cádiz cobró en 2003 de Vitalia 16.668 euros y la Federación de Industria de CCOO otros 115.074 euros, mientras que una entidad denominada Prevenrisk, perteneciente a Vitalia, declaro en 2001 pagos a una de las federaciones de CCOO por valor de 27.886 euros, afirma la exposición razonada. Añade que esta práctica continuó con Antonio Fernández como consejero de Empleo (2004-2010) "y la imprescindible colaboración de la Consejería de Hacienda, cuyo titular pasaba a ser José Antonio Griñán" (2004-2009) y Francisco Vallejo como consejero de Innovación.

En esta época, según datos de la Agencia Tributaria, "resultan pagos declarados a dichas organizaciones sindicales, que habían emitido sus correspondientes facturas a las mediadoras por servicios de asesoramiento que no habrían tenido lugar", asegura Alaya. Así, Temiqui recibió en este periodo 316.831 euros de Vitalia y Uniter, mientras que ITG percibió entre 2006 y 2008 un total de 178.673 euros, aunque el escrito de Alaya añade que "un examen de las cuentas bancarias de Uniter pondría de manifiesto que entre 2007 y 2011 habría pagado a ITG un total de 1.041.970 euros".

A la Federación Agroalimentaria de UGT le constan entre 2004 y 2010 un total de 425.170 euros en ingresos, la Federación de Industria de CCOO declaró entre 2004 y 2010 unos ingresos de 436.551 euros y a Atlantis Asesores, vinculada a CCOO, le constan unos ingresos totales de 972.611 euros por parte de Uniter o empresas de su grupo, mientras que FGT Asesores de Recursos Humanos, perteneciente a CCOO, declaró unos ingresos de 518.006 euros de empresas del grupo Vitalia.

En su exposición al Supremo, Alaya afirma que "el pago a los sindicatos era indiciariamente de público y notorio conocimiento de la Consejería de Empleo" de la Junta debido al contacto tan estrecho que mantenían y que el pago de sobrecomisiones "sería conocido y autorizado por los máximos responsables del gobierno autonómico"

 

La Cosa Nostra andaluza

¿Cómo se puede pedir a Susana y a Pedro que condenen a quienes les pusieron en sus cargos? Sería suicidarse políticamente.

 

ES casi imposible, dice la juez Alaya en su auto sobre los ERE andaluces, que don Manuel Chaves y don José Antonio Griñán no conocieran el entramado urdido desde la Junta para desviar dineros públicos hacia otras actividades de las supuestas. El "casi" es cortesía jurídica si pensamos que ambos eran presidentes de la Junta mientras se diseñó y ejecutó el plan, habiendo firmado los decretos correspondientes.

Del mismo modo, es casi imposible que Susana Díaz y Pedro Sánchez condenen el comportamiento de ambos expresidentes, siendo la primera una creación de Griñán y el segundo una creación de la primera, ya que sin ella no sería secretario general del PSOE. Con lo que la refundación del partido que ambos pretenden se va a la cuneta ya en la primera curva. Sin que sirva invocar el precepto jurídico de que "todo el mundo es inocente hasta no ser declarado culpable" porque nos movemos en el terreno político, donde la norma es "la mujer del César no solo tiene que ser honesta sino también parecerlo", y no les digo nada el César mismo. Del mismo modo, el que Chaves y Griñán no se beneficiaran crematísticamente del desvío irregular de los fondos de la Junta que presidían es inaplicable porque su rédito fue de otra índole, puede que mayor: permitirles ganar elecciones y mantenerse en el poder, con todo lo que eso representaba en una Andalucía convertida en un cortijo.

