Estos indultos sumados a la amnistía en Cataluña confirman que en España los políticos sólo pagan su deuda con la Justicia si son contrarios a Sánchez.
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miércoles, 11 de octubre de 2023
El Gobierno en funciones tramita los indultos a los responsables de los ERE
miércoles, 30 de marzo de 2022
El "chófer de la cocaína" del escándalo de los ERE al banquillo en septiembre
El exchófer del alto cargo socialista de la Junta de Andalucía, Juan Francisco Trujillo.
La Audiencia juzgará al que fue conductor del exdirector de Trabajo de la Junta, por el desvío de 1,5 millones para pagar copas, cocaína y fincas, evidenciando la corrupción del PSOE.
Este 2022 será un año que no caerá en el olvido para los que fueron máximos dirigentes del Partido Socialista en Andalucía, ni tampoco para los ciudadanos de la comunidad, que podrán saber a donde fue a parar parte del dinero público que se gastó de manera ilegal, de forma continuada, durante más de una década.
Los tribunales no detienen las investigaciones abiertas y se suceden las sentencias, aperturas de diligencias o de nuevos juicios para esclarecer el caso de corrupción más grande de España, el de los expedientes de regulación de empleo (ERE), a través del cual se utilizaban ayudas y subvenciones de la Junta para beneficiar empresas afines, sindicatos, amigos y afiliados del PSOE.
El anuncio ahora llega de la Audiencia de Sevilla que ha fijado para el mes de septiembre de este año las sesiones del juicio de una pieza separada de estos ERE, en el que se investigan los casi 1,5 millones de euros concedidos por el que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, a su exchófer Juan Francisco Trujillo, y que supuestamente se destinó a la compra de cocaína, copas y antigüedades.
Las sesiones serán los días 5, 9, 14, 15, 16, 23 y 30 de septiembre según se recoge en la diligencia emitida el 21 de marzo. La causa se dirige contra Francisco Javier Guerrero, sin embargo el exdirector falleció en octubre de 2020; por lo que se tendrán que sentar ante el juez: Juan Francisco Trujillo; el administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro Ruz Espigares; y el que fuera directivo de Vitalia, Antonio Albarracín, este último ya fue condenado por la pieza separada relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).
De cara al juicio, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028 euros para el exchófer de Guerrero, mientras que solicita seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín.
Cabe recordar que el exchófer fue el único condenado en el juicio de los ERE por fraude fiscal que cumplió condena, frente a los otros diez ex altos cargos de la Junta que no han pisado la cárcel, a pesar de recibir sentencias con penas de prisión.
Los gastos en 'vicios' que salpicarán al PSOE en plena campaña
El PSOE de Andalucía tiene por delante unos meses en los que tendrán que dar muchas explicaciones o, por el contrario, mantener el mutismo frente a los casos de corrupción, como vienen haciendo en los últimos años.
El juicio sobre los gastos en cocaína, copas y demás 'caprichos', llega en un momento complicado para el candidato socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, que chocará de lleno con la herencia de sus antecesores a escasas semanas de que se celebren las elecciones autonómicas.
Si el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, consigue mantener sus previsiones y convocar comicios para noviembre como es su deseo, se le presenta a Espadas un panorama para su campaña electoral lamentable y difícil de defender en el mes de septiembre, donde se sabrá cómo y dónde se gastaban el dinero de los parados andaluces.
Pero igual sus posibilidades de mejorar los resultados de su antecesora Susana Díaz se caen por el suelo antes de este momento, pues los días 4 y 5 de mayo, el Tribunal Supremo revisará los recursos a la sentencia que condenó a los dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Un año negro para el PSOE-A y su candidato, que tendrá que tapar los capítulos más oscuros de los gobiernos socialistas en la Junta, con la complicidad de su líder nacional Pedro Sánchez, que ha acompañado en varias ocasiones a Espadas en actos en el sur pero sin mencionar ni pedir disculpas por el expolio cometido.
El dinero público para pagar fincas y cocaína
La Fiscalía relata en su escrito de acusación que Guerrero y Trujillo, a fin de "poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos" que tenía a su disposición la Dirección de Trabajo "idearon inicialmente la constitución" de sociedades mercantiles "para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión".
