La Fiscalía ve "desorbitado" que una exsenadora de Podemos pida investigar al partido por blanqueo

 

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La Fiscalía de Madrid se opone a que el juez que investiga a Podemos por administrar presuntamente de manera irregular fondos de su campaña electoral admita como perjudicada en la causa a Celia Cánovas Essard, exsenadora de Podemos por Tarragona entre 2016 y 2019. Considera «desorbitado» que la política y abogada en ejercicio denuncie un presunto delito de blanqueo contra la formación de Pablo Iglesias por la administración de su denominada caja de solidaridad.

Cánovas denunció ante el instructor Juan José Escalonilla no saber cuál ha sido el destino de hasta 25.000 euros que donó a la caja de solidaridad del partido, la cuenta a la que contribuían los cargos electos con parte de su sueldo por normativa interna para que dichos fondos se destinaran a proyectos sociales. En su escrito de denuncia, la exsenadora -enfrentada ahora a los altos cargos de la formación- detalló que en el año 2018 realizó dos transferencias de 3.000 euros a dicha caja y posteriormente el partido le devolvió un justificante como si hubiera donado 5.000. Un hecho que alertó a Cánovas y sospechó que pudiera ser «debido a un presunto encubrimiento de una operación de blanqueo».

La Fiscalía, en un escrito del pasado 14 de octubre al que ha tenido acceso El Independiente, interesó al juez que rechazara aceptar la denuncia de Cánovas y su solicitud de personarse como perjudicada. Expuso que «entender que por el hecho de una diferencia entre la aportación y la certificación determine la existencia de blanqueo es claramente desorbitado». «El mero desconocimiento del destino de las cantidades entregadas no determina que pueda ser considerada como perjudicada en relación a estos hechos», concluyó el Ministerio Público en un escrito de dos páginas firmado por la fiscal del caso, Lorena Álvarez Taboada.

Recurre a la Real Academia Española

En éste, la fiscal también recurrió a la Real Academia Española para recordar que «perjudicado es quien ha sido víctima de menoscabo material o moral». «Pues bien, la señora Cánovas refiere tener la condición de perjudicada por el simple hecho de desconocer el destino de las donaciones voluntariamente efectuadas al partido», continúa.

En el escrito también se argumentó ante el juez que Cánovas «no refiere cuál es el delito precedente (del blanqueo) ni manifiesta más allá de meras sospechas determinadas por la existencia de este procedimiento. En conclusión, no procede tener a la Sra. Cánovas como perjudicada».

La exsenadora ha recurrido la decisión del juez, que admitió las razones de la Fiscalía, y ahora el instructor debe volver a pronunciarse. Fuentes de las acusaciones populares de la causa manifiestan no entender la decisión del Ministerio Fiscal en relación a la petición de Cánovas, pues recuerdan que una de las funciones de la Fiscalía es «velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa». Tampoco comprenden el tono «aleccionador y crítico» contra Cánovas empleado por la representante de la Fiscalía.

«Los militantes debían conocer el destino»

En su denuncia inicial, Cánovas expuso que «realizó las donaciones sin conocer el destino de las mismas a pesar de que al principio eran los propios militantes quienes tenían la opción de votar las actividades más adecuadas y convenientes». También que, a su juicio, «el poder en el partido se ha centralizado y personalizado, ignorando la tan predicada constitución democrática».

Cánovas presentó su denuncia una vez iniciada la investigación a Podemos como persona jurídica y a varios miembros de su cúpula en el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid. La causa se inició tras la denuncia de distintas supuestas irregularidades por parte del abogado del partido expulsado, José Manuel Calvente.

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Éste, que ejercía como responsable de Protección de Datos, denunció entre otras cosas presunto uso ilegal de la caja de solidaridad, supuestas irregularidades en la contratación de la compañía de origen mexicano Neurona para realizar trabajos de la campaña electoral o la licitación ilegal de la sede del partido que costó el doble de lo que se presupuestó.

La primera vía de investigación la rechazó el juez a petición de la Fiscalía, aunque la Audiencia Provincial todavía debe manifestarse al respecto tras los recursos de las acusaciones populares. La segunda vía es la única que el Ministerio Público interesa continuar investigando después de que el Tribunal de Cuentas considerara que los contratos con Neurona fueron simulados por el partido. En cuanto a la tercera, el juez tomó declaración recientemente al arquitecto de la obra, quien reconoció en sede judicial que el precio inicial del proyecto no fue real.

Órdago de Alaya al Poder Judicial: o le permiten cerrar las tres causas o se va

Juez, Mercedes Alaya

La juez del caso ERE en Sevilla, Mercedes Alaya, no tiene intención de permanecer como refuerzo en el juzgado de instrucción 6 del que hasta ahora ha sido titular si no se le garantiza que va a poder concluir tres causas que tienen como denominador común la «red clientelar» de la Junta de Andalucía. Se trata de los ERE fraudulentos, los cursos de formación y los avales con fondos públicos concedidos a empresas.

Según ha podido saber ABC de fuentes de la máxima solvencia, en los últimos días Alaya ha hecho llegar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que no optará a la comisión de servicios con revelación de funciones -a la que previsiblemente hoy dará el visto bueno el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- si no se le garantiza que en el reparto de causas que se precisa con motivo de los refuerzos a la nueva titular, María Ángeles Núñez, va a poder concluir los tres procedimientos citados. Si no es así, Alaya desembarcará de inmediato en la plaza que obtuvo hace unos meses en la Audiencia Provincial de Sevilla.

Para la juez no hay medias tintas: los tres procedimientos tienen que estar en manos de un mismo instructor, sea ella u otro. No va a tener fácil luchar contra un Poder Judicial que si bien le va a abrir la puerta hoy a ser una de las candidatas a reforzar ese juzgado, no tiene previsto aprobar, al menos de momento, un acuerdo que pase por delimitar los asuntos de los que se debería hacer cargo.