Tampoco hace falta leerse entero el mamotreto que la juez Alaya ha enviado al Tribunal Supremo para percatarse de que las instituciones oficiales andaluzas habían montado una red irregular de estructuras oficiosas que se retroalimentaban mutuamente. Se usaban las jubilaciones anticipadas de empresas en quiebra para meter de matute a amigos y familiares que nunca habían trabajado en ellas; se utilizaba la ayuda a los parados para beneficiar a compañeros de partido; se daban cursos y títulos de formación inexistentes a través de academias sin el profesorado adecuado; se creaban empresas ficticias para canalizar las subvenciones; se repartía pródigamente el dinero público y comunitario entre sindicatos y empresarios afines, para tener a todos contentos y, por si todo ello fuera poco, se ignoraban olímpicamente las advertencias de los controladores oficiales que año tras año advertían de las tropelías que se estaban cometiendo, que es la mejor señal de que las autoridades se creían inmunes. ¿A quién iban a temer si ellas decidían qué estaba bien y qué estaba mal?

No creo, por tanto, exagerado calificar de cosa nostra el régimen andaluz, ni extraño que haya sobrevivido tres décadas. Ellos se lo guisaban y se lo comían. El precio ha sido alto —el mayor paro de España y el menor crecimiento—, pero los treinta años de fiesta no se los quita nadie. En tales condiciones,¿ cómo se puede pedir a Susana y a Pedro que condenen a quienes les pusieron en sus cargos? Sería suicidarse políticamente, ellos que esperan llegar a lo más alto.

LA OPINIÓN DE José María Carrascal

 

La Junta dio 19.000 euros a la ONG que inició la campaña de expropiación de la Mezquita Catedral de Córdoba

En las últimas semanas la figura de Miguel Santiago Losada ha ido adquiriendo cada vez mayor relevancia hasta llegar a convertirse en el principal portavoz de la plataforma para lograr la expropiación de la Mezquita-Catedral de Córdoba. En esta organización, hasta el momento, llevaba la voz cantante Antonio Manuel Rodríguez, que parece haber pasado a un segundo plano después de participar, como ya informó LA RAZÓN, en una conferencia organizada por destacados miembros de la izquierda abertzale, entre ellos el editor de De Juan Chaos, José María Esparza.

Miguel Santiago, profesor de Biología, se define a sí mismo como "cristiano de base" y fue miembro fundador del Comité de Solidaridad de América Latina en Córdoba, asociación de extrema izquierda que actúa "de manera asamblearia y autogestionada desde unos presupuestos feministas, anticapitalistas y antiimperialistas". Numerosos artículos en su página web dan fe del apoyo que esta organización aporta a los regímenes de Nicolás Maduro, Evo Morales y a un amplio elenco de movimientos revolucionarios marxistas en Colombia, Nicaragua y otros países.

Desde 2005, Miguel Santiago ha centrado su actividad en otra asociación de la que es presidente y cofundador: KALA, cuyo principal objetivo parece ser "la integración sociolaboral de los jóvenes inmigrantes". Sin embargo, un vistazo a la página en Facebook de KALA basta para comprobar que el socorro a jóvenes inmigrantes es sólo una de las actividades que realiza esta asociación: "Hemos iniciado oficialmente la petición de firmas para solicitar a la Unesco y a la Junta de Andalucía que tomen las medidas oportunas ante el riesgo que corre su declaración como Patrimonio Mundial de la Mezquita-Catedral de Córdoba", afirma KALA el 13 de febrero de 2014. Esta llamada publicada en Facebook, que al cierre de esta edición llevaba cosechados el nada espectacular número de 6 "likes", no es la única referente a la Catedral. En los días subsiguientes se produjeron 5 publicaciones más referentes al mismo tema (con análogo éxito entre los seguidores de KALA en esta red social).

