 Hoy por hoy, PSOE + Podemos no ganarían en ninguna comunidad autónoma, bajando entre 35/40 diputados si hubiese elecciones generales. Alfonso Guerra y Felipe González piden libertad de voto a los congresistas del PSOE en Andalucía, Madrid, Castilla la Mancha y Extremadura; los diputados nacionales de la Comunidad de Murcia han pedido un aplazamiento de la votación de los PGE, de otro modo, se verían obligados a votar “NO”- En dichas comunidades se da por descontado que al más mínimo movimiento del “impuestazo” derivado del órdago que lanzan los independentistas a la bestia negra de España, Pablo Iglesias, en calidad de dueño de Pedro Sánchez, ellos convocarán elecciones que con toda seguridad ganarán. El valenciano, Ximo Puig ha dejado entrever que se retira de la política a primeros de año. Bien sabe Ximo que la Comunidad valenciana y Ayuntamiento de la capital volverán a ser de la derecha. El PSOE, y Pedro Sánchez el primero, ha dado rienda suelta al argumento de que lo acordado con los nacionalistas catalanes a cambio de su SI a los PGE forma parte de una estrategia nacional cuyo fin es buscar la «igualdad de oportunidades», y no un ataque contra la capital. Pero las explicaciones llegaron demasiado tarde. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ya lo había dejado claro a principios de semana: la reforma fiscal acordada con el Gobierno tiene como objetivo último acabar con el «paraíso fiscal montado por la derecha» en las Comunidades donde gobierna.
Nadie duda en calificar esta nueva ofensiva de «despropósito» y de «farsa» contra la que pelearán «con uñas y dientes» -la propia Díaz Ayuso ha reivindicado en los últimos días que se convertirá en la «peor pesadilla» de los que intenten imponer una subida de impuestos en Madrid-, pero no niegan que, a nivel estratégico, este órdago sobrevenido no deja de ser muy positivo para el liderazgo de la «bestia negra» de Sánchez, como refería el rotativo francés Le Figaro.
La clave de la batalla impositiva que plantea el Gobierno, «parapetado» tras un partido independentista, es que se plantea en el largo plazo. Lo pactado entre Moncloa y Esquerra se resume en la creación de un comité bilateral entre Hacienda y los independentistas con expertos que, en última instancia, avalen una reforma fiscal «total, justa y progresiva». Y los plazos que maneja la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para tener lista la modificación legal no baja de, al menos, un año vista, un balón de oxígeno lo suficientemente amplio como para mantener la agitación política y social y que el argumento del ‘Madrid nos roba’ acabe traduciéndose en votos para Isabel Díaz Ayuso.
Las encuestas internas que manejan en el PP apuntan que la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha reforzado en los últimos meses y que, de haber elecciones en el corto plazo, el resultado doblaría al obtenido en las autonómicas del 26-M. Admiten que durante los meses posteriores a la primera oleada de la pandemia, fruto de las múltiples polémicas que han salpicado a Díaz Ayuso, su liderazgo fue cuestionado incluso por algunos compañeros de filas que evidenciaron, en privado, ciertas fisuras internas sobre si había sido o no un acierto de Casado elegirla como apuesta personal para ponerse a los mandos de la Comunidad de Madrid.
Que los independentistas catalanes hayan metido esta cláusula en su contrato particular con el Gobierno para apoyar los Presupuestos coincide en el tiempo con el horizonte electoral en Cataluña, que se celebrarán el próximo 14 de febrero. En este caso, la formación independentista podrá hacer campaña con el principio de acuerdo para la armonización fiscal, en su caso por haber amarrado el compromiso del Gobierno para acabar con los «beneficios» fiscales de Madrid que, a juicio de los soberanistas, acentúa la fuga de empresas y de riqueza hacia la capital. Pero no serán los únicos. El PP también intentará sacar tajada de esta nueva batalla política. Esta semana, la propia Díaz Ayuso ha estado en Cataluña, y no será la última. Allí, mano a mano con el candidato de los populares a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, hará gala de la teoría de que «Madrid y Cataluña juntas son mucho más fuertes», como defendió la presidenta regional el pasado viernes, momento en que pidió construir un «puente económico» entre ambas autonomías frente a la «ruptura» que esboza el independentismo.
Desde que Gabriel Rufián lanzase el órdago contra Madrid el pasado lunes, Génova ha desplegado también una campaña en defensa de la líder madrileña. Y aunque ha habido algún cabo suelto, como Núñez Feijóo -el presidente gallego sí defendió la armonización fiscal, aunque «a la baja»- la tónica general es la de cierre de filas con la presidenta regional y aprovechar este nuevo argumento contra el Gobierno como elemento diferenciador de la campaña que hagan sus homólogos de Ciudadanos o de Vox en Cataluña. La Comunidad de Madrid ha sido la primera en bonificar los tributos de Patrimonio, de Sucesiones o de Donaciones. El primero de ellos lo tiene bonificado al 100%, por lo que, en la práctica, no se aplica, mientras que en los dos siguientes la deducción es del 99%. Pese a ello, es la región que más contribuye a la solidaridad interterritorial: aporta el 68% del montante total del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales.
Otro de los puntos más polémicos de la fiscalidad madrileña es el hecho de que, a día de hoy, la región tiene el tramo autonómico del IRPF más bajo de España -9%-. Y no se detendrá ahí. Ayuso adelantó, el pasado mes de septiembre, que llevaría a cabo otro recorte fiscal de este tributo en otro medio punto, hasta el 8,5%, tal y como prometió en campaña, aunque por el momento la iniciativa se encuentra paralizada a causa de los efectos de la crisis del Covid-19.  |
lunes, 30 de noviembre de 2020
El "impuestazo" que impone Rufián a Sánchez en Madrid y Andalucía, otorga mayoría absoluta al PP.
domingo, 29 de noviembre de 2020
Los enemigos de España, los que aplaudían los crímenes de ETA ,los que deseaban ver España rota, son el soporte del gobierno.
