Sánchez gastó 17,8 millones en altos cargos y ‘dedazos’ en el peor mes de paro de la historia

Las nóminas de los altos cargos y ‘dedazos’ del Gobierno socialcomunista de PSOE y Podemos supusieron para las arcas públicas un gasto de 17,8 millones en marzo, el peor mes de la historia del paro y cuando 302.265 personas perdieron su trabajo por la crisis pandémica del coronavirus. 

Según el informe mensual de la Intervención General del Estado (IGAE), sólo en ese mes el Estado pagó 11.915.000 a los altos cargos del Ejecutivo (desde ministros a responsables de organismos públicos) y 5.946.000 al personal eventual.

El Gobierno de Pedro Sánchez es, con 22 carteras, uno de los más extensos de la democracia, sólo por detrás del de Adolfo Suárez en 1980. Además bate récords de vicepresidencias, con cuatro. Y ello conlleva todo un despliegue de altos cargos. Un ‘séquito’ en el que destacan los asesores de cada uno de los departamentos ministeriales.

Los socios de Gobierno ya evidenciaron que el estado de alarma no impide una reorganización ministerial aunque ello engorde aún más los puestos de la Administración.

El pasado 28 de abril, con el país sumido en la parálisis, el Consejo de Ministros aprobó varias modificaciones, disparando el número de cargos.

En concreto, se crearon hasta 11 nuevas direcciones generales, una dirección general y otra nueva división. Además, el Gobierno eximió del requisito de ser funcionario a un director general y al responsable de un organismo.

Enchufes

Esta última circunstancia no es menor. El Ejecutivo de Sánchez también lidera el dudoso podium de enchufes de altos cargos, al eximirles del requisito de ser funcionarios.

La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de 1997 obliga a que los directores generales sean nombrados, a propuesta del titular del correspondiente departamento, «entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente». Únicamente se contemplan excepciones justificadas siempre por «las características específicas de las funciones» de la correspondiente dirección general. Es decir, casos puntuales y excepcionalmente motivados.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha convertido esa excepción en norma para eximir del requisito de ser funcionario a una veintena de directores generales, colocando así a sus afines. Entre ellos, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),  José Félix Tezanos, o varios directores generales integrados en el Ministerio de derechos sociales de Pablo Iglesias.

Algunos de esos nombramientos fueron especialmente controvertidos, como el del responsable de Derechos de los Animales, departamento de nueva creación bajo las órdenes de Podemos y que gestiona Sergio Antonio García Torres, un activo animalista y portavoz de Podemos Animalista a nivel estatal, que criticó que el hombre se «el único mamífero que le roba la leche a otra especie». 

También el Ministerio de Igualdad, en manos de Irene Montero, se saltó esa exigencia con el pretexto de fichar a «personas que aúnen suficiente experiencia en el sector privado y organizaciones representativas y de la sociedad civil», como fue el caso de la histórica dirigente del movimiento LGTBI, Boti García, nombrada directora general de Diversidad Sexual.

En la misma situación está la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, activista LGTBI y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, que, según publicó este periódico, animaba, en una entrada en su blog, a penetrar analmente a los hombres para alcanzar la igualdad.

Tampoco se consideró el requisito para nombrar a la directora del nstituto de la Juventud (INJUVE). La elegida fue María Teresa Pérez, periodista de 26 años que colaboró con los programas Fort Apache y Otra Vuelta de Tuerka, dirigidos y presentados por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero.

En la última tanda de contrataciones, se ha eliminado el requisito para nombra al nuevo director general de Ordenación del Juego, ex coordinador general de Ezker Batua. Tampoco se exige para el responsable del Instituto para la Transición Justa.

El PSOE valenciano plantea echar a 300 empleados de un hospital público para meter a 300 de los suyos

El comisionado de la Consellería de Sanidad valenciana para el hospital de Alzira, José Sanfeliu, aseguró en una reunión celebrada hace tan solo una semana en la sede del PSOE de Alberic, ante el subsecretario de la Conselleria de Sanitat, Ricardo Campos, que el próximo cambio de titularidad del centro -pasará a ser gestionado por la Administración Pública- será una oportunidad para meter “a familiares, amigos, conocidos que estén sin trabajo y deseen trabajar”, según aparece en una grabación a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

El 31 de marzo de 2018 el Hospital Universitario de la Ribera, en Alzira, volverá a formar parte de la red pública al terminar la concesión a la empresa que actualmente lo administra, el grupo Ribera Salud. Un cambio de titularidad que no sólo puede suponer que hasta 300 trabajadores temporales del centro pierdan sus empleos, sino la incertidumbre para otros 1.200 que a día de hoy tienen un contrato indefinido y que tendrían que pasar por un concurso para confirmar sus plazas compitiendo con otros profesionales que así lo soliciten.