Estas sociedades eran Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, a las que concedieron, sin solicitud ni trámite alguno, una subvención a cada una de ellas de 450.000 euros. También "de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento, decidieron" que Isidoro Ruz Espigares presentara como promotor ante la Dirección de Trabajo un proyecto, "sin fecha", para el emplazamiento de una granja avícola, "en el cual, como financiación de la inversión, se disponía de una subvención de 450.000 euros".
El exdirector general de Trabajo de la Junta ya fallecido, Francisco Javier Guerrero, en una imagen tras su condena en el caso ERE en 2019.
Unas ayudas que Guerrero justificaba a través de convenios, mientras que la Fiscalía añade que Trujillo, como persona autorizada en las cuentas bancarias de las tres sociedades, "dispuso" del total de 1.350.000 euros transferidos por la agencia pública IDEA "como si de una caja única se tratara, no ejecutando ninguno de los proyectos de inversión ni contratando el personal que se recogía en las memorias o proyectos que se aportaron para de forma engañosa justificar la concesión de las ayudas".
El dinero que consiguieron sirvió según el Fiscal, para financiar "compras de inmuebles y fincas rústicas, bien para su uso bien con fines especulativos", y destaca que Trujillo entregó a su esposa 24.000 euros para que adquiriera una finca.
Por otro lado y con los fondos transferidos a estas tres empresas por IDEA, Guerrero recibió multitud de 'regalos' todo ello "sin que se haya podido cuantificar su importe pero constituyendo éste un porcentaje importante de éstos fondos".
Recibió entregas de efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína por parte de su chófer.
La falta de escrúpulos de los inculpados llega a tal punto que en el escrito de acusación aparece la maniobra de Guerrero y Trujillo para seguir obteniendo dinero para sus gastos. En abril de 2007, contactaron con Antonio Albarracín para que, figurando como tomadora la Dirección de Trabajo, se preparara una póliza de seguros en la cual debía de figurar como persona asegurada y beneficiaria de la misma Estrella Blanco, madre de Trujillo.
Así, Trujillo "imitó" la firma de su madre, que recibió en su cuenta bancaria 120.028 euros y que, "ajena a todo lo expuesto, hacía reintegros de estas cantidades entregándoselas a su hijo, el cual las empleaba para seguir atendiendo gastos propios y las entregas en efectivo, invitaciones y compra de cocaína" para Guerrero.
viernes, 21 de mayo de 2021
» CASO ERE «: DIEZ AÑOS DEL MAYOR LADROCINIO DE LA DEMOCRACIA
Se cumple en estas fechas una década desde que este periódico destapara el caso de los ERE, el mayor escándalo de corrupción de la democracia.
La investigación fue impulsada gracias a la juez Mercedes Alaya y a EL MUNDO. El 27 de diciembre de 2010, dentro de las pesquisas sobre Mercasevilla, desvelamos que la Junta venía sufragando prejubilaciones ilegales desde una década antes.
Así, quedó al descubierto el procedimiento dispuesto para posibilitar el latrocinio de la red clientelar tejida por el PSOE en Andalucía.
En noviembre de 2019, la Audiencia de Sevilla dictó sentencia: seis años de cárcel para Griñán y nueve de inhabilitación para Chaves.
La condena, que cifró el expolio en 679 millones de euros, alcanzó a la ex ministra Magdalena Álvarez y a otros 16 ex altos cargos.
El fallo no es firme, por lo que el TS debe pronunciarse. Asimismo, resta por saber qué pasará con las más de 100 piezas desgajadas de la macrocausa que siguen.
ABC
lunes, 22 de marzo de 2021
La Fiscalía sitúa a Griñan a las puertas de prisión y amarga la campaña al PSOE
La Fiscalía sitúa a Griñan a las puertas de prisión y amarga la campaña al PSOE
La Fiscalía del Supremo ha pedido a la Sala ratificar las condenas a los altos cargos de la Junta de Andalucía devolviendo a la actualidad un escándalo que los socialistas intentan olvidar.
En plena campaña electoral madrileña, el mayor escándalo de corrupción vuelve a la primera línea para desgracia de los socialistas que pretenden olvidar sus años de saqueo en Andalucía. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala de lo Penal que ratifique todas las condenas de los principales líderes del PSOE implicados en el escándalo de los ERE, colocando a Griñán más cerca de la cárcel y resucitando todos los fantasmas que llevaron la caída del socialismo en el que fue su feudo durante décadas.
