LA MEJOR DEFENSA

Cuando era ministra, Dolores Delgado forzó a la Abogacía del Estado a rebajar -con éxito final, por cierto- la calificación de las penas pedidas contra los líderes del procés independentista. El letrado Edmundo Bal pidió la excedencia por eso y se presentó en la lista de Ciudadanos pensando con razón que para hacer política era mejor servir a su propia ideología.

Con esos antecedentes cabía barruntar que el aterrizaje de Delgado al frente de la Fiscalía -«¿de quién depende, eh, de quién depende? Pues ya está»- tenía como objeto la construcción preventiva de un blindaje cautelar del Ejecutivo ante cualquier problema con la justicia.

Y en efecto, en los primeros avatares judiciales que afectan a miembros del Gabinete se ha confirmado la conjetura: el Ministerio Público ha ejercido como instancia defensiva o directamente exculpatoria de las autoridades demandadas o de las actuaciones recurridas. Por qué será que nadie se sorprende de este celo proteccionista.

Primer ejemplo: la denuncia contra el delegado en Madrid, José Manuel Franco, por prevaricación omisiva al no prohibir la manifestación del ocho de marzo. Segundo caso: las querellas contra Marlaska por el presunto cese irregular del coronel de la Guardia Civil al mando de la brigada judicial encargada de las diligencias del mismo sumario.

En ambos asuntos los fiscales se han pronunciado de entrada a favor del archivo de los cargos. Por supuesto que con razonables argumentos, de los que no cabría dudar si el nombramiento de su superiora jerárquica no suscitase sospechas de una relación causa-efecto fundada en una interpretación «creativa» del Derecho.

Y hay un tercer episodio, aún más delicado, que es el contubernio del acusador de Anticorrupción con la abogada de Podemos en la investigación sobre las turbias andanzas del comisario Villarejo, donde media el agravante de un posible intento de engañar al juez y de una hipotética revelación de secretos. Este tema amenaza con desembocar en un escándalo de altos vuelos capaz de salpicar al mismísimo vicepresidente segundo del Gobierno, que se ha metido él mismo en un notable enredo susceptible de situarlo frente al Supremo.

Se admiten apuestas sobre el criterio de la Fiscalía respecto una eventual petición del magistrado instructor de la Audiencia para que el Alto Tribunal investigue al aforado Iglesias. (Nota al margen: hay casi una docena de plazas de fiscal de sala pendientes de designación directa).

En Moncloa -«¿de quién depende?» etcétera- hay mucha gente en vilo ante esa crucial papeleta, cuyo poder de desestabilización es bastante más peligroso que el de las dieciséis querellas relativas a la (pésima) gestión de la pandemia. Cuando Sánchez eligió a Delgado era consciente de que la enviaba a ocupar una posición estratégica.

Y la tarea que le encomendó no era tanto la de dirigir la acusación como la de organizar su defensa.

Ignacio Camacho ( ABC )

viñeta de Linda Galmor

EL ARTÍCULO DE USSÍA (Como siempre magistral, Alfonso)

«Se han equivocado, señora ministra. Mingorrubio se va a convertir en el epicentro de las visitas de aquellos que nunca fueron franquistas y ustedes se han inventado»
«Son ustedes los creadores del franquismo renovado, de los hijos de aquellos que, a favor o en contra, vivieron durante su mandato»

