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martes, 21 de junio de 2022

Mónica Oltra dimite como vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano

 

 Ana Escobar (EFE)Mónica Oltra, a su llegada a la sede de Compromís para presentar su dimisión, este martes.


La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha presentado su dimisión cinco días después de ser imputada por el presunto encubrimiento del caso de abuso de su exmarido a una menor tutelada. La presión desde su propio partido, Compromís, y desde sus socios de gobierno, tanto PSPV como Podem, ha llevado a Oltra a tomar la decisión de dejar sus cargos en el Gobierno valenciano. “Me voy con la cara bien alta y los dientes apretados”, ha asegurado Oltra, quien ha llegado a la sede de Compromís poco antes de que comenzara la ejecutiva en la que se iba a tratar su situación tras la imputación. Pese a que la presión ha llegado por varios flancos, Mónica Oltra ha significado, fundamentalmente, dos: los socialistas y los medios de comunicación. Así, ha dicho que se va para no ser responsable de la salida de Compromís de la Generalitat, tras la advertencia del presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, de destituirla si ella misma no adoptaba la decisión de dimitir. “No será por mí. No voy a comprometer el cambio que se inició en 2015”, ha dicho. El hecho de que haya decidido anunciar su dimisión sin comunicárselo previamente a Ximo Puig desvela la tensión y el malestar entre ambos: “No voy a ser su coartada para que expulse a Compromís del Gobierno”, ha insistido. Además, ha hablado de “de la infamia judicial y mediática”.

En una rueda de prensa improvisada y visiblemente afectada, Mónica Oltra ha mantenido su tesis de la cacería política: “Ganan los malos”, ha dicho. “Que nadie piense que es posible hacer política contra los poderosos. Los que van contra los poderosos se los van a cargar con denuncias falsas. Uno a uno”, ha advertido en referencia al origen de las querellas que la han llevado a los tribunales, presentadas por sectores de la ultraderecha.

Oltra no solo deja sus cargos en la Generalitat valenciana sino que también deja su escaño en las Cortes, lo que supone que pierde su condición de aforada y, por tanto, el caso volverá al juzgado de instrucción en el que comenzó a investigarse. “No necesito estar aforada. Si no soy digna de estar en el gobierno, menos lo soy de estar en la Cámara de representación popular”, ha indicado.

La comparecencia urgente de Oltra ha pillado a los miembros de la ejecutiva de Compromís en la sede del partido, donde se iba a celebrar la reunión. La atención a los medios se ha producido junto a más de una docena de integrantes de la coalición visiblemente afectados y escoltada los líderes de los partidos de la coalición: Águeda Micó por Més Compromís, Juan Ponce por los Verdes y Alberto Ibáñez por Iniciativa. Minutos después de acabar la comparecencia, varios miembros de la coalición seguían abrazados y llorosos.

Pese al apoyo público que la coalición (formada por Iniciativa, Més Compromís y Els Verds-Equo) ha manifestado por la líder de Compromís, la presión de algunos sectores de la propia formación y la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, la destituyera si ella no adoptaba la decisión han podido más que la intención de la propia Oltra de mantenerse en el cargo.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana imputó, hace cinco días, a la vicepresidenta autonómica por, supuestamente, encubrir el caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido en diciembre de 2019. La imputación se produjo después de que el juzgado que instruía el caso concluyera que había indicios de su participación en la elaboración de un expediente para obstaculizar la investigación sobre su expareja o incluso para proteger la carrera política de la propia Oltra. La vicepresidenta, que también es la titular del departamento de Políticas Inclusivas, del que dependen los centros de menores, y diputada, ha de ser juzgada por el Tribunal Superior, dada su condición de aforado.

La Fiscalía le acusa de los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos y, aunque el tribunal señaló que “no existe prueba directa”, los tres magistrados consideraron que Oltra debía comparecer como imputada ante la existencia de unos “indicios plurales, que en principio hacen pensar que fueron orquestados” por la vicepresidenta.

La dimisión de Oltra deja un gran hueco en el Botànic para el que se perfila, fundamentalmente, una candidata: la diputada Aitana Mas (Crevillent, 1990). Se trata de un nombre que genera consenso en las principales corrientes de Compromís como la mejor solución posible ante esta situación.

