La complicidad del PSOE con la alevosía catalana no es un hecho aislado. No se trata de una abjuración de conveniencia, ni de una conjura coyuntural, sino de una condición inmanente desde que Zapatero organizó el viraje taimado del partido hacia el ocaso de sus principios históricos.
Cuando Pedro Sánchez forzó a la Abogacía del Estado a retirar el delito de rebelión contra los responsables de la declaración unilateral de independencia de Cataluña ante el Supremo, sólo estaba ejecutando el modelo que el PSOE había tenido en pruebas en Andalucía hasta entonces.
El giro socialista hacia un prototipo de régimen omnipotente con máscara democrática consistía en articular un sistema de control absoluto de todos los poderes hasta conseguir concentrarlos en uno solo, pero sin romper la apariencia de autonomía del resto de instituciones.
Y en Andalucía esta estrategia se llevó a cabo con extraordinario descaro y magníficos resultados. Acabamos de verlo con el escándalo de los ERE, el mayor caso de corrupción que ha habido en España jamás. La Junta se encargó de montar un procedimiento de freno para hacernos creer que los ERE no eran. Que todo había sido un invento del PP. Y más de mil millones perdidos después, lo ha conseguido de la siguiente manera.
Susana Díaz supo que la instructora que levantó todo el aquelarre había mostrado interés por ascender a la Audiencia de Sevilla. Y en ese resquicio convenció a un fiscal que jamás había sido próximo al PSOE, Emilio de Llera, para que fuera su consejero de Justicia. De Llera es un histórico de los juzgados andaluces.
Un hombre con muchos tiros dados en el politiqueo judicial. Curiosamente, lo primero que pasó en cuanto él tomó posesión fue que la citada instructora de los ERE, Mercedes Alaya, logró el ascenso. Ella pidió entonces una comisión de servicio para terminar la investigación.
Y lo que pasó -yo no digo que no fuera casualidad- es que el poder judicial se lo denegó, así que no hubo más remedio que cambiar al titular del juzgado que instruía el macroescándalo de la Junta. Casualmente también, la elegida para esa sustitución fue una juez de Familia cuyo marido había sido designado por la Junta para dirigir el Instituto de Medicina Legal y cuya cuñada trabajaba en la agencia paralela IDEA, el epicentro del reparto del dinero bajo sospecha. Pero las casualidades siguieron.
Esta sustituta, María Núñez Bolaños, comenzó a archivar a toda pastilla piezas separadas del caso alegando que habían prescrito. Luego se puso a escribir autos en los que aseguraba que aunque se había producido un fraude -negarlo habría sido ya la repanocha-, los hechos no estaban tipificados penalmente, sino que se circunscribían exclusivamente al ámbito administrativo. Y así hasta la casualidad final. (Amo las casualidades).
Este comportamiento, que por cierto se ha dado mientras Núñez Bolaños era vista frecuentemente tomando café con el consejero De Llera, ha sido muy criticado en todos los ámbitos judiciales desde el principio, ya que la Audiencia le ha revocado decenas de autos de archivo.
Pero ahora, además, la Fiscalía ha escrito negro sobre blanco que la juez mantiene una «pasividad evidente» que está desembocando en la prescripción de todos los delitos. Por respeto a la independencia judicial voy a inhibirme de calificar estos hechos.
Pero añado otra casualidad: el único caso que no ha instruido Bolaños, que es el de los enchufes de familiares a tutiplén en la Junta, acabó ayer con condenas para todos los altos cargos que participaron en el lío. Todo lo demás, como en Cataluña, está controlado en la buena dirección: la España de la igualdad de derechos y libertades se va a la mierda.
Alberto García Reyes ( ABC )