Delimitación compleja

Fuentes del Consejo señalan que todavía no estamos en ese momento, porque ni siquiera el CGPJ ha aprobado (lo hará hoy) las dos plazas de refuerzo que tiene que ofertar ahora el TSJA entre los jueces de esa Comunidad Autónoma. Una vez que los interesados las pidan (en principio solo se cuenta con Alaya y con el juez Álvaro Martín, a quien la propia Alaya ha tenido como refuerzo en los últimos años), el TSJA propondrá al CGPJ a los candidatos. El problema es que Alaya quiere saber de antemano si acceden a su propuesta, pues, en caso contrario, no le interesa la oferta. Y por el momento todo apunta a que no va a tener ese pronunciamiento específico.

Esas mismas fuentes subrayan que, aun en caso de que se llegaran a delimitar las funciones de Alaya, no sería para dejarle terminar las tres causas, sino que la única que está claro que debería seguir en sus manos es la del caso ERE, la más avanzada (pendiente de la decisión que tome el Supremo respecto a los cinco aforados nacionales). Las otras dos causas, especialmente la de los avales a empresas prácticamente se da por hecho que las perdería.

Para el Gobierno de la todavía presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no es cuestión baladí que el hilo conductor de las tres causas se rompa. Tampoco es de extrañar la preocupación que, como adelantó ABC, Díaz transmitió directamente al presidente del CGPJ y Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por el futuro de ese juzgado y porque la lentitud en la investigación de causas está perjudicando a la imagen del Gobierno autonómico. Y es que el anuncio de Alaya sobre su intención de concluir los procedimientos abiertos -aunque para ello sean necesarias prórrogas de seis meses-ha caído como un jarro de agua fría sobre la dirigente socialista, que si bien el caso ERE ya lo da por amortizado, no ve con buenos ojos que Alaya siga con los otros dos. Díaz prefiere que coja las riendas del juzgado cuanto antes Núñez Bolaños, una juez de Familia, amiga del consejero andaluz de Justicia en funciones, Emilio Llera, que irrumpió en escena en el último momento cuando todo el mundo daba por sentado que la plaza de Alaya sería para su refuerzo, el juez Álvaro Martín. Habiendo más juzgados de instrucción «disponibles», Núñez solo pidió este.

Acuerdo para el reparto

Fuentes del propio Consejo critican que no es casual que la Comisión Permanente tenga previsto abordar hoy solo la propuesta de refuerzos que ha hecho el TSJA (y no el plan de Alaya) sin «personalizar» en jueces ni en repartos. No lo tiene complicado: la propuesta del TSJA señala que los refuerzos «colaboren» con la nueva titular en la tramitación y resolución de todos los asuntos de que conoce el juzgado, «conforme a los criterios de distribución de los mismos que conjuntamente formulen y apruebe la Sala de Gobierno del TSJ andaluz». Es decir, si no hay acuerdo será la propia Ley Orgánica del Poder Judicial la que dirima el conflicto: el juez de refuerzo se ocupará de los asuntos de nueva entrada y el titular, de todos los demás.

Susana Díaz reconoce haber hablado con el CGPJ dentro de la «normalidad institucional»

Niega un intento de maniobrar para retirar a la juez Alaya del caso de los ERE, aunque confirma la conversación con Lesmes

Susana Díaz, en un mitin el jueves en Avilés (Asturias)

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha confirmado que haber conversado con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes; aunque estos contactos, asegura, están dentro de la relación «institucional y cordial» como «han hecho todos los presidentes autonómicos». La sucesora de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, implicados en el caso ERE, niega que la conversaciones hayan sido para presionar la salida de la juez instructora Mercedes Alaya.

Susana Díaz ha tratado así, en una entrevista en la Cadena Ser, salir al paso de la información publicada por ABC. Según las fuentes de toda solvencia, Díaz le habría transmitido a Lesmes su pesar por la lentitud de las investigaciones de Alaya, al considerar que el hecho de no cerrar los procedimientos que están abiertos en Sevilla y que afectan a los mandatos de sus antecesores están causando un perjuicio enorme al Gobierno autonómico, pues no acaba de quitarse de encima la sombra de una sospecha que desde hace unos meses se extiende también sobre los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, imputados en el Tribunal Supremo.

En su conversación con Carlos Lesmes, Díaz se interesó por la decisión que tomará el órgano de gobierno de los jueces en torno a la continuidad o no de la magistrada en ese juzgado, que desde hace unas semanas cuenta con una nueva titular.

El control del caso de los ERE se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para ella preocupada por la posible continuidad de Mercedes Alaya en el juzgado de Sevilla en el que se investiga el fraude de las ayudas sociolaborales y en los cursos de formación.

Susana Díaz maniobra para apartar a Alaya de los ERE

El CGPJ se inclina por mantener a la juez sevillana como refuerzo de la nueva magistrada para que concluya alguna de las causas que afectan a la Junta

Susana Díaz 

El control del caso de los ERE se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, preocupada por la posible continuidad de Mercedes Alaya en el juzgado de Sevilla en el que se investiga el fraude de las ayudas sociolaborales y en los cursos de formación. Prueba de ello es que, según ha podido saber ABC de fuentes solventes, la todavía candidata socialista a la presidencia del Gobierno autonómico no ha dudado en contactar con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para interesarse por la decisión que tomará el órgano de gobierno de los jueces en torno a la continuidad o no de la magistrada en ese juzgado, que desde hace unas semanas cuenta con una nueva titular.

Aunque el desembarco de la nueva juez, María Ángeles Núñez Bolaños, no debería ser motivo de inquietud para Díaz, pues se trataría de un perfil más neutro con los intereses de la Junta -se da la circunstancia, además, de que ella y su marido tienen muy buena relación con el consejero de Justicia en funciones Emilio Llera-, el último movimiento de Alaya ha pillado con el pie cambiado a la dirigente socialista. La juez sevillana ha pedido al CGPJ aplazar su aterrizaje en la Audiencia de Sevilla (ella misma lo solicitó y obtuvo esa plaza) y quedarse en el que hasta ahora era su juzgado (el de Instrucción número 6) hasta que termine los tres asuntos que está investigando: los cursos de formación subvencionados por la Junta, los avales a empresas y el caso de los ERE. La última palabra la tendrá el CGPJ.