Desde 1980 España ha padecido siete leyes educativas, a cada cual más perversa y que solo han conseguido denigrar la formación de este país, situándonos en los últimos puestos en todos los ranking internacionales. La certeramente llamada Ley Celaá, será la octava ley educativa en poco más de 40 años, una ley que está llamada a batir todos los record de rechazo dentro de la sociedad española, cosa que parece no será ningún impedimento para que esta salga adelante. El espíritu de la ley está muy alejado de la búsqueda de la excelencia y la calidad en la educación, donde prima el adoctrinamiento muy por encima de la enseñanza y donde la adquisición de conocimientos es algo anecdótico, casi testimonial, frente al objetivo de creación de nuevas generaciones que acepten las verdades únicas que el régimen nuevo desea imponernos.
La Ley Celaá es un paso más en la escalada de lobotomizacion de la sociedad en su conjunto, es una pieza clave en el lavado de cerebro colectivo al que estamos siendo sometidos. Es la mejor garantía de apoderarse de la voluntad de las futuras generaciones que acabaran aceptando como normal aquello que no lo es, donde el debate y la sana discrepancia quedan relegados frente a la imposición del proyecto ideológico que con la excusa de que es lo correcto, cercenara y limitara toda posibilidad de libre elección de pensamiento. La Ley Celaá es la mejor garantía que tiene la izquierda para perpetuarse en el poder, una ley llamada a aumentar las diferencias sociales y de igualdad de oportunidades, una ley clasista, donde los que más tienen, serán los únicos que puedan optar a una educación de calidad. Una ley que elimina el fracaso escolar por decreto, donde el suspenso será la excepción y regalando títulos que carecerán de valor. Solo aquellos que puedan permitirse el lujo de optar a otro tipo de educación, fuera de las garras estatales, podrán formar parte de la elite. Una ley que nos convertirá en borregos, en soldados del nuevo régimen, donde la única lección importante que debemos aprender, es no poner en duda el proyecto ideológico que nos será inoculado. La adquisición de conocimientos, la cultura del esfuerzo y la meritocracia serán cosa de los seleccionados, de aquellos que se lo puedan permitir y que sin ninguna duda serán sus hijos, los llamados a sustituir a sus padres.
Esta ley es una maldición que viene a dar carta de naturaleza a las muchas aberraciones que de forma sibilina hemos ido aceptando casi sin rechistar. Una ley que nos roba a nuestros hijos, que secuestra su voluntad y que nos enfrentara con ellos. Una ley que sale adelante con el apoyo y el consenso generalizado de los que odian a España y a los españoles, por aquellos que desean lo peor para nosotros, donde no tienen cabida los centros de educación especial, simplemente porque en esa nueva sociedad que nos están construyendo, no habrá niños que la necesiten, donde el español desaparece como lengua común de todos nosotros y donde nuestras creencias religiosas, son nuevamente pisoteadas e insultadas por aquellos que nos proponen la adoración de nuevos ídolos terrenales y mas mundanos. Una ley que busca y persigue nuestra degradación como personas y como sociedad. Una ley llamada a certificar la muerte de la nación española, donde prima todo aquello que nos separa y nos diferencia, frente a lo que nos debería unir.
Cuarenta años después de la primera ley educativa, el círculo se cierra y el objetivo de deconstrucción de este país está más cerca de ser alcanzado. Nunca una nación milenaria trabajo con tanto ahincó por destruirse así mismo, nunca antes un país entrego a sus enemigos la posibilidad de que fueran estos los que decidieran sobre sus leyes más importantes y cruciales, sobre las leyes que más afecta a sus generaciones venideras y futuras. Resulta difícil de creer como los enemigos de España, aquellos que aplaudían los crímenes de bandas asesinas y la muerte de españoles, aquellos que deseaban ver España rota, sean el mejor soporte del gobierno de este país, para sacar adelante una ley de educación que nos afecta a todos.
Javier Garcia Isac
¿Por qué España hace regalos a Marruecos mientras Mohamed VI malgasta así el dinero?
¿Por qué España hace regalos a Marruecos mientras Mohamed VI malgasta así el dinero?
Los distintos gobiernos de España han venido tratando a Marruecos como un vecino pobre hacia el que practican una abundante caridad con nuestro dinero.
Los regalos de vehículos policiales del Gobierno de Sánchez a Marruecos
En julio de 2019 el Gobierno de Sánchez aprobó la compra de 384 vehículos que serían regalados a Marruecos para el control de fronteras. El lote incluía 230 vehículos 4×4 tropicalizados, y 100 vehículos 4×4 pick up, 10 vehículos 4×4 ambulancia, 10 camiones 4×4 cisterna para agua, 8 camiones cisterna para gasolina, 18 camiones 4×4 plataforma y 8 camiones frigoríficos.
Hace unas semanas se conoció que el Gobierno de Sánchez aprobó la compra de 130 todoterrenos para la Policía de Marruecos equipados con rejillas protectoras, aire acondicionado, garantía y manual de instrucciones en francés. La noticia provocó malestar en las fuerzas de seguridad españolas, que están haciendo frente a una ola de inmigrantes ilegales -en gran parte procedentes de Marruecos- con medios insuficientes.
El Gobierno de Sánchez también dijo que ayudaría a Marruecos frente a la pandemia
Ayer la ministra española de Asuntos Exteriores Arancha González Laya anunció que España destinará el exceso de vacunas que compre a los países vecinos más pobres. No ha explicado qué países son ésos, pero no cuesta mucho imaginarlo, pues a finales de marzo González Laya anunció que España ayudaría económicamente a Marruecos a combatir la pandemia de coronavirus, a pesar de que entonces Marruecos sólo tenía 270 contagiados y 10 muertos, y España más de 56.000 contagiados y más de 4.000 muertos.
