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jueves, 20 de enero de 2022

El sistema democrático consiste en aceptar el sentido del voto.

 

 


Cuando el socialista sin afiliar, Ángel Gabilondo aspiraba a arrebatar a Ayuso el sillón presidencial de la Comunidad de Madrid, tuvo la infeliz idea de girar al centro diciendo que “no gobernaría Madrid con este Pablo Iglesias”. Días después, en un debate electoral televisado, el mismo infeliz, al ver frustrado su viaje al centro, dijo dirigiéndose al mismo Pablo Iglesias: “Pablo, tenemos doce días para ganar las elecciones”. ¿Hay mayor desfachatez y descaro? El infeliz Gabilondo se quitó la máscara y hoy es Defensor del Pueblo. Preferimos la defensa del Atleti antes que este Gabipéndulo.

 

Tras dos años de extravío del Gobierno de coalición, en España han sucedido muchos y variados episodios relevantes. En el estricto ámbito de la política gubernamental destaca, por encima de todos, el que la mentira se ha elevado a método de gobierno. Parafraseando a Jean François Revel, la primera de todas las fuerzas que dirigen el Consejo de Ministros es la mentira. Mintieron en los albores del coronavirus para que el feminismo se desparramara por las calles, prosiguieron más tarde con la patraña del número de fallecidos para tapar su ineficacia, nos echaron aquellas trolas de que no iban a dejar a nadie atrás, de que saldríamos más fuertes, de que juntos venceríamos al virus. Siguen en modo trapisonda y en el balance de estos dos años la mentira aparece como la partida de mayor superávit.

 

En ese balance de debe y haber hay otras partidas igualmente inquietantes: nefasta cadena de desaciertos y traspiés, intentos solapados de desmontaje constitucional, amenazas chulescas de censura contra las libertades, presión fiscal confiscatoria sobre la riqueza y desafiante ante el ahorro y, sectarismo en el reparto de los fondos europeos y, por supuesto, caos permanente e insistente descontrol en la gestión de la cosa pública. Pero lo más preocupante para la vida nacional es la tenebrosa y perversa concepción que la coalición socialcomunista alberga sobre la democracia. Pudo apreciarse en aquél ataque a la libertad de expresión en Vallecas. También en aquellas frases intimidatorias, rayanas con la amenaza: “Nunca volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país” o “Si llegasen a gobernar, tendrían huelgas y movilizaciones masivas”, dirigidas a la oposición por dos vicepresidentes del Gobierno. En todo ello se concentra una endiosada y totalitaria visión de la democracia. Legataria de aquella otra perniciosa y degradante idea que sostuvo la Pasionaria cuando le espetó en plenas Cortes de la II República a Calvo Sotelo: “Usted ha hablado aquí por última vez”.

 

Raymond Aron escribió que el sistema democrático consiste básicamente en aceptar la oposición, practicar la tolerancia y el respeto a todos y admitir la competencia pacífica con miras al ejercicio del poder. Que tras más de cuatro décadas de democracia, tengamos que padecer a políticos guerracivilistas que solo conocen de la democracia su sombra, resulta nefasto y peligroso para la convivencia y la concordia. Más que viajar al centro, hay que volver a la reconciliación entre los españoles. Pero con políticos excéntricos, ese reto se torna imposible

Blog de Juan Pardo

miércoles, 19 de enero de 2022

Los expertos de Montero avalan la propuesta de ERC para que Madrid suba impuestos

 ECONOMÍA

Los expertos de Montero avalan la propuesta de ERC para que Madrid suba impuestos

El comité que ha designado Hacienda le entregará su informe a finales de mes. Se muestra partidario de armonizar al alza Patrimonio y Sucesiones con la fórmula de ERC y Podemos

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, pasa al lado de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El comité de expertos que ha designado Hacienda para que le asesore en la reforma fiscal considera que hay que armonizar al alza

Patrimonio y Sucesiones para obligar a la Comunidad de Madrid a subirlos. Según ha podido saber Vozpópuli, entre las propuestas que recoge con este fin, a la espera de cerrar definitivamente sus ponencias -que debe entregar a finales de enero y que el Ministerio revisará en febrero-, se incluye la que han planteado ERC y Podemos en sendas enmiendas a los Presupuestos de 2021 y 2022.