Según las fuentes citadas, Díaz le habría transmitido a Lesmes su pesar por la lentitud de las investigaciones de Alaya, al considerar que el hecho de no cerrar los procedimientos que están abiertos en Sevilla y que afectan a los mandatos de sus antecesores están causando un perjuicio enorme al Gobierno autonómico, pues no acaba de quitarse de encima la sombra de una sospecha que desde hace unos meses se extiende también sobre los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, imputados en el Tribunal Supremo.

Siempre según las fuentes citadas, Lesmes, a su vez, le habría confesado a Díaz que el Consejo es consciente de que la lentitud en la instrucción de las causas es algo que no favorece a la imagen de Justicia y que la agilización de las investigaciones complejas de corrupción pasa por el refuerzo de los juzgados que lo soliciten.

Y es precisamente este plan de actuación el que ha propuesto para el juzgado de Alaya el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que consiste en que, junto con la juez titular, haya otros dos jueces en comisión de servicio y uno de refuerzo. Aquí es donde vuelve a entrar en juego Mercedes Alaya, quien, a la vista de su nueva propuesta, no le importa convivir durante un tiempo (el necesario para concluir las tres investigaciones citadas) con María Núñez, cuyo nombramiento todavía no ha sido publicado en el BOE. Pero la nueva juez también tendrá que decir algo al respecto.

Después del 24-M

La valoración que el TSJA haga de la propuesta de Alaya (que no es vinculante) previsiblemente no será abordada por el CGPJ hasta después de las elecciones. No lo hará el Pleno, sino la Comisión Permanente del Consejo, es decir, el núcleo de decisiones del órgano, del que forman parte cinco vocales (tres propuestos por el PP y dos por el PSOE) más el presidente, el propio Carlos Lesmes.

Fuentes del Consejo señalaron que a día de hoy el órgano se inclina por mantener a Alaya como refuerzo en el juzgado, es decir, una decisión que acoge la propuesta del tribunal superior andaluz y también la de la juez, si bien no está claro qué fórmula se arbitraría en su caso para dejar que Alaya continúe instruyendo estas tres causas, teniendo en cuenta que es a la titular del juzgado a la que corresponde el reparto de asuntos si no hay acuerdo.

El artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) es claro cuando señala que el juez titular asume las causas que ya se están investigando, y deja para el juez de apoyo solo «los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento» de juicio oral. Aun así, el Consejo ya arbitró el pasado diciembre un mecanismo para «garantizar la mínima perturbación posible de los procedimientos en curso». Fue con motivo de 41 plazas que sacó a concurso y que estaban ocupadas hasta ese momento por jueces en comisión de servicios, entre ellos Pablo Ruz.

Obviamente no es el mismo caso que el de Alaya (porque ella sí que era titular de su juzgado), pero la filosofía del Consejo sí podría ser la misma: permitir que termine la instrucción de causas «de especial relevancia o complejidad que estén pendientes de pronta conclusión». La cuestión no es solo si se encuentran en este supuesto los tres procedimientos con los que Alaya quiere quedarse, sino si la juez Núñez va a permitirlo y si las defensas de los imputados por los ERE no perseguirán desde el minuto la nulidad de las actuaciones que Alaya ha llevado a cabo hasta ahora.

Vocales progresistas del Consejo no son partidarios de que Alaya siga instruyendo estas causas. Argumentan que, teniendo titular ya ese juzgado y con un plan de refuerzo en marcha, no tiene sentido ni sustrato legal su continuidad, máxime cuando su nueva plaza en la Provincial está vacante.

Una causa con 273 imputados, entre ellos Chaves y Griñán

 

El caso ERE investiga las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a empresas en crisis entre 2001 y 2011. Miles de trabajadores accedieron a ellas de forma legal, pero en otros casos había personas que ni siquiera habían trabajado en las entidades subvencionadas (los llamados «intrusos»). Los fondos, dotados con 855 millones de euros, se tramitaron a través de sindicatos y empresas consultoras y aseguradoras. Dice Alaya que el sistema fue creado por la Junta de Andalucía y por este motivo, al margen de la investigación de la juez de Sevilla, hay una causa abierta en el Supremo contra cinco aforados nacionales, entre ellos los expresidentes de la Junta Chaves y Griñán. El juez les ha tomado declaración y tiene que decidir si pide el suplicatorio contra alguno o todos los ex altos cargos. Todos han dicho que desconocían las irregularidades.

Alaya comenzó la instrucción en 2011 y acumula ya 273 imputados. La Fiscalía Anticorrupción le ha advertido de que si no divide la causa en piezas separadas la instrucción se alargará «sine die» y habrá hechos que prescribirán. Dos imputados ya han muerto.

 

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Piden cárcel para Sánchez Galán y sus 13 consejeros de Iberdrola por cobrar 30 veces más que en Japón

El catedrático de Economía, Roberto Centento, ha pedido esta semana el “procesamiento” y “cárcel” para Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y sus 13 consejeros, muchos de ellos ex-políticos, por autoasignarse un sueldo 30 veces mayor que sus homólogos en Japón y 5 veces más alto que en Alemania. Para ello, los citados directivos han tomado parte en la subida de un 323% en la tarifa de la luz con el apoyo de diferentes Gobiernos, lo cual ha llevado a la ruina a numerosas pequeñas y medianas empresas españolas y a la pobreza a millones de familias. 

