El Gobierno volvió a frenar ante la UE el intento del Supremo de extraditar a Puigdemont

 Mientras las autoridades españolas respaldaron a la Justicia europea para suspender las euroórdenes, el Tribunal Supremo defiende su vigencia para conseguir la extradición del expresidente catalán.

a detención de Carles Puigdemont la noche del jueves en el aeropuerto de Alghero (Cerdeña) ha vuelto a reabrir la fractura existente entre el Tribunal Supremo y el Gobierno. El arresto del expresidente catalán cuando iba a asistir a un acto cultural hizo que todos los focos se pusieran en las órdenes de detención, por ser la única herramienta que puede permitir su entrega. Frente a la tesis del Supremo acerca de que siempre han estado vigentes, la Justicia europea sostiene que están suspendidas y refuerza su criterio en el respaldo que le otorgan las "autoridades españolas".

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Precisamente los abogados del dirigente independentista se aferraron nada más conocer su detención a la última resolución del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en relación a su inmunidad. El órgano se pronunció por última vez sobre este asunto a finales de julio y lo hizo para denegar este privilegio tanto a Puigdemont como los exconsellers electos como eurodiputados. Pero, además de este asunto, se refirió a las órdenes de detención que el magistrado Pablo Llarena dictó en octubre de 2019.

Las autoridades españolas han manifestado expresamente que la solicitud supuso la suspensión de las órdenes. También que ningún tribunal podía ejecutarlas

Al respecto, alegó que su ejecución "quedaba suspendida". El motivo reside en una cuestión prejudicial planteada por Llarena en mayo en relación a la decisión de Bélgica de no entregar al exconsejero Lluis Puig. El rechazo de la Justicia belga (que ya se negó a extraditar a Puigdemont por rebelión) hizo que Llarena recurriera a Europa para que sea este tribunal el que dictamine si Bruselas tenía o no potestad para actuar de este modo. El TGUE se hizo eco de este asunto y concluyó que, dado que la cuestión no se había resuelto, las órdenes de detención quedaban suspensas.

Sin embargo, Europa recabó criterios antes de decidir. De hecho, en su comunicado insistió en que "las autoridades españolas" habían manifestado "expresamente" que las euroórdenes quedaban sin efecto y, además, que "ningún tribunal de la Unión Europea podía ejecutarlas" hasta que no se pronunciara el TJUE sobre la cuestión prejudicial. El argumento sirvió de base para el abogado de Carles Puigdemont, el cual desde Bruselas siempre insistió en que su cliente quedaría en libertad precisamente porque así lo acredita este documento.

"Las autoridades españolas" a las que hace mención la resolución no son, ni de lejos, las autoridades judiciales. De acuerdo a lo recogido en la legislación española, el único que tiene potestad para decidir sobre estos asuntos es el magistrado que los instruye. Se da la circunstancia de que el Tribunal Supremo, desde un primer momento, ha reiterado que las euroórdenes estaban vigentes y activas. Tanto es así que la Policía italiana detuvo al dirigente independentista a su llegada a Cerdeña amparándose en una alerta canalizada a través del Sistema de Información de Schengen.

Desmentido del Supremo

El propio magistrado de la Sala de lo Penal envió este viernes al Tribunal de Apelación de Sassari la orden de detención dictada hace ahora casi dos años y, además, la cuestión prejudicial planteada en mayo. En su nota, Llarena hizo hincapié en que la orden de detención estaba "en vigor", al igual que el procedimiento del procés. El instructor de esta causa procesó a un total de 28 personas en marzo de 2018 por delitos de rebelión, sedición y malversación. Sin embargo, Puigdemont nunca ha llegado a sentarse en el banquillo por estos hechos al encontrarse prófugo desde octubre de 2017.