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lunes, 24 de febrero de 2020

PSOE, Podemos y Compromís impiden que se investigue el abuso sexual del marido de Oltra a una menor


Compromís, psoe, podemos, oltra, abuso, valencia, investigaciónLos tres partidos que se autocalifican como progresistas y feministas acaban de unir fuerzas en la Comunidad Valenciana para impedir que salga adelante una comisión de investigación que analice lo ocurrido en el centro de menores tutelados en el que el entonces marido de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, abusó de una menor.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Elena Bastida, ha defendido la necesidad de esa comisión de investigación porque “se debe contrastar si ha habido más denuncias por abuso de menores en los centros tutelados de la Generalitat”.

“Queremos saber si pudiera haber más denuncias, necesitamos crear la comisión para saber entre todos si ha habido más casos, contra quién, si se actuó, si salieron adelante y se retiraron y por qué”, ha estimado, añadiendo que todas estas preguntas “justifican la puesta en marcha de esta comisión, en su responsabilidad está pensar más en los menores y menos en Oltra y depurar responsabilidades o dejar que sigan en sus puestos quien no quiso hacer nada”.

El PP sostiene que es necesario conocer qué ocurre con la gestión de los menores tutelados por parte de la Generalitat porque “es una situación que viene de lejos” y ha recordado que hay numerosas sentencias como la de Segorbe que “le quitan la razón a Oltra”, hay requerimientos, informes del Síndic de Greuges y de la Fiscalía apuntando a la señora Oltra y a su gestión defectuosa.

Pero lo cierto es que, pese a todo ello, PSOE-PSPV, Podemos y Compromís han votado en contra de la comisión de investigación. Desde las filas populares recuerdan que también se tumbó una comisión en Baleares “donde piden prudencia ante situaciones graves de prostitución y abusos, y con esa hipocresía se colocarán detrás de la pancarta el próximo 8 de marzo; pasan de puntillas cuando se condena a cinco años a un abusador en la Comunitat pero se pondrán detrás de la pancarta”.

Hay que recordar que la comisión de investigación no pretendía sólo conocer lo ocurrido en ese caso de abusos del entonces marido de Oltra y en otros posibles. Lo que pretendía especialmente era conocer todo lo que ha rodeado al caso y ha provocado un fuerte retraso en las actuaciones oficiales a la hora de proteger a la menor, pese a que su denuncia fue temprana y alertó de lo que pasaba.

Y todo ello ha quedado el descubierto precisamente porque la Fiscalía acaba de dejar en una delicada posición a Mónica Oltra, desvelando que ocultó pruebas del abuso. En concreto, la Fiscalía apunta a un silenciamiento de la denuncia de la menor durante cuatro meses. La víctima era una niña ingresada en un centro dependiente de la Generalitat Valenciana y, por lo tanto, bajo supervisión de la Consejería de la propia Mónica Oltra durante la fecha de la denuncia: 2017.

El autor de los abusos sexuales fue Luis Eduardo Ramírez, educador del centro de menores y, por aquellas fechas, aún marido de la titular de la Consejería y ahora vicepresidenta del Gobierno de coalición con el PSOE, Mónica Oltra

miércoles, 25 de septiembre de 2019

Compromís pide suprimir la religión en las aulas mientras dará la islámica y la adventista en Valencia


Compromís, valencia, religión, islam, adventista
Compromís ha presentado una moción en el Senado que reclama la eliminación de la asignatura de religión en los centros educativos al tiempo que en la Comunidad Valenciana implantará a partir del próximo curso la enseñanza de las confesiones islámica y adventista en una decena de centros públicos.

El parlamentario de la coalición en la Cámara Alta Carles Mulet, que pasado mes de mayo protagonizó un duro enfrentamiento con el escritorArturo Pérez-Reverte en las redes sociales, solicita la apertura de un debate para suprimir las clases de religión y que ese horario lectivo «se dedique a otras asignaturas o proyectos que respondan a la realidad socioeducativa de cada centro». Además, Compromís, «propone que se deje de asumir el coste del salario de los profesores de religión en los centros privados concertados y que se termine con los acuerdos y concordatos que permitan la intromisión de confesiones religiosas en el sistema educativo y demás instituciones públicas».