Angel Acebes, ex número 3 del PP y hoy en Iberdrola

“Esto es simplemente de cárcel: los responsables de esta iniquidad contraria a los intereses más elementales de España y de los españoles deben ser destituidos y procesados”, ha escrito Centeno. Su análisis es concluyente: “El beneficio de las empresas en el mismo periodo ha sido de 42.000 millones y las remuneraciones de los directivos son las más altas del mundo occidental, a pesar de que los accionistas han perdido hasta la camisa”. El presidente de Iberdrola,Ignacio Sánchez Galán, “es el mejor pagado del mundo occidental y oriental, gana cinco veces más que, por ejemplo, el de la gran eléctrica alemana E.On; y ¿saben cuánto gana el presidente de la tercera eléctrica japonesa (mucho mayor que Iberdrola)?: 250.000 euros. Sí, han leído bien ¡30 veces menos!”.

 

Felipe González y Aznar hoy comparten intereses como directivos energéticos

El abuso es descrito en estos términos por este catedrático especializado en la industria energética: “Los consejeros, lo mismo, casi un millón de euros anuales por dos horas de presencia (que no de trabajo) al mes los no ejecutivos, y lo que es un escándalo que no sería tolerado en ningún otro país: son los grandes políticos que presuntamente favorecieron a las compañías. Felipe González en Gas Natural; Pedro Solbes en Enel, a quien entregó la mayor eléctrica de España; Elena Salgado en una filial de Endesa y Aznar, que es asesor (de esta compañia) por sus conocimientos del sector eléctrico mundialmente reconocidos y de gestión, como demostraría metiéndonos en el euro sin molestarse en hacer ni el más mísero análisis sobre tan trascendental decisión”.

Pedro Solbes y Elena Salgado, ex ministros de Economía del PSOE y hoy en las eléctricas

Aunque ningún partido político de los 10 que componen el Congreso de los Diputados ha pedido nunca este procesamiento, son numerosas las voces que desde la sociedad civil reclaman penas de cárcel y esa investigación de la Fiscalía Anticorrupción para esos consejeros y directivos que, junto  a Ignacio Sánchez Galán, han tomado las decisiones. Sus nombres son conocidos en el ambiente político-financiero madrileño: son el banquero valenciano de 70 años Julio de Miguel(Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, de Banco de Valencia y Banco de Murcia), el banquero salmantino de 72 años Sebastián Battaner(Caja Duero), el banquero vasco de 67 años y ex presidente de Iberia, Xabier de Irala (Kutxabank),  el “delfín” de la familia Oriol, ya con 50 años, Iñigo Víctor de Oriol Ibarra y la profesora vasca pero con residencia en Barcelona, Inés Macho Stadler.

El banquero socialista andaluz Braulio Medel

Por último, el banquero socialista andaluz Braulio Medel(Unicaja), la consultora escocesa Samantha Barber, la heredera del multimillonario burgalés José Antolín Toledano (Grupo Antolín), María Helena Antolín, familia que se hizo rica con los recambios de automóviles, el abogado gallego Santiago Martínez Lage, el ingeniero vasco cercano al PNV, José Luis San Pedro Guerenabarrena, el ex dirigente del PP, Ángel Acebes,el joven banquero madrileño Manuel Lagares Gómez-Abascal (BFA) y la política y banquera mexicanaGeorgina Kessel Martínez.

Los directivos de Iberdrola que han tomado la decisión de la meteórica subida de la luz a costa del contribuyente y para los que se solicita también el procesamiento son José Luis San Pedro, consejero y director general, Julián Martínez-Simancas, secretario general del consejo, José Sáinz Armada, director económico-financiero, el ex político del PP, Fernando Becker, director de recursos corporativos, Juan Carlos Rebollo, director de administración y control, Javier Villalba, director del negocio de redes del grupo, Francisco Martínez Córcoles, director del negocio liberalizado del grupo y Xabier Viteri, director de energías renovables.

Fernando Becker, ex dirigente del PP, hoy en Iberdrola

“Hay que ser muy canalla o estar literalmente vendido a la mafia financiera y oligopolista. Las brutales subidas que se derivan del real decreto son una salvajada desconocida no sólo en Europa, sino en toda nuestra historia industrial” denuncia Centeno. El ministro canario José Manuel Soria, “amigo de Rajoy, no sólo es un irresponsable, sino que es también un analfabeto en los temas de su competencia”. Según los datos facilitados por un empresario austriaco con industrias en Munich, Hungría y Polonia, la energía eléctrica que paga por su casa en Valencia es el doble de cara que en Viena por kwh consumido y la más cara de Europa. “Este expolio sistemático a la sociedad española por parte de un sistema político oligárquico y corrupto, con una sólida red de intereses compartidos con las élites financieras y oligopolistas, hace inviable la salida de la crisis”, afirma Centeno, que concluye:

“Mentiras, errores de bulto, rectificaciones y todo tipo de disparates, un relato clarificador de que estamos en manos de ineptos y ladrones. En cualquier otro país esto habría llevado a su procesamiento, algo que la Fiscalía Anticorrupción tendría muy fácil”.

¿Por qué ningún partido político del Congreso de los Diputados pide procesar a la cúpula de Iberdrola y de las empresas energéticas que han subido exageradamente los suministros

Fuente:Un espía en el Congreso

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--"Detenido en Algeciras un candidato al Senado de Izquierda Unida con 1,5 kilos de resina de hachís".

Los efectivos de la Guardia Civil que prestan servicio de control en el puerto de Algeciras (Cádiz) sobre los vehículos y pasajeros que llegan a la Península desde Ceuta y Tánger han interceptado a uno de los candidatos al Senado por la coalición PDSC-IU en las últimas elecciones generales, Rafael G.I., con 1,5 kilogramos de resina de hachís en el interior de su organismo.

Según han informado fuentes policiales, el político, que también es el presidente de la Asociación de Vecinos de Loma Colmenar, una barriada próxima al perímetro fronterizo con Marruecos, ha sido puesto a disposición judicial tras evacuar la sustancia estupefaciente.