Aunque la Justicia italiana no ha entrado a estudiar el fondo del asunto, esta misma tardes del viernes dejaba en libertad al exdirigente catalán sin restricciones. El juez le ha citado para el próximo 4 de octubre para celebrar su vista de extradición pero, mientras tanto, tiene libertad de movimiento ya que no se ha acordado ninguna medida cautelar contra él. De este modo, se abre un plazo de tiempo que puede alcanzar los 60 días, en los que el tribunal de la isla italiana estudiará las posibilidades reales de efectuar o no la entrega al Supremo para su enjuiciamiento.

Estos hechos han vuelto a agitar la sociedad y el tablero político, en el marco del cual se impulsaba hace apenas unos días la Mesa de Diálogo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el gobierno catalán. Este mismo viernes Sánchez reclamaba a Puigdemont que se pusiera en manos de la Justicia española. Sin embargo, en la esfera judicial, las decisiones adoptadas por sus servicios jurídicos en el marco de la causa por el procés han provocado fricciones tanto con la Fiscalía como con el propio tribunal que les enjuició y sentenció.

Indultos y avales: otros focos de conflicto

El ejemplo más ilustrativo se encontraría en su cambio de criterio de acusación, suavizando el delito de rebelión por uno de sedición (que fue finalmente el adoptado por la Sala de lo Penal para nueve del total de doce condenados). Terminado el juicio, también ha habido disparidad de criterios en relación a los indultos concedidos por el Gobierno de Sánchez. Mientras la Fiscalía y el propio Supremo se opusieron en duros escritos alegando, entre otros motivos, que no se habían arrepentido de los hechos, la Abogacía General del Estado se desligó de ellos.

Los servicios jurídicos del Gobierno no se pronunciaron expresamente a favor (de hecho, dijeron que la decisión correspondía únicamente al Ejecutivo al que defienden) pero allanaron el camino a la concesión de la medida de gracia. Su principal alegato fue que el daño económico por la consulta del 1-O y la posterior declaración de independencia ya fue resarcido. A ello hay que añadirle que esta misma semana ha evitado posicionarse en relación a los avales del procés.

El Tribunal de Cuentas le pidió que se pronunciara sobre las cauciones entregadas por los líderes independentistas para cubrir las fianzas, ante la sospecha de que podría advertir irregularidades. Los servicios jurídicos del Gobierno declinaron el requerimiento asegurando que no podían remitir el informe solicitado con urgencia por el órgano fiscalizador porque podría afectar a su imparcialidad.

vozpopuli

"¿Puigdemont héroe? Tiene muy poco de heroísmo huir en el maletero de un coche".

 

El escritor y periodista Rafael María Molina nos desgrana, en base a sugerentes analogías históricas y a su objetividad de historiador, en esta entrevista, las claves de la difícil situación actual en torno al proceso separatista en Cataluña y el panorama tras el terrorismo en Vascongadas, incidiendo especialmente en la lamentable renuncia nacional del PSOE a cualquier idea de España como nación y patria.

¿En términos históricos podría considerarse el “procés” separatista, como la última de las grandes derrotas de la historia de Cataluña? ¿Qué similitudes y diferencias hay en Cataluña en este momento con la situación en el País Vasco?

Pienso que sí, desde luego, aunque habría que hacer una importante matización: Los separatistas no han conseguido su objetivo político principal, la independencia, pero sí que están obteniendo sus objetivos secundarios; mantener bajo su control la Generalitat y mantener también su asfixiante hegemonía política y lingüística en Cataluña, debido a la torpeza y los complejos de sus oponentes. Pero en el fondo es una situación, salvando las distancias, parecida a la del final del terrorismo vasco. ETA no consiguió sus objetivos principales, la independencia vasca o al menos el reconocimiento del derecho de autodeterminación, junto con la anexión de Navarra. Pero sí consiguió todos sus objetivos secundarios; la relegalización de su brazo político, que controla la mayoría de los pueblos de Vizcaya y Guipúzcoa, la hegemonía permanente del nacionalismo vasco y la reducción de las opciones políticas no nacionalistas a un papel casi testimonial desde el punto de vista sociológico. El entrañable amor por España que caracterizó a los vascos durante siglos es hoy solo un recuerdo histórico.