El escrito presentado exige a la Sala que ratifique la sentencia de la Audiencia de Sevilla y confirme las condenas de 19 de los 21 exaltos cargos socialistas juzgados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por las subvenciones autonómicas para prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.
En dicha sentencia se condenaba al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, es condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.
Por su parte, también acumularía penas de prisión si así lo considera el Supremo, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) y la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, mientras que estarían inhabilitados el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez.
Según la Fiscalía, la "abundante prueba documental y pericial" acredita la "patente ilegalidad" con la que se repartieron las ayudas "con el consiguiente quebranto para las arcas públicas", por lo que la entrada en prisión de los altos cargos socialistas sería inminente si la Sala confirma la sentencia.
"Los condenados, de forma consciente y deliberada, soslayaron el procedimiento adecuado para la concesión de las ayudas mediante una clasificación del crédito inadecuada en la elaboración de los presupuestos y en las modificaciones presupuestarias con la finalidad de otorgar las ayudas sin control externo alguno y sin la necesaria fiscalización interna", indica.
Además, ha reiterado que a pesar de ser conscientes de las irregularidades que se estaban cometiendo, hicieron "caso omiso de las advertencias que al efecto les fueron remitidas por la Intervención de la Junta, manteniendo la opacidad y el secretismo para primar el beneficio particular frente al general".
viernes, 18 de diciembre de 2020
Un juez investiga una presunta financiación irregular de la Junta socialista de 3.000 millones
CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha desbloqueado la que podría ser la mayor trama de corrupción de la historia de España, con hasta cuatro veces el valor del ‘caso ERE’. Se trata de la presunta financiación de la agencia IDEA, dependiente de la Junta de Andalucía, en la que presuntamente el gobierno socialista andaluz habría utilizado el mismo sistema fraudulento que en los ERE. En total, casi 3.000 millones de euros que el juez investiga ahora si han malversado los socialistas.
Se trata del caso Transferencias de Financiación que, tras muchos años bloqueado -sobre todo porque la Junta socialista no aportaba los documentos que exigían los jueces-, el pasado 13 de noviembre, según ha podido saber OKDIARIO, se dio definitivamente traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas de cara a que se propongan nuevas diligencias. Hablando en plata, tras cuatro años de bloqueo, la mayor trama de corrupción de la historia de España podrá por fin salir a la luz.
La agencia IDEA se trata de un ente público que presuntamente utilizó la Junta de Andalucía socialista entre los años 2000 y 2011 como administración paralela, en la que se investiga si se saltaban todo tipo de controles para pagar subvenciones e incluso ordenar pagos: en total, insistimos, casi 3.000 millones de euros.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha desbloqueado la que podría ser la mayor trama de corrupción de la historia de España, con hasta cuatro veces el valor del ‘caso ERE’. Se trata de la presunta financiación de la agencia IDEA, dependiente de la Junta de Andalucía, en la que presuntamente el gobierno socialista andaluz habría utilizado el mismo sistema fraudulento que en los ERE. En total, casi 3.000 millones de euros que el juez investiga ahora si han malversado los socialistas.
Se trata del caso Transferencias de Financiación que, tras muchos años bloqueado -sobre todo porque la Junta socialista no aportaba los documentos que exigían los jueces-, el pasado 13 de noviembre, según ha podido saber OKDIARIO, se dio definitivamente traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas de cara a que se propongan nuevas diligencias. Hablando en plata, tras cuatro años de bloqueo, la mayor trama de corrupción de la historia de España podrá por fin salir a la luz.
La agencia IDEA se trata de un ente público que presuntamente utilizó la Junta de Andalucía socialista entre los años 2000 y 2011 como administración paralela, en la que se investiga si se saltaban todo tipo de controles para pagar subvenciones e incluso ordenar pagos: en total, insistimos, casi 3.000 millones de euros.
Caso complejo
Y lo cierto es que el caso de la agencia IDEA ha tenido siempre bastantes problemas de cara a poder recabar la información necesaria para dilucidar si el gobierno socialista malversó casi 3.000 millones de euros más. Cabe recordar, en este sentido, que en diciembre de 2016 la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla e instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, se hacía cargo de esta causa, que quedó desde entonces bloqueada… hasta ahora.