Tras ser candidato al Senado en 2011 en la lista conjunta que con Izquierda Unida presentó el Partido Democrático y Social de Ceuta (PDSC), una formación localista sin representación parlamentaria desde 2007, ejercía ahora como secretario general de este grupo. En junio del año pasado otro político ceutí, Miguel Angel A., en este caso retirado de la actividad pública desde los años 90, fue detenido en el puerto de Ceuta cuando se disponía a embarcar hacia Algeciras con cerca de 700 kilos de hachís escondidos en el interior de la furgoneta que conducía. En España, tenemos narco-políticos...

'Caso Mercamed'Un dirigente de IU, al banquillo por un caso de facturas falsas en la Diputación

Imputado por posible prevaricación, malversación y falsificación de documento

El magistrado titular del juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha dado por finalizada la investigación del llamado 'Caso Mercamed', sobre facturas falsas emitidas por la Diputación de Granada en una feria empresarial de Marruecos durante el anterior gobierno PSOE-IU.

El juez ha decretado juicio oral para 14 imputados, entre los que destaca el ex vicepresidente de la institución, Julio Bernardo (IU), por posible prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.

El caso pasará ahora al trámite hacia el juicio, en el que las partes han de presentar su calificación de los hechos. El juez ha imputado a 14 personas, entre altos cargos y empresarios, que habrían participado en una trama para favorecer a un empresario amigo de Bernado, A.R.M., el cuál, por tener pagos pendientes con la seguridad social, no podía contratar con la administración.

La Diputación, en mayo de 2011, con posterioridad a las municipales que PSOE e IU habían perdido, contrató con empresas pantalla y falsificó y duplicó facturas, para ocultar que era este empresario quién recibía los pagos por la organización de la feria Mercamed celebrada en Tetuán.

También hay imputadas empresas que participaron en el proyecto y la reforma de un museo de Xauen. Entre otros, están el ex director del área de Cultura, Jorge López, también de IU, y M.M.F., la pareja del actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, quien fue contratada para redactar el proyecto de dicho museo.

La Policía Judicial identificaba así "dos tramas". Con la primera, según el informe de Fiscalía que desembocó en la apertura del caso, se trataron de cubrir las irregularidades que se habrían cometido para que A.R.M. realizara el trabajo "cuando legalmente no podía hacerlo".

Con la segunda, se procuró que los servicios fueran prestados por una empresa marroquí, Juridicus Maroc, por los problemas administrativos surgidos en la frontera, "llevando a cabo posteriormente diversas actuaciones administrativas para que tuviera lugar la participación de la Diputación en el evento y se abonaran los servicios realmente prestados".

Para el magistrado Del Arco, tras pasar por su juzgado declarando los diferentes implicados y practicarse diversas periciales, no se observaron "los requisitos de contratación previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y otra normativa legal en el plano administrativo y de régimen local".

Por ello, considera que en las contrataciones existieron irregularidades como "expedientes de contratación artificiales" o la "inexistencia de relación mercantil entre empresas que intervienen en la contratación y que facturan”. Es decir, que Diputación contrataba a unas empresas pero pagaba a efectos prácticos a otras.

Así, detecta que pagaron proyectos "a personas que no habían realizado el trabajo" y otros se adjudicaron "ad hoc" a empresas que ni siquiera se habían presentado al concurso público abierto y cumplido los requisitos legales

¡Qué justicia!‏

                                             
 

A prevarigarzón (y a don Emilio) los salva el Supremo con papel de fumar. ¡Qué asco de justicia! ¿Por qué tienen que prescribir los delitos?

Indulto.....

                                           

Sin el más mínimo recato; desvergüenza hasta el final

 El consejero delegado de Santander, Alfredo Saénz, tendrá que hacer frente al pago de una multa de 6.000 euros al serle conmutada por el Gobierno la pena de arresto mayor y suspensión de ejercicio profesional.

El juez Pablo Ruz mantiene el delito de colaboración para los policías implicados en el "chivatazo" a Eta

EL GOBIERNO "CONTACTA" CON JUECES PARA SACAR EL CASO FAISÁN DE LA AUDIENCIA.

El juez Pablo Ruz ha mantenido este martes que los tres mandos policiales a los que se atribuye el "chivatazo" a ETA en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) en 2006 pudieron incurrir en un delito de colaboración con ETA porque con su actuación contribuyeron "a las finalidades perseguidas por tal organización".
Para el juez, en "la acción aquí analizada" (el "chivatazo" a ETA) existió "conocimiento y voluntad al respecto por parte de los autores de tales hechos", y permitió que la cantidad de dinero recaudado por el aparato de extorsión (unos 54.000 euros) "no fuera interceptada por la Fuerza policial encargada de la vigilancia y seguimiento de la red terrorista investigada".
"Los indicios acumulados en la instrucción", añade Ruz, llevan a presumir que esa cantidad de dinero fue "puesta a disposición de la propia organización terrorista o de alguno de sus presuntos integrantes, para el cumplimiento y ejecución de las actividades y finalidades perseguidas por tal organización".