La evidente implicación de KALA en la campaña de expropiación de la Catedral de Córdoba toma un cariz distinto cuando se repara en la fina y constante lluvia de subvenciones con las que la Junta de Andalucía ha ayudado a esta asociación. Este decidido apoyo institucional da cuerpo a las sospechas de que sea el propio Ejecutivo andaluz el que financia, a través de un entramado de asociaciones y ONG de izquierda más o menos radical, la campaña internacional para lograr que la Catedral de Córdoba, antigua mezquita, pase a ser de titularidad pública. La titularidad pública de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba (tal es la denominación con la que fue inmatriculada en el Registro de la Propiedad por el Obispado en 2006) vendría a significar de facto un paso previo a que, cuando ya esté en manos de los dirigentes tradicionalmente laicistas del poder autonómico, se declare el llamado "culto compartido" en este templo en el que se ha venido desarrollando el culto católico desde hace casi 800 años, tras la reconquista de Córdoba en 1263. El impacto que en el mundo islámico tendría este logro es difícilmente predecible ya que este monumento tiene un carácter cuasi mítico para cientos de millones de musulmanes en todo el mundo como símbolo del mayor periodo de esplendor de la cultura islámica y, más concretamente, de su dominio sobre parte de Europa.

La Junta de Andalucía ha financiado las actividades de esta organización casi sin interrupción desde que esta ONG fue fundada por Miguel Santiago Losada en 2005. La primera de las subvenciones es del 1 de octubre de 2006 y el dinero del contribuyente fluyó constantemente desde entonces desde diversas instancias del Gobierno autonómico: la Delegación del Gobierno en Córdoba, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Córdoba, etc... El montante total de las ayudas asciende a 76.000 euros y, lo que es más significativo, una de las más abultadas jamás recibidas por la asociación, concretamente de 19.000, fue recibida por KALA el 17 de enero de 2014, apenas tres semanas antes de que la asociación "iniciara oficialmente" la petición de firmas para expropiar la Mezquita-Catedral de Córdoba. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 24 de enero demuestra, además, que KALA fue una de las entidades privadas de "acción social" que recibió más dinero en esta batería de ayudas concedidas por la Junta de Andalucía. Sólo en 2011 dejaron de llover las subvenciones del Gobierno autonómico andaluz sobre las arcas de la asociación KALA. En el resto de años desde su fundación, esta ONG recibió puntualmente cantidades de dinero que van, desde los 2.000 euros en 2007, hasta los 20.000 que recibió en 2008. Miguel Santiago fue uno de los portavoces de la plataforma para expropiar la Mezquita-Catedral que se reunieron con el presidente del Parlamento Andaluz, Manuel Gracia, el pasado 16 de mayo.

La Junta dio ayudas para cursos a firmas de su entorno a través de colectivos 'fantasma'

Susana Díaz (c), con los expresidentes andaluces José Rodríguez de la Borbolla (i), Manuel Chaves (2i), José Antonio Griñán (2d) y Rafael Escuredo (d). (EFE)

 

La operación Edu contra el presunto fraude masivo cometido en Andalucía con los fondos públicos para la formación de trabajadores sigue diseccionando los más de 8.000 expedientes con este tipo de subvenciones aprobados por los diferentes Ejecutivos autonómicos socialistas entre 2007 y 2013, la duración del último programa del Fondo Social Europeo. Las pesquisas siguen centrándose por ahora en la provincia de Málaga, pero los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y los funcionarios del Servicio de Inspección de la Seguridad Social ya manejan datos de otras demarcaciones que han puesto en el foco de la investigación subvenciones sospechosas concedidas por la Junta a asociaciones vecinales que habrían sido luego desviadas a empresas de la órbita del PSOE.

Los agentes de la UDEF están convencidos de que la presunta estafa de la formación esconde la verdadera red clientelar del socialismo andaluz. Las asociaciones de vecinos habrían jugado un papel decisivo en el riego por aspersión de esos fondos públicos a cambio de respaldos electorales. De hecho, los colectivos vecinales son una de las instituciones que más fondos para cursos habrían recibido de la administración andaluza. Aparecen decenas de ellas en las resoluciones aprobadas por la Junta para repartir estas ayudas.