Se trata de la creación de una cuota estatal en el Impuesto de Patrimonio, un tipo mínimo, que cuando la propuso en primer lugar ERC para las Cuentas de 2021 con el objetivo de recaudar 1.000 millones de euros más fue bien recibida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que anunció que trabajaría en ello, aunque advirtió de que los Presupuestos no eran el marco adecuado para su desarrollo. Precisamente hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso aprueba la ley de autonomía financiera para tratar de blindarse de ofensivas en este sentido.

La propia ministra anunció en la presentación de los expertos en abril que pretendía subir Patrimonio y Sucesiones y que la armonización de estos impuestos era uno de los objetivos de la reforma fiscal. Tras delimitar con claridad estos objetivos antes de introducir al comité, preguntada por la independencia de los expertos y el seguimiento por parte de Hacienda de sus propuestas, Montero aseguró que tenían libertad para plantear lo que consideraran pero que el Gobierno tomaría a su vez su análisis en cuenta sólo si lo consideraba oportuno. El informe ha alcanzado luego mayor protagonismo ya que se recoge en el Plan de Recuperación como un hito comprometido con Bruselas y como base de la reforma fiscal.

Nueve meses más tarde y después de que hayan dimitido dos de los expertos, los catedráticos Ignacio Zubiri y Carlos Monasterio, como adelantó Vozpópuli, el comité ultima sus trabajos y a pesar de que fuentes conocedoras advierten de que no se planean grandes iniciativas de reforma ni de subidas de tipos, sí que se aboga por la armonización fiscal, un asunto sobre el que algunos de los expertos, incluso desde posiciones cercanas a la izquierda, se habían mostrado en el pasado en contra o al menos partidarios de cierta autonomía o corresponsabilidad fiscal de las comunidades. Una materia con aristas y que genera distintas posiciones técnicas cuando consigue alejarse del debate meramente político.

Pues bien, la postura de algunos de los expertos partidaria de la autonomía fiscal de las comunidades no ha impedido que, a la espera de su cierre final, la ponencia que se encarga de este asunto avale la armonización. Y la permanencia tanto del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, como la de Patrimonio, ésta más discutida por su desaparición en otros países, sus problemas técnicos y de doble imposición. De hecho, la comisión de expertos que asesoró a Cristóbal Montoro en 2014 para su reforma fiscal, liderada por Manuel Lagares, recomendó suprimir Patrimonio y armonizar Sucesiones. Eso sí, siguiendo la tónica del resto del informe que ultiman, esta ponencia no se decanta por una propuesta en concreto, sino que ofrece opciones de armonización, y entre ellas, la que han planteado ERC y Podemos.

Las posibilidades de armonización que plantea el comité son básicamente dos. La primera es recentralizar el impuesto, compensando la pérdida recaudatoria a las comunidades. La segunda es establecer un suelo mínimo de tributación, un impuesto armonizado en todas. La recentralización podría ser absoluta pero se desarrolla la opción que proponen los socios de Gobierno, mixta, en la que se recentraliza pero se deja cierto margen a las CCAA, que podrían legislar para cobrar más, pero no menos de ese mínimo. Aunque la recaudación sería para las CCAA, existirían dos tramos: el común a nivel estatal (el suelo mínimo) y el autonómico (voluntario para las CCAA). Si el gobierno autonómico todavía quisiese desactivar el impuesto, debería limitarse a recaudar la parte común, al suelo mínimo.

En este escenario, la enmienda de ERC establecía que las competencias de gestión, liquidación, recaudación inspección y revisión corresponderán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sin perjuicio de las que pudieran tener las CCAA. La enmienda de Podemos era similar y además planteaba una subida de los tramos estatales más altos.

Bonificaciones a la empresa familiar

Los expertos también plantean, como hace la enmienda de Esquerra, eliminar buena parte de las bonificaciones a la empresa familiar que tiene el Impuesto de Patrimonio, que piden reconsiderar.

En el mismo sentido respecto a Sucesiones y Donaciones, proponen un impuesto armonizado para todas las comunidades autónomas, incluso abrir la posibilidad de que la capacidad normativa sea exclusivamente de la Administración central, sin exenciones, reconsiderando las reducciones actualmente vigentes (seguros de vida y transmisión de empresas familiares), con un mínimo exento general bien estudiado. Hacienda ha dado a los expertos oficialmente de plazo para terminar su informe hasta el 28 de febrero, pero ha estipulado que a finales de enero se lo entreguen y se reserva febrero para analizarlo.