El juez hace estas precisiones al desestimar los recursos contra el auto de procesamiento interpuesto por los tres mandos policiales -el exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros-.
En esta misma resolución, Ruz pide a la Fiscalía que promueva formalmente su inhibición de este caso a favor de los juzgados de Irún, ya que al informar sobre estos recursos, el fiscal Carlos Bautista manifestó su discrepancia con el procesamiento por colaboración con ETA al entender que para que este delito exista debe haber afinidad con los objetivos de la banda.
Al rechazar los recursos, Ruz se reafirma también en que "carece de sustento" la hipótesis expuesta por alguno de los procesados referente a que el jefe del equipo investigador del "chivatazo", Carlos Germán, pudo ser uno los policías que alertó a ETA del chivatazo y que por tanto existía una "contaminación intrínseca del equipo investigador". Los procesados podrán ahora recurrir en apelación la decisión del juez ante la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
En el auto de procesamiento, dictado el pasado 13 de julio, Ruz planteó las dos calificaciones alternativas de colaboración terrorista o encubrimiento, aunque se inclinó más por tipificar los hechos como delito de colaboración con banda armada, castigado hasta con diez años de cárcel, mientras que el de revelación está penado hasta con tres años de prisión.
Según consta en el auto, el móvil del soplo que alertó a ETA de la operación policial en pleno proceso de negociación con la banda no ha podido acreditarse, si bien el magistrado descarta que la intención directa de los procesados fuera colaborar con los etarras. Ruz entiende que, con independencia del ánimo o el móvil que guiara el "chivatazo", el autor de las "revelaciones" debe tener necesariamente conciencia de estar llevando a cabo una acción que supone "una colaboración idónea y potencial" con las actividades de ETA, unos objetivos que "no cabe entenderlos directamente queridos por parte de los imputados" en atención a los cargos que ostentaban.
Contactos con jueces para sacar el caso de la AN
Según el diario La Razón, el Ejecutivo está desplegando su poder para evitar que la Audiencia Nacional sea la que lleve el caso. El Gobierno, según este diario, está presionando a jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que admitan el conflicto de competencias planteado por la Fiscalía y el “caso Faisán” se traslade al juzgado de Irún, donde está ubicado el bar donde presuntamente se dio el chivatazo.
De este modo, se conseguiría evitar un “juicio sumarísimo” al proceso de paz que estallara en plena campaña electoral y que sentaría en el banquillo de los acusados a alguno de los miembros del Ejecutivo, como ya sucediera con el “caso Gal”.
                                             

ETA señala a Garzón como la "garantía" del Gobierno para el proceso de paz

Baltasar Garzón y los jueces Pablo Guevara y Fernando Grande Marlaska (EFE).

LA JUEZA LE VERT EVITÓ MANDARLE INFORMACIÓN PORQUE DESCONFIABA DE ÉL

Las actas de ETA sobre las negociaciones con el Gobierno siguen deparando sorpresas. La última tiene que ver con Baltasar Garzón. El juez de la Audiencia Nacional aparece en estos documentos como parte activa en el proceso de paz. Al menos, uno de los negociadores del Gobierno arguyó que el juez, además de ser “garantía” para la buena marcha del proceso, tenía abiertas las líneas con el Ejecutivo y Batasuna.  

El Gobierno, siempre según las actas incautadas al ex jefe de ETA Javier López Peña, Thierry, aseguró que contaba con su apoyo. Según fuentes de la investigación, el magistrado, actualmente suspendido de sus funciones de manera cautelar, había mediado judicialmente para que las negociaciones fructificaran.

Estas actas se encontraban hasta este martes bajo secreto de sumario en la investigación que lleva el sustituto de Garzón, Pablo Ruz, sobre el Caso Faisán. En el momento en que se produjo el chivatazo a ETA, el 4 de mayo de 2006, Baltasar Garzón se encontraba en Nueva York impartiendo unos cursos durante una excedencia. Su sustituto en aquel entonces fue Fernando Grande-Marlaska, quien no quiso abortar el operativo contra la red de extorsión de ETA y prosiguió con la investigación.

De las actas también se desprende que el Gobierno empleó a tres negociadores. Se trata del presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, el ex ministro en la era de Felipe González, Javier Moscoso, y el actual vocal de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Manuel Gómez Benítez. En aquel entonces, este último era abogado, entre otros, del propio Garzón.

Estas actas aparecen dentro de los folios enviados por Francia a través de una comisión rogatoria. Una documentación que la juez antiterrorista francesa, Laurence le Vert, no quiso remitir a Garzón durante el tiempo que éste se encargó del asunto. Y no se lo envió porque, tal y como queda reflejado en la comisión rogatoria, desconfiaba de él. Una vez que Ruz se puso al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 –tras la suspensión de Garzón-, la juez francesa decidió enviar toda la documentación referente a la delación policial ocurrida en Irún en el bar Faisán, propiedad de Joseba Elosúa. 

Entre todos los datos que envía, aparece la explicación de la magistrada al instructor sobre su retraso en el envío en los documentos. Entre otras cosas, muestra su malestar ante la pasividad de Garzón en la investigación. Es más, estas mismas fuentes recuerdan que el juez no citó a Elosúa hasta enero de 2009 para que realizara una rueda de reconocimiento para identificar al inspector José María Ballesteros, uno de los tres imputados, como la persona que entró en su local y le entregó un teléfono. Al otro lado del aparato, una persona le alertaba que iba a ser detenido junto a otras personas en un operativo contra la red de extorsión de ETA, entre ellos uno de los fundadores de ETA, Julen Maradiaga, o el miembro del PNV ya fallecido Gorka Aguirre.

Efectivamente, Ballesteros ha reconocido ante Ruz que sí entró en el bar Faisán aquel 4 de mayo de 2006, pero desmiente que fuera para alertar a Elosúa.

Fuentes próximas al asunto señalan que, en el último auto del juez, dictado este martes, se otorga la condición de testigo protegido a cinco personas, además de a una persona o institución que podría haber actuado como mediadora entre el Gobierno y la organización terrorista. De estos cinco testigos, que son presentados por una enumeración, tres son los negociadores elegidos por el Ejecutivo. De los otros dos, hay uno que podría ser un agente de la Ertzaintza, Policía o Guardia Civil conocedor de lo que ocurrió el día del chivatazo y otro podría ser un agente, pero sin mayor relevancia para la investigación.

La ‘presunta’ llamada de Garzón a Marlaska

Sobre la participación de Garzón ya habló el que fuera comisario accidental en el momento de los hechos, José Cabanillas. Cuando fue a declarar a la Audiencia Nacional, este alto cargo policial dijo a Ruz que Garzón llamó a Grande-Marlaska el día antes de la operación conjunta entra España y Francia. Le pidió, según este testigo, que no llevara a cabo la operación, extremo al que Grande-Marlaska se negó tajantemente. Cabanillas estaba en el momento de la llamada en el despacho del juez, junto a Carlos Germán, jefe en aquel entonces del operativo contra la red de extorsión y responsable a posteriori de la investigación del chivatazo.

