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El nieto de un fusilado por los republicanos en 1936 acude al Defensor del Pueblo para que cambien un texto del cementerio de Cabeza del Buey
La controversia por el cartel junto a una fosa común en el cementerio de Cabeza del Buey llega al Defensor del Pueblo. Y de ahí a la Diputación de Badajoz, que debe ahora decidir si cambia o no la leyenda de la inscripción que aparece en él. Un nieto de un fusilado durante la Guerra Civil en ese municipio de La Serena demanda que se cambie el texto porque su abuelo fue fusilado por el bando republicano y la placa solo menciona a los que fueron asesinados por el régimen franquista. Lo hace aportando la partida de defunción y el reconocimiento por parte de la Ley de Memoria Histórica de que su antepasado fue una víctima de esa guerra.
«Llevo unos meses viviendo una situación un tanto rocambolesca y he llamado a varias puertas, instituciones y políticos, para intentar cambiar esa situación que realmente es incomprensible. ¡Que lean la partida de defunción!», indica a este diario Alonso Rodríguez López. Vive en Valencia tras emigrar de pequeño desde Cabeza del Buey.
Su abuelo paterno, Alonso Rodríguez Ledesma, murió fusilado el 27 de noviembre de 1936. Durante el conflicto bélico y, singularmente, durante la posguerra la represión de Franco incrementó sensiblemente el número de asesinados en la localidad caputbovense. Muchas de esas personas se encuentran enterradas en tres fosas comunes existentes en el cementerio municipal.
El comité provincial de expertos de la Memoria Histórica de la Diputación de Badajoz requirió hace unos meses al Ayuntamiento de Cabeza del Buey para que se ubicase junto a esas fosa cartelería explicativa de quiénes yacían en esas sepulturas colectivas. El problema se suscita porque los carteles solo hacen referencia a las víctimas franquistas, que son la inmensa mayoría de las que fueron fusiladas, pero no las únicas que están enterradas allí.
Según consta en la partida de defunción emitida el 6 de agosto de 1939 por el juez José Donoso Daza, Rodríguez Ledesma fue fusilado junto a las tapias del cementerio «por los rojos, según información testifical supletoria».
Setenta y dos años después, Francisco Caamaño, ministro de Justicia en el último Gobierno de Zapatero, remitió a su familia la acreditación de que era víctima de la Guerra Civil –«padeció violencia»– como reconoce la Ley de Memoria Histórica de 2007. La partida de defunción y el reconocimiento del Gobierno son los documentos que su nieto para «hacer ver que mi abuelo es una víctima que está enterrado junto a otras víctimas. Lo que ocurre es que en esa fosa solo pone que son víctimas de los franquistas y mi abuelo no lo es», afirma.
Múltiples escritos
«El caso de Alonso Rodríguez no es el único. Hemos tenido alguna queja más», confirma Ana Belén Valls, alcaldesa caputbovense. A ella se dirigió en primer lugar, el 10 de septiembre, su nieto. «Me respondió que los carteles habían sido instalados por el comité de expertos de la Memoria Histórica y que a ellos le trasladaba mi escrito. Volví a escribir a la alcaldesa un mes después pero no recibí nueva contestación», narra Rodríguez López.
Ha escrito en dos ocasiones a José Antonio Monago y en una a Pablo Casado, líderes del PP regional y nacional, «con la callada por respuesta en ambos casos». También a Guillermo Fernández Vara, con idéntico resultado. Igualmente escribió al presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, en octubre pasado. Le respondió que derivaba el asunto al comité de expertos «para que tratara el asunto en la siguiente reunión que tuvieran».
El comité de expertos de la Diputación dice que ha decidido sobre el tema pero no indica aún qué
En diciembre decidió contactar con Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo. «Me informa que el expediente ha sido aprobado a trámite y está haciendo las gestiones oportunas para aclarar la situación. Seguimos con la esperanza de que lo puedan resolver», agrega.
El gabinete de prensa de la Diputación de Badajoz ha dicho a HOY que el comité provincial de expertos de la Memoria Histórica adoptó una decisión sobre este caso el pasado 29 de enero. No desvela cuál.
«Como se ha producido un requerimiento de información sobre este tema procedente del Defensor del Pueblo, el comité considera que no debe hacer público su acuerdo hasta que la respuesta haya sido comunicada, previamente, a dicha autoridad», responde la Diputación. El Ayuntamiento espera también esa decisión porque aún no la sabe. «Estamos pendientes de que nos informe el comité»,
Diario HOY de Extremadura,