A nadie se le escapa que la armonización que avalan los expertos y que quiere desarrollar el Gobierno de Pedro Sánchez se va a encontrar con la oposición de las comunidades del PP y que puede tener una tramitación complicada. En cualquier caso la Comunidad de Madrid ha optado por blindar su autonomía en una ley, además de anunciar que recurrirá a todos los tribunales e instancias posibles.
vozpopuli

miércoles, 13 de octubre de 2021

Madrid recauda el doble que Cataluña y 6 veces más que Comunidad Valenciana

 La recaudación neta de Madrid para el Gobierno central asciende a 64.273 millones de euros. Se trata de la cifra recaudatoria más alta de toda España. El PSOE abordará en su Congreso Nacional de este fin de semana la armonización fiscal entre comunidades autónomas.

sabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid / Europa Press.

El Partido Socialista no pierde de vista a la Comunidad de Madrid, y uno de los temas que abordará en el 40º Congreso Nacional que celebra este fin de semana es la supresión del llamado ‘dumping fiscal’ madrileño. En concreto, el Gobierno tiene puesto el foco en los bajos impuestos que recauda Madrid en Donaciones, Sucesiones y Patrimonio.

La Comunidad de Madrid cuenta con los impuestos más bajos a nivel nacional en estas áreas, algo que no ha impedido que se mantenga, con diferencia, como la comunidad autónoma que más dinero consigue para el Gobierno central.

De acuerdo con las ‘Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería’, publicadas por el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso ha recaudado en lo que va de año 75.683 millones de euros para las arcas del Estado. Esta recaudación, como aclaran desde Hacienda a este diario, representa lo obtenido a través de todos los capítulos de ingresos, los ingresos tributarios y no tributarios.

De esta cifra se le han devuelto 11.410 millones, por lo que la recaudación neta del territorio se mantiene en 64.273 millones de euros. Se trata de la cifra recaudatoria más alta de toda España.

Es más, supone más del doble de lo que recauda Cataluña para el Estado. En la comunidad que preside Pere Aragonés, la recaudación neta en lo que va de año ha sido de 28.565 millones de euros. Además, en su caso, se le han devuelto 7.060 millones de euros.

Las diferencias de recaudación entre Madrid y otros territorios son todavía mayores. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, lideró las protestas autonómicas por el ‘dumping fiscal’ madrileño y propuso un “reequilibrio” de recursos ya que consideraba que Madrid aprovechaba el “efecto capitalidad” para iniciar una carrera de reducción de impuestos que podía tildarse de insolidaria.

A efectos totales, sin embargo, la recaudación de Comunidad Valenciana es seis veces inferior a la de Madrid. En lo que va de año, el Gobierno de Puig ha recaudado 9.865 millones de euros.

Si comparamos la recaudación de Madrid con la de País Vasco (1.691 millones), la comunidad de que preside Isabel Díaz Ayuso aporta 38 veces más dinero neto. La comparativa con el resto de comunidades autónomas queda de la siguiente manera:

  • Galicia: 2.760 millones (23 veces menos que Madrid).
  • Andalucía: 9.738 millones (6 veces menos).
  • Asturias: 1.621 millones (39 veces menos).
  • Cantabria: 1.007 millones (63 veces menos).
  • La Rioja: 578 millones (111 veces menos).
  • Murcia: 1.843 millones (34 veces menos).
  • Aragón: 2.850 millones (22 veces menos).
  • Castilla-La Mancha: 2.114 millones (30 veces menos).
  • Canarias: 1.056 millones (62 veces menos).
  • Navarra: - 142 millones.
  • Extremadura: 950 millones (67 veces menos).
  • Baleares: 2.142 millones (29 veces menos).
  • Castilla y León: 2.991 millones (21 veces menos).

El plan del PSOE para subir impuestos en Madrid

El PSOE abordará en su Congreso Nacional la armonización fiscal entre comunidades autónomas, una propuesta que tiene bajo su punto de mira los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.

Las comunidades autónomas tienen cedidas las competencias para estos impuestos, algo que el Gobierno quiere revisar para que no ocurran casos como el de Madrid, que cuenta con tasas bajísimas en estos ámbitos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha mostrado su interés en subir estos impuestos a principios de 2022.

En Madrid, el impuesto de Patrimonio es prácticamente inexistente, pues cuenta con una bonificación del 100%. En cuanto a los de Sucesiones y Donaciones, en Madrid se paga solo el 1%.