Desde entonces, la Fiscalía y el PP Andaluz, que ejerce como acusación popular, exigían la reactivación del caso, bloqueado porque la Junta socialista no aportaba la certificación de todas las transferencias de financiación de explotación o de capital realizadas por las distintas consejerías a la agencia IDEA, desglosadas por anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias entre los años 2000 y 2011, tal y como requería el juzgado.
En 2018, surgieron más problemas. Nuñez Bolaños se apartaba temporalmente de esta causa y era sustituida por la instructora Pilar Ordoñez, que se remangó de cara a la reactivación del caso. Entonces, se volvía a requerir la documentación para indagar sobre estar presuntas irregularidades.
Y aquí no queda la cosa. Hace apenas unas semanas había un nuevo cambio: el magistrado José Ignacio Vilaplana asumía la instrucción de todas las macrocausas que se investigan en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Según ha podido saber OKDIARIO, ha sido con la Junta del cambio cuando el juzgado ha recibido, por fin, toda esta documentación. «La Agencia IDEA actúa en estricto cumplimiento de la legalidad», recuerdan desde la consejería de Economía, de la que depende tal ente.
2.915 millones
El importe total de las operaciones presuntamente irregulares que la agencia IDEA manejó es de nada más y nada menos que 2.915,29 millones de euros. El juzgado, además de la documentación requerida desde 2016, solicitó también a esta agencia que «elabore y remita a este Juzgado un cuadro resumen de los gastos propios o pagos por cuenta de terceros realizados con fondos provenientes de transferencias de financiación de explotación o de capital y finalistas de las distintas Consejería de la Junta de Andalucía, desglosados por Consejerías, anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias, durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 20011, ambos incluidos, de todos los programas presupuestarios – a excepción del 22E y 31L de la Consejería de Empleo».
Esta documentación, efectivamente, ya ha sido enviada al juzgado, motivo por el cual el PSOE Andaluz ya vuelve a estar bajo la lupa judicial. En este caso, sobre el que podría ser el mayor caso de corrupción en la historia de nuestro país.
Para que se hagan una idea del total del presunto fraude, sólo en 2011, el último año en el que la agencia pudo cometer tal delito, la agencia IDEA contabilizó un importe de 95,5 millones de euros en concepto de transferencias procedentes de la Junta de Andalucía (excluidos los programas 22E y 31L), de los que ha procedido a devolver, por inejecución, un total de 9.743.085,72 euros.
Nuevo caso
Este nuevo caso se suma al caso ERE, al caso Avales I y II, al caso FAFFE, al caso fraude de la formación, el caso Invercaria, el caso Jeremie, el caso UGT, el caso de las Unidades Territoriales de Empleo, el caso Bahía Competitiva o el caso Marismas del Guadalquivir. En total, más de 600 imputados, la inmensa mayoría vinculados a la Junta socialista y al propio PSOE.
miércoles, 25 de noviembre de 2020
Susana Díaz, acorralada por el "lodazal" del PSOE andaluz
El lodazal del régimen socialista en Andalucía no da tregua a Susana Díaz. Y los fantasmas del caso de los ERE se reaparece de forma constante en los tribunales con un reguero de exaltos cargos de la Junta procesados por malvesar durante décadas millones de euros de las arcas públicas.
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un nuevo auto, en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera y otras cuatro personas investigadas en una pieza separada del caso ERE centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas por la Administración autonómica socialista por importe total de 34.264.273 euros a un "entramado empresarial" radicado en la Sierra Norte y controlado por dos de los investigados, uno de ellos ya fallecido en el año 2016.
En un auto fechado el día 23 de noviembre y difundido este martes por el TSJA, el magistrado acuerda la continuación de las diligencias como procedimiento abreviado contra estos cinco investigados como presuntos responsables penales y contra una veintena de entidades en calidad de responsables civiles subsidiarios.
El demoledor informe sobre el escándalo de los puticlubs que hunde a Susana Díaz
De igual modo, el instructor acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a otros seis investigados, entre ellos Ángel Antonio Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla.
El instructor asegura que, en este caso, "concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante el mandado de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas (en concreto, en favor de Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas S.A. (Expasan)".
© Proporcionado por ESdiarioEl magistrado explica en el auto que el objeto de estas actuaciones lo constituye "la presunta ilicitud de las ayudas y subvenciones concedidas extramuros de la legalidad" por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y abonadas por la agencia IFA/IDEA, en favor de distintas empresas y entidades vinculadas con uno de los investigados, Sayago, y una segunda persona fallecida en enero de 2016, José Enrique Rosendo, por un importe total aproximado de 34,2 millones de euros.