Conocer exactamente cuánto recibieron va a resultar más difícil, entre otros motivos, porque al tratarse de entidades sin ánimo de lucro no están obligadas a presentar sus cuentas en el registro mercantil. Además, algunas asociaciones vecinales habrían recibido dinero por triplicado en una sola convocatoria. Primero, como asociación; después, como asociación integrada en una federación; y por último, como asociación integrada en una federación que a su vez forma parte de una confederación. Sólo entre enero de 2009 y mayo de 2012, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA), que supuestamente representa a todos los colectivos vecinales de Andalucía, ingresó subvenciones directas por valor de 683.000 de euros para destinarlos a cursos para trabajadores.

Direcciones falsas

Lo que luego ocurrió con esos fondos es un misterio para los investigadores. En su página web oficial no hay rastro de los cursos que habría promovido ni tampoco de su hipotético resultado, ni tampoco se aclara qué dinero fue administrado directamente por ella y cuánto desvió a sus entidades asociadas. Desde la propia CAVA reconocen que la asociación está funcionando en estos momentos bajo mínimos. “Estamos en una época complicada. En estos momentos no nos paga nadie las cuotas, así que seguimos trabajando pero tenemos muy pocos recursos”, admite un empleado de la confederación, Rafael, un nombre falso para evitar que sufra represalias. “¿Cuánto dices que nos dieron? ¿Más de 600.000 euros? Eso es imposible. Ya me gustaría a mí ver ese dinero”, asegura incrédulo Rafael, con una larga trayectoria a sueldo de la Confederación.

c/ José Saramago 8, supuesta sede oficial de la Confederación de Vecinos

A los investigadores también les están sorprendiendo las cantidades que repartió alegremente la Junta a estos colectivos para la celebración de acciones formativas, y que además canalizara esas ayudas millonarias a través de asociaciones de vecinos, que no disponen de la infraestructura necesaria para celebrar ese tipo de programas. El propio Rafael reconoce que todos los cursos que organizaron “se celebraron en otros locales”. “Aquí no hay sitio para esto ni nosotros somos gente suficiente para hacer ese tipo de cursos”, admite.

El sitio desde el que habla Rafael es un bajo en el número 48 de la avenida Luis Montoto de Sevilla. Pero esa no es la dirección oficial de la Confederación de Vecinos. Según el registro mercantil, debería estar en un primer piso del número 8 de la calle José Saramago (antigua calle General García de la Herranz) de la capital hispalense. Sin embargo, en ese edificio sólo hay viviendas y ninguno de los vecinos de ese inmueble contactados por este diario ha oído hablar en su vida de la Confederación de Vecinos ni de nada que se le parezca. Ni siquiera Rafael ha oído hablar nunca de esa calle, a pesar de que en ese lugar se encuentra la dirección oficial del organismo para el que trabaja.

Asociaciones vecinales satélite

Los residentes en el número 8 de la calle José Saramago tampoco han oído hablar del resto de extrañas asociaciones vecinales que figuran domiciliadas en esa misma vivienda. Una de ellas es la Asociación de Mujeres Vecinales de Andalucía, integrada en la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía y que también recibió ayudas para la celebración de cursos para trabajadores. En una convocatoria de 2009, por ejemplo, percibió 81.238 euros y, en 2010, una de 76.956 euros y otra de 64.365 euros.

También tiene su domicilio oficial en el inmueble de la calle José Saramago la Asociación Jóvenes Vecinos de Andalucía, otro de los organismos satélites de CAVA. Por supuesto, también recibió fondos de la UE para la celebración de cursos. Concretamente, en 2009 logró 58.918 euros y, en 2010, 51.448 euros. La última ayuda que recibió Jóvenes Vecinos de Andalucía, de 49.556 euros, figura en una resolución del 21 de marzo de 2012. Según los datos que manejan los investigadores, esa institución dejó de tener actividad sólo unos días después de recibir esos fondos. En estos momentos se trata de una asociación fantasma, carente de toda actividad.