Una de las comunidades autónomas que ha secundado a Puig en su propuesta de armonización fiscal e Extremadura. El presidente extremeño, Guillermo González Vara, sustenta su apoyo en la “fidelidad a nuestra política fiscal, el patriotismo fiscal, la unidad de España", así como en "lo injusto que es la competencia entre desiguales". También argumenta que sin esa armonización se "perpetúa el statu quo, ya que la competencia fiscal a la baja mina la solidaridad interterritorial".

vozpopuli.com.

jueves, 20 de junio de 2019

La amenaza de una repetición electoral marca el pulso de la derecha

La cancelación de la negociación entre PP y Vox complica la formación del gobierno regional.

El pulso de PP, Cs y Vox para formar el gobierno de la Comunidad y reformular el de la capital se disputa bajo la amenaza de una repetición electoral en la región. La formación de extrema derecha vincula la pervivencia de su proyecto a entrar en los dos ejecutivos, según fuentes de Vox, que creen imperativo lograr que el partido de Albert Rivera renuncie a su veto a gobiernos compartidos. Los de Santiago Abascal no negociarán el autonómico hasta asegurar su presencia en el municipal.
Rocío Monasterio, en una imagen de archivo. Fernando Alvarado EFE

Vox tiene la llave del Ejecutivo autonómico que negocian el PP y Ciudadanos: sin sus 12 votos es inviable. Sin embargo, la formación de Albert Rivera se niega a negociar directamente con la de Santiago Abascal, y a compartir un gobierno. Por su parte, la de Pablo Casado no ha cedido en el Ayuntamiento de la capital las concejalías a las que Vox considera que tiene derecho tras dar sus votos para que José Luis Martínez Almeida sea el alcalde. En ese contexto, Rocío Monasterio suspendió el lunes sus negociaciones con el PP. El diálogo no se retomará hasta que Vox vea cumplidas sus expectativas en la capital, y no culminará con éxito si no obtiene representación en el gobierno de la Comunidad. De cumplir esos dos objetivos, dicen fuentes de la formación, depende el futuro de un proyecto que necesita visibilidad para consolidarse.
"Lo que tenía un coste electoral para todos era la continuidad de Carmena. Ahora que tenemos su foto fuera del Ayuntamiento, que se repitan elecciones en Madrid puede venir bien para ver cuál es el coste que tiene para Ciudadanos nos todo este disparate", dice una fuente de Vox, donde la línea oficial es que se quiere evitar a toda costa una repetición electoral para evitar el gasto en dinero público que costaría organizarla. "La clave es levantar el cordón sanitario [de Cs], que nos vean como una escisión del PP, como lo mismo que Ciudadanos... si no estamos muertos", argumentó este interlocutor. "Se trata de entrar en gobiernos para no seguir con cuatro años como una extravagancia, con Pablo Casado comiendo votos a su izquierda (Cs) y a su derecha (Vox)", siguió. "Hay que poner una voz en marcha [en las instituciones] Si no, desaparecemos".

Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith y Rocío Monasterio concentran las decisiones estratégicas del partido. La líder madrileña ha explicitado con claridad que no quiere una repetición electoral. Sin embargo, su ruptura en las negociaciones con el PP puede tener ese resultado, como advirtieron ayer sus dos potenciales socios.

Órdagos y bravuconadas
"Me preocupa que haya formaciones políticas que estén permanentemente en una pataleta, lanzando órdagos y bravuconadas", dijo ayer Ignacio Aguado, el líder regional de Ciudadanos. "Es el momento de la altura de miras", pidió. "Entendemos que hace falta gobierno de centro liberal que conformen PP y Ciudadanos", añadió. "Yo espero que Vox tras amenazas y planteamientos maximalistas decidirá poner ese gobierno en marcha", siguió. Y subrayó: "De lo contrario iremos a unas elecciones y creo que eso no lo quiere ningún madrileño".
"Yo creo que nuestro electorado no entendería que fuéramos a elecciones", coincidió Isabel Díaz Ayuso, la aspirante del PP a presidir el gobierno regional, que siempre se ha mostrado abierta a incluir a Vox en su ejecutivo, pese al veto de Ciudadanos. "El electorado quiere que nos entendamos", opinó. "El PP ha anunciado desde el primer día misma actitud de manos tendidas y sentarnos con los tres, respondiendo a lo que nos han pedido los electores".
Los tres partidos tienen hasta el 11 de septiembre para alcanzar un acuerdo. Si no, la ley obligará a una nueva convocatoria electoral. La presión del calendario no es el único elemento que azuza una posible solución intermedia. Como el PP y Vox ya no negocia, mientras que el PP y Cs siguen dialogando, ya nadie descarta que Díaz Ayuso acabe presentándose a la investidura solo con los votos de Aguado... y esperar a ver qué decide Monasterio.
EL PAIS



miércoles, 30 de enero de 2019

Los taxistas reciben más de 2 millones de euros en subvenciones sólo en Madrid y Cataluña

