La empresa es un gran botón de muestra del tejido empresarial español, que lleva meses sufriendo el acoso del Gobierno. El último latigazo es la subida drástica de cotizaciones. Una "burrada" más.
Es evidente que Juan Roig acostumbra a decir casi siempre lo que piensa, mal que le pese a sus asesores. Horas y horas dedicadas a moldear el discurso anual para que el empresario lo chafara todo en unos segundos: "Hemos subido una burrada los precios". La frase, que inundó -cómo no- telediarios y boletines de radio, resuena aún en el auditorio semicircular que Mercadona tiene en un polígono de Tavernes. El mundo al revés: el tercer español con más dinero de España daba carnaza fresca al Gobierno que detesta a los millonarios.
Para bien o para mal, la confesión emanaba la sinceridad de un tendero, con la salvedad de que a Roig se le estima un patrimonio de 4.200 millones (según Forbes). Esa franqueza también daba credibilidad a lo que dijo después. El empresario pidió, literalmente, "perdón" a los proveedores por haber aguantado la presión inmensa que ha ejercido Mercadona, en un año para olvidar por culpa de la inflación. "Hemos tenido tensiones con los proveedores como nunca en la vida, nos hemos peleado con ellos muchísimo", afirmó.
La empresa -y el resto de distribuidores- se enfrentó en 2022 a un complejo hándicap. Había que intentar trasladar lo menos posible a los usuarios la escalada de precios. No sólo por responsabilidad: en un sector con una competencia tan elevada, la fuga de clientes es inmediata. Y la única manera de retenerlos era asumir parte del aumento de los costes y repartir el resto aguas abajo, a lo largo de la cadena de producción.
Mercadona cuenta con 3.000 proveedores. Según detalló el propio Roig en Valencia, esta estrategia supuso un ahorro de 375 millones de euros. No extraña que los proveedores pusieran el grito en el cielo. Agricultores, pescadores, fabricantes, transportistas… todos tuvieron que apretarse al máximo el cinturón. Es un retrato fiel de lo que fue 2022 para buena parte del tejido empresarial español.
Mercadona es, sin exagerar, un botón de muestra de la realidad económica de España. Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), aporta 27.246 millones al PIB (un 2,05% del total) y genera 684.000 empleos directos e indirectos. El Ivie calcula también que la recaudación fiscal de la compañía roza los 9.900 millones de euros, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social (un 2,1% de lo que ingresan las Administraciones Públicas).
Quienes conviven en el 'universo Mercadona' (la empresa matriz y su ejército de proveedores), sudaron tinta para capear el año con la inflación más alta desde la década de los 80. El camino fue igual de turbulento para el resto de competidores. Unos y otros, sin embargo, se enfrentaron al acoso continuo del Gobierno en el terreno fiscal, normativo y 'verbal'. Una embestida extensible a todo el mundo empresarial, que ha ganado agresividad en el tramo final de la legislatura y que afecta a grandes corporaciones, a pymes y a autónomos. Esa es la verdadera "burrada" que gira en torno a Mercadona y su presidente, Juan Roig, a quien la coalición ha elegido como símbolo de "capitalista despiadado".
Los ejemplos de burradas abundan y la última ha visto la luz esta misma semana. El Consejo de Ministros aprobó este jueves la reforma de las pensiones, que pivota en torno a un eje: la captación masiva de ingresos a través de las cotizaciones de empresarios y trabajadores con salarios más altos. El nuevo sistema, que lleva la firma del ministro José Luis Escrivá, elude el recorte de gastos o sacrificios como la desindexación al IPC de las subidas, que tendría un impacto electoral. Por el contrario, endosa la mayor parte de la nueva factura a los empresarios.
"Escrivá ha intentado vender que la reforma de las pensiones 'sólo' elevará en 37 céntimos los costes laborales. Multipliquemos ese incremento por 40 horas semanales de trabajo y 48 semanas laborales que tiene el año", recuerda el presidente de una de las mayores patronales españolas.
Los expertos del observatorio de pensiones del Instituto Santa Lucía coinciden en que el 'hachazo' de las cotizaciones "puede generar fuertes distorsiones en el mercado de trabajo y el sistema productivo español. La reforma "no resuelve el problema de sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo, sino que puede provocar desincentivos en los salarios de los trabajadores y en la contratación de talento", advierte el instituto en un informe recién publicado, en el que han participado economistas de la talla de Rafael Doménech, Ángel de la Fuente, Mercedes Valcárcel o José Antonio Herce.
El mismo líder patronal recuerda, además, que llueve sobre mojado. "Ha subido el Salario Mínimo Interprofesional y los alquileres de los locales y la factura del gas y la luz; y la financiación bancaria es cada vez más cara". El suma y sigue está empezando a recalentar la morosidad en la banca, que ya ha activado las primeras alertas por el aumento de los impagos en los créditos ICO.
Las empresas, por ahora, siguen aguantando el tipo, con la colaboración imprescindible de unas plantillas que han aceptado subidas salariales moderadas. En el mundo empresarial está extendida, desde hace tiempo, la sensación de que casi todos -empleadores y empleados- se aprietan el cinturón. La excepción es el Gobierno, que, para colmo, disfruta de una recaudación fiscal récord. Otra auténtica burrada.
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