Mohamed VI: 12 palacios, 600 coches y una fortuna de 5.000 millones de dólares
Cuesta entender mucho que el Gobierno de España se dedique a hacer esos regalos con nuestro dinero mientras nos fríe a impuestos a los españoles y gasta más de lo que ingresa. Pero cuesta aún más entenderlo viendo cómo gasta el dinero el monarca alauí Mohamed VI. El 21 de enero fue noticia que el Jefe de Estado marroquí tiene una importante colección de relojes de lujo, entre ellos uno valorado en 1,2 millones de euros.
En 2017 la esposa de Mohamed VI se compró una mansión en una isla griega por un importe de 3,8 millones de euros. En julio de 2019 fue noticia la compra por el rey marroquí de un yate de lujo por 17 millones de euros. En octubre de este año nos enteramos de que Mohamed VI ha comprado un palacete en París por 80 millones de euros. No es el único que tiene: posee 12 palacios con 1.100 sirvientes, 600 coches y una fortuna valorada en 5.000 millones de dólares. Para los que aún sigan creyendo que Marruecos es un país pobre al que tenemos que ayudar, basta con añadir que el presupuesto de la Casa Real marroquí es de 232 millones de euros (el de la española es de 7,8 millones, la 29ª parte de lo que gasta Mohamed VI y su familia).
La carrera armamentística que está desarrollando Marruecos
A esto hay que sumar la carrera armamentística que lleva nuestro país vecino. En septiembre de 2018 Marruecos compró más de medio centenar de carros de combate M-1 Abrams (el modelo que usa el Ejército de Estados Unidos). Dos meses más tarde se conoció la modernización de los 162 M-1A1 Abrams que ya tenía el Ejército marroquí. En marzo del año pasado Marruecos anunció la compra de 25 cazas F-16C/D, además de la modernización de los 23 que ya tiene.
En junio de este año se conoció la compra por parte de Marruecos de 24 helicópteros de ataque AH-64E Apache (un número equivalente a los 24 Eurocopter Tigre que tiene el Ejército Español). La Marina marroquí también está incrementando su flota, pasando a ser una marina de aguas marrones (dedicada a proteger su litoral) a una de aguas azules, capaz de proyectar su fuerza más allá de sus costas (como es el caso de la española).
Las ambiciones territoriales marroquíes y el chantaje de la inmigración ilegal
Hay que tener en cuenta que Marruecos es actualmente una de las mayores amenazas estratégicas de España. Sus ambiciones territoriales incluyen territorios bajo soberanía española como las Canarias, Ceuta, Melilla, Perejil, las Chafarinas, las islas Alhucemas y el peñón de Vélez de la Gomera.
Así mismo, la tolerancia de Marruecos con las mafias de la inmigración ilegal provoca serios problemas a España, que se ve obligada a destinar cada vez más recursos para vigilar sus fronteras y reforzar la seguridad en sus calles. De hecho, Marruecos suele utilizar esta cuestión como una herramienta de chantaje contra España. Y mientras tanto, los gobiernos españoles ceden y se dedican a hacer regalos millonarios a ese país a nuestra costa. Ya va siendo hora de cerrar el grifo y cambiar de política: ceder a los chantajes y engordar a vecinos chulos e insolentes nunca fue una buena idea.
Las cuentas de la coalición
La coalición del PSOE con separatistas y proetarras tiene ganas de demostrar que son el nuevo «rodillo» que va a pasar sobre la oposición, la opinión pública y los principios democráticos.
El control sobre los impuestos está en el origen del parlamentarismo, por lo que el debate sobre la ley de los Presupuestos Generales del Estado constituye una responsabilidad esencial del Parlamento. Esta máxima de la historia de la democracia suena a un maximalismo utópico de «mayores» -como los calificaría Adriana Lastra- si se compara con el comportamiento actual del Gobierno de Pedro Sánchez. Su pacto presupuestario con los separatistas de ERC y los proetarras de EH Bildu se está ejecutando a una velocidad tal que el Congreso de los Diputados y el Senado van a ser simples servidumbres de paso de la nueva coalición de Gobierno que han forjado Sánchez y Pablo Iglesias con los partidos que, según dijo Felipe González, quieren destruir España. Cuando se apruebe el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, el Parlamento habrá invertido solo sesenta y tres días, entre debates y votaciones, cuando lo normal es que ese plazo se prolongue entre ochenta y noventa días. La coalición del PSOE con separatistas y proetarras no solo tiene prisa por aprobar este presupuesto, sino muchas ganas de demostrar que son el nuevo «rodillo» que la izquierda va a pasar sin contemplaciones sobre la oposición, la opinión pública y, en general, los principios de la democracia parlamentaria. Este ha sido siempre el objetivo de este binomio formado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, bien visible desde mucho antes de que Ciudadanos se diera cuenta de que el presidente del Gobierno prefiere a Rufián y a Otegui antes que a Inés Arrimadas.
Lo que esconde el pacto por los Presupuestos Generales del Estado para 2021 es algo más que esa formalista previsión de ingresos y gastos que la Constitución exige que se presente anualmente. Ese pacto presupuestario es el disfraz de la gran coalición de extrema izquierda que ha tomado el poder en España, y que ha hecho que ERC y EH Bildu pasen a formar parte de «la dirección del Estado», pero con las mismas intenciones con las que un suicida toma la dirección de un coche con ánimo de estrellarlo contra un muro. Estos socios han dicho por activa y por pasiva que quieren una república catalana y una república vasca, y que este pacto es un medio para conseguir una y otra. El sueño de la extrema izquierda es este y lo están convirtiendo en realidad. Sánchez tenía este plan desde que llegó a La Moncloa, y no ha sido Ciudadanos quien ha desvelado la naturaleza política del presidente del Gobierno. Ya era conocida, y se refleja en la falta absoluta de pudor que le permite pactar con proetarras y golpistas. No se trata de «normalidad democrática». Es un escándalo sin paliativos, que el PSOE presenta como normal simplemente porque ha perdido la ética política. Sentirse cómodo con partidos que legitiman el terrorismo o que han pretendido romper España no es un síntoma de normalidad, sino de degradación democrática.