El final del terrorismo vasco ha sido ambiguo, en definitiva. Ha sido una especie de tablas o como máximo, una victoria pírrica y a los puntos para el Estado, con un enemigo finalmente frenado a nivel operativo respecto a sus aspiraciones máximas, pero que ni mucho menos está neutralizado. Por más que las encuestas digan que la mayoría de los vascos no quiere la independencia, la realidad es que las perspectivas de futuro para la unidad de España en Vascongadas son cada vez más difíciles a medio plazo si no media un gran cambio político a nivel nacional. Quizá se podría comparar históricamente hablando la situación en Vascongadas de hoy en día, salvando muchas distancias, con el final de la Guerra de los Diez Años, la primera guerra independentista cubana, en 1878. Una precaria y costosísima victoria para España, pero con negras perspectivas para el futuro.

¿Cree que hubiera podido producirse realmente la independencia de Cataluña en octubre de 2017?

En mi opinión sí, pero afortunadamente los independentistas vacilaron (en el sentido de dudar) en el momento clave, cuando lo tenían todo a favor, en los días siguientes al 1 de octubre. Si en esos momentos hubiesen llegado a lanzar ataques armados de envergadura, posiblemente hubieran conseguido sumergir a Cataluña en el abismo sangriento con el que muchos de ellos sueñan, incluso con una cierta comprensión en ámbitos internacionales. Se estaba formando una “tormenta perfecta” contra España en esos días, que recordaba a la situación de Yugoslavia en 1991. Afortunadamente las fuerzas separatistas dejaron pasar unos días decisivos y la situación empezó a aclararse con la noticia de la marcha de Cataluña de La Caixa y el Banco de Sabadell, el primer contratiempo serio que sufrían los independentistas hasta entonces. Y solo fueron la punta de lanza de las seis mil empresas más importantes de Cataluña que hicieron lo mismo a partir de entonces.

Y sobre todo la situación se aclaró con la histórica manifestación del 8 de octubre de 2017, donde más de un millón de catalanes salieron a la calle a reivindicar su identidad española (sin olvidar la heroica manifestación, con todo en contra y bajo la lluvia, del 30 de septiembre). El momento más difícil quedó superado y a partir de ese momento los independentistas perdieron el control de los acontecimientos. La situación sigue, a día de hoy, siendo muy difícil, como es obvio, y el futuro aún es incierto, pero por fortuna no será fácil que los separatistas vuelvan a disponer de una ventana de oportunidad tan favorable como la de los primeros días de octubre del 17. Al final, pues, en ese momento, los independentistas no consiguieron alcanzar la “masa crítica” efectiva para precipitar la reacción en cadena. Pero estuvieron cerca. Tiene una responsabilidad muy grave ante la historia el Gobierno de Rajoy por haber permitido que las cosas llegasen a ese punto, sin haber ejercido su autoridad mucho antes.

Puigdemont salió huyendo en el maletero de un coche mientras el resto de su gobierno era detenido, en su mayor parte.

Exactamente. Los independentistas consideran a Puigdemont un héroe porque consiguió huir de la Justicia española pero lo cierto es que su “heroísmo” es más que dudoso. Salvando muchas distancias, y sin pretender comparar a ambos personajes, lo que hizo Puigdemont es como si el 20 de julio de 1936, viendo que el alzamiento había fracasado en la mayor parte de España, Franco hubiese decidido huir en avión hacia Italia y formar allí un gobierno en el exilio. Si das un alzamiento o un golpe de Estado, tienes que ir hasta el final sean cuales sean las consecuencias. Afortunadamente Puigdemont no tenía madera de luchador.

La situación de Cataluña actualmente es un auténtico callejón sin salida mientras el Gobierno del PSOE renuncia a un proyecto nacional español.

