Los tres partidos que se autocalifican como progresistas y feministas acaban de unir fuerzas en la Comunidad Valenciana para impedir que salga adelante una comisión de investigación que analice lo ocurrido en el centro de menores tutelados en el que el entonces marido de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, abusó de una menor.
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Elena Bastida, ha defendido la necesidad de esa comisión de investigación porque “se debe contrastar si ha habido más denuncias por abuso de menores en los centros tutelados de la Generalitat”.
“Queremos saber si pudiera haber más denuncias, necesitamos crear la comisión para saber entre todos si ha habido más casos, contra quién, si se actuó, si salieron adelante y se retiraron y por qué”, ha estimado, añadiendo que todas estas preguntas “justifican la puesta en marcha de esta comisión, en su responsabilidad está pensar más en los menores y menos en Oltra y depurar responsabilidades o dejar que sigan en sus puestos quien no quiso hacer nada”.
El PP sostiene que es necesario conocer qué ocurre con la gestión de los menores tutelados por parte de la Generalitat porque “es una situación que viene de lejos” y ha recordado que hay numerosas sentencias como la de Segorbe que “le quitan la razón a Oltra”, hay requerimientos, informes del Síndic de Greuges y de la Fiscalía apuntando a la señora Oltra y a su gestión defectuosa.
Pero lo cierto es que, pese a todo ello, PSOE-PSPV, Podemos y Compromís han votado en contra de la comisión de investigación. Desde las filas populares recuerdan que también se tumbó una comisión en Baleares “donde piden prudencia ante situaciones graves de prostitución y abusos, y con esa hipocresía se colocarán detrás de la pancarta el próximo 8 de marzo; pasan de puntillas cuando se condena a cinco años a un abusador en la Comunitat pero se pondrán detrás de la pancarta”.
Hay que recordar que la comisión de investigación no pretendía sólo conocer lo ocurrido en ese caso de abusos del entonces marido de Oltra y en otros posibles. Lo que pretendía especialmente era conocer todo lo que ha rodeado al caso y ha provocado un fuerte retraso en las actuaciones oficiales a la hora de proteger a la menor, pese a que su denuncia fue temprana y alertó de lo que pasaba.
Y todo ello ha quedado el descubierto precisamente porque la Fiscalía acaba de dejar en una delicada posición a Mónica Oltra, desvelando que ocultó pruebas del abuso. En concreto, la Fiscalía apunta a un silenciamiento de la denuncia de la menor durante cuatro meses. La víctima era una niña ingresada en un centro dependiente de la Generalitat Valenciana y, por lo tanto, bajo supervisión de la Consejería de la propia Mónica Oltra durante la fecha de la denuncia: 2017.
El autor de los abusos sexuales fue Luis Eduardo Ramírez, educador del centro de menores y, por aquellas fechas, aún marido de la titular de la Consejería y ahora vicepresidenta del Gobierno de coalición con el PSOE, Mónica Oltra
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