Así, el magistrado indica que, de los 24 convenios suscritos para "favorecer" a este grupo, los investigados "habrían conseguido, gracias a sus importantes relaciones e influencias en la Consejería de Empleo e IFA, que 20 de ellos se efectuaran entre julio de 2003 y febrero de 2004", punto en el que destaca que, de todas las ayudas concedidas, "destacan por su especial concentración" las recibidas por Matadero de la Sierra Morena S.A., con aproximadamente 7,5 millones de euros, mientras que otras entidades que "recibirían importantes ayudas" serían Arcadia Emprendedora S.L., Sociedad del Desarrollo de El Pedroso S.L. (Sodelp) y Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, "que fueron beneficiarias de ayudas por más de dos millones de euros".
El juez concluye asegurando que todas las ayudas investigadas y concedidas a las sociedades del "entramado societario" de los dos empresarios investigados "se habrían otorgado, en todo caso, de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la concesión de ayudas públicas o subvenciones, todo ello, en connivencia entre los responsables de las entidades beneficiarias y los correspondientes responsables de la Consejería de Empleo de la Junta".
"Toda esta arbitraria utilización de fondos públicos sería producto de la connivencia" entre los investigados José María Sayago, Eduardo L., Manuel V. y Manuel R. y los responsables de la Administración autonómica a través de la Consejería de Empleo y el IFA/IDEA, "lo que se habría traducido en el enriquecimiento personal de aquellos -y el uso de las subvenciones para otros fines distintos que para los condedidos-, gracias a la ilícita acumulación y concentración fraccionada de subvenciones recibidas, en detrimento y con menoscabo de los intereses generales y del patrimonio público autonómico", dice el magistrado
miércoles, 18 de noviembre de 2020
La sentencia de los ERE en Andalucía cumple un año con los recursos en el Supremo
![Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán llegan a la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE]({"default":{"load":"default","w":"80","h":"42","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB1b8xWs.img?h=418&w=799&m=6&q=60&o=f&l=f&x=697&y=199"},"size3column":{"load":"default","w":"62","h":"33","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB1b8xWs.img?h=327&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f&x=697&y=199"},"size2column":{"load":"default","w":"62","h":"33","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB1b8xWs.img?h=327&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f&x=697&y=199"}})
© EUROPA PRESS - Archivo . Reservados todos los derechos Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán llegan a la Audiencia de Sevilla por el caso de los EREEste jueves 19 de noviembre se cumple el primer año desde la notificación de la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla correspondiente al procedimiento específico a través del cual la Junta de Andalucía financiaba sus subvenciones autonómicas para prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos o innecesarios y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas, una resolución que condena a 19 de los 21 exaltos cargos socialistas juzgados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
La mencionada sentencia, de 1.821 folios, condena al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, era condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.
Por su parte, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández era condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación, mientras los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) resultaban condenados cada uno de ellos a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día, en ambos casos por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.
La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo fue condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, mientras el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez eran condenados a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos.
LOS EXDIRECTORES GENERALES
El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, recientemente fallecido a causa de una neumonía, era condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.
Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo y sucesor de Guerrero, era condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los mismos supuestos, mientras el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá resultaba condenado a siete años y un día de prisión, y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.
De igual modo, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez era condenado a seis años y dos días de prisión y a 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación y, en paralelo, el ex director general de Economía y Hacienda José Salgueiro y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano eran condenados cada uno de ellos a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos.
SÓLO DOS PLENAMENTE ABSUELTOS
También fue condenado el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, pesando el hecho de que sólo dos de los 21 acusados fueron absueltos totalmente, en concreto el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.
Un año después de la notificación de aquella sentencia, la misma está pendiente de los recursos de casación interpuestos contra ella ante el Tribunal Supremo, siendo Gaspar Zarrías el primero de los acusados en formalizar su recurso.
Mientras la citada sentencia parte de la idea de que los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves eran en cada uno de los casos "plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos" en que participaron, el recurso de casación de Griñán, recogido por Europa Press, sostiene que "todas las actuaciones culminaron siempre con la aprobación de la Ley por el Parlamento", agregando que los hechos considerados como probados "no relatan que tales actuaciones contravengan ninguna norma, sino que dan curso a lo presupuestado por la Consejería de Empleo en un programa, el 31L, haciendo un 'uso inadecuado' de las transferencias de financiación que posibilitan incumplimientos e irregularidades en la gestión de esos fondos".
