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miércoles, 30 de marzo de 2022

El "chófer de la cocaína" del escándalo de los ERE al banquillo en septiembre

 

El exchófer del alto cargo socialista de la Junta de Andalucía, Juan Francisco Trujillo.

La Audiencia juzgará al que fue conductor del exdirector de Trabajo de la Junta, por el desvío de 1,5 millones para pagar copas, cocaína y fincas, evidenciando la corrupción del PSOE. 
Este 2022 será un año que no caerá en el olvido para los que fueron máximos dirigentes del Partido Socialista en Andalucía, ni tampoco para los ciudadanos de la comunidad, que podrán saber a donde fue a parar parte del dinero público que se gastó de manera ilegal, de forma continuada, durante más de una década.

Los tribunales no detienen las investigaciones abiertas y se suceden las sentencias, aperturas de diligencias o de nuevos juicios para esclarecer el caso de corrupción más grande de España, el de los expedientes de regulación de empleo (ERE), a través del cual se utilizaban ayudas y subvenciones de la Junta para beneficiar empresas afines, sindicatos, amigos y afiliados del PSOE.

El anuncio ahora llega de la Audiencia de Sevilla que ha fijado para el mes de septiembre de este año las sesiones del juicio de una pieza separada de estos ERE, en el que se investigan los casi 1,5 millones de euros concedidos por el que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, a su exchófer Juan Francisco Trujillo, y que supuestamente se destinó a la compra de cocaína, copas y antigüedades.

 

Las sesiones serán los días 5, 9, 14, 15, 16, 23 y 30 de septiembre según se recoge en la diligencia emitida el 21 de marzo. La causa se dirige contra Francisco Javier Guerrero, sin embargo el exdirector falleció en octubre de 2020; por lo que se tendrán que sentar ante el juez: Juan Francisco Trujillo; el administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro Ruz Espigares; y el que fuera directivo de Vitalia, Antonio Albarracín, este último ya fue condenado por la pieza separada relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).

De cara al juicio, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028 euros para el exchófer de Guerrero, mientras que solicita seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín.

Cabe recordar que el exchófer fue el único condenado en el juicio de los ERE por fraude fiscal que cumplió condena, frente a los otros diez ex altos cargos de la Junta que no han pisado la cárcel, a pesar de recibir sentencias con penas de prisión.

Los gastos en 'vicios' que salpicarán al PSOE en plena campaña

El PSOE de Andalucía tiene por delante unos meses en los que tendrán que dar muchas explicaciones o, por el contrario, mantener el mutismo frente a los casos de corrupción, como vienen haciendo en los últimos años.

El juicio sobre los gastos en cocaína, copas y demás 'caprichos', llega en un momento complicado para el candidato socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, que chocará de lleno con la herencia de sus antecesores a escasas semanas de que se celebren las elecciones autonómicas.

Si el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, consigue mantener sus previsiones y convocar comicios para noviembre como es su deseo, se le presenta a Espadas un panorama para su campaña electoral lamentable y difícil de defender en el mes de septiembre, donde se sabrá cómo y dónde se gastaban el dinero de los parados andaluces.

Pero igual sus posibilidades de mejorar los resultados de su antecesora Susana Díaz se caen por el suelo antes de este momento, pues los días 4 y 5 de mayo, el Tribunal Supremo revisará los recursos a la sentencia que condenó a los dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

 

Un año negro para el PSOE-A y su candidato, que tendrá que tapar los capítulos más oscuros de los gobiernos socialistas en la Junta, con la complicidad de su líder nacional Pedro Sánchez, que ha acompañado en varias ocasiones a Espadas en actos en el sur pero sin mencionar ni pedir disculpas por el expolio cometido.

El dinero público para pagar fincas y cocaína

La Fiscalía relata en su escrito de acusación que Guerrero y Trujillo, a fin de "poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos" que tenía a su disposición la Dirección de Trabajo "idearon inicialmente la constitución" de sociedades mercantiles "para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión".