Así es. De hecho, la visión federalista y plurinacional de España del PSC y del PSOE de Pedro Sánchez facilita enormemente las cosas a los separatistas ya que realmente se trata de una visión contraria a la idea de España como nación. La única diferencia con los planteamientos de los nacionalistas catalanes es que Sánchez e Iceta no apoyan una ruptura abierta, al menos de forma descontrolada, de España y aún conceden un cierto papel burocrático al Estado, pero realmente no creen en España como nación y patria.

No es una exageración decir que el procés está destruyendo Cataluña. Los datos y la evidencia hablan ya de una decadencia económica irreversible, que empieza a aproximarse a caracteres de hundimiento, mientras Madrid, por el contrario, avanza sin parar, hasta estar convirtiéndose en el mayor polo económico del sur de Europa. Es una situación que puede causar satisfacción, a quienes la consideren una suerte de justicia poética frente a la soberbia del nacionalismo catalán o pena, a quienes todavía sientan afecto por Cataluña, pero, en cualquier caso, es una realidad difícilmente refutable.

Por otro lado, para poner fin al régimen nacionalista en Cataluña, como en el caso vasco, sería imprescindible un gran cambio político a nivel nacional en España. De lo contrario estos regímenes, aunque no consigan alcanzar la independencia, sí pueden prolongarse todavía durante décadas. En el caso catalán la ley electoral, férreamente pro nacionalista, hace casi imposible cambiar las cosas y que los independentistas pierdan el poder por vía electoral, al menos en un horizonte de largos años. Por tanto, es imprescindible un cambio radical de enfoque desde los Gobiernos de España, que permita imponer esos cambios.

Javier Navascués

Illa cree que Puigdemont debería ser detenido, "como prevé la legislación"

 

El jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, ha defendido que el expresidente catalán Carles Puigdemont debe ser detenido si regresa a España, como "prevé la legislación", porque cualquier medida sobre los encausados por el procés "tiene que estar en el marco del Estado de derecho".,En una entrevista en la emisora RAC1, Illa ha asegurado que los indultos permitirán aliviar "las consecuencias más duras y negativas" del procés desde el punto de vista judicial, 

El jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, ha defendido que el expresidente catalán Carles Puigdemont debe ser detenido si regresa a España, como "prevé la legislación", porque cualquier medida sobre los encausados por el procés "tiene que estar en el marco del Estado de derecho".

En una entrevista en la emisora RAC1, Illa ha asegurado que los indultos permitirán aliviar "las consecuencias más duras y negativas" del procés desde el punto de vista judicial, pero ha recordado que todo el mundo "debe hacer frente a las consecuencias" de sus actos.

En ese sentido, ha marcado distancia respecto a las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha afirmado que ante un eventual regreso de Puigdemont la respuesta no puede ser "la vía de la judicilización".

Según Illa, Belarra "plantea una solución que es incapaz de detallar cómo se hará", tras lo que ha advertido de que "no se puede salir del Estado de derecho", por lo que si los que están huidos de la justicia española deciden regresar "se debe aplicar lo que prevé la legislación".

El líder del PSC ha precisado que lo que prevé la ley es la detención de Puigdemont, a lo que ha añadido: "Nunca defenderé nada que vulnere el Estado de derecho".

Illa ha recordado que ya ha regresado a España la exconsellera Meritxell Serret, que se puso a disposición del Supremo y quedó en libertad, procesada por los delitos de desobediencia y malversación, pero no por sedición.

"Yo valoro a las personas que afrontan las consecuencias de las decisiones que han tomado. Como gobernantes, algunas decidieron afrontarlas quedándose aquí y otros decidieron marcharse, ha mantenido Illa, que ha insistido en que no es su intención "juzgar" las opciones de cada uno.

Respecto a la manifestación contra los indultos que la derecha ha convocado para hoy en la plaza Colón de Madrid, Illa lo ha considerado un "error político grave", porque supone "dar aire a enfrentamientos territoriales y posturas que van siempre en contra y que no proponen nada positivo".