La moción de Compromís en el Senado coincide con la decisión de la Conselleria de Educación, dirigida por el miembro de la coalición Vicent Marzà, de poner en marcha a partir del próximo curso un proyecto piloto para impartir en diez localidades de las provincias de Valencia y Alicante clases de religión islámica y adventista.




Mientras el departamento dirigido por Compromís en el Gobierno valenciano prepara el convenio para contratar a profesores que impartan ambas materias, la formación denuncia en el Senado «el gasto anual de cien millones de euros en maestros de religión que es asumido por el Estado y las comunidades autónomas que, sin pasar por procesos de oposición, ocupan plazas de profesores en los centros educativos públicos».

Mulet, que hace alusión a la protesta convocada este martes en la localidad castellonense de Altura contra la implantación de la asignatura de la religión islámica en el colegio del municipio, considera que «la realidad es que cada vez menos alumnado se decanta por la asignatura de religión lo que denota la tendencia de la sociedad a separar sus creencias religiosas de la educación que reciben».


A su juicio, «seguir impartiéndola va en contra de los cambios que ha experimentado nuestra sociedad desde la entrada de la democracia. Dar pie a los fundamentalismos, sean de la religión que sean, solo alimenta movimientos intolerantes y extremistas que poco tienen que ver con la libertad y el respeto».

Fuentes oficiales de la Conselleria de Educación sostienen que «ninguna religión -tampoco la católica- debería tener una asignatura dentro de los centros educativos, pero la Ley estatal obliga y los acuerdos con las diferentes religiones por parte del Estado también». Con ese argumento y de ejercer de «muro frente a la xenofobia», a partir del próximo curso comenzarán las clases de religión islámica y adventista en la Comunidad Valenciana

martes, 23 de julio de 2019

Compromís pidió listas de docentes de Religión como las que ahora niega a Vox de LGTBI

Vox quiere saber el nombre de los miembros del colectivo LGTBI que acuden a las escuelas valencianas a dar charlas a los alumnos. El pasado 1 de julio, el partido de Santiago Abascal registró la petición en las Cortes Valencianas para que estas reclamasen la información a la Generalitat.

La respuesta de la Cámara autonómica fue tajante. Su presidente, Enric Morera (Compromís), anunció que la petición de Vox no se tramitaría y la envió a la Fiscalía por si podía ser constitutiva de un delito de odio, algo que la fiscal descartó este miércoles. El portavoz de Compromís en el Parlamento valenciano, Fran Ferri, fue más allá y calificó la solicitud de "indecente", a la vez que dijo que “genera odio”.

La actitud del partido nacionalista no se corresponde con la que tuvo en 2014, cuando su líder, Mónica Oltra, solicitó las nóminas de más de 1.500 profesores de Religión. En aquella ocasión, en cambio, las Cortes Valencianas, presididas por el Partido Popular, tramitaron las exigencias de la actual vicepresidenta y consellera de igualdad, pese a las quejas de la Consejería de Educación.



Tal y como informó Las Provincias, Oltra presentó en noviembre de 2014 una serie de iniciativas en el Parlamento entre las que se encontraba solicitar la “copia de las nóminas de la totalidad del profesorado de Religión retribuido a cargo de la Conselleria”. Una petición, mutatis mutandis, muy parecida a la que hoy critica su partido a Vox.

1.546 profesores
¿En qué consistía exactamente la petición de Compromís? La coalición nacionalista pidió conocer los datos personales de todos los docentes de Religión de la Comunidad Valenciana, 1.546 según las estimaciones. La solicitud presentada por Oltra significaba disponer de información detallada de su sueldo, sus retenciones... Es decir, disponer de la nómina.

La propuesta se justificó alegando que garantizaba "el derecho de reserva respecto de los datos de carácter personal". La Cámara, presidida entonces por Juan Cotino, tramitó la petición para que llegase a la Consejería de Educación, dirigida por María José Catalá.

La petición de Oltra resultó tener fundamento y derivó en una investigación judicial que esclareció que una veintena de profesores de Religión percibía remuneración por dar clases a la vez que prestaban sus servicios en distintas diócesis.