Huelga de taxistas

Taxistas en una de sus protestas. Foto: Europa Press 

El gremio de taxistas recibe, anualmente, más de 2 millones de euros en ayudas únicamente en las comunidades de Madrid y Cataluña, regiones que en los últimos días mantienen paralizadas con su convocatoria de huelga. 


Los gobiernos regionales y municipales subvencionan cada año el cambio de vehículos en el colectivo del taxi por otros menos contaminantes. La cuantía, en 2018, ascendió a más de 2 millones de euros.
Así, por ejemplo, solo la Comunidad de Madrid presupuestó el año pasado un millón de euros para la adquisición de vehículos eficientes para uso en el sector, con el fin de promover la sustitución de los vehículos por otros modelos más bajos en emisiones contaminantes.
La respuesta a la convocatoria fue masiva, con 772 solicitudes de ayudas, un hecho que desde el gobierno regional se atribuyó al problema de la contaminación de Madrid. Desde 2013, según la Comunidad de Madrid, casi 2.800 vehículos se han reemplazado gracias a esas ayudas, que van desde los 2.000 a los 10.000 euros por vehículo. Según la convocatoria, cada solicitante o empresa puede subvencionar hasta cinco vehículos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid presupuestó el año pasado otra línea, con importe de 800.000 euros, para subvencionar la compra de taxis no propulsados con diésel y con una cuantía máxima es de 3.000 euros por vehículo. La última convocatoria benefició a un total de 1.277 taxis, según informó el gobierno de Manuela Carmena.  Los incentivos para la renovación de la flota forman parte del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de Madrid.
Las ayudas de la Generalitat de Cataluña ascendieron en 2018 a 300.000 euros, dedicadas, también en este caso, a la adquisición de vehículos eléctricos y de bajas emisiones para el servicio del taxi. El gobierno catalán subvenciona con hasta 4.500 euros la compra de coches eléctricos y con 1.200 la compra de híbridos de gasolina con bajas emisiones, gas o bifuel.
El Gobierno central dispone también de una línea de ayudas para la renovación de la flota, con una cuantía que, este año, se prevé superior a los 50 millones de euros.
Se mantiene la huelga
Entre tanto, los taxistas mantienen su huelga en Madrid, donde este martes han protagonizado protestas ante la sede de UGT y del Partido Popular. A las siete de la tarde está prevista además una nueva concentración en la Puerta del Sol.
Las convocatorias en la capital viven ya su noveno día, durante los cuales han tenido lugar acciones destacadas, como el bloqueo de la M-40 y el corte en la entrada de Fitur.
La Comunidad de Madrid ha afirmado este martes que no va a  “legislar para garantizar el exterminio” de los vehículos de transporte con conductor (VTC). El gobierno regional ha rechazado la última propuesta de los taxistas, que, entre otras medidas, incluía la obligación de precontratación de una hora, un recorrido mínimo (de cinco kilómetros) y no poder usar parkings en superficie.
Mientras, el gobierno catalán sí ha aprobado este martes el decreto de regulación de VTC en Cataluña, que obligará a establecer un plazo de quince minutos de precontratación mínima.
El presidente de Unauto VTC Cataluña, Josep Maria Goñi, ha asegurado que estudian querellas criminales contra el Govern, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).



jueves, 18 de mayo de 2017

De la etapa Gallardón a la actualidad: Así ha afectado la corrupción al PP

De la etapa Gallardón a la actualidad: Así ha afectado la corrupción al PP

Pepe G.-Saavedra
 
Cristina Cifuentes ha visto su nombre relacionado con la presunta financiación irregular de la formación en un informe de la UCO, pese a que la Justicia ha rechazado las acusaciones y ha descartado su imputación.