Para el dirigente socialista, los indultos contribuirán a "abrir un nuevo tiempo" tras diez años en los que esta comunidad "no ha progresado desde el punto de vista económico ni institucional ni de convivencia", lo que obedece a un "fracaso colectivo en que el "todos" tienen responsabilidad.

COPE

Cronología detallada desde la fuga de Puigdemont hasta la retirada de su inmunidad.

 

Tres años y medio han pasado desde la huida de España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el 30 de octubre de 2017, a la decisión este mismo martes del Parlamento Europeo de retirarle la inmunidad, lo que permite reactivar las euro órdenes de búsqueda y captura.

Una decisión que afecta también a los eurodiputados y exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

 

Estas las fechas más importantes en esos cuarenta meses de huida:

 

2017

 

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30 octubre.- Puigdemont huye a Bruselas. Ese mismo día la Fiscalía General del Estado presenta una querella contra él y todo su gabinete por rebelión, sedición y malversación.

 

3 noviembre.- La justicia española emite una euroorden de detención contra Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros y dos días más tarde se entregan a la Justicia belga, que los pone en libertad con medidas cautelares.

 

5 diciembre.- El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarenaretira la orden de detención europea y el día 14 la justicia belga cierra el proceso.

 

21 diciembre.- Puigdemont encabeza la lista de JxCat en unas elecciones autonómicas en las que obtiene 34 diputados.

 

2018

 

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22 enero.- El presidente del Parlament, Roger Torrent, propone a Puigdemont como candidato a presidente de la Generalitat, pero cinco días después el Tribunal Constitucional (TC) prohíbe sus investidura a distancia.

 

1 marzo.- Renuncia "de manera provisional" a su investidura y propone a Jordi Sànchez, número dos de JxCat, en prisión preventiva. Mientras prosigue sus viajes por Europa para defender el proceso soberanista.

 

23 marzo.- El juez Llarena procesa por el delito de rebelión a 13 personas por su participación en el denominado "procés", incluido Puigdemont. Se reactiva la euroorden.

 

25 marzo.- Es detenido en Alemania cuando cruzaba en coche la frontera desde Dinamarca. Ingresa en la cárcel de Neumünster, pero la justicia de ese país descarta el delito de rebelión y decreta su libertad bajo fianza. Fija su residencia temporal en Berlín.

 

4 mayo.- El Parlament aprueba la reforma de la Ley de la Presidencia para poder investir a distancia a Carles Puigdemont. Recurrida por el Gobierno, fue suspendida por el TC el 9 de mayo.

 

10 mayo.- Puigdemont designa a Quim Torra como candidato a presidente de la Generalitat.

 

10 julio.- Llarena termina la instrucción de la causa del "procés" y declara en rebeldía a los procesados huidos..

 

12 julio.- Alemania decide extraditar a España a Puigdemont por un delito de malversación de fondos, pero no por rebelión. El juez Llarena no lo acepta y retire la euroorden.

 

30 octubre.- Puigdemont pone en marcha el Consejo por la República.

 

 

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10 abril.- El juez Llarena archiva la causa contra Carles Puigdemont y seis procesados declarados en rebeldía mientras sigan huidos.

 

23 mayo.- El Supremo avala el cese de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

 

26 mayo.- Elecciones europeas. La lista de JxCat de Puigdemont gana en Cataluña, al sumar casi un millón de votos, que le otorgan dos escaños.

 

17 junio.- Puigdemont no consigue convertirse en europarlamentario al no viajar personalmente a Madrid para el acto de acatamiento de la Constitución. La Junta Electoral Central rechaza que lo haga desde Bélgica.

 

14 octubre.- El juez Llarena dicta una nueva orden nacional, europea e internacional de detención y entrega contra Puigdemont por los delitos de sedición y malversación, horas después de que el Tribunal Supremo notificase la sentencia en la que condenaba a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes del "procés" por sedición.