Ha dicho la señora ministra Dolores Delgado, la más pija de las antiguas alumnas del colegio Alameda de Osuna, remanso de Baltasar Garzón, divertida comensal sobre los manteles de Villarejo, acuñadora del contundente «maricón» dedicado a su compañero de Gobierno Fernández Marlaska, ha dicho –repito–, que la exhumación del cadáver de Franco significa la «primera victoria de la España vencida». Su frase, solemne y pedante, es una sandez, señora ministra.
Vencer a unos huesos que llevan alejados de la vida 44 años, no es una victoria. Es, en el caso que nos ocupa, una derrota del sentido común. Con esos huesos que ustedes, con la inestimable colaboración de una Santa Sede liderada por un peronista montonero y de un Arzobispo de Madrid más blando y melifluo que una gominola de kiwi, han demostrado su ilimitada cobardía. Una victoria jamás es cobarde. Por otra parte, ustedes con su torpeza, han resucitado a quien vivió sobre esos huesos. Profanan un enterramiento custodiado por la Iglesia en una basílica, violan la «res sacra», y deciden, sin la autorización de su familia, donde esos huesos van a ser inhumados. Y hablan de la primera victoria de la España vencida. Sabemos que otro, y muy diferente, es el objetivo de este combate contra un muerto. El objetivo mide más que la tumba, se alza sobre el valle de Cualgamuros y representa lo que Tierno Galván, que era un intelectual de la izquierda culta, definió como el «símbolo de la paz». Me refiero a la Cruz, Dolores Delgado, mucho más grande que aquella que llevaba sobre su pecho el Padre Bartolomé Fernández Vicens y Fiol, su director espiritual en el colegio Alameda de Osuna. –Dolores, Dolores, no me seas traviesa y no te distraigas durante las oraciones, que siempre estás con la cabeza a pájaros–. –Sí, Padre, lo intentaré–.
Explíqueme la «victoria», señora ministra. En casi dos años, la única obsesión como Presidente del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido la de desenterrar unos huesos de un lugar para enterrarlos en otro. Conozco hechos históricos infinitamente más brillantes. Su «victoria», señora ministra, es una birria. Y una buena parte de los militantes, votantes y simpatizantes socialistas consideran que esa «primera victoria de la España vencida» es una farsa, una venganza de nenaza, una fruslería. Cuando Franco murió, usted era una niña rica, guapa y ajena a tanta tontería. La tontería la ha ido aumentando en los años que otros ensanchan su experiencia, su inteligencia y su sentido común. Es lo que sucede cuando su cargo depende de un intruso en la política, de un rencoroso obsesivo que cree haber vencido por haber derrotado a un muerto. Y se han equivocado, señora ministra. Mingorrubio se va a convertir en el epicentro de las visitas de aquellos que nunca fueron franquistas y ustedes se han inventado. Son ustedes los creadores del franquismo renovado, de los hijos de aquellos que, a favor o en contra, vivieron durante su mandato. Los huesos de Franco estaban muy bien enterrados en el Valle de los Caídos, olvidados por sus partidarios y sus detractores. Hasta que llegó Zapatero y abrió las heridas cicatrizadas. Hasta que llegó Rajoy, y permitió con su mayoría absoluta que la Ley del Odio se mantuviera vigente. Hasta que llegó Sánchez, y decidió que su política de futuro para España se reducía a sacar un cadáver de Cuelgamuros y llevarlo hasta Mingorrubio. Sucede que detrás de todo eso, lo que molesta es la inmensa Cruz que da cobijo y sombra a más de 30.000 caídos en la Guerra Civil, huesos de nacionales y republicanos, reunidos en el descanso para recordarnos hasta qué límite son capaces de alcanzar los resentimientos.
No, señora ministra. Su victoria no es pírrica, sino inexistente. Otra cosa es la sentencia del Supremo contra los golpistas del separatismo catalán, que tan bien se lleva con ustedes. Ahí sí han ganado. Lo malo es que esa victoria no será para los vencedores o los vencidos. Todos los españoles hemos sido derrotados por una Justicia estercolizada. Píenselo, señora ministra.

Asaltatumbas trifálica

Asaltatumbas trifálica

por
Alfonso Ussía
(LA RAZON)

La ministra asaltatumbas de Justicia, la trifálica, ha manifestado que de oponerse la familia Franco, la Iglesia o la comunidad de padres benedictinos a la exhumación de los restos mortales del general, al Gobierno -¿qué Gobierno?-, le sobran potestades para entrar en la basílica, retirar la lápida, y llevarse a Franco, sin respetar los plazos, el recurso ante el Supremo, y la lógica resistencia de los que custodian los restos mortales de los españoles allí enterrados. Y es la ministra de Justicia. La misma que llamó «maricón» a su compañero de Gobierno -¿qué Gobierno?-, el ministro del Interior, la misma que alentó a Villarejo cuando éste le contó su proyecto de contratar putitas para sus conseguir sus fines, la misma que presenció, silenció y reconoció que algunos jueces alternaban con menores, y la misma que aún se tiene que pellizcar cada mañana cuando despierta para comprobar que no es un sueño su condición de ministra del Gobierno -¿qué Gobierno?-, de España.