La aprobación de los Presupuestos con esta mayoría de extrema izquierda no será un episodio efímero, a la vuelta del cual Sánchez se moderará. Por el contrario, será la prueba de que se ha superado un límite que parecía infranqueable sin que suceda nada relevante allí donde debía producirse, que es el PSOE. Si los socialistas callan y consienten este pacto con quienes hoy justifican a quienes los mataban y con quienes están en la cárcel por golpistas, ETA y el separatismo tendrán su preciada victoria en el relato contra la democracia española y la Constitución de 1978, porque, manteniendo sus objetivos de acabar con ambas, aquel PSOE de los cien años de honradez los ha puesto a los mandos del Estado que quieren destruir.
El largo pulso de Iglesias que acorraló a Sánchez
El vicepresidente segundo descartó el intento del PSOE de incluir a Ciudadanos y retó al presidente hasta dejar como única opción al bloque de la investidura
La negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 se ha sustanciado con una victoria estratégica de Pablo Iglesias, que se ha servido de la necesidad de Pedro Sánchez para sacar las cuentas e imponer su visión. El presidente del Gobierno jugaba con varias barajas. Iglesias solo jugaba con una carta, con lo que no tenía incentivos para ceder. Su estrategia.
Una guerra de posiciones que viene durando meses en el seno del Gobierno y que va mucho más allá de la aprobación del proyecto presupuestario y que se enmarca en el debate sobre cómo gobernar España en los próximos años. Sánchez e Iglesias han compartido muchos encuentros en los últimos meses, han discutido sobre esta cuestión y no han alcanzado un acuerdo. Simplemente han pactado navegar sus contradicciones y ganar tiempo al frente del Gobierno.
El proceso amenazó con descarrilar en diferentes momentos. Pero ha sido la convicción de Sánchez e Iglesias de que la prematura ruptura de la coalición no beneficiaría a ninguno lo que en última instancia mantiene firmes los cimientos tras meses de mucha crispación.
Ciudadanos contacta con Moncloa
A finales de julio, cuando comienza a haber síntomas de que la segunda ola se va a anticipar, Ciudadanos (Cs) contacta con el Gobierno para extender el entendimiento de los últimos meses, que había permitido a Sánchez aprobar las últimas prórrogas del primer estado de alarma, a la negociación presupuestaria.
La formación de Arrimadas demanda mantener la reunión solo con representantes del PSOE. En Moncloa acceden y la vicepresidenta primera del Gobierno se reúne en los primeros días de agosto con una delegación de Cs. Empiezan los problemas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, denuncia la exigencia de Cs de apartarlos de la negociación y carga contra una parte del Gobierno. «Quien mira hacia la derecha no es el Gobierno, sino una parte de él. Cumplir el acuerdo de gobierno implica cuidar la mayoría parlamentaria que lo hizo posible». Calvo responde argumentando que cualquier miembro del Gobierno «representa a todo el Gobierno». Arranca el pulso.
Tras un freno en los acontecimientos durante la primera parte de agosto, Cs reclama al Gobierno, a la parte con la que mantiene contacto, que intercambie información y que se empiece a negociar. Empiezan los primeros contactos que hacen a Cs albergar esperanzas. Desde el Ejecutivo, de manera informal, se empieza a señalar las bondades de un pacto con PNV, Cs y los minoritarios que no incluya a ERC por considerarlos «poco estables». Ni se hablaba de Bildu. El portavoz de Cs en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, concedió una entrevista en la que definía como «una buena noticia» el hecho de «apartar» a Unidas Podemos (UP) de la confección del Presupuesto.
Saltan las alarmas en Podemos
En UP se encienden las alarmas. Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales en la vicepresidencia de Pablo Iglesias y responsable económico de Podemos, traslada con preocupación a sus jefes que están existiendo contactos entre Cs y los socialistas para entrar en el detalle de la negociación presupuestaria y él está al margen.
El último viernes de agosto Pablo Iglesias reúne a la Ejecutiva de Podemos y da la orden de salir muy fuerte contra la opción de Ciudadanos. La portavoz Isabel Serra cumple el mandato: «El PSOE sabe que con nosotros no va a contar para unos presupuestos con Ciudadanos».Es la primera advertencia seria respecto a la estabilidad de la coalición. Desde UP refuerzan ese mensaje: «No puede haber unos Presupuestos del PSOE con Ciudadanos porque Ciudadanos no está en el Gobierno, entonces el Gobierno sería otro».
El movimiento provoca un gran enfado en La Moncloa y en el presidente del Gobierno. El lunes 31 de agosto tiene lugar un encuentro clave entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La cita marcará los próximos meses. En esa discusión, el presidente insiste en la necesidad de buscar un acuerdo «lo más transversal posible», porque él ya es consciente de la buena disposición de Cs. Recuerda como en 2019 ERC tumbó sus Presupuestos y quiere un acuerdo ya que le garantice la legislatura.
Pero Iglesias defienden lo contrario. «Alcanzaron el compromiso político de tratar de sacar el Presupuesto sin que ninguno tuviera que renunciar de entrada a su fórmula», explica una persona cercana a uno de ellos. Por eso Sánchez nunca ha cuestionado estos meses los acercamientos de Iglesias a Bildu y ERC. Porque los autorizó y amparó en esa reunión.