 

Es la tercera euro orden de la Justicia española contra Puigdemont. En los dos casos anteriores se pedía su entrega, además de por sedición y malversación, por un delito de rebelión.

 

18 octubre.- En relación con la euroorden, comparece voluntariamente ante las autoridades belgas y queda en libertad sin fianza pero con condiciones.

 

20 diciembre.- El Parlamento Europeo le reconoce -junto a Toni Comín- como eurodiputado.

 

2020

 

2 enero.- La justicia belga suspende el procedimiento por el que debía decidir sobre su entrega o no a España al constatar que goza de inmunidad.

 

7 enero.- Puigdemont renuncia formalmente a su eventual reelección como presidente catalán al dejar su acta de diputado del Parlament.

 

13 enero.- Ocupa por primera vez su escaño en el Parlamento Europeo.

 

16 enero.- El Parlamento Europeo anuncia el comienzo del suplicatorio contra Puigdemont y Comín para retirarles la inmunidad que les corresponde como eurodiputados y poder juzgarles en España.

 

29 febrero.- Puigdemont protagoniza el primer gran acto organizado por el Consejo por la República en Perpiñán (Francia), que reúne unas 150.000 personas, según la organización.

 

25 julio.- Junts per Catalunya (JxCat) se constituye como partido político. Será presidido por Puigdemont con Jordi Sànchez como secretario general.

 

11 septiembre.- El Tribunal Constitucional deniega la suspensión de las órdenes nacionales de busca y captura de Puigdemont y Comín.

 

26 octubre.- El Tribunal Supremo mantiene vigente la orden nacional, europea e internacional de detención que pesa contra Puigdemont, así como el suplicatorio al Parlamento Europeo para que se suspenda su inmunidad y poder así proceder a su entrega a España.

 

23 diciembre.- Puigdemont decide encabezar simbólicamente la lista de JxCat, justo por delante de la candidata efectiva, Laura Borràs, para las elecciones autonómicas del 14 de febrero.

 

2021

 

18 febrero.- Laura Borràs se reúne con Puigdemont en Bruselas (Bélgica) para preparar la negociación con ERC y la CUP para la formación del próximo Govern. El 14F, Junts obtuvo la tercera plaza, con 32 escaños, uno menos que el PSC y ERC.

 

9 marzo.- El pleno del Parlamento Europeo retira la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí como solicitó la Justicia española, lo que permitirá reactivar las euroórdenes en su contra.

Blog de Juan Pardo.

El abogado de Waterloo

 

El vicepresidente de la nación contra la que los fugitivos se sublevaron niega a España la condición de Estado democrático

Ignacio Camacho

 

Si los partidos sistémicos europeos hubiesen votado ayer a favor de la inmunidad de Puigdemont, habrían enviado a todos los separatistas de la Unión el mensaje de que pueden sublevarse contra sus respectivos ordenamientos constitucionales. Aun así hubo diputados liberales, socialistas y populares que se desmarcaron de la disciplina de grupo para dar amparo a los prófugos catalanes, de tal modo que junto a la extrema izquierda, la ultraderecha francesa y un racimo de nacionalistas diversos -entre ellos los españoles, eslovenos y flamencos-, el expresidente huido cosechó un notable apoyo superior al cuarenta por ciento. En este bloque se alinearon significativamente todos los aliados del Gobierno de Sánchez encabezados por Podemos, cuya presencia en el Gabinete no le impide revocar  el juramento de hacer cumplir las leyes que aplica el Tribunal Supremo. La naturalidad con que el presidente sobrelleva esta contradicción forma ya parte de un panorama político en el que la anomalía ha dejado de serlo para convertirse en una rutina, en un método, en un rasgo de estilo. El mayor éxito del sanchismo consiste en haber regularizado por vía de hecho la extravagancia de un Ejecutivo en el que una porción relevante de ministros se muestra indulgente o complaciente con el delito, cuando no sospechosa -ocho causas judiciales abiertas- de haberlo cometido.

