La ruptura de la unidad de acción que supone el escrito de acusación de la Abogacía del Estado con respecto a las imputaciones que hace firmes la Fiscalía contra los responsables de la intentona golpista en Cataluña, no sólo debilita la posición del Tribunal Supremo, que es, en última instancia, quien debe juzgar los hechos, sino que, en caso de sentencia condenatoria por rebelión, deja inerme al Estado ante el más que probable recurso de los procesados en la Corte Europea de Derechos Humanos.
En efecto, mal se compadece que el mismo cuerpo jurídico encargado de defender los intereses de España y que sólo ha apreciado la existencia del delito de sedición, tuviera que sostener ante los jueces de Estrasburgo la legalidad de una condena por rebelión. No es, sin embargo, la única contradicción de fondo que existe en la inaudita actuación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en este asunto, por cuanto estamos ante un cambio de criterio que roza el fraude procesal y, por lo tanto, provocaría indefensión.
Que tal artificio procesal provenga de una profesional de la Justicia, que ha ejercido durante décadas como fiscal, nos llena de perplejidad y abona, es inevitable, la sospecha de que el enrocamiento del presidente del Gobierno a la hora de mantener a la ministra Delgado en el puesto que ocupa, pese al escándalo de las escuchas del ex comisario de Policía José Antonio Villarejo, es de raíz instrumental.
En efecto, no se entiende qué nuevas pruebas de convicción, qué hechos sobrevenidos han determinado que la Abogacía del Estado, que actúa como acusación particular en la causa del «procés», no hubiera interpuesto recurso cuando se declaró firme el auto de procesamiento por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia si en su escrito de acusación iba a incluir el de sedición, que los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no contemplaban. Existen, pues, bases para reclamar la indefensión por parte de los acusados, como han reconocido juristas de probada experiencia en el Derecho procesal.
Como en otras actuaciones del actual Gobierno socialista, estamos ante una decisión de orden legal dudosa, fruto, sin duda, de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Triste papel el de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, por más que se deba a la obediencia a su superior jerárquico directo, como es el Ministerio de Justicia. En definitiva, se ha roto la unidad acusatoria, la abogacía del Estado actúa en un ámbito que nada útil aporta al proceso, puesto que sobrepasa la defensa de los interés pecuniarios de la Administración; se ha hecho daño a la imagen exterior de España y, es lo más grave, se traslada al tribunal juzgador una indicación totalmente inadecuada sobre las preferencias del Gobierno de turno en la resolución de este caso.
Pocos ejemplos más claros de presión gubernamental sobre la labor de los magistrados, a quienes, además, se advierte de las intenciones últimas del Ejecutivo con las continuas referencias, ayer sin ir más lejos, a la figura del indulto. Y todo esto para que los destinatarios de la gestualidad se reafirmen en su posición de máximos, exijan a las claras y por las bravas la impunidad de los reos y amenacen al presidente del Gobierno con retirarle el apoyo parlamentario.
Porque la realidad es que entra más en el campo de la psicología que en el de la política o el derecho la pretensión del separatismo catalán de que todo lo sucedido no surta el menor efecto penal. Y, sin embargo, el impecable escrito de acusación de la Fiscalía nos relata, con la sobriedad del lenguaje forense, cómo los 18 acusados, desde el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, hasta la ex diputada de la CUP Mireia Boya Busquet dirigieron, promovieron y participaron activamente en la ejecución de un proceso perfectamente concertado y organizado para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado en forma de república, segregándola del Reino de España. Hay más implicados, pero unos, como el ex responsable de la Policía autónoma, Josep Lluis Trapero, figuran en otra causa, o, como el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se encuentran huidos de la Justicia.
La Fiscalía, como el juez instructor, aprecia el ejercicio de la violencia que tipifica el delito de rebelión, describe los hechos en que sustenta su acusación y disecciona la malversación del dinero público efectuada por la Generalitat para poder sufragar el proceso. En consecuencia, pide las penas a que son acreedores los procesados, con una de 25 años de cárcel para el principal acusado, Oriol Junqueras.
Se entiende el vértigo que produce ese horizonte penal, incluso, entre quienes, de buena fe, hubieran preferido que nada de esto fuera necesario. Pero el riesgo en que los dirigentes separatistas catalanes, sin ninguna razón válida, pusieron la libertad y la convivencia en paz de todos los españoles y el daño para nuestra democracia obligan a aplicar la Ley.
La Razón
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