De la etapa Gallardón a la actualidad: Así ha afectado la corrupción al PP

De la etapa Gallardón a la actualidad: Así ha afectado la corrupción al PP

Pepe G.-Saavedra

 

 

Cristina Cifuentes ha visto su nombre relacionado con la presunta financiación irregular de la formación en un informe de la UCO, pese a que la Justicia ha rechazado las acusaciones y ha descartado su imputación.

El Partido Popular de Madrid sigue acosado por sus casos de corrupción. Este martes se conocía la lista completa de imputados en la Operación Lezo -después de que el juez Velasco levantara parcialmente el secreto de sumario- y el informe de la UCO en el que la Guardia Civil vincula a Cifuentes con la financiación irregular del partido.

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido señalada por las presuntas corruptelas de su formación, al igual que le ocurrió a Esperanza Aguirre y a Alberto Ruiz-Gallardón, ambos ya apartados de cualquier cargo político. 

Aunque por el momento ninguno de los tres deberá rendir cuentas ante la Justicia, sí se han visto salpicados de alguna manera por las corruptelas que afectan a su partido:

Cifuentes, señalada por la UCO

La presidenta de Madrid -y del Partido Popular en la región desde hace dos meses- ha negado cualquier acusación de corrupción relativa a su gestión en la etapa aguirrista. Sí, aguirrista. Cifuentes formó parte activa y con puestos de responsabilidad durante los años de mandato de Esperanza Aguirre, a pesar de querer distanciarse de esa época que ahora le ha costado el puesto a su viceconsejero Miguel Ángel Ruiz.

El informe de la UCO señala que la presidenta regional fue conocedora de la financiación irregular del partido y aprecia indicios de delitos en la contratación de la empresa del exlíder de la patronal madrileña, Arturo Fernández, por parte de la Asamblea.

En su informe, la Guardia Civil cita en concreto a Cristina Cifuentes, a quien considera posible responsable de delitos de cohecho y de prevaricación y sobre quien hace un informe específico. Para el Instituto Armado, la clave está en la incompatibilidad de Cifuentes en la toma de decisiones por la multitud de cargos que ocupaba por aquel entonces.

La UCO asegura que la presidenta intervino en las ‘’valoraciones arbitrarias’’ de la Mesa de Contratación que adjudicó los contratos de cafetería y cocinas de la Asamblea regional -entre los años 2009 y 2011- al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández.

Por aquel entonces, Cifuentes -además de presidir dicha Mesa de Contratación- era patrona de la fundación Fundescam, dirigente del PP de Madrid y miembro del comité de campaña de la formación. La Guardia Civil considera que la presidenta “vulneró la imparcialidad” de la Mesa de Contratación al “compatibilizar” su cargo en el órgano que decidía las adjudicaciones y como patrona de Fundescam. 

Dicha fundación había recibido 160.000 euros de las empresas de Arturo Fernández, que fueron empleados para la campaña electoral del Partido Popular. 

El juez no ve indicios de delito

A pesar del informe de la UCO, el juez Velasco ha rechazado pedir la imputación de la presidenta de Madrid en el marco de la Púnica. Tanto él como el fiscal no observan indicios de delito de Cifuentes en relación a la financiación irregular del partido y aseguran que no hay pruebas de su implicación. 
Además, la líder de los populares madrileños ha rechazado las acusaciones de la UCO, ha asegurado que todas las gestiones y contrataciones se realizaron dentro de la legalidad y ha anunciado que emprenderá acciones legales contra quienes pongan en cuestión su honorabilidad.

Lezo se lleva por delante a Ignacio González

Este informe de la UCO fue remitido al juez Velasco el pasado 1 de marzo, momento en el que el expresidente madrileño ya estaba siendo investigado en el marco de la Operación Lezo, tal y como publicó La Gaceta pocos días después.

Bajo la etapa Cifuentes, el expresidente Ignacio González ha sido detenido e imputado por los presuntos cobros ilegales desde el Canal de Isabel II. Fue Cifuentes quien decidió llevar a la Fiscalía la gestión de sus predecesores en la empresa pública.

González está imputado en cinco de la seis piezas que conforman la Operación Lezo: la relativa a la compra de empresas en Hispanoamérica; otra sobre el tren de Navalcarnero; la gestión de Canal Golf; el presunto blanqueo de capitales; y la quinta pieza sobre la financiación irregular de la formación. 

Aguirre y la Caja ‘B’

Antes de la etapa González, Aguirre dirigió la Comunidad desde 2003 hasta 2012, momento en el que se apartó de la política activa y cedió el testigo a su delfín. Durante toda esa época, según la UCO, el Partido Popular acudió dopado a las citas electorales. 

Según sostiene la Benemérita en un informe en el marco de la trama Púnica, existen indicios fundados para asegurar que la formación se financió de manera irregular de cara a las campañas de 2007 y 2011. 

La investigación parte de una libreta de Francisco Granados y de la documentación intervenida al exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, y, según la UCO, pone de manifiesto una contabilidad "B" de gastos electorales "que revela la superación sistemática de los límites de gasto electoral así como numerosas irregularidades, muchas de ellas con relevancia penal".

La Benemérita apunta en su informe que el PP de Madrid tuvo supuestamente una "caja B" en la que acumuló más de un millón de euros en torno al año 2011, cuando se celebraron elecciones autonómicas.

Dicha documentación, "a juicio policial, pondría de manifiesto la existencia de una caja B cuantificada en más de un millón de euros", señala la Guardia Civil.

Y añade que los ingresos fraccionados de terceros al PP de Madrid son "parcialmente coincidentes" con las aportaciones que el exconsejero madrileño Francisco Granados -en prisión desde 2014 por este caso de corrupción- le hizo a Beltrán Gutiérrez.

Gallardón y el inicio de Lezo

Fue bajo la era Gallardón cuando comenzó el desvío de fondos del Canal de Isabel II, tal y como apuntó hace unos días OKdiario. 

En 2001 se produjo la compra de una de las filiales sudamericanas del Canal -Inassa- y, según los investigadores, fue el comienzo del desfalco de las arcas de la empresa pública. 

"Presuntamente Alberto Ruiz-Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta de Inassa y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González", aseguraba el diario El Español.

A día de hoy, sólo Ignacio González ha salido damnificado por las tramas de corrupción que afectan al PP de Madrid. Aun así, los investigadores consideran probado que la formación se dotó de recursos de manera ilegal y las discrepancias se circunscriben únicamente al papel que jugaron los diferentes presidentes autonómicos. Por el momento no consideran que Cifuentes, Aguirre o Gallardón tengan responsabilidad alguna.

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