Tras el rechazo de Grande-Marlaska, Garzón habló con Germán. Lo único que Cabanillas pudo escuchar es cómo el jefe policial atendía a las peticiones. Al día siguiente, se produjo la delación policial. Aun así, Ruz no ha dado credibilidad a la declaración de Cabanillas tras las contradicciones mostradas sobre su versión por el ex comisario general de Información, Telesforo Rubio.

Al poco tiempo de que ETA, en pleno alto al fuego y en negociaciones con el Gobierno, decidiera atentar contra el Terminal 4 del aeropuerto de Barajas que causó la muerte de dos personas, el 30 de diciembre de 2006, Garzón dictó un auto rechazando citar a declarar en calidad de imputados a Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena por el atentado.

Tan sólo unas semanas después, a finales de enero, el magistrado señala que es un “argumento simplista” la criminalización de todos los actos de la izquierda ‘abertzale’ y que decir que ésta es parte de ETA, "contradice la Constitución Española". Este auto añadía que el movimiento independentista vasco tiene “todo el derecho (constitucional)” a operar en política con libertad y a organizar los actos que considere oportuno.

ElConfidencial.com

El esquivo fantasma del bar Faisán.El caso del chivatazo a ETA

Tras casi cinco años de proceso y tres jueces, el autor del chivatazo a ETA sigue siendo una incógnita - El caso se centra ahora en el análisis de un vídeo.

El juez Grande-Marlaska (tercero por la derecha), tras precintar el bar Faisán durante la operación contra ETA del 20 de junio de 2006.

El chivatazo existió. Eso nadie parece discutirlo. Alguien -supuestamente un mando policial- avisó el 4 de mayo de 2006 a un colaborador de ETA -Joseba Elosua, dueño del bar Faisán - de que ese día iba a producirse una gran operación contra la banda si Elosua se reunía en Irún, como tenía previsto, con un etarra del aparato de extorsión. Le transmitió también su temor de que la operación hiciera fracasar el inminente proceso de diálogo con ETA, en plena tregua. El chivatazo tuvo éxito: la operación se frustró.