Estas sociedades eran Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, a las que concedieron, sin solicitud ni trámite alguno, una subvención a cada una de ellas de 450.000 euros. También "de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento, decidieron" que Isidoro Ruz Espigares presentara como promotor ante la Dirección de Trabajo un proyecto, "sin fecha", para el emplazamiento de una granja avícola, "en el cual, como financiación de la inversión, se disponía de una subvención de 450.000 euros".

El exdirector general de Trabajo de la Junta ya fallecido, Francisco Javier Guerrero, en una imagen tras su condena en el caso ERE en 2019. 

Unas ayudas que Guerrero justificaba a través de convenios, mientras que la Fiscalía añade que Trujillo, como persona autorizada en las cuentas bancarias de las tres sociedades, "dispuso" del total de 1.350.000 euros transferidos por la agencia pública IDEA "como si de una caja única se tratara, no ejecutando ninguno de los proyectos de inversión ni contratando el personal que se recogía en las memorias o proyectos que se aportaron para de forma engañosa justificar la concesión de las ayudas".

El dinero que consiguieron sirvió según el Fiscal, para financiar "compras de inmuebles y fincas rústicas, bien para su uso bien con fines especulativos", y destaca que Trujillo entregó a su esposa 24.000 euros para que adquiriera una finca.

Por otro lado y con los fondos transferidos a estas tres empresas por IDEA, Guerrero recibió multitud de 'regalos'  todo ello "sin que se haya podido cuantificar su importe pero constituyendo éste un porcentaje importante de éstos fondos".

Recibió entregas de efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína por parte de su chófer.

La falta de escrúpulos de los inculpados llega a tal punto que en el escrito de acusación aparece la maniobra de Guerrero y Trujillo para seguir obteniendo dinero para sus gastos. En abril de 2007, contactaron con Antonio Albarracín para que, figurando como tomadora la Dirección de Trabajo, se preparara una póliza de seguros en la cual debía de figurar como persona asegurada y beneficiaria de la misma Estrella Blanco, madre de Trujillo.

Así, Trujillo "imitó" la firma de su madre, que recibió en su cuenta bancaria 120.028 euros y que, "ajena a todo lo expuesto, hacía reintegros de estas cantidades entregándoselas a su hijo, el cual las empleaba para seguir atendiendo gastos propios y las entregas en efectivo, invitaciones y compra de cocaína" para Guerrero.

viernes, 18 de diciembre de 2020

Un juez investiga una presunta financiación irregular de la Junta socialista de 3.000 millones

 CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA

Un juez investiga una presunta financiación irregular de la Junta socialista de 3.000 millones.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha desbloqueado la que podría ser la mayor trama de corrupción de la historia de España, con hasta cuatro veces el valor del ‘caso ERE’. Se trata de la presunta financiación de la agencia IDEA, dependiente de la Junta de Andalucía, en la que presuntamente el gobierno socialista andaluz habría utilizado el mismo sistema fraudulento que en los ERE. En total, casi 3.000 millones de euros que el juez investiga ahora si han malversado los socialistas.

Se trata del caso Transferencias de Financiación que, tras muchos años bloqueado -sobre todo porque la Junta socialista no aportaba los documentos que exigían los jueces-, el pasado 13 de noviembre, según ha podido saber OKDIARIO, se dio definitivamente traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas de cara a que se propongan nuevas diligencias. Hablando en plata, tras cuatro años de bloqueo, la mayor trama de corrupción de la historia de España podrá por fin salir a la luz.

La agencia IDEA se trata de un ente público que presuntamente utilizó la Junta de Andalucía socialista entre los años 2000 y 2011 como administración paralela, en la que se investiga si se saltaban todo tipo de controles para pagar subvenciones e incluso ordenar pagos: en total, insistimos, casi 3.000 millones de euros.


Un juez investiga una presunta financiación irregular de la Junta socialista de 3.000 millones.
Un juez investiga una presunta financiación irregular de la Junta socialista de 3.000 millones.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha desbloqueado la que podría ser la mayor trama de corrupción de la historia de España, con hasta cuatro veces el valor del ‘caso ERE’. Se trata de la presunta financiación de la agencia IDEA, dependiente de la Junta de Andalucía, en la que presuntamente el gobierno socialista andaluz habría utilizado el mismo sistema fraudulento que en los ERE. En total, casi 3.000 millones de euros que el juez investiga ahora si han malversado los socialistas.