A grandes rasgos, la petición de Compromís fue de nóminas, mientras que Vox quiere los datos de quienes imparten talleres o conferencias en colegios públicos como miembros del colectivo LGTBI. La diputada de Vox en las Cortes Valencianas, María Ángeles Criado, registró una solicitud de documentación por la que su grupo pedía la "acreditación de que las personas del colectivo LGTBI que entran en los colegios cumplan con los requisitos legales, como la solicitud de antecedentes penales y que acrediten la formación que tienen para estar con nuestros niños".

El PP tramitó la petición
En 2014, se tramitaron las iniciativas de la líder de Compromís -continuadas después por la también diputada Isaura Navarro- para que fuera la Consejería de Educación la que se pronunciara. El criterio empleado entonces fue el de entender que la inviolabilidad parlamentaria y la libertad de expresión debían de prevalecer sobre otros fundamentos.

En su día, Oltra justificó su petición alegando que buscaba “una información que la Conselleria de Educación no nos da”. Además, aseguró que “hay irregularidades y la única manera que tenemos de averiguarlo es cotejando las nóminas”.

Ahora, sin embargo, la vicepresidenta de la Generalitat considera que la petición de Vox va "en contra de la ley" y defiende que no se tramite porque el gobierno autonómico "tiene la obligación de preservar la seguridad y la intimidad de las personas anónimas” (sic). Además, recordó que en la pasada legislatura, el PP pidió "expedientes completos de mujeres en situación de violencia de género" y que se le denegó.

"Una persecución"
Fuentes populares de la pasada legislatura hablan de "obsesión" de Oltra y confiesan a EL ESPAÑOL que "durante toda la legislatura llevaron a cabo una persecución hacia los profesores de Religión".

“Era una barbaridad. Primero pidieron saber cuántos profesores había por centro y cuántas horas impartían. Al final, terminaron exigiendo sus nóminas. Tuvimos que llevar a cabo una tarea ingente de recopilación de datos”, recuerdan.

Oltra presentó 3.576 peticiones de documentación sobre la asignatura de Religión entre septiembre de 2012 y marzo de 2014. En 2012, hizo 2.183 solicitudes de identificación para saber cuántos alumnos había en cada centro público, cuántos recibían Religión, cuántos profesores impartían la asignatura y cuántos eran a tiempo completo y parcial. En 2014, reiteró 1.393 peticiones con el mismo contenido.

lunes, 6 de agosto de 2018

Compromís pide suprimir la religión en las aulas mientras dará la islámica y la adventista en Valencia

Compromís, Islam, valencia, religión, odio, catolicismoCompromís ha presentado una moción en el Senado que reclama la eliminación de la asignatura de religión en los centros educativos al tiempo que en la Comunidad Valenciana implantará a partir del próximo curso la enseñanza de las confesiones islámica y adventista en una decena de centros públicos.


El parlamentario de la coalición en la Cámara Alta Carles Mulet, que pasado mes de mayo protagonizó un duro enfrentamiento con el escritorArturo Pérez-Reverte en las redes sociales, solicita la apertura de un debate para suprimir las clases de religión y que ese horario lectivo «se dedique a otras asignaturas o proyectos que respondan a la realidad socioeducativa de cada centro». Además, Compromís, «propone que se deje de asumir el coste del salario de los profesores de religión en los centros privados concertados y que se termine con los acuerdos y concordatos que permitan la intromisión de confesiones religiosas en el sistema educativo y demás instituciones públicas».
La moción de Compromís en el Senado coincide con la decisión de la Conselleria de Educación, dirigida por el miembro de la coalición Vicent Marzà, de poner en marcha a partir del próximo curso un proyecto piloto para impartir en diez localidades de las provincias de Valencia y Alicante clases de religión islámica y adventista.

Mientras el departamento dirigido por Compromís en el Gobierno valenciano prepara el convenio para contratar a profesores que impartan ambas materias, la formación denuncia en el Senado «el gasto anual de cien millones de euros en maestros de religión que es asumido por el Estado y las comunidades autónomas que, sin pasar por procesos de oposición, ocupan plazas de profesores en los centros educativos públicos».

Mulet, que hace alusión a la protesta convocada este martes en la localidad castellonense de Altura contra la implantación de la asignatura de la religión islámica en el colegio del municipio, considera que «la realidad es que cada vez menos alumnado se decanta por la asignatura de religión lo que denota la tendencia de la sociedad a separar sus creencias religiosas de la educación que reciben».