Todo lo demás son incógnitas. La más obvia: ¿quién dio el soplo a Elosua? El que lo hizo, ¿actuó por propia iniciativa o ejecutaba una orden política del Ministerio del Interior? Pero hay otras: ¿por qué tras ser avisado de la operación, Elosua, en vez de quedarse quieto en su casa o en su bar, se citó con el etarra en Francia aun a riesgo de ser detenido allí (cosa que no ocurrió únicamente porque París no lo autorizó)? Y sobre todo: si el objetivo era no poner en riesgo el diálogo con ETA, ¿por qué la operación policial sí se llevó finalmente a cabo el 20 de junio, sólo mes y medio después?
¿Por qué, por ejemplo, a principios de septiembre, el Gobierno destituyó discretamente a uno de los presuntos implicados en el soplo, el director general de la Policía, pero no al otro, el jefe superior de la Policía en el País Vasco? Y ¿cómo es que el agente encargado de investigar el chivatazo, que señaló como culpables a varios colegas, es ahora acusado a su vez por un superior de ser él quien intentó borrar pruebas?
El caso Faisán , que el PP ha convertido en arma contra el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es una cadena de interrogantes y, por momentos, un relato surrealista. La causa judicial dura ya casi cinco años.
EL SOPLO
A las once de la mañana del 4 de mayo de 2006, Joseba Elosua, de 72 años, dueño del bar Faisán de Irún, arrancó su Ford Focus y salió de casa por el garaje. Por el retrovisor -según contaría él mismo al juez meses más tarde- vio a un hombre apostado en el portal. No se paró a preguntarle qué quería: siguió su camino hacia el Faisán, adonde llegó a las 11.10.
Elosua era un viejo conocido de la policía. Su bar, vigilado desde hacía años, servía al aparato de extorsión de ETA como punto de recogida del dinero entregado por empresarios vascos. Los teléfonos de Elosua estaban pinchados y en su coche la policía había instalado un dispositivo para escuchar las conversaciones que tuviera dentro. Sin ese dispositivo, por cierto, no habría caso Faisán, como se verá más adelante.
El 3 de mayo de 2006, la policía se entera de que esa misma tarde se va a producir en una sidrería de Oiartzun una cita entre Elosua, Ramón Sagarzalu (otro miembro de la red de extorsión de ETA) y el dirigente del PNV Gorka Agirre. En esa cita, Agirre va a entregar a Elosua "nueve botellas de vino" -nueve millones de pesetas (54.000 euros), según los investigadores- procedentes supuestamente de una extorsión. Y ese dinero va a ser entregado al día siguiente al etarra José Antonio Cau Aldanur, que se desplazará hasta Irún desde Francia para recogerlo en el Faisán.
La policía española informa inmediatamente a la francesa y al juez Fernando Grande-Marlaska. Las tres partes acuerdan que al día siguiente, después de años de seguimiento, lanzarán la Operación Urogallo contra el aparato de extorsión y detendrán a varios implicados, incluidos previsiblemente Cau, Elosua y Gorka Agirre.
El contexto es, sin embargo, distinto al de años anteriores: el 22 de marzo ETA ha declarado una tregua. El Gobierno ha dicho que, antes de sentarse a hablar con la banda, va a "verificar" que la tregua va en serio, y eso está haciendo en esos meses de abril y mayo: la policía comprueba, por ejemplo, que ETA ha dado orden de "congelar" la extorsión. Pero, por lo visto, el 3 de mayo se siguen haciendo entregas de dinero. El juez, en cualquier caso, decide lanzar la operación.
Así que son las 11.10 del 4 de mayo y Elosua ha entrado en el Faisán. Quince minutos después -según su declaración ante el juez-, el mismo hombre al que un rato antes ha visto frente a su domicilio entra en el bar, se le acerca y le entrega un móvil. Al otro lado de la línea, un segundo hombre que no se identifica avisa a Elosua de que sus teléfonos están pinchados y el bar vigilado, que lo saben todo sobre la entrega de dinero y que, si finalmente Cau Aldanur viene a España y se encuentra con Elosua, ambos serán detenidos. Todo eso, añade, sería fatal para el proceso de diálogo con ETA aún en gestación.
¿Cómo se conoce el contenido de esa conversación, que duró casi nueve minutos? Porque Joseba Elosua, nada más colgar el teléfono y devolvérselo al misterioso agente de paisano, llama a su yerno Carmelo Luquin, se monta con él en el Ford Focus y sale escopetado hacia Francia, a encontrarse con Cau. En el coche Elosua y Luquin van hablando sin saber que la policía lo tiene pinchado y que varios agentes están escuchando el relato en tiempo real.
Y el relato no deja lugar a dudas. El dueño del Faisán se muestra alucinado porque un "madero" le ha dado el chivatazo para, según le ha dicho, "no fastidiar todo el proceso" porque "hay gente que quiere que esto se rompa".
Pero el caso es que, lejos de desistir de verse con Cau, Elosua lo llama por el camino y queda con él en el bar Talotegui de Bayona (Francia). Los policías que están siguiendo al Ford Focus ven cómo los tres hombres se juntan en el bar y cómo Elosua entrega a Cau un montón de periódicos con un sobre grande entre ellos. Sospechan, entonces, que le está dando el dinero convenido; que la cita que tenían previsto celebrar en España se está celebrando igualmente aunque en suelo francés, y lo comunican a sus superiores.
Ahí llega la siguiente situación kafkiana: la policía francesa se niega a realizar detenciones sin un permiso de las autoridades judiciales de París. La policía española insiste, la francesa se enroca. Hay un cruce frenético de llamadas entre mandos policiales de ambos países, en vano. Y, mientras, Elosua y Luquin comen tranquilamente en Bayona y vuelven a Irún a las 15.40.
La Operación Urogallo se ha frustrado en España por un chivatazo, y en Francia por un problema burocrático.
Sin embargo, sólo mes y medio después, el 20 de junio -cuando el soplo aún no ha trascendido-, la operación sí se lleva a cabo, impulsada por el juez español Grande-Marlaska y la francesa Laurence Le Vert. Son detenidas 12 personas, incluidos Elosua, Luquin y Sagarzazu. Una semana antes, José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado que en verano comenzará formalmente el diálogo con ETA.
LA INVESTIGACIÓN
La reconstrucción del chivatazo recogida aquí es la que se desprende de los cinco informes que elaboró entre julio de 2006 y 2007 el comisario Carlos Germán, que dirigía el operativo de la Operación Urogallo antes de que se malograse y que fue encargado por Grande-Marlaska de investigar el soplo. Más tarde el caso pasó a Baltasar Garzón y, cuando éste fue suspendido el pasado mayo, reactivó la investigación otro magistrado, Pablo Ruz. Investigación que se sigue en contra del criterio de la fiscalía: esta pidió el archivo en 2009 por no ver "claros indicios incriminatorios" para señalar al autor del chivatazo.
Según Germán, sí se le puede señalar y no es uno, son tres: el inspector de Vitoria José María Ballesteros -supuestamente el agente que abordó a Elosua en el Faisán y le entregó el móvil-; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies -supuestamente quien habló con Elosua-; y el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Los tres están imputados.
Ballesteros, Pamies y García son los señalados porque, según el registro telefónico de sus móviles, se intercambiaron llamadas justo en los momentos previos y posteriores al chivatazo; Ballesteros estaba físicamente allí donde estaba Elosua (lo acreditan los repetidores de telefonía). Y, a las 11.23 -la hora aproximada en la que Elosua recuerda haber recibido el soplo-, Ballesteros estaba en el Faisán y llamó a Pamies. Víctor García no es el superior inmediato de Pamies, por eso es llamativo que se llamaran tanto ese día; el 20 de junio, durante la operación que sí cuajó, no lo hicieron.
Sin embargo, cuando en enero de 2009 el juez montó una rueda de reconocimiento para ver si Elosua reconocía en Ballesteros al hombre que le pasó el móvil, Elosua no lo reconoció; en eso, entre otras razones, se apoyaba la fiscalía para pedir el archivo. También en el hecho de que ciertos datos que el chivato contó a Elosua no los conocían los imputados sino sólo quien estuviese "familiarizado muy de cerca con la operación" que iba a desarrollarse. Y que dirigía el comisario Germán.
Hay, por último, un vídeo: el de la cámara del bar Faisán que grabó toda la jornada del 4 de mayo. Los investigadores están analizándolo para averiguar si el inspector Ballesteros es uno de los hombres a los que se ve salir del local. La cinta tiene dos cortes, pero ninguno de ellos coincide con el momento -entre las 11.20 y las 11.30- en el que según Elosua se produjo el chivatazo. Así que lo de los cortes no aclara nada.
Para enredarlo todo un poco más, un superior del comisario Germán, el policía José Cabanillas, ha declarado este mes al juez que Germán intentó borrar la grabación del coche en la que se oye a Elosua narrar el soplo, la prueba clave de todo el caso. Germán pasa así de acusador a acusado.
Alfredo Pérez Rubalcaba siempre ha negado que su ministerio ordenara el chivatazo. Víctor García fue destituido como director general el 8 de septiembre de 2006, cuatro días después de ser implicado en el soplo, aunque Interior negó que el cese tuviera algo que ver con eso (coincidió con la creación de un mando único para Policía y Guardia Civil). Enrique Pamies sigue en su cargo.

Fuente:El Pais