Los europarlamentarios españoles partidarios de que Puigdemont y sus colegas no comparezcan ante la justicia forman una coalición paralela a la de Sánchez e Iglesias, quien ha logrado convertirse en el eje y factótum de una extraña correlación de fuerzas capaz de permitirle mantener un pie dentro del poder y otro fuera. Con el primero enreda todo lo que puede y con el segundo se sube a cualquier iniciativa contra el sistema. Lo mismo alienta la violencia callejera que intenta bloquear la euroorden del magistrado Llarena o trata al líder de la sedición independentista como un exiliado político merecedor de la protección de Bruselas. La verdadera inmunidad es la suya: está blindado por la certeza de constituir para su socio la garantía imprescindible de supervivencia. Ni siquiera le inquieta demasiado su declive en las encuestas porque sabe que la mayoría absoluta del PSOE es una quimera y que sus escaños y los de Esquerra seguirán siendo decisivos para cerrar el paso a la derecha. En su pacto de Gobierno existe una cláusula encubierta que le otorga margen para escenificar la disidencia.

La de ayer es grave. Significa que un partido que participa en la dirección del Estado considera que en España no existe un régimen de pleno derecho democrático. Que el vicepresidente de la nación contra la que los fugitivos se sublevaron comparte la tesis victimista de los abogados de Waterloo. Y que su permanencia en el cargo representa el oblicuo beneplácito de quien no se atreve a alejarlo de su lado.

Legalidad frente a victimismo

El separatismo explota su victimismo con la pérdida de la inmunidad de Puigdemont y la vuelta a prisión de los condenados por sedición. Olvidan que solo es la ley frente a sus delitos.

La reacción de Carles Puigdemont al levantamiento oficial de su inmunidad como parlamentario europeo para que pueda ser juzgado en España demuestra hasta qué punto su egocentrismo político nubla su juicio. Su frase con pretensiones lapidarias -‘hemos perdido la inmunidad, pero la democracia europea ha perdido más’- es indiciaria de cuál es su concepto real de la democracia y de las mayorías. Cuando la ciudadanía le concedió un escaño en Estrasburgo, no hubo cuestionamiento del sistema por su parte. Más aún, argumentó que el sistema le protegía y premiaba frente a una acusación ‘injusta’ del Tribunal Supremo. En cambio, cuando ahora es la inmensa mayoría de los partidos europeos quienes le desamparan, quien pierde es la democracia. El argumento de este prófugo de la justicia cae por su inconsistencia oportunista. Por eso urge la reactivación de las euroórdenes correspondientes para que los cinco dirigentes separatistas huidos sean detenidos cuanto antes, sin más subterfugios legalistas y sin más obstrucción por parte de Bélgica, Escocia y Suiza.

Igual de insostenible es el argumento con el que la Generalitat criticó la decisión de un juez de Vigilancia Penitenciaria de ordenar el reingreso en prisión de siete de los líderes independentistas condenados. Anoche llevaban más de un mes en libertad, y habían sido expresamente excarcelados por la consejería de Justicia, con una concesión arbitraria y prematura del tercer grado penitenciario, para participar en la campaña electoral. La portavoz del Gobierno catalán sostuvo que el retorno a la cárcel era ‘venganza, y no justicia’, y culpó expresamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que ironizó diciendo que ‘esto está muy lejos del discurso del gobierno del diálogo y la negociación’. Al respecto, conviene resaltar dos peculiaridades: ni Puigdemont lamentó ayer el reingreso en prisión de Oriol Junqueras, ni el Gobierno catalán censuró el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont. Y una tercera: la fractura en Moncloa entre PSOE y Podemos es más virtual que real, y Sánchez sigue ejerciendo como comparsa de Iglesias y del secesionismo.