El Partido Popular de Madrid sigue acosado por sus casos de corrupción. Este martes se conocía la lista completa de imputados en la Operación Lezo -después de que el juez Velasco levantara parcialmente el secreto de sumario- y el informe de la UCO en el que la Guardia Civil vincula a Cifuentes con la financiación irregular del partido.
La actual presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido señalada por las presuntas corruptelas de su formación, al igual que le ocurrió a Esperanza Aguirre y a Alberto Ruiz-Gallardón, ambos ya apartados de cualquier cargo político. 
Aunque por el momento ninguno de los tres deberá rendir cuentas ante la Justicia, sí se han visto salpicados de alguna manera por las corruptelas que afectan a su partido:

Cifuentes, señalada por la UCO

La presidenta de Madrid -y del Partido Popular en la región desde hace dos meses- ha negado cualquier acusación de corrupción relativa a su gestión en la etapa aguirrista. Sí, aguirrista. Cifuentes formó parte activa y con puestos de responsabilidad durante los años de mandato de Esperanza Aguirre, a pesar de querer distanciarse de esa época que ahora le ha costado el puesto a su viceconsejero Miguel Ángel Ruiz.
El informe de la UCO señala que la presidenta regional fue conocedora de la financiación irregular del partido y aprecia indicios de delitos en la contratación de la empresa del exlíder de la patronal madrileña, Arturo Fernández, por parte de la Asamblea.
En su informe, la Guardia Civil cita en concreto a Cristina Cifuentes, a quien considera posible responsable de delitos de cohecho y de prevaricación y sobre quien hace un informe específico. Para el Instituto Armado, la clave está en la incompatibilidad de Cifuentes en la toma de decisiones por la multitud de cargos que ocupaba por aquel entonces.
La UCO asegura que la presidenta intervino en las ‘’valoraciones arbitrarias’’ de la Mesa de Contratación que adjudicó los contratos de cafetería y cocinas de la Asamblea regional -entre los años 2009 y 2011- al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández.
Por aquel entonces, Cifuentes -además de presidir dicha Mesa de Contratación- era patrona de la fundación Fundescam, dirigente del PP de Madrid y miembro del comité de campaña de la formación. La Guardia Civil considera que la presidenta “vulneró la imparcialidad” de la Mesa de Contratación al “compatibilizar” su cargo en el órgano que decidía las adjudicaciones y como patrona de Fundescam. 
Dicha fundación había recibido 160.000 euros de las empresas de Arturo Fernández, que fueron empleados para la campaña electoral del Partido Popular. 

El juez no ve indicios de delito

A pesar del informe de la UCO, el juez Velasco ha rechazado pedir la imputación de la presidenta de Madrid en el marco de la Púnica. Tanto él como el fiscal no observan indicios de delito de Cifuentes en relación a la financiación irregular del partido y aseguran que no hay pruebas de su implicación. 
Además, la líder de los populares madrileños ha rechazado las acusaciones de la UCO, ha asegurado que todas las gestiones y contrataciones se realizaron dentro de la legalidad y ha anunciado que emprenderá acciones legales contra quienes pongan en cuestión su honorabilidad.

Lezo se lleva por delante a Ignacio González


Este informe de la UCO fue remitido al juez Velasco el pasado 1 de marzo, momento en el que el expresidente madrileño ya estaba siendo investigado en el marco de la Operación Lezo, tal y como publicó La Gaceta pocos días después.
Bajo la etapa Cifuentes, el expresidente Ignacio González ha sido detenido e imputado por los presuntos cobros ilegales desde el Canal de Isabel II. Fue Cifuentes quien decidió llevar a la Fiscalía la gestión de sus predecesores en la empresa pública.
González está imputado en cinco de la seis piezas que conforman la Operación Lezo: la relativa a la compra de empresas en Hispanoamérica; otra sobre el tren de Navalcarnero; la gestión de Canal Golf; el presunto blanqueo de capitales; y la quinta pieza sobre la financiación irregular de la formación

Aguirre y la Caja ‘B’


