La coalición del PSOE con separatistas y proetarras tiene ganas de demostrar que son el nuevo «rodillo» que va a pasar sobre la oposición, la opinión pública y los principios democráticos.
El control sobre los impuestos está en el origen del parlamentarismo, por lo que el debate sobre la ley de los Presupuestos Generales del Estado constituye una responsabilidad esencial del Parlamento. Esta máxima de la historia de la democracia suena a un maximalismo utópico de «mayores» -como los calificaría Adriana Lastra- si se compara con el comportamiento actual del Gobierno de Pedro Sánchez. Su pacto presupuestario con los separatistas de ERC y los proetarras de EH Bildu se está ejecutando a una velocidad tal que el Congreso de los Diputados y el Senado van a ser simples servidumbres de paso de la nueva coalición de Gobierno que han forjado Sánchez y Pablo Iglesias con los partidos que, según dijo Felipe González, quieren destruir España. Cuando se apruebe el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, el Parlamento habrá invertido solo sesenta y tres días, entre debates y votaciones, cuando lo normal es que ese plazo se prolongue entre ochenta y noventa días. La coalición del PSOE con separatistas y proetarras no solo tiene prisa por aprobar este presupuesto, sino muchas ganas de demostrar que son el nuevo «rodillo» que la izquierda va a pasar sin contemplaciones sobre la oposición, la opinión pública y, en general, los principios de la democracia parlamentaria. Este ha sido siempre el objetivo de este binomio formado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, bien visible desde mucho antes de que Ciudadanos se diera cuenta de que el presidente del Gobierno prefiere a Rufián y a Otegui antes que a Inés Arrimadas.
Lo que esconde el pacto por los Presupuestos Generales del Estado para 2021 es algo más que esa formalista previsión de ingresos y gastos que la Constitución exige que se presente anualmente. Ese pacto presupuestario es el disfraz de la gran coalición de extrema izquierda que ha tomado el poder en España, y que ha hecho que ERC y EH Bildu pasen a formar parte de «la dirección del Estado», pero con las mismas intenciones con las que un suicida toma la dirección de un coche con ánimo de estrellarlo contra un muro. Estos socios han dicho por activa y por pasiva que quieren una república catalana y una república vasca, y que este pacto es un medio para conseguir una y otra. El sueño de la extrema izquierda es este y lo están convirtiendo en realidad. Sánchez tenía este plan desde que llegó a La Moncloa, y no ha sido Ciudadanos quien ha desvelado la naturaleza política del presidente del Gobierno. Ya era conocida, y se refleja en la falta absoluta de pudor que le permite pactar con proetarras y golpistas. No se trata de «normalidad democrática». Es un escándalo sin paliativos, que el PSOE presenta como normal simplemente porque ha perdido la ética política. Sentirse cómodo con partidos que legitiman el terrorismo o que han pretendido romper España no es un síntoma de normalidad, sino de degradación democrática.
La aprobación de los Presupuestos con esta mayoría de extrema izquierda no será un episodio efímero, a la vuelta del cual Sánchez se moderará. Por el contrario, será la prueba de que se ha superado un límite que parecía infranqueable sin que suceda nada relevante allí donde debía producirse, que es el PSOE. Si los socialistas callan y consienten este pacto con quienes hoy justifican a quienes los mataban y con quienes están en la cárcel por golpistas, ETA y el separatismo tendrán su preciada victoria en el relato contra la democracia española y la Constitución de 1978, porque, manteniendo sus objetivos de acabar con ambas, aquel PSOE de los cien años de honradez los ha puesto a los mandos del Estado que quieren destruir.
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