Se trata del caso Transferencias de Financiación que, tras muchos años bloqueado -sobre todo porque la Junta socialista no aportaba los documentos que exigían los jueces-, el pasado 13 de noviembre, según ha podido saber OKDIARIO, se dio definitivamente traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas de cara a que se propongan nuevas diligencias. Hablando en plata, tras cuatro años de bloqueo, la mayor trama de corrupción de la historia de España podrá por fin salir a la luz.

La agencia IDEA se trata de un ente público que presuntamente utilizó la Junta de Andalucía socialista entre los años 2000 y 2011 como administración paralela, en la que se investiga si se saltaban todo tipo de controles para pagar subvenciones e incluso ordenar pagos: en total, insistimos, casi 3.000 millones de euros.

Caso complejo

Y lo cierto es que el caso de la agencia IDEA ha tenido siempre bastantes problemas de cara a poder recabar la información necesaria para dilucidar si el gobierno socialista malversó casi 3.000 millones de euros más. Cabe recordar, en este sentido, que en diciembre de 2016 la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla e instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, se hacía cargo de esta causa, que quedó desde entonces bloqueada… hasta ahora.

Desde entonces, la Fiscalía y el PP Andaluz, que ejerce como acusación popular, exigían la reactivación del caso, bloqueado porque la Junta socialista no aportaba la certificación de todas las transferencias de financiación de explotación o de capital realizadas por las distintas consejerías a la agencia IDEA, desglosadas por anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias entre los años 2000 y 2011, tal y como requería el juzgado.

En 2018, surgieron más problemas. Nuñez Bolaños se apartaba temporalmente de esta causa y era sustituida por la instructora Pilar Ordoñez, que se remangó de cara a la reactivación del caso. Entonces, se volvía a requerir la documentación para indagar sobre estar presuntas irregularidades.

Y aquí no queda la cosa. Hace apenas unas semanas había un nuevo cambio: el magistrado José Ignacio Vilaplana asumía la instrucción de todas las macrocausas que se investigan en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Según ha podido saber OKDIARIO, ha sido con la Junta del cambio cuando el juzgado ha recibido, por fin, toda esta documentación. «La Agencia IDEA actúa en estricto cumplimiento de la legalidad», recuerdan desde la consejería de Economía, de la que depende tal ente.

2.915 millones

El importe total de las operaciones presuntamente irregulares que la agencia IDEA manejó es de nada más y nada menos que 2.915,29 millones de euros. El juzgado, además de la documentación requerida desde 2016, solicitó también a esta agencia que «elabore y remita a este Juzgado un cuadro resumen de los gastos propios o pagos por cuenta de terceros realizados con fondos provenientes de transferencias de financiación de explotación o de capital y finalistas de las distintas Consejería de la Junta de Andalucía, desglosados por Consejerías, anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias, durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 20011, ambos incluidos, de todos los programas presupuestarios – a excepción del 22E y 31L de la Consejería de Empleo».

Esta documentación, efectivamente, ya ha sido enviada al juzgado, motivo por el cual el PSOE Andaluz ya vuelve a estar bajo la lupa judicial. En este caso, sobre el que podría ser el mayor caso de corrupción en la historia de nuestro país. 

Para que se hagan una idea del total del presunto fraude, sólo en 2011, el último año en el que la agencia pudo cometer tal delito, la agencia IDEA contabilizó un importe de 95,5 millones de euros en concepto de transferencias procedentes de la Junta de Andalucía (excluidos los programas 22E y 31L), de los que ha procedido a devolver, por inejecución, un total de 9.743.085,72 euros.

Nuevo caso

Este nuevo caso se suma al caso ERE, al caso Avales I y II, al caso FAFFE, al caso fraude de la formación, el caso Invercaria, el caso Jeremie, el caso UGT, el caso de las Unidades Territoriales de Empleo, el caso Bahía Competitiva o el caso Marismas del Guadalquivir. En total, más de 600 imputados, la inmensa mayoría vinculados a la Junta socialista y al propio PSOE.