Antes de la etapa González, Aguirre dirigió la Comunidad desde 2003 hasta 2012, momento en el que se apartó de la política activa y cedió el testigo a su delfín. Durante toda esa época, según la UCO, el Partido Popular acudió dopado a las citas electorales. 
Según sostiene la Benemérita en un informe en el marco de la trama Púnica, existen indicios fundados para asegurar que la formación se financió de manera irregular de cara a las campañas de 2007 y 2011. 
La investigación parte de una libreta de Francisco Granados y de la documentación intervenida al exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, y, según la UCO, pone de manifiesto una contabilidad "B" de gastos electorales "que revela la superación sistemática de los límites de gasto electoral así como numerosas irregularidades, muchas de ellas con relevancia penal".
La Benemérita apunta en su informe que el PP de Madrid tuvo supuestamente una "caja B" en la que acumuló más de un millón de euros en torno al año 2011, cuando se celebraron elecciones autonómicas.
Dicha documentación, "a juicio policial, pondría de manifiesto la existencia de una caja B cuantificada en más de un millón de euros", señala la Guardia Civil.
Y añade que los ingresos fraccionados de terceros al PP de Madrid son "parcialmente coincidentes" con las aportaciones que el exconsejero madrileño Francisco Granados -en prisión desde 2014 por este caso de corrupción- le hizo a Beltrán Gutiérrez.

Gallardón y el inicio de Lezo


Fue bajo la era Gallardón cuando comenzó el desvío de fondos del Canal de Isabel II, tal y como apuntó hace unos días OKdiario
En 2001 se produjo la compra de una de las filiales sudamericanas del Canal -Inassa- y, según los investigadores, fue el comienzo del desfalco de las arcas de la empresa pública. 
"Presuntamente Alberto Ruiz-Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta de Inassa y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González", aseguraba el diario El Español.
A día de hoy, sólo Ignacio González ha salido damnificado por las tramas de corrupción que afectan al PP de Madrid. Aun así, los investigadores consideran probado que la formación se dotó de recursos de manera ilegal y las discrepancias se circunscriben únicamente al papel que jugaron los diferentes presidentes autonómicos. Por el momento no consideran que Cifuentes, Aguirre o Gallardón tengan responsabilidad alguna.
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lunes, 24 de abril de 2017

Esperanza Aguirre: «Dimito porque no vigilé lo que debía»

La ya exportavoz del PP, que no ha atendido preguntas, dice sentirse "engañada y traicionada" por el que fuera su hombre de confianza en el Gobierno regional .
 
 
Foto: Esperanza Aguirre anuncia su dimisión. (EFE)
Esperanza Aguirre anuncia su dimisión. (EFE)
 
A la tercera va la vencida. Esperanza Aguirre ha dimitido este lunes de su cargo de portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid acorralada por los escándalos de corrupción bajo su reinado en la Comunidad de Madrid y que han acabado llevando a la cárcel a sus dos principales colaboradores en el Gobierno y en el partido: Ignacio González y Francisco Granados. Aguirre, como ha adelantado ABC, ha comunicado por teléfono (vía SMS) su decisión irrevocable al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, de viaje en Brasil. A primera hora de la tarde, una persona de su círculo más estrecho ha telefoneado al coordinador general de Génova, Fernando Martínez-Maillo. Y después, a las 17 horas, ha comparecido ante los medios para informar de su adiós definitivo a la política.
La ya exportavoz popular, que no ha concedido preguntas a los periodistas tras una escueta intervención, ha asegurado que se siente «engañada y traicionada» por que el que fue su hombre de máxima confianza en el Gobierno regional. Después de enumerar los cargos políticos con los que nombró al también expresidente de la Comunidad, Aguirre ha detallado que su fallo fue creer y dar por buenas las explicaciones de Ignacio González cuando su nombre fue vinculado a «asuntos incorrectos» en los medios de comunicación. «Su ingreso en prisión (por González) no es una prueba definitiva, pero sí demuestra que no vigilé lo que debía; por ello dimito», ha declarado Aguirre, que dejará el acta y su cargo de portavoz.
Después de tres días de especulaciones sobre su marcha, Aguirre ha dado el paso porque, según ha argumentado «es su manera de entender la política». «Los ciudadanos tienen el derecho a exigir que los políticos asuman su responsabilidad política sin excusas. No la eludo y por eso dimito», ha aseverado.
La marcha de Aguirre abre ahora un debate en torno a cuál será su sucesor al frente del grupo en Cibeles. La sucesión natural apunta al portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, aunque no se descarta que la responsabilidad recaiga en otros ediles. A apenas doce horas del próximo pleno, el grupo municipal popular se encuentra sin portavoz, asediado por las críticas de la oposición.
Las portavoces de los grupos municipales han comparecido tras la dimisión de Esperanza Aguirre y han coincidido en que el caso no debe acabar con esta dimisión. Rita Maestre, en representación del Ayuntamiento de la capital, ha señalado que la responsabilidad de la exedil popular no está subsanada: «Pocos madrileños se creen que no sabía nada ante las reiteradas denuncias y pruebas que tenía desde 2008 sobre hechos irregulares relativos al dinero públicos».
Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha valorado que se trata del «final de una era política» y ha instado a los madrileños a que «no vuelvan a votar a corruptos». Villacís ha insistido en que «no es un caso Aguirre», sino «un caso PP», en alusión a la diferentes causas de corrupción que acorralan al partido. «Es un partido dispuesto a sacrificar peones e incluso reinas, pero solo por su propia supervivencia», ha señalado. Su homóloga en el PSOE, Purificación Causapié, acompañada por la secretaria general del partido en la región, Sara Hernández, ha exigido a Aguirre que vaya más allá de su dimisión: «Debería explicar qué es lo que sabe, porque no nos creemos que no sepa nada, que explique cómo han financiado las campañas electorales, cómo se ha financiado»