En el último Consejo de Ministros, ya con la fecha de las elecciones arteramente elegida, el Gobierno -¿qué Gobierno?-, aprobó su medida estrella. Estrella estrellada, pero estrella. Franco, fuera del Valle y de la cripta de La Almudena. Negación de la propiedad privada y de la voluntad familiar de dejar tranquilos los restos de su abuelo, y en caso de asalto a la tumba por parte del Gobierno -¿qué Gobierno?-, prohibir a sus nietos enterrarlo junto a su madre y su abuela en una tumba vacía de su propiedad. Esa, y no otra, ha sido la medida estrella de este Gobierno -¿qué Gobierno?-, de chulos, incompetentes y cantamañanas. Nueve meses para vencer a un cadáver, y después de nueve meses, intentar mentir nuevamente a la ciudadanía aprobando lo que a la ciudadanía le importa un bledo y que el Gobierno -¿qué Gobierno?- sabe de su incapacidad para llevarlo a cabo. Excepto, claro está, que la ministra de Justicia, la inefable trifálica, ordene asaltar la basílica de Cuelgamuros para profanar una tumba. Apenas costará 3.800 euros la operación, más o menos lo mismo que el alquiler de la suite del Villamagna para preservar en el anonimato el encuentro el día de San Valentín de Pedro y Pablo. No obstante, y a pesar del ímpetu de doña Dolete, sin plazo para proceder a la exhumación por razones de absoluta imposibilidad. Una majadería más de esta gente tan profundamente necia que ha ocupado el Gobierno -¿qué Gobierno?- de España con la ayuda de los aún más necios de Podemos, los separatistas y los herederos del terrorismo. Delicioso.

Lo más importante que ha hecho este grupo de alimoches descoordinados ha sido convertir un olvido en una presencia activa y triunfadora. Para mí, que Sánchez toma sus decisiones en las barras de los bares o dejándose influir por su peluquero o su asesor de estética. Lo que más lamento del final de este Gobierno -¿qué Gobierno?-, es la conclusión de la carrera política del astronauta, que ha llevado las riendas de su ministerio con la misma precisión y efectividad que el cohete con satélite que fue lanzado en Chechenia ante todas las autoridades civiles y militares, y damas de la alta sociedad chechena invitadas al acto, y a los cincuenta metros de altura, en plena ascensión, varió caprichosamente su rumbo, viró hacia la tribuna de invitados, se precipitó sobre ella y procedió a hacer papilla a más de la mitad de los presentes. No obstante, nuestro astronauta Duque, no parece mala persona, y es saludable despedirlo con una palmadita en la espalda.

A la triflálica no. La trifálica -intuyo que quiso decir «derecha tricéfala» y le confundió la lengua alguna obsesión-, nada hay que agradecerle. Sus servicios prestados han sido pavorosos. No ha dicho y hecho más que chorradas, y ha dejado en muy mal lugar -de ahí mi repulsa-, a mi colegio, carísimo y de pijos, el Alameda de Osuna, donde estudió de niña. De niña mal encarada, según recuerdan sus compañeros y profesores, porque eso sí, tiene un temperamento y una mala educación que se las trae.

Le quedan dos meses para asaltar, con nocturnidad y alevosía, la basílica del valle de los Caídos. Lo que más temo cuando finalice la vigencia de este Gobierno -¿qué Gobierno?-, es su retorno a la carrera de fiscal. Con esa amargura, ese carácter y esa proximidad inmediata a la iracundia no se puede ser fiscal. No se puede ser nada que afecte a la normalidad democrática y ciudadana. Y la Celáa. Nos queda la Celáaa. Caray con la Celáaaa. Qué tipa la Celáaaaa.

Pero me he quedado sin espacio.

Marlaska,"Tiene más celo en proteger el chalet de Iglesias que la casa de Llarena"

Y la titular de Justicia, la 'homófoba' Dolores Delgado, callada como una puerta.

¿Por qué el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha puesto el mismo empeño en vigilar la casa del juez Llarena como sí lo ha hecho con el casoplón de los 'marqueses de Galapagar', Pablo Iglesias e Irene Montero?

Esta cuestión se la han preguntado este 16 de noviembre de 2018 Carlos Herrera y Santiago González en su repaso a la actualidad del día en 'Herrera en COPE'.

Decía González, con el habitual gracejo que le caracteriza, soltó la siguiente reflexión:

¿Dónde se ha visto a un ministro del Interior que pone mucho más celo en poner guardias civiles 24 horas al día en el casoplón de los marqueses de Galapagar y no protege la vivienda de Llarena, magistrado instructor del Tribunal Supremo para el caso del golpe, del ataque con pintura a la casa de Llarena?