En la parte socialista del Gobierno albergaban dudas. «Veremos quien quiere negociar de verdad», decían por aquellos tiempos en referencia a las dudas que les generaba ERC. Por eso se mantiene en paralelo un canal de negociación con Arrimadas que establece una serie de condiciones para apoyar la tramitación de los Presupuestos. Iglesias se reúne con Bildu y ERC a mediados de septiembre.
El borrador del Gobierno de coalición
La decisión del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, de expulsar del Govern unos días antes a la consejera del PDECat ha permitido a esta formación romper el cordón umbilical con Carles Puigdemont. Son cuatro diputados en el Congreso y se abren a la negociación. El movimiento ha espoleado a ERC para resolver sus dudas. Y la entrada de Bildu en escena hace también evidente que el PNV tendrá menos margen de presión que en otras ocasiones.
Con ese ramillete de potenciales apoyos Sánchez vislumbra el Presupuesto al alcance de su mano. Pero algo está frenando el acuerdo. Una de las cosas que Iglesias demandó a Sánchez en su reunión del 31 de agosto es que con carácter previo a la negociación formal con el resto exista un documento pactado entre PSOE y Unidas Podemos. Lo considera la mejor forma de apartar a Cs. Pero hay más actores jugando esta partida.
Durante la negociación el Gobierno es sensible al hecho de que no hay que tocar la tributación del IVA ni el IRPF, al margen de una subida para rentas superiores a 300.000 euros. La reforma fiscal que reclama Podemos queda en suspenso para varios cursos. Pero Iglesias está acostumbrado a negociar así. Renunciar a algunas cosas y mostrarse inflexible en otras.
El 27 de octubre, con un mes de retraso respecto a lo previsto, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentan el acuerdo de Presupuestos. En las horas previas la tensión se dispara y el día previo UP traslada la idea que el acuerdo no estaba cerrado. Moncloa insiste en que ese martes se va a aprobar el anteproyecto. Iglesias se indigna ante lo que considera un ejercicio de presión para cerrar el acuerdo sin tener en cuenta sus exigencias.
Esa tarde Iglesias llega a trasladarle al presidente que si no alcanzan un compromiso sobre la limitación del precio de los alquileres y el ingreso mínimo no acudirá a la presentación del acuerdo. Los lugartenientes de ambos, Iván Redondo y Juanma Del Olmo, fueron los encargados de pulir esas discrepancias en contacto con Álvarez y los ministros socialistas implicados. Ese día los contactos se prolongaron más allá de la medianoche puliendo las palabras exactas del comunicado que se lanzaría la mañana siguiente.
Iglesias celebra el aval de Bildu
Hubo pacto de los socios y se empezó a negociar formalmente con el resto de partidos. Unidas Podemos expresa que no tiene problema en que estas reuniones se produzcan previa convocatoria a los medios. Pero el PSOE no quiere. Se realizan varios encuentros con PNV, ERC y Bildu de los que no se informan a los medios.
Pero el jueves 5 de noviembre, antes de las 8 de la mañana, los medios de comunicación que habitualmente siguen la información del Gobierno reciben un mensaje informando de una ronda de contactos entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el responsable de Podemos, Nacho Álvarez. Unas horas antes, en la noche del miércoles, Montero ha llamado a Álvarez y le comunica que van a proceder con esa ronda.
Esa llamada genera confusión en Unidas Podemos dado el rechazo previo de los socialistas a dar publicidad a los encuentros. En el lado morado del Gobierno se interpreta el giro como «un regalo de Iván Redondo a Ciudadanos». Y en el lado socialista el análisis no es muy distinto, aunque se niega teatralidad: «No podemos perder a Ciudadanos».
El PNV ni se presenta en esa ronda. El movimiento genera preocupación en Podemos porque ERC y Bildu muestran nerviosismo respecto a la posibilidad de que Cs aguante en la ecuación presupuestaria. En Bildu además se enfadan porque La Moncloa no facilita imágenes del encuentro hasta pasadas las 21 horas para que no tengan espacio en los telediarios. El terreno queda abonado para la réplica de Iglesias tras lo que él y sus socios interpretan como una jugada contra sus intereses.
En La Moncloa están al tanto y participan de las negociaciones con EH Bildu. Saben que todo va sobre ruedas. Pero hay una cosa que no saben. En la misma mañana del 12 de noviembre en que se vota el inicio de tramitación del Presupuesto Arnaldo Otegui comunica en Radio Euskadi la voluntad de Bildu de apoyar las cuentas. Pablo Iglesias sí lo sabía y lanza un rápido mensaje en sus redes sociales para celebrar el apoyo y dar la bienvenida a los herederos de Batasuna «a la dirección del Estado».
Evitar que Cs se refuerce
La jugada colapsa el relato que pretendía difundir el Gobierno, el de la mayoría transversal, porque incluía a Ciudadanos, que había rechazado las enmiendas a la totalidad. El protagonismo de Bildu y el importante rol que reserva para ellos Iglesias abre las heridas en el PSOE. Es el socio mayor de la coalición quien está sufriendo el desgaste en la negociación. La confirmación de Bildu acelera la del PNV. Ciudadanos cada día está más lejos. Y falta ERC. El pasado miércoles Pere Aragonés confirma el acuerdo y los liberales llaman a La Moncloa para decir que no pueden seguir.
Conviene advertir que Sánchez quería incluir a Cs pero no renunciar a ERC. Lo demuestra lo que confirman fuentes del Ejecutivo, y es que el acuerdo final con ERC lo ultima Sánchez. «Lo de la armonización fiscal es algo del presidente con ERC», explican recordando que hay presidentes autonómicos que ya lo han defendido.