Así explica la jugada Sanfeliu: “Vamos dentro de 488 días, que es lo que falta para la reversión. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que asumir a todo el personal que es laboral indefinido con Ribera, en principio. Estamos hablando de ?????, o sea, 1.500, que serán por ejemplo 1.200. Ya estamos hablando de que hacen falta 300 personas más”.

El propio Sanfeliu aseguró en esta reunión que, actualmente, los trabajadores del hospital tienen “contratos de mañana, tarde, noche y fines de semana por la mañana” y que los quirófanos también se mantienen operativos los sábados y domingos. Esta es precisamente una de las claves en la gestión, ya que el centro decide abonar un plus a sus trabajadores para sacar el máximo rendimiento.

En la grabación se puede escuchar perfectamente cuál es el movimiento que realizará la Consellería. “Como vamos a mantener la cartera de servicios, como resulta que esta gente tiene unos contratos de mañana, tarde, noche, sábados por la mañana y domingos por la mañana… Que se hacen endoscopias, se hacen operaciones de sábado por la mañana, de prótesis, de cadera, ¿vale? Esa gente lo siento mucho, quiero decir, las condiciones laborales se van a ver modificadas. ¿Eso qué significa? Que harán falta trabajadores. ¿Cómo vamos a cubrir con esos trabajadores? Con personal estatutario de relevo en puestos???? de traslados. Es decir, que todas aquellas personas trabajadores de la sanidad pública que estén trabajando en La Fe, en el Clínico… (en distintos hospitales de la región) y quieran venir a este departamento, van a tener la oportunidad de venir”.

Eso en cuanto al personal fijo, según el propio comisionado unos 1.200 trabajadores. Pero, ¿qué pasará con los 300 empleados temporales? Los planes de Sanfeliu pasarían por la creación de una bolsa de trabajo en la que entrarían sus familiares y amigos que estén sin trabajo y sustituir a los actualmente contratados. En este sentido, el comisionado pidió esperar 488 días -fecha en que vence la concesión- momento en que va a hacer falta mucha gente para crear esa bolsa de trabajo.

“Espérate 488 días, espérate a que hagamos la […], a que se acabe el contrato, y entonces a partir de ese momento no os preocupéis, que va a hacer falta mucha gente. Se creará una bolsa de trabajo de la Rivera, ¿vale? Ahí se meterán nuestros familiares, amigos, conocidos… que estén sin trabajo y deseen trabajar, y se les va a dar la oportunidad de trabajo”, asegura en el audio al que ha tenido acceso OKDIARIO.

José Sanfeliu ejerce en el Hospital de Alzira la función de control público como comisionado de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat, organismo que dirige la consejera socialista Carmen Montón.

Desde la Generalitat valenciana se ha intentado revertir la concesión de estos hospitales, sin embargo, ante el alto coste que tendrían que asumir han decidido que se agote el plazo de las mismas. Desde el PP valenciano muestran su sorpresa ante lo que aseguran: “No es un asunto ideológico, ahora ya sabemos su finalidad, colocar a los amigos y a las familias”.

El modelo Alzira

El llamado modelo Alzira toma su nombre de la localidad donde se ubica el Hospital de la Ribera, que tras su construcción en 1999 se convirtió en el primer hospital público español gestionado bajo la modalidad de concesión administrativa, y que se define en cuatro pilares: propiedad pública, control público, financiación pública y gestión privada. La Generalitat, entonces gobernada por el PP, cedió un total de cinco centros a entidades privadas por un período de 15 años.

Este modelo, que fue la bandera de la gestión sanitaria del PP valenciano, se ha convertido en una de las principales enmiendas del nuevo gobierno regional a la gestión de sus antecesores. El pasado septiembre, durante el Debate del Estado de la Comunidad Valenciana, el presidente Ximo Puig reveló su intención de revertir este modelo y dejar que las concesiones se agotasen.

Este anuncio causó una gran preocupación entre los trabajadores del centro, que se vieron enfrentados a la incertidumbre de si perderían sus puestos de trabajo o sus condiciones laborales se verían alteradas. Desde el gobierno autonómico han insistido en trasmitir un mensaje de calma a los trabajadores fijos, aunque para los 300 que cuentan con contrato temporal las perspectivas parecen cada vez peores.