 Añadía:

El Consejo General del Poder Judicial ha pedido al ministro protección para el magistrado, petición que en sí misma debería de ser una vergüenza para el ministro del Interior y para la ministra de Justicia que no ha abierto la boca ante este hecho.
 

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72

EL GOBIERNO DESPRECIA A LA JUSTICIA PARA DAR AIRE A LOS GOLPISTA

La ruptura de la unidad de acción que supone el escrito de acusación de la Abogacía del Estado con respecto a las imputaciones que hace firmes la Fiscalía contra los responsables de la intentona golpista en Cataluña, no sólo debilita la posición del Tribunal Supremo, que es, en última instancia, quien debe juzgar los hechos, sino que, en caso de sentencia condenatoria por rebelión, deja inerme al Estado ante el más que probable recurso de los procesados en la Corte Europea de Derechos Humanos.

En efecto, mal se compadece que el mismo cuerpo jurídico encargado de defender los intereses de España y que sólo ha apreciado la existencia del delito de sedición, tuviera que sostener ante los jueces de Estrasburgo la legalidad de una condena por rebelión. No es, sin embargo, la única contradicción de fondo que existe en la inaudita actuación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en este asunto, por cuanto estamos ante un cambio de criterio que roza el fraude procesal y, por lo tanto, provocaría indefensión.

Que tal artificio procesal provenga de una profesional de la Justicia, que ha ejercido durante décadas como fiscal, nos llena de perplejidad y abona, es inevitable, la sospecha de que el enrocamiento del presidente del Gobierno a la hora de mantener a la ministra Delgado en el puesto que ocupa, pese al escándalo de las escuchas del ex comisario de Policía José Antonio Villarejo, es de raíz instrumental.

En efecto, no se entiende qué nuevas pruebas de convicción, qué hechos sobrevenidos han determinado que la Abogacía del Estado, que actúa como acusación particular en la causa del «procés», no hubiera interpuesto recurso cuando se declaró firme el auto de procesamiento por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia si en su escrito de acusación iba a incluir el de sedición, que los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no contemplaban. Existen, pues, bases para reclamar la indefensión por parte de los acusados, como han reconocido juristas de probada experiencia en el Derecho procesal.

Como en otras actuaciones del actual Gobierno socialista, estamos ante una decisión de orden legal dudosa, fruto, sin duda, de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Triste papel el de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, por más que se deba a la obediencia a su superior jerárquico directo, como es el Ministerio de Justicia. En definitiva, se ha roto la unidad acusatoria, la abogacía del Estado actúa en un ámbito que nada útil aporta al proceso, puesto que sobrepasa la defensa de los interés pecuniarios de la Administración; se ha hecho daño a la imagen exterior de España y, es lo más grave, se traslada al tribunal juzgador una indicación totalmente inadecuada sobre las preferencias del Gobierno de turno en la resolución de este caso.

Pocos ejemplos más claros de presión gubernamental sobre la labor de los magistrados, a quienes, además, se advierte de las intenciones últimas del Ejecutivo con las continuas referencias, ayer sin ir más lejos, a la figura del indulto. Y todo esto para que los destinatarios de la gestualidad se reafirmen en su posición de máximos, exijan a las claras y por las bravas la impunidad de los reos y amenacen al presidente del Gobierno con retirarle el apoyo parlamentario.

Porque la realidad es que entra más en el campo de la psicología que en el de la política o el derecho la pretensión del separatismo catalán de que todo lo sucedido no surta el menor efecto penal. Y, sin embargo, el impecable escrito de acusación de la Fiscalía nos relata, con la sobriedad del lenguaje forense, cómo los 18 acusados, desde el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, hasta la ex diputada de la CUP Mireia Boya Busquet dirigieron, promovieron y participaron activamente en la ejecución de un proceso perfectamente concertado y organizado para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado en forma de república, segregándola del Reino de España. Hay más implicados, pero unos, como el ex responsable de la Policía autónoma, Josep Lluis Trapero, figuran en otra causa, o, como el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se encuentran huidos de la Justicia.

La Fiscalía, como el juez instructor, aprecia el ejercicio de la violencia que tipifica el delito de rebelión, describe los hechos en que sustenta su acusación y disecciona la malversación del dinero público efectuada por la Generalitat para poder sufragar el proceso. En consecuencia, pide las penas a que son acreedores los procesados, con una de 25 años de cárcel para el principal acusado, Oriol Junqueras.