En Unidas Podemos entendían que la operación de contar con Cs no era un elemento aislado. Sino que pretendía dar oxígeno a Arrimadas para que mejorase su posición y que en el futuro el PSOE pudiese elegir entre Cs y UP. Por eso en el entorno de Iglesias se ha celebrado como un gran éxito que la líder de Cs anunciase su renuncia el pasado jueves: «Era fundamental que Arrimadas no estuviera en la foto de los Presupuestos para que la estrategia de Iglesias tuviera verosimilitud», analizan en el Gobierno.
A partir de ahora se abre un escenario en el que, con Presupuestos aprobados y sin mayoría en contra en el Congreso, se puede gobernar con más autonomía respecto de Iglesias. Algo que espera un sector del Gobierno. En Unidas Podemos son conscientes y explican que por ese motivo «se han acumulado en esta fase las discrepancias». En La Moncloa quieren mantener en cualquier caso un canal de comunicación con Cs
En el equipo de Iglesias afrontan este hecho «con la misma preocupación que siempre, ni más ni menos» porque saben que esa geometría variable es una aspiración del PSOE. «Pero va a ser complicado pasar del no a los Presupuestos a socio estable», vaticinan. Iglesias ha ganado el primer gran pulso de la coalición y ahora se dedicará a seguir marcándole el paso al PSOE con un único objetivo: que Sánchez lo necesite.
sábado, 28 de noviembre de 2020
Rufián,vete a robar a otra parte
Este Gobierno de trileros, analfabetos funcionales y presuntos
vicedelincuentes se supera cada día en filibusterismo, incultura e historial
delictivo. La negociación de los Presupuestos es un ejercicio de
inmoralidad que deja reducido a un pirata al estatus de santo varón al lado
de Sánchez. Lo de la iletrada Irene Montero resulta ya proverbial, da hasta
pena, lo que jamás vaticinamos es que toda una ministra de Exteriores
(Arantxa González Laya) confundiría una bandera de México con la de
Italia, que llamase “Palma de Mallorca” a una ciudad a la que todos sus
habitantes y la toponimia denominan simplemente “Palma” o que Moncloa
aludiera a la isla como “Mayorca”. Y eso que la Ley Celaá aún no está en
vigor. El ménage à trois del Gobierno socialcomunista con Bildu es
seguramente la mayor infamia de la democracia por mucho que nuestro
desahogado presidente enfatice públicamente, tomándonos a los españoles
por gilipollas, que “no” han pactado con el jefe de ETA Otegi y sus
sicarios. Lo que nunca sospechamos, y eso que el listón está alto, es que
Gabriel Rufián sería quién decidiría cuántos impuestos se pagan en Madrid,
Andalucía y Murcia. El portavoz de ese partido históricamente golpista que
es ERC, lo fue en la Segunda República, lo es en la España constitucional,
se ha descolgado con una imposición fascistoide a la par que facinerosa
para que resuciten en estas tres comunidades el Impuesto de Patrimonio y
los de Donaciones y Sucesiones, bonificados estos últimos al 99%. Esta
barrabasada del rufián de Rufián supone en resumidas cuentas la vuelta al
centralismo franquista y el the end de la autonomía fiscal inherente a
cualquier país federal como es el caso de España aunque lo llamemos con
otro nombre. La cosa tiene más bemoles de lo que parece: el de Patrimonio
es una doble imposición porque uno ya abona el IRPF, Transmisiones o el
IVA y ese dolor de muelas anual que es el IBI. Y el impuesto a los muertos
supone un triple salto mortal porque además de todo lo que astillamos en
vida, resulta que luego nos vamos al cielo o al infierno y continuamos
pasando por caja. En el caso de Madrid la comparación con Cataluña es de
vergüenza ajena: con una fiscalidad sustancialmente más baja la primera
acumula una deuda pública de 33.000 millones frente a los 79.000 de la
segunda. Por no hablar de otra comparación que es cuasipornográfica:
Madrid aporta a las arcas del Estado 23.000 millones anuales más que
Cataluña. No nos hagamos trampas al solitario, lo que anhela el rufián de
Rufián es que madrileños, andaluces y murcianos enjuaguemos la
elefantiásica pella catalana consecuencia de los infinitos chiringuitos y
mamandurrias indepes, de los golpes de Estado y de los 3% de los Pujol,
Mas, Trias, Puigdemont, Junqueras y demás golfos de la patria. Si el rufián
de Rufián quiere robar, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones son un robo,
que se vaya a otra parte. A Cataluña, a la Conchinchina o a la mierda. Sólo
a los tontos y a los locos les gusta que les suban los impuestos y ni
madrileños, andaluces y murcianos figuran en esas categorías. Por cierto, la
RAE lo retrató: “rufián” es una “persona sin honor, perversa y despreciable”. Pues eso.