A tal efecto, la defensa de Griñán sostiene que "no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos".
"PREJUICIOS Y ELUCUBRACIONES"
La defensa de Chaves, de su lado, esgrimía en su recurso de casación que el aludido, "en su condición de presidente de la Junta de Andalucía, se limitó a participar en la formalización de la aprobación, por parte del consejo de gobierno que él presidía, de unas modificaciones presupuestarias que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles", avisando de que "lo que el tribunal presenta como tal prueba de cargo no es más que un compendio de prejuicios, juicios de valor, elucubraciones, sospechas y presunciones contra reo".
A lo largo del año transcurrido, y con los recursos de casación pendientes del pronunciamiento del Supremo, ha mediado la muerte de Francisco Javier Guerrero a mediados del pasado mes de octubre, figurando Guerrero como acusado junto a Antonio Fernández, Barberá, Juan Márquez y el exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano en el juicio iniciado en septiembre por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), el primer juicio de las piezas separadas de la macro causa de los ERE.
lunes, 6 de enero de 2020
PSOE: SE BUSCA TRAIDOR: » PUTOS NO FALTAN »
Pedro Sánchez se escandalizó durante el debate de su investidura por haber Inés Arrimadas llamado al transfuguismo. Lo que pasa es que a lo que apelaba la diputada naranja no era a que algún diputado socialista se convirtiera en tránsfuga.
Eso es así cuando el traidor entrega el Gobierno al adversario o permite a éste conservarlo a cambio de alguna prebenda. Para empezar, la líder de Ciudadanos no ofreció nada a cambio. Y, sobre todo, no pretendía que el supuesto tránsfuga la hiciera presidenta a ella, sino tan sólo que evitara que Sánchez entregara España a golpistas y terroristas.
El error de Arrimadas no estuvo en pedir a los socialistas que alguno traicionara a su partido. Eso es algo muy deseable en las circunstancias actuales e hizo bien la líder de Ciudadanos en reclamarlo. El error consistió en hacerlo apelando exclusivamente al patriotismo de los diputados socialistas.
Por amor a España, ningún socialista que haya pasado los filtros que el PSOE pone a los posibles candidatos va a renunciar a nada. Ahora, si lo que se le ofrece es una bicoca que cuantitativamente, medida en moneda contante, sea superior a la que espera recibir por su sumisión a ERC y a ETA, entonces sí habría una oportunidad de encontrar al traidor que España necesita para liberarse de las garras de quienes hoy quieren destruirla.
Todos sabemos que es muy improbable que ningún socialista vote en contra de Sánchez el martes que viene. Pero, de haber alguno dispuesto a hacerlo, no será por patriotismo, sino que lo hará por venalidad. Lo que tendría que haber hecho Arrimadas, si quería tener una esperanza razonable de éxito, no es tratar de despertar el patriotismo de los interpelados, dormido en algunos, muerto en la mayoría e inexistente en los que queden.
Lo que tenía que haber hecho es abrir una suscripción pública para que todos tuviéramos ocasión de financiar la traición que ansiamos los que queremos que España siga unida. El PSOE es un partido donde la corrupción es costumbre y en el que no se asciende si no se está al menos dispuesto a ayudar a ocultar las fechorías de los dirigentes.
Quienes no desean ser encubridores de sobornos, apropiaciones y cohechos no ascienden. Y al final, para tener que ser cómplice de los latrocinios de otros, muchos terminan por convencerse de que es preferible ser autor principal y beneficiarse directamente de las francachelas.
Que se lo digan si no a Javier Guerrero, director general de Trabajo de la época de los ERE, que, siendo testigo de lo mucho que se robó, decidió invertir una pequeña parte del dinero distraído en prostitutas y cocaína, hobbies a los que al parecer era un gran aficionado.
Necesitamos un socialista patriota. Pero, dado que eso no lo vamos a encontrar en el hemiciclo, lo que hay que buscar es uno con alma de traidor suficientemente venal. De esos, habrá de sobra. Lo que nos falta es alguien dispuesto a pagar lo suficiente. Como diría Ricardo Darín en Nueve reinas: «Putos no faltan, lo que faltan son financistas».
Emilio Campmany
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