Así lo confirman en la propia Confederación, que admite que Jóvenes Vecinos de Andalucía ya no existe. Esa asociación se ha convertido ahora, según revelan a este diario, en Jóvenes Vecinales de Andalucía, un ligero cambio de nombre que implica una nueva personalidad jurídica y que, por tanto, dificulta la exigencia de responsabilidades a la anterior marca y permite a la nueva seguir recibiendo ayudas. Todas estas prácticas son las que están encontrándose los investigadores de la UDEF y del SISS. E incluso peores. Después de todo, la Confederación es supuestamente la asociación vecinal más relevante de toda Andalucía. La lista de beneficiarias de este tipo es interminable.

La vinculación de estos colectivos con el PSOE es intencionadamente difusa, pero en algunos puntos de Andalucía, después de tres décadas de gobiernos socialistas, ni siquiera se esconde. Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cádiz, que también pertenece a la Confederación, tiene decorada su página web con el logotipo de la Agrupación del PSOE de Cádiz. Lo habitual, no obstante, es la que las conexiones sean más sutiles y se traduzcan en el apoyo vecinal recurrente a las medidas de los dirigentes socialistas.

La pista del dinero

Los investigadores se centran en el rastreo de los fondos. Como ha denunciado la Cámara de Cuentas de Andalucía, las leyes aprobadas por la Junta han permitido la subcontratación ilimitada de los cursos para trabajadores. La ayuda va a una entidad concreta, pero ésta puede subcontratar con otras instituciones la realización de las acciones formativas para las que ha sido subvencionada. Eso es lo que hicieron sistemáticamente todas las asociaciones de vecinos que recibieron ese tipo de ayudas para suplir su falta de medios y experiencia. Los colectivos vecinales conseguían los fondos y luego los movían.

Félix Martín, presidente de CECAP

Y ahí es donde entran Ánfora Formación SL y Análisis y Formación Aplicada SL, dos sociedades mercantiles de la órbita del PSOE especializadas en la educación profesional. La primera empresa es propiedad de Pedro Ramiro Palos Sánchez, patrono de la Fundación por el Progreso de Andalucía, probablemente, la institución con más pedigrí de todas las que forman parte de la galaxia asociativa del socialismo andaluz. Ánfora aparece como adjudicataria de decenas de ayudas directas para formación. En una sola convocatoria de 2011, por ejemplo, recibió fondos de la Consejería de Empleo por valor de 290.227 euros.

Pedro Palos Sánchez también está vinculado con la segunda firma, Análisis y Formación Aplicada SL. Fue uno de sus administradores hasta mayo de 2008. El actual responsable es su antiguo socio Félix Martín Moreno, que curiosamente ocupa en la actualidad el puesto de presidente de la federación andaluza de la patronal de empresas de formación (CECAP). Cuando estalló la operación Edu el pasado mes de abril, Martín Moreno compareció en público para defender la legalidad en la que se mueven la mayoría de las empresas del sector. Pero no reveló que en 2003 concurrió a las elecciones municipales en la lista que presentó el PSOE en Castilleja de Guzmán (Sevilla) ni que la empresa de la que es propietario habría recibido en los últimos años más de 1,3 millones de euros en subvenciones directas para formación de trabajadores.

Eso es sólo una parte del negocio de las subvenciones que acabó en las cuentas de estas dos empresas cercanas al PSOE. A esas cantidades hay que sumar los fondos que recibieron por la vía de las asociaciones de vecinos. Aunque no figura en las resoluciones, tanto Ánfora como Análisis y Formación recibieron miles de euros para celebrar supuestos programas de reciclaje de empleados a través de diferentes colectivos vecinales, que decidieron subcontratarles las subvenciones que habían conseguido. La Junta puso el dinero, las asociaciones vecinales actuaron como pantalla y el dinero acabó en las cuentas de esas dos empresas. La UDEF trata de averiguar si se perdió algo por el camino. Por ahora, sus investigadores han encontrado irregularidades en el 85% de los expedientes analizados.