Eduardo Inda
Sánchez nos vende a los separatistas
ERC reclama Madrid como chivo expiatorio del infierno fiscal imperante en su feudo
Con tal de aprobar unos Presupuestos que le aseguran la poltrona al menos tres años más, Pedro Sánchez nos ha vendido a sus socios separatistas. A todos ellos, sin distinción de ideología ni más requisito que su voto favorable, y a todos nosotros, demócratas, incluidos muchos de los que le votan. (Sería interesante, a este respecto, saber qué papeleta escogieron en las últimas elecciones Felipe González oAlfonso Guerra y cuál elegirán en las próximas…) A cambio de ese poder, que en realidad no es tal puesto que quien acaba imponiendo su criterio totalitario es Pablo Iglesias, como acabamos de ver con la prohibición de los desahucios o el control del dinero que ha de venir de Bruselas, por citar solo los últimos ejemplos, el presidente ha entregado su dignidad como prenda de sumisión a los partidos cuyo propósito es destruir España. Su dignidad y nuestros derechos, pisoteados con fruición por esa ralea supremacista que ni en sus mejores sueños habría creído posible tal grado de complicidad por parte de quien juró defender la Constitución y, a través de ella, la indisoluble unidad de la Nación española, patria común de unos ciudadanos libres, iguales y soberanos. En esta ceremonia de la humillación, que todavía no ha llegado a su fin, Sánchez ha regalado al PNV los cuarteles de Loyola, considerados de vital importancia por el Ministerio de Defensa, cuya importancia estratégica y simbólica no se le escapa a nadie. Ha otorgado beneficios sin cuento a decenas de sanguinarios etarras y callado ominosamente ante la chulería con la que Otegui ha presumido de avanzar mediante ese respaldo en el objetivo de alcanzar una «república vasca independiente». Ha eliminado el derecho de los escolares a recibir enseñanza en castellano o español, aunque ésta sea su lengua materna, cediendo al chantaje de ERC, empeñada en blindar así su implacable política de inmersión lingüística. Ha garantizado, de nuevo, unas inversiones públicas en Cataluña muy superiores a lo que esa comunidad aporta al PIB nacional. Y, por si todo ello no fuera suficiente, ahora va a por Madrid, bestia negra de la izquierda, que los independentistas de Esquerra reclaman como chivo expiatorio del infierno fiscal imperante en el feudo que mangonean. La Comunidad de Madrid es culpable de ser la que más recauda siendo los impuestos más bajos. De aportar el setenta por ciento de los fondos que nutren la caja común solidaria con las regiones más desfavorecidas. De quedarse con un único euro de cada cinco pagados por el contribuyente y de emplear los otros cuatro en contribuir al progreso común. De no gastarse el dinero en embajadas, ni en televisiones ruinosas dedicadas a ensalzar el golpismo o el «relato» equidistante entre terroristas y víctimas, ni en «construcción nacional», sino en ofrecer buenos servicios a los ciudadanos. Todo lo cual resulta completamente intolerable para el inepto que nos gobierna.
Isabel San Sebastián
Objetivo, invadir el Poder Judicial
Iglesias ya ha dinamitado dos veces los acuerdos que Sánchez había ultimado con el PP para afrontar la renovación del CGPJ, y ya está entorpeciendo la tercera ronda de contactos.
Iglesias ha allanado la negociación de Sánchez con los partidos independentistas y ha asumido parte del coste de blanquear a Bildu, en la conciencia de que no es a Podemos a quien lastrará esa sumisión, sino a Sánchez. La dependencia de Sánchez es absoluta, e Iglesias lo rentabiliza a conveniencia de parte porque nadie en la actual dirección del PSOE tendrá la valentía de alzar la voz. Muy al contrario, Ferraz jalea esa deriva irracional del líder socialista. Por eso, y después de varios intentos fallidos, su siguiente objetivo es romper definitivamente la separación de poderes que regula nuestra Constitución. Mientras Sánchez da palos de ciego concentrando su gestión en la propaganda, Iglesias mantiene intacta su obsesión de deshilachar las costuras del sistema constitucional.
Iglesias ya ha dinamitado dos veces los acuerdos que Sánchez había ultimado con el PP para afrontar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y es evidente que ya está entorpeciendo la tercera ronda de contactos. Sus estratégicos ataques a la Corona y su inmoral exhibicionismo con Bildu fueron el motivo justificado de la ruptura. Hace dos meses, el Gobierno se sacó de la manga un subterfugio paralegal con el que superar artificialmente la mayoría de tres quintas partes del Congreso necesarias para renovar el gobierno de los jueces. Con ese fin ideó una reforma constitucional encubierta mediante la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial y tomar así el control de los Tribunales. Eso es lo que Iglesias pretende recuperar ahora pese que la Unión Europea ya ha condenado una práctica tan antidemocrática. A partir de ahí, y con Sánchez como cómplice, Iglesias se ha propuesto renovar el CGPJ excluyendo al PP y copando la institución con consejeros de la izquierda radical respaldados incluso por Bildu. Sería su forma de visibilizar la «dirección del Estado» que ha ofrecido a Arnaldo Otegui.
La hipotética incorporación de representantes de ERC o Bildu al órgano de gobierno de los jueces implicaría la imposición ilegal de una minoría política para sojuzgar a una mayoría judicial que observa con pavor la operación. Sería una invasión alarmante y un secuestro del único poder del Estado que no está contaminado por Iglesias. La permisividad del PSOE en esta maniobra provocaría una lesión irreversible a la credibilidad de nuestra democracia porque sería mucho más que una opa hostil de Iglesias para minar la independencia de los Tribunales. Sería una práctica prohibida en Europa solo admisible en regímenes autoritarios disfrazados de falsas democracias.
viernes, 27 de noviembre de 2020
Madrid, ¡traidor!; Rufián, leal
Lo mejor para España, que dicte su futuro el separatismo, dice el PSOE
El que no lo vea, o es un facha irredento o tiene un puré de guisantes
por cerebro: Madrid es malo, y Rufián, bueno y leal. Nada conviene
más a España que ERC y Bildu pilotándola. Sánchez y Carmen Calvo
lo han descubierto: el problema de España se llama Madrid. Con sus
repugnantes recetas ultraliberales, su casposa seguridad jurídica y su
obsoleto talante abierto, la economía madrileña ha adelantado a la
catalana y ahora es la que más aporta al PIB nacional. ¡Qué obsesión
antiprogresista lo de crear riqueza! A mí dame una buena igualación a
la baja. Además, la deuda pública de Madrid es veinte puntos menor
que la de Cataluña, que supera en doce la media nacional. Es
evidente por tanto que la política económica de España deben dictarla
los separatistas catalanes, unos hachas de la gestión. Merced a sus
genialidades xenófobas, desde 2017 ya han conseguido que se larguen
de allí pitando seis mil empresas. Aciertan Sánchez y Calvo al redactar
los Presupuestos al dictado de Rufián, que por lo visto es como
Keynes, pero en Makoki.