En cualquier caso, todos ocultan la realidad. Los presos condenados son delincuentes que apenas han cubierto una cuarta parte de su condena, y su salida de la cárcel está prevista en 2030. Se olvida que Puigdemont está procesado. Se oculta que la Generalitat ordenó esas excarcelaciones contraviniendo una decisión del Supremo y sin asumir que la ley es igual para todos los reclusos. Se olvida que los golpistas viven en una situación de privilegio carcelario, y que han podido hacer campaña electoral libremente y sin cortapisas, incluso de la mano de un terrorista. ¿En qué país del mundo, con unos Tribunales supuestamente represivos y un Gobierno que encarcela a personas por sus ideas, se permite a unos presos políticos pronunciar mítines televisados en prime time? ¿No saben la respuesta Junqueras y el blanqueado Otegui? Y se oculta también que Bélgica ha desactivado la figura de la euroorden probablemente sin tener competencias para ello, como ha denunciado el magistrado Pablo Llarena ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

En la pugna entre legalidad y mentira, entre la verdad y la ilusión óptica del independentismo, necesariamente debe imponerse la primera por más que sigan cultivando este discurso victimista del odio. Ni el sistema es bueno cuando les resulta propicio, ni es malo cuando no ocurre así. El ordenamiento es el que es, y su cumplimiento es obligado para todos los europeos. Ni son inmunes, ni son impunes, ni pueden tener patente de corso. Bastante sumiso es ya el Gobierno al respecto. 

Editorial ABC

El Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad al expresidente catalán tras una votación celebrada ayer

 

El expresidente Carles Puigdemont, en una imagen reciente - EFE

Puigdemont: «Hemos perdido la inmunidad, pero la democracia europea ha perdido más»

El Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad al expresidente catalán tras una votación celebrada ayer

«Un 42% de los eurodiputados no confía en la Justicia española», destaca Toni Comín

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha afirmado este martes que el resultado de la votación sobre su inmunidad es una mala noticia para él, pero también para la «democracia europea» . «Es un dia triste para el Parlamento Europeo», ha señalado el en una rueda de prensa celebrada poco después de que se diera a conocer el resultado de la votación sobre el suplicatorio que afecta tanto al expresidente como a sus exconsejeros, y también eurodiputados, Toni Comín y Clara Ponsatí.

«Se ha roto la confianza ciega, es un primer aviso de que este no es el camino que le conviene recorrer al Parlamento Europeo», ha destacado el dirigente independentista ante los medios tras destacar que el resultado de la votación celebrada ayer ofrece un apoyo más amplio del esperado a su causa. «El voto de hoy señala de forma muy clara que la solución no pasa por ponernos en manos de la justicia española», ha aseverado. Comín, por su parte, ha destacado que a pesar del resultado, los números de la votación suponen una «victoria política» para el soberanismo catalán.

Según han resaltado reiteradamente los eurodiputados independentistas, hay 80 diputados del los grupos partidarios de dejarles sin inmunidad (populares, liberales y socialdemócratas, entre otros) que han «roto» la disciplina de voto de sus grupos. «Seguramente tenemos el apoyo mayoritario de la izquierda europea», han añadido. «A pesar de la presión de las delegaciones españolas, un 42% del Europarlamento no ha secundado esta via. Hoy se ha mandado el mensaje de que esto no es la forma de resolver. Han conseguido lo que querían, nos han levantado la inmunidad, pero ¿a qué precio?», ha resumido Puigdemont antes de exigir a la Justicia española que se «acerque» a Europa.

Regreso a España

Puigdemont, que ha agradecido el voto de Podemos en contra del suplicatorio en la votación de ayer, a partir de ahora él, Ponsatí y Comín se pondrán a disposición de la justicia belga, aunque también ha confirmado que recurrirán la decisión del Europarlamento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa. Preguntados por si temen que el procedimiento cerrado hoy en el Parlamento acabe con su regreso a España para ser juzgados, los diputados independentistas han resaltado, por boca de Comín, que esta cuestión «no va de miedos» sino de su «compromiso» con la causa independentista. «Hemos asumido el precio del exilio y asumiremos los precios que convengan», ha zanjado el exconsejero catalán.

ABC