En la lista de exoneraciones que ahora ha publicado el Gobierno andaluz se incluyen 11 expedientes de la CEA (79 millones), 25 de UGT (con 62 millones mínimo) y 16 de CC.OO. (unos 50).
La Junta de Andalucía liberó tanto a la patronal como a los dos principales sindicatos, UGT y CC.OO., de tener que justificar subvenciones concedidas para cursos de formación por un valor en torno a los 200 millones de euros. Así se deduce del repaso a la lista de exoneraciones publicada hace unos días por el Gobierno regional «para total transparencia». Dos años después, eso sí. En ese listado, las entidades más favorecidas con esta medida tomada bajo la presidencia de José Antonio Griñán son las centrales sindicales, aunque también hasta 11 expedientes de ayudas para cursos de formación para el empleo a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) fueron exonerados de tener que justificarse en su momento para seguir optando a más subvenciones. Sindicatos y patronal pudieron seguir recibiendo dinero público sin necesidad de justificar esos expedientes.
La CEA, de una parte, quedó exenta de justificar esa decena larga de expedientes de ayuda de la administración autonómica para cursos por un valor total de 79.349.637,5 euros. Un dinero procedente de subvenciones que ocupan desde 2008 —hay una de ese año por valor de 17,9 millones—, hasta 2011. Se incluyen la citada de 2008, otra más de 2009 de 2,8 millones, cuatro de 2010 y cinco de 2011, último ejercicio en que el ejecutivo regional concedió ayudas públicas para formación para el empleo. En total, esos 79,3 millones a los que no se le puso la lupa.
Más de cien millones
En cuanto a los dos principales sindicatos, las cantidades se trasladan ya por encima de los cien millones liberados de pasar por la fiscalización correspondiente para poder seguir optando a subvenciones. La Consejería de Empleo, de este modo, exoneró a UGT, por ejemplo, de tener que justificar 25 expedientes de concesión de ayuda que suman como mínimo (no hay detalle de todos los expedientes) 62 millones de euros, a los que hay que añadir los casi 700.000 euros para cursos que la Junta concedió al Instituto de Formación y Estudios Sociales, ente de la órbita de la UGT. Por su parte, CC.OO. fue liberada de tener que justificar un total de 16 expedientes de subvención, alguno de más de 8 millones de euros, que sumados vienen a suponer algo más de 50 millones de euros. Con todo, no todos los expedientes han podido ser contabilizados al faltar también datos sobre las cantidades.
El documento de las exoneraciones está rubricado por el entonces consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ya imputado por la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE fraudulentos. Esa resolución de Ávila rubricada el 11 de diciembre de 2012 ha permanecido oculta durante casi dos años, algo que el Gobierno andaluz ha justificado en que la difusión «no era obligatoria».
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