A su juicio, «seguir impartiéndola va en contra de los cambios que ha experimentado nuestra sociedad desde la entrada de la democracia. Dar pie a los fundamentalismos, sean de la religión que sean, solo alimenta movimientos intolerantes y extremistas que poco tienen que ver con la libertad y el respeto».

Fuentes oficiales de la Conselleria de Educación sostienen que «ninguna religión -tampoco la católica- debería tener una asignatura dentro de los centros educativos, pero la Ley estatal obliga y los acuerdos con las diferentes religiones por parte del Estado también». Con ese argumento y de ejercer de «muro frente a la xenofobia», a partir del próximo curso comenzarán las clases de religión islámica y adventista en la Comunidad Valenciana

viernes, 15 de junio de 2018

PSOE, Compromís y Podemos reclaman al Ejército que abandone su principal sede en Valencia



Valencia, PSOE, Compromís, podemos, ejército,Las Cortes Valencianas han aprobado, gracias a los votos del PSPV y Compromís y de sus socios parlamentarios de Podemos, una moción de Compromís que reclama la "desmilitarización" del Convento de Santo Domingo de Valencia, la principal sede del Ejército en la región, y que el Gobierno ceda el edificio que alberga históricamente a Capitanía al Consell para su uso público. Ciudadanos se ha abstenido y el Partido Popular ha votado en contra.

La moción ha sido defendida este martes en la Comisión de Educación y Cultura por la diputada de Compromís María Josep Ortega, quien ha denunciado que ese "emblemático edificio" ha sido objeto de "graves agresiones" como pintadas con purpurina, daños en el altar mayor o la desaparición de una talla, en las que el Gobierno "no ha tenido interés".

"Para que los valencianos lo disfruten, la tutela de la protección y gestión debe ser de la Generalitat y el Ayuntamiento", ha señalado Ortega tras indicar que los militares que ocupan este inmueble "se cuentan con los dedos de una mano" y podrían ser reubicados en otras instalaciones cercanas del Ministerio de Defensa, como las de Bétera.

Además, ha recordado que en su interior ha estado expuesta la estatua de Francisco Franco desde que se retiró de la plaza del Ayuntamiento de València en 1983 hasta 2007.

Se ha referido al convenio de La Haya, que establece la necesidad de proteger los bienes culturales que puedan ser objetivos militares en situaciones de conflictos armados, y ha señalado que una vez se recupere su cesión como edificio desmilitarizado se dará a conocer a la ciudadanía como uno de los bienes más importes y se garantizará el acceso público.

Según ha expuesto la diputada de Compromís, el antiguo convento de Predicadores, ahora conocido como convento de Santo Domingo, es uno de los monumentos con mayor interés histórico y artístico de la ciudad.

El complejo, cuya primera piedra fue colocada por el rey Jaime I en 1239, fue sede de la Orden de Predicadores y entre sus muros vivieron, entre otros, los santos Vicente Ferrer y Luis Bertrán.

Además de su carácter religioso, el edificio tuvo una notable trascendencia política por haber acogido en diversas ocasiones las sesiones de Les Corts Valencianes forales.

Por Ciudadanos, la diputada Mercedes Ventura ha señalado que el convento es de uso militar pero también acoge actos institucionales y religiosos, y ha reconocido que se trata de un patrimonio cultural de elevado valor y debería estar abierto a la ciudadanía.

En una enmienda que ha sido rechazada, Ciudadanos ha pedido la apertura del edificio al público cuatro días al mes, aunque desde Compromís le han recordado que gracias a un acuerdo con la Generalitat el Convento forma parte de los palacios transparentes y visitables.

El diputado socialista Fernando Delgado ha expresado que uno de sus "sueños" es convertir el Convento en un museo y que, uniéndolo al palacio del Temple, sede de la Delegación del Gobierno, y al Museo de Bellas Artes San Pio V, se pueda realizar "un itinerario museístico extraordinario" en València.

"Tanto Santo Domingo como el Palacio del Temple son partes del patrimonio que deberían descentralizarse y correspondería a una visión federal de la cultura y el patrimonio", según Delgado.