Presión interna

Durante las últimas horas la presión interna arreció sobre Aguirre para que se fuera. Aunque en Génova afirmaban esta mañana, tras la reunión del comité de dirección, que no le habían pedido la dimisión, en privado los líderes se manifestaban convencidos de que la permanencia de Aguirre en el cargo taponaba el discurso de regeneración del PP. Y que su salida era cuestión de horas.
«No tenía otra salida. Pero es el adiós de un símbolo del PP», sentenciaron fuentes del PP a ABC minutos después de las 16 horas. En ese momento, Aguirre convocó a los medios a las 5 de la tarde en dependencias municipales para hacer una declaración pública después del escándalo de la operación Lezo, que ha enviado a la cárcel a su número 2, Ignacio González.
 

lunes, 1 de junio de 2015

Tania Sánchez, imputada por prevaricación y malversación

 
 
 
 Tania Sánchez, excandidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, y Pedro del Cura, alcalde Rivas-Vaciamadrid, han sido hoy imputados por un juzgado de Arganda del Rey tras una denuncia presentada en enero por el Partido Popular y admitida a trámite a mediados de marzo. El juez les acusa presumiblemente de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por el caso Aúpa. El Ayuntamiento de Rivas otorgó, entre 2002 y 2008, contratos por 1,4 millones de euros a Héctor Sánchez, hermano de la exaspirante. El padre de los Sánchez, Raúl -también imputado- era concejal todos esos años y no se inhibió en las votaciones. Tampoco lo hizo en la última adjudicación a esta cooperativa sociocultural la propia Tania por un valor de 137.000 euros.
También han sido imputadas Abril Barceló y Yolanda Pérez, las dos socias del hermano de Tania Sánchez que abandonaron la cooperativa para convertirse en funcionarias del Ayuntamiento. Desde sus nuevos puestos firmaban los concursos a los que se presentaba Héctor. El 22 de junio están llamados a declarar Del Cura y las dos fundadoras de Aúpa. Y al día siguiente los tres miembros de la familia Sánchez.
A mediados de enero el PP se querelló contra los hoy imputados. Como entre ellos estaba Tania Sánchez, por entonces diputada regional de IU y por lo tanto aforada, el partido interpuso la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero al abandonar esta su escaño y la coalición, el TSJM se inhibió a favor de un juzgado de Aranda.
Tanto Tania como Raúl Sánchez negaron siempre que supiesen que su hermano e hijo fuese el gestor de la cooperativa a la que el Ayuntamiento otorgaba contratos. Incluso aunque trascendió que la propia exdiputada recibió clases de canto y batería. Del Cura, esos años concejal de Juventud, es el único que reconoció ante una comisión de investigación que conocía los vínculos familiares del administrador de Aúpa. Ambos firmaban los contratos por lo que no podía negarlo
La imputación de Pedro del Cura puede suponer que tenga que abandonar la Alcaldía. Del Cura ha ganado por muy poco en las elecciones y comienzan ahora las negociaciones con otros partidos para formar Gobierno. Rivas Puede, la candidatura de Podemos en la localidad, ha tenido un resultado muy parecido y no está dispuesto a gobernar con alguien imputado. Además, el código interno de IU no le permite mantenerse como cabeza de lista de IU en Rivas.
Tania Sánchez finalmente no se sumó a la propuesta de Podemos a la Comunidad de Madrid y ha trabjado por candidaturas de "unidad popular" en otros sitios. La noche de las elecciones el líder de Podemos. Pablo Iglesias -que había defendido la inocencia de Sánchez ante los medios- alabó su labor en Twitter.