El CGPJ se inclina por mantener a la juez sevillana como refuerzo de la nueva magistrada para que concluya alguna de las causas que afectan a la Junta
Susana Díaz
El control del caso de los ERE se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, preocupada por la posible continuidad de Mercedes Alaya en el juzgado de Sevilla en el que se investiga el fraude de las ayudas sociolaborales y en los cursos de formación. Prueba de ello es que, según ha podido saber ABC de fuentes solventes, la todavía candidata socialista a la presidencia del Gobierno autonómico no ha dudado en contactar con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para interesarse por la decisión que tomará el órgano de gobierno de los jueces en torno a la continuidad o no de la magistrada en ese juzgado, que desde hace unas semanas cuenta con una nueva titular.
Aunque el desembarco de la nueva juez, María Ángeles Núñez Bolaños, no debería ser motivo de inquietud para Díaz, pues se trataría de un perfil más neutro con los intereses de la Junta -se da la circunstancia, además, de que ella y su marido tienen muy buena relación con el consejero de Justicia en funciones Emilio Llera-, el último movimiento de Alaya ha pillado con el pie cambiado a la dirigente socialista. La juez sevillana ha pedido al CGPJ aplazar su aterrizaje en la Audiencia de Sevilla (ella misma lo solicitó y obtuvo esa plaza) y quedarse en el que hasta ahora era su juzgado (el de Instrucción número 6) hasta que termine los tres asuntos que está investigando: los cursos de formación subvencionados por la Junta, los avales a empresas y el caso de los ERE. La última palabra la tendrá el CGPJ.
Según las fuentes citadas, Díaz le habría transmitido a Lesmes su pesar por la lentitud de las investigaciones de Alaya, al considerar que el hecho de no cerrar los procedimientos que están abiertos en Sevilla y que afectan a los mandatos de sus antecesores están causando un perjuicio enorme al Gobierno autonómico, pues no acaba de quitarse de encima la sombra de una sospecha que desde hace unos meses se extiende también sobre los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, imputados en el Tribunal Supremo.
Siempre según las fuentes citadas, Lesmes, a su vez, le habría confesado a Díaz que el Consejo es consciente de que la lentitud en la instrucción de las causas es algo que no favorece a la imagen de Justicia y que la agilización de las investigaciones complejas de corrupción pasa por el refuerzo de los juzgados que lo soliciten.
Y es precisamente este plan de actuación el que ha propuesto para el juzgado de Alaya el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que consiste en que, junto con la juez titular, haya otros dos jueces en comisión de servicio y uno de refuerzo. Aquí es donde vuelve a entrar en juego Mercedes Alaya, quien, a la vista de su nueva propuesta, no le importa convivir durante un tiempo (el necesario para concluir las tres investigaciones citadas) con María Núñez, cuyo nombramiento todavía no ha sido publicado en el BOE. Pero la nueva juez también tendrá que decir algo al respecto.
Después del 24-M
La valoración que el TSJA haga de la propuesta de Alaya (que no es vinculante) previsiblemente no será abordada por el CGPJ hasta después de las elecciones. No lo hará el Pleno, sino la Comisión Permanente del Consejo, es decir, el núcleo de decisiones del órgano, del que forman parte cinco vocales (tres propuestos por el PP y dos por el PSOE) más el presidente, el propio Carlos Lesmes.
Fuentes del Consejo señalaron que a día de hoy el órgano se inclina por mantener a Alaya como refuerzo en el juzgado, es decir, una decisión que acoge la propuesta del tribunal superior andaluz y también la de la juez, si bien no está claro qué fórmula se arbitraría en su caso para dejar que Alaya continúe instruyendo estas tres causas, teniendo en cuenta que es a la titular del juzgado a la que corresponde el reparto de asuntos si no hay acuerdo.
El artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) es claro cuando señala que el juez titular asume las causas que ya se están investigando, y deja para el juez de apoyo solo «los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento» de juicio oral. Aun así, el Consejo ya arbitró el pasado diciembre un mecanismo para «garantizar la mínima perturbación posible de los procedimientos en curso». Fue con motivo de 41 plazas que sacó a concurso y que estaban ocupadas hasta ese momento por jueces en comisión de servicios, entre ellos Pablo Ruz.
Obviamente no es el mismo caso que el de Alaya (porque ella sí que era titular de su juzgado), pero la filosofía del Consejo sí podría ser la misma: permitir que termine la instrucción de causas «de especial relevancia o complejidad que estén pendientes de pronta conclusión». La cuestión no es solo si se encuentran en este supuesto los tres procedimientos con los que Alaya quiere quedarse, sino si la juez Núñez va a permitirlo y si las defensas de los imputados por los ERE no perseguirán desde el minuto la nulidad de las actuaciones que Alaya ha llevado a cabo hasta ahora.
Vocales progresistas del Consejo no son partidarios de que Alaya siga instruyendo estas causas. Argumentan que, teniendo titular ya ese juzgado y con un plan de refuerzo en marcha, no tiene sentido ni sustrato legal su continuidad, máxime cuando su nueva plaza en la Provincial está vacante.
Una causa con 273 imputados, entre ellos Chaves y Griñán
El caso ERE investiga las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a empresas en crisis entre 2001 y 2011. Miles de trabajadores accedieron a ellas de forma legal, pero en otros casos había personas que ni siquiera habían trabajado en las entidades subvencionadas (los llamados «intrusos»). Los fondos, dotados con 855 millones de euros, se tramitaron a través de sindicatos y empresas consultoras y aseguradoras. Dice Alaya que el sistema fue creado por la Junta de Andalucía y por este motivo, al margen de la investigación de la juez de Sevilla, hay una causa abierta en el Supremo contra cinco aforados nacionales, entre ellos los expresidentes de la Junta Chaves y Griñán. El juez les ha tomado declaración y tiene que decidir si pide el suplicatorio contra alguno o todos los ex altos cargos. Todos han dicho que desconocían las irregularidades.
Alaya comenzó la instrucción en 2011 y acumula ya 273 imputados. La Fiscalía Anticorrupción le ha advertido de que si no divide la causa en piezas separadas la instrucción se alargará «sine die» y habrá hechos que prescribirán. Dos imputados ya han muerto.
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