Por parte del PP, Miguel Ángel Mulet ha dicho estar "triste" porque en los últimos tres años se ha hecho un "mal uso de los valores de la cultura" y ha señalado que el Convento de Santo Domingo "no es solo de los valencianos, sino de los españoles y de la Humanidad".
"Hoy se trata de desmilitarizar y otro día de descristianizar, la cosa no es broma", ha dicho Mulet, quien considera que no es una propuesta "con rigor" y aunque ha dicho que le parecería bien tener más patrimonio ha defendido que sea con "propuestas más razonables"
Verdadera Izquierda

viernes, 1 de junio de 2018

Cinco aliados de Sánchez vetan los presupuestos en el Senado este viernes

Podemos, PDeCAT, Bildu, ERC y Compromís -cinco de los grupos que votaron a favor de la moción de censura de Pedro Sánchez– han registrado este viernes -último día para hacerlo- sendos vetos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Aunque el PP tiene mayoría absoluta y podría rechazar estos vetos y dejar todo como está, obligará al PSOE a significarse.
Esta decisión de los grupos, argumentada en que consideran que no responden a la desigualdad y que incluso la “cronifican”, es el primer test para el nuevo presidente, que consiguió el apoyo del PNV en la moción con el compromiso de respetar el pacto alcanzado por los vascos con el PP.
La duda ahora es si el PP decidirá hacer alguna variación en los Presupuestos, en cuyo caso tendrían que volver al Congreso para su ratificación. El debate es la semana próxima -5, 6 y 7 de junio- y la votación, el 19.

Podemos

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registrará además cerca de 2.300 iniciativas parciales a las cuentas públicas.
El plazo para registrar los vetos al Presupuesto en el Senado ha finalizado este mediodía y Unidos Podemos ha argumentado su petición de devolución en que los Presupuestos siguen anclados en la lógica de la austeridad ya que a pesar de que el nivel del PIB ha superado ya los niveles previos a la crisis, el gasto público se encuentra lejos de recuperar los recortes acumulados.

El veto general presentado por el PDeCAT argumenta además que los Presupuestos no incluyen un nuevo modelo de financiación autonómica, ni dan respuesta a las demandas políticas, económicas y sociales de Cataluña.
El veto recuerda la tardanza en presentar los PGE, motivada por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, así como la debilidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy a causa de la sentencia del caso Gürtel.
“Un Gobierno débil presenta unos Presupuestos débiles y de escasa proyección hacia el futuro”, argumenta el documento, que expresa también que no son los que necesita España ni Cataluña en la actual coyuntura económica, social y política que requiere de “estrategias ambiciosas, bien construidas y consensuadas”.
Además, el PDeCAT critica que el cumplimiento de los objetivos de déficit se haga a costa de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, mientras que el Estado y la Seguridad Social no cumplen los horizontes marcados.

ERC
ERC utiliza el mismo argumento para presentar su veto ya que minimizan la inversión en Cataluña, a la par que buscan la recentralización del Estado y consolidan las desigualdades sociales.
La distribución de las inversiones supone, en su opinión, más discriminación y consolidan una apuesta por el centralismo.
EH Bildu también ha presentado veto a las cuentas en el Senado por considerar que los Presupuestos “cronifican” la desigualdad y tienen como grandes beneficiados la inversión en infraestructuras, los gastos en defensa, la Casa del Rey o los servicios secretos.
El veto de Compromís argumenta que los Presupuestos no se han elaborado con “visión de repartir el dinero de todos en las necesidades de todos”, sino para pagar bancos, rescatar autopistas, financiar a empresas de armamento o “partidos mercenarios que venden su voto a cambio de inversiones territoriales”.
El documento contiene una extensa argumentación contra la corrupción -en la que se incluyen varios fragmentos de la Biblia-, una de las principales motivaciones de su rechazo a las cuentas.

viernes, 13 de abril de 2018

La corrupción de PSPV y Compromís le estalla a Sánchez por culpa de Narbona


PSPV, compromis, sánchez, narbona, corrupciónLa magnitud de las investigaciones es tremenda e implica a referentes del PSPV y del Bloc y al Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra. También a la actual presidenta del PSOE y ex ministra.

