El lodazal del régimen socialista en Andalucía no da tregua a Susana Díaz. Y los fantasmas del caso de los ERE se reaparece de forma constante en los tribunales con un reguero de exaltos cargos de la Junta procesados por malvesar durante décadas millones de euros de las arcas públicas.
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un nuevo auto, en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera y otras cuatro personas investigadas en una pieza separada del caso ERE centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas por la Administración autonómica socialista por importe total de 34.264.273 euros a un "entramado empresarial" radicado en la Sierra Norte y controlado por dos de los investigados, uno de ellos ya fallecido en el año 2016.
En un auto fechado el día 23 de noviembre y difundido este martes por el TSJA, el magistrado acuerda la continuación de las diligencias como procedimiento abreviado contra estos cinco investigados como presuntos responsables penales y contra una veintena de entidades en calidad de responsables civiles subsidiarios.
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De igual modo, el instructor acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a otros seis investigados, entre ellos Ángel Antonio Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla.
El instructor asegura que, en este caso, "concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante el mandado de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícitas (en concreto, en favor de Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas S.A. (Expasan)".
© Proporcionado por ESdiarioEl magistrado explica en el auto que el objeto de estas actuaciones lo constituye "la presunta ilicitud de las ayudas y subvenciones concedidas extramuros de la legalidad" por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y abonadas por la agencia IFA/IDEA, en favor de distintas empresas y entidades vinculadas con uno de los investigados, Sayago, y una segunda persona fallecida en enero de 2016, José Enrique Rosendo, por un importe total aproximado de 34,2 millones de euros.
Así, el magistrado indica que, de los 24 convenios suscritos para "favorecer" a este grupo, los investigados "habrían conseguido, gracias a sus importantes relaciones e influencias en la Consejería de Empleo e IFA, que 20 de ellos se efectuaran entre julio de 2003 y febrero de 2004", punto en el que destaca que, de todas las ayudas concedidas, "destacan por su especial concentración" las recibidas por Matadero de la Sierra Morena S.A., con aproximadamente 7,5 millones de euros, mientras que otras entidades que "recibirían importantes ayudas" serían Arcadia Emprendedora S.L., Sociedad del Desarrollo de El Pedroso S.L. (Sodelp) y Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, "que fueron beneficiarias de ayudas por más de dos millones de euros".
El juez concluye asegurando que todas las ayudas investigadas y concedidas a las sociedades del "entramado societario" de los dos empresarios investigados "se habrían otorgado, en todo caso, de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la concesión de ayudas públicas o subvenciones, todo ello, en connivencia entre los responsables de las entidades beneficiarias y los correspondientes responsables de la Consejería de Empleo de la Junta".
"Toda esta arbitraria utilización de fondos públicos sería producto de la connivencia" entre los investigados José María Sayago, Eduardo L., Manuel V. y Manuel R. y los responsables de la Administración autonómica a través de la Consejería de Empleo y el IFA/IDEA, "lo que se habría traducido en el enriquecimiento personal de aquellos -y el uso de las subvenciones para otros fines distintos que para los condedidos-, gracias a la ilícita acumulación y concentración fraccionada de subvenciones recibidas, en detrimento y con menoscabo de los intereses generales y del patrimonio público autonómico", dice el magistrado
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