Se entiende el vértigo que produce ese horizonte penal, incluso, entre quienes, de buena fe, hubieran preferido que nada de esto fuera necesario. Pero el riesgo en que los dirigentes separatistas catalanes, sin ninguna razón válida, pusieron la libertad y la convivencia en paz de todos los españoles y el daño para nuestra democracia obligan a aplicar la Ley.

La Razón

El pleno ha reclamado a Pedro Sánchez que la destituya si la ministra de Justicia no dimite

El corte de digestión de la ministra Dolores Delgado al conocer la decisión del Congreso

La moción ha sido aprobada gracias a la abstención de Podemos y los apoyos de PP y Ciudadanos

La pintan bastos a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. El pleno del Congreso ha pedido este martes 9 de octubre de 2018 su dimisión y, si no lo hace, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a destituirla, una petición que han respaldado el PP y Ciudadanos y que ha salido adelante gracias a la abstención de Podemos. (La ministra Delgado, la del 'Marlaska maricón', le hizo un favor millonario al comisario Villarejo).

Sólo el PNV se ha sumado al PSOE para apoyar desde la tribuna a la ministra ante la moción presentada por los populares, que ha sido aprobada por 166 votos a favor, 91 en contra y 83 abstenciones. ('Informe Semanal' (TVE) se apunta a la tesis socialista del 'acoso' de la prensa en los escándalos de Delgado y Duque).

Tras ser reprobada en el Senado por supuestamente no haber defendido con diligencia y desde el primer momento en Bélgica al juez instructor del procés, Pablo Llarena, ante la demanda de dirigentes independentistas, la mayoría de los grupos del Congreso han denunciado la presunta relación de Delgado con el excomisario José Manuel Villarejo.

Delgado tiene previsto comparecer este miércoles en la Comisión de Justicia para explicar esa relación, que limita a haber coincidido en "tres eventos", según la ministra, después de la polémica suscitada por la difusión de audios grabados en una comida que compartió con Villarejo en 2009.

La portavoz del PP, María Jesús Moro, ha pedido el cese de Delgado por su "ausencia completa de ejemplaridad", por su actitud ante el juez Llarena, sus relaciones con el excomisario y por usar el Ministerio como "sucursal" del despacho de Baltasar Garzón, presente en aquella comida.

Garzón, para los populares, se ha convertido en "la mano en la sombra" del Ministerio, como lo demuestra, a su juicio, los planes de Justicia para crear una comisión de la verdad para los crímenes del franquismo o "redirigir" la justicia universal. Moro ha reconocido que las grabaciones de Villarejo han podido ser obtenidas de manera reprochable, pero, ha subrayado, existen y revelan cómo la ministra recurre a insultos e insidias "ajenas a la ejemplaridad propia de un servidor público".

Con sus argumentos ha coincidido Ciudadanos, que ha denunciado la vulnerabilidad de la ministra por "la mochila de amistades peligrosas" que porta. "No necesitamos una ministra que no ceda al chantaje, necesitamos una ministra que no pueda ser chantajeada", ha subrayado su portavoz, José Ignacio Prendes.

Frente a ellos, el portavoz socialista, Juan Carlos Campo, ha criticado que se pidiera el cese de Delgado sin darle oportunidad a explicarse este miércoles, actitud que ha comparado con la Inquisición, y ha criticado que se use a una persona en prisión preventiva por delitos muy graves -como pertenencia a organización criminal, cohecho, revelación de secretos y extorsión- para acabar con el adversario político. "Ese no es el camino que queremos para nuestra sociedad", ha garantizado.

Sin embargo, su principal socio, Unidos Podemos, ha preferido abstenerse en lugar de votar con los socialistas. Su objetivo, ha subrayado Gloria Elizo, es investigar todas las filtraciones y dejar de mirar para otro lado ante las "mentiras de las cloacas" y la existencia de "una policía política que elaboraba dosieres falsos contra adversarios políticos", entre ellos Pablo Iglesias.

ERC también se ha abstenido, después de que su portavoz, Joan Tardà, advirtiera del "estercolero" en el que cree que se ha convertido el sistema político y judicial español y tendiera la mano al PSOE para buscar una solución pacífica en Catalunya, olvidándose de "venganzas y escarmientos".

Sólo Mikel Legarda, del PNV, ha defendido a la ministra; a pesar de criticar el lenguaje que usa en los audios grabados, ha rechazado participar en el "proceso de acoso y derribo a ministros" que se ha extendido en la legislatura.