Mientras a Mónica Oltra se le recuerda en el plató denunciando reiteradamente que el PP valenciano acudía las urnas "dopado", avanza las investigaciones que cercan por corrupción al partido que sustenta Compromís, el Bloc, y a su socio de Gobierno, el PSPV-PSOE.  Oltra  ahora guarda silencio y no ha interrumpido sus vacaciones y de Ximo Puig únicamente se ha escuchado "prometo actuar" si se demuestran las irregularidades, que van a más.

Cuatro juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid investigan si ambos partido tuvieron su propia Gürtel durante la campaña electoral de 2007. Ambas formaciones políticas podrían haber financiado, supuestamente, diversos actos electorales a través de facturación falsa, con cargo a empresas de la construcción. Una operativa en la que habría colaborado la empresa de comunicación y marketing de Gandia, Crespo Gomar SL, ya extinguida, a imagen y semejanza de lo que la empresa Orange Market (la Gürtel valenciana) hizo con el PPCV

Los hechos se han investigado en el Juzgado de Instrucción 21 de València desde diciembre de 2016. El origen de la investigación es la documentación sobre la supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE y Bloc presentada por el PPP en una comisaría de València.

La Policía Nacional aportó un informe al Juzgado de Instrucción 21 de València -que también ha instruido el accidente del metro, el caso Blasco o el caso IVAM-, que ha investigado presuntos delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral, supuestamente cometidos por los responsables de ambas formaciones políticas en 2007, en con-Gomar, entre otras.

Tras un año de pesquisas, en el que la jueza ha comprobado la veracidad de la documentación, el Juzgado, con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción, decidió el pasado mes de enero declararse no competente para investigar los hechos, que se habrían cometido fuera del partido judicial de València, por lo que decidió inhibirse en favor de cuatro juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los contratos de Cristina Narbona

Pero a medida que avanza la investigación se conocen datos de mayor gravedad. El Mundo asegura que se produjeron adjudicaciones presuntamente irregulares para publicitar las bondades de las desaladoras que impulsó el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Comunidad Valenciana.

La Justicia investiga dos contratos, por valor de 400.000 euros, del Ministerio de Medio Ambiente adjudicados a través de Aguas del Júcar SA y AcuaMed .Los dos contratos se adjudicaron entre 2005 y 2007, fechas en las que al frente del Ministerio estaba Cristina Narbona, en la actualidad presidenta del PSOE por decisión personal de Pedro Sánchez, ambos se ven ya afectados por la corrupción en la Comunidad Valenciana. En concreto, el operador integral de infraestructuras hidráulicas del Ministerio contrató a Crespo Gomar y otra empresa de su órbita, Miracasa, los servicios de comunicación de las plantas desaladoras de Dénia y Torrevieja.

los investigadores sospechan que el servicio se fraccionó con el claro objeto de vulnerar la ley de contratos del sector público y como contraprestación a la presunta red de falsificación de facturas para pagar actos electorales.

La sociedad Crespo Gomar tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandía, Antoni Gomar, uno de los concejales de confianza del ex alcalde de Gandía, José Manuel Orengo, en la actualidad asesor de  Ximo Puig.

Según fuentes judiciales, algunos de esos contratos se adjudicaron pese a que la Administración tendría que haberlos declarados desiertos porque no reunían los requisitos marcados en el concurso público. Los dos contratos vinculados con el Ministerio de Medio Ambiente forman parte del paquete de adjudicaciones que la Intervención general ha identificado como fraudulentos.

viernes, 9 de febrero de 2018

Cazan a Ribó en un turbio caso de contratas irregulares de 2'6 millones de euros


Ribo, valencia, contratas, irregulares,Los llamados "alcaldes del cambio" comienzan a ser conocidos por algunas actuaciones cuanto menos de dudosa legalidad. Eso al menos le está ocurriendo a uno de los más importantes, el de Valencia y de Compromís, el partido de la "ejemplar" Mónica Oltra.

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, autorizó en 2017 el pago de al menos 2.645.402,79 euros a 21 contratas caducadas "saltándose los controles de fiscalización", según ha informado la formación naranja en un comunicado.