En Madrid gobiernan desde hace 25 años una serie de enajenados de
la peligrosísima secta de Adam Smith. Creen que donde mejor está el
dinero es en el bolsillo de quienes lo han ganado. Con una fiscalidad
contenida su economía ha esprintado y Madrid se ha convertido en un
imán para las empresas. En el arranque de este año atrajo el triple que
Cataluña. Lo que nos reafirma en que las recetas económicas
adecuadas son las de los separatistas catalanes. Visionarios siempre,
Sánchez y Calvo quieren cepillarse la fiscalidad de éxito de Madrid
para imponer la de Rufián, Junqueras y sus 6.000 empresas a la fuga.
Ole.
Madrid vive en la caverna. Todo el mundo se entiende hablando
español, ¡qué locura!, incluidos los 42.000 rumanos, 39.000 chinos,
22.922 marroquíes, 13.400 filipinos y 26.000 italianos que viven en la
capital (no sé a qué esperan para ordenar una moderna
«normalización lingüística» en «cheli», que puede ser mejorado y
ampliado con injertos de laboratorio, como el batúa). Madrid es tan
cutre que ni existe «hecho diferencial». No te dan la brasa chequeando
si eres madrileño pata negra y la bandera española cuelga con
naturalidad de muchas ventanas de vecinos. Por todo ello, Carmen
Calvo, que es muy inteligente, ya acaba de advertir que le «preocupa»
Madrid, porque «no defiende la unidad de España». Ayuso -yo venía
sospechándolo y la gran Calvo me lo ratifica- es una peligrosa
separatista y los «aliados progresistas», Rufián y Arnaldo,unos
patriotas españoles.
Lo de Madrid es insoportable. Hasta han logrado rebajar el Covid
espectacularmente gracias a buscar vías alternativas a las de Illa y
Simón, los nuevos Cajal y Fleming. Cuánta felonía. Menos mal que ahí
tenemos a los leales socios Rufián y Otegui. España nunca será el país
al que aspiramos todas y todos mientras no se impregne de los valores
de Bildu y ERC.
(PD: algunas mañanas me levanto sospechando que vivimos en un pais
definitivamente agilipollado)
Luis Ventoso
España en almoneda
Si Cataluña se hunde, sus nacionalistas sólo tienen que imitar el modelo madrileño
En pública subasta ha puesto Pedro Sánchez a España, un Black Friday durante todo el mes, con el 90 por ciento de rebaja, una auténtica ganga, un chollo. El doctor está dispuesto a tirar la casa por la ventana, incluida la ventana y la casa. Todo a cambio de que aprueben sus Presupuestos. «¡Mi reino por un caballo!», gritaba, según Shakespeare, Ricardo III descabalgado en plena batalla. Nuestro presidente se vende por sus Presupuestos, los mayores de la historia, dicen, donde, a las partidas hay que añadir las mordidas, ya en metálico, ya en especie, entiéndase soberanía, que te exigen por el voto. Total: que España va a quedar en los huesos, si es que queda algo de ella.
Nunca se había visto una rapiña tan feroz, un chantaje tan descarado, sobre todo por parte de los propios socios de Gobierno. Podemos, el primero. Nada más enterarse Iglesias de que su partido iba a tenersólo una representante en el control de los fondos europeos derecuperación, mientras el PSOE metía dos vicepresidentas, se puso en contacto con Sánchez y el resultado es que va a estar todo el gabinete.
¿Rectificación o lo tenían acordado? Hay las dos versiones, pero el resultado es que Iglesias estará en el timón de esos fondos, claves para España. Ocurrió también con los desahucios. Iban a cesar el 31 de enero, pero nueva intervención de Iglesias y están buscando la forma de prorrogarlos. Y algo de lo que no se habla pero está a la vista: pese a tener una cartera social y la segunda vicepresidencia, Pablo se las está arreglando para acompañar a Pedro en sus visitas oficiales en el extranjero. Y a hacer declaraciones en ellas que no coinciden con la línea oficial. Échenle un galgo.
El PNV saca también petróleo de sus seis votos. Enumerar las subvenciones para obras públicas, instalaciones e investigación ocuparía el resto de este artículo. Además, se llevan el cuartel de Loyola, en San Sebastián. Gratis. Si se piensa que su extensión es enorme, edificarlo para viviendas valdría una millonada. Aunque el regalo al independentismo es mayor: según ABC, augura la salida del Ejército español de Euskadi. Otegui comentaba: «Ese sí a los Presupuestos abre el camino a la república vasca». Tampoco le ha ido mal a ERC, que ha eliminado el español como lengua vehicular en Cataluña y el tope a la deuda de la Generalitat. En adelante, podrán endeudarse cuanto les convenga. Pero lo más grave,lo más turbio y aberrante es que han logrado la promesa de una «armonización fiscal», que no significa que en todas partes se paguen los mismos impuestos, sino un subterfugio para obligar a Madrid a subir las cargas por patrimonio y herencia. Si Cataluña se hunde económicamente, sus nacionalistas sólo tienen que imitar el modelo madrileño de bajar impuestos y fomentar la inversión. Pero se lo han gastado en gobiernos en el exilio y embajadas, como otros en vino y mujeres. Que sólo les mueve el resentimiento lo demuestras que nada dicen del «cupo» de sus colegas vascos. Aparte de que el impuesto de patrimonio es el mayor fraude, al basarse en la doble imposición, al obtenerlo y conservarlo.
José Maria Carrascal
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