Para Giner, Ribó "debe endurecer los controles fiscales para evitar la corrupción", puesto que la ciudad "ha sido manchada por esta "lacra" y el alcalde "no ha traído la transparencia al ayuntamiento".

El portavoz de Cs ha explicado que los diez servicios que han pagado a contratas con omisión de fiscalización son Juventud, Patrimonio Histórico-Artístico, Bienestar Social e integración, Atención a las personas mayores, patrominio, Devesa-Albufera, Deportes, Movilidad Sostenible, Educación y Tecnología, información y comunicación.

"El Servicio de fiscal-gastos de la Intervención General advierte de que se tratan de pagos a contratas en las que se han finalizado hasta las prórrogas que permite la ley", ha detallado Giner.

Entre las contratas que se han abonado con "omisión de fiscalización" destacan tres de ayuda a domicilio, una de centro de día para personas mayores dependientes, el mantenimiento del Gulliver o la protección del medio natural de la Devesa de la Albufera.


Para concluir, Giner ha asegurado que la "desenfrenadamente caótica" gestión de Ribó provoca este "descontrol" en las contratas "al que se suma los más 760.000 euros en contratos menores saltándose los controles de fiscalización".

viernes, 12 de mayo de 2017

Ribó pide ahora a la policía que respete los «permisos especiales» de coches oficiales

Verdadera Izquierda


 

 
Ribó, Valencia, Podemos, Coches oficiales, permisos, policiaEn los tres años que van entre 2014 y 2017, Compromís ha dado un giro de 180 grados a su política sobre coches oficiales y escoltas. De decir que no los iba a utilizar en campaña, Ribó ha pasado a emplear un cuerpo de escoltas, como corresponde al alcalde de una ciudad como Valencia. Y de perseguir coches oficiales para ver si estaban mal aparcados («poco importa que se salten las ordenanzas de circulación, cometiendo infracciones y que no se les multe», decía en febrero de 2014 el entonces asesor de Compromís y actual concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi), el alcalde ha pasado a pedir a la Policía Local que sea permisiva con los coches en los que se desplaza después de que ayer se hiciera pública una multa de tráfico interpuesta a un coche oficial por aparcar en la calle peatonal Arzobispo Mayoral, a espaldas del Consistorio.

Es el segundo enfrentamiento en poco tiempo entre Policía Local y escoltas del alcalde, que también son agentes del cuerpo municipal. El primero, tal como ha podido confirmar este diario de fuentes solventes, ocurrió hace unos dos meses, cuando el escolta de Ribó se negó a retirar el coche oficial de la salida de emergencia del pabellón Fuente de San Luis pese a que se lo ordenó un mano, argumentando que sólo respondía ante el coordinador de escoltas. En este caso, como es habitual («se gestionan expedientes en todas las Juntas de Gobierno», dijo la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, el pasado lunes), se sancionó al escolta con una falta grave por desobedecer a un mando situado por encima de él en la escala de la Policía Local de Valencia.

El otro se vivió el Miércoles de Ceniza, tal como desveló ayer Radio Valencia. Un coche oficial de la escolta del alcalde estaba aparcado en la calle Arzobispo Mayoral y un agente de la policía local le multó por estacionar en una zona peatonal. A este respecto, y a pregunas de LAS PROVINCIAS, el primer edil respondió que la Policía Local sí ha de tener una atención especial a los coches oficiales. «Hay coches que tienen una serie de permisos especiales», comentó el alcalde, que apuntó como ejemplo los coches de prensa y concejales que, autorizados por el Consistorio, estacionan frente al Ayuntamiento, en algunas zonas alrededor de la plaza. Ribó resaltó que estos poseen una tarjeta que indica que «tienen permiso» para ello. Igualmente, se refirió a los «permisos especiales» de los coches de la Junta Central Fallera y «determinados elementos de seguridad».

 

Llama la atención su posición porque, en 2014, el entonces asesor municipal de Compromís en el Ayuntamiento, Giuseppe Grezzi, perseguía «en bicicleta y cámara en mano», como él mismo se define en su blog, a los coches oficiales de la alcaldesa Barberá y se preguntaba, respecto al estacionamiento de los vehículos durante un acto en el Westin: «¿Y el abuso de privilegio y de autoridad, mientras que al común mortal se les caería el pelo por dejar su coche aparcado así?».