Los quiebros del Gobierno para no explicar por qué ha dado 17 millones a los sindicatos

 El Ejecutivo se niega a justificar por qué ha aumentado en tres millones de euros las subvenciones anuales a UGT, CCOO –sobre todo– y el resto de organizaciones sindicales en plena crisis.

Para el Gobierno de Pedro Sánchez no hay nada raro en su decisión de incrementar en tres millones de euros las subvenciones anuales a los sindicatos en plena escalada inflacionista y crisis energética. Y con los españoles un 9,8 % más empobrecidos que hace un año (ése fue el pico de inflación alcanzado en marzo).

A través del Congreso, Vox preguntó por escrito al Ejecutivo por su generosidad con UGT y Comisiones Obreras después de que El Debate publicara el 10 de marzo que el Ministerio de Trabajo y Economía Social había aumentado sustancialmente este año las ayudas a las organizaciones sindicales para «actividades de carácter sindical». En concreto, de 13.883.890 euros a 17.000.000.

EL COSTE DE LA PAZ SOCIAL

Sánchez aumenta en tres millones las subvenciones a los sindicatos en plena escalada de precios

Ana Martín 

La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes ha contestado al grupo parlamentario de Santiago Abascal que los sindicatos tienen derecho a recibir subvenciones para realizar actividades de carácter sindical mediante la Orden TAS 1303/2007, de 26 de abril.

Da varios quiebros para no entrar en el fondo de la cuestión, que es si el Ejecutivo está intentando comprar el silencio de los grandes sindicatos. Aunque la ciudadanía pareció dictar sentencia a finales de marzo: UGT y CCOO convocaron una manifestación bajo el lema 'Mantener los precios, proteger el empleo, hay que frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida', tratando de no importunar al Ejecutivo, y la secundaron apenas 500 personas.

La respuesta del Gobierno a Vox

El Gobierno recuerda en su respuesta a Vox que los receptores de estas ayudas están obligados a justificarlas «anualmente». «Asimismo, cabe indicar que los gastos responden a la naturaleza de la actividad subvencionada y son estrictamente necesarios para la consecución del fin para el cual se otorgaron», continúa.

Y, por último, resalta que la Administración «comprueba la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinan la concesión o disfrute de la misma».

Subvenciones al cuadrado

Desde que Sánchez está en la Moncloa, el Ministerio de Trabajo ha duplicado las subvenciones a los sindicatos para «fomentar, mediante la financiación, la realización de cualquier tipo de actividad sindical dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores», según justifica el departamento de Yolanda Díaz.

En 2019 y 2020 les entregó 8.883.890 euros –cada año–, y porque no podía darles más: gobernó con los Presupuestos prorrogados de Mariano Rajoy y, por tanto, sin posibilidad de aumentar las partidas de gasto. En 2021, el primer ejercicio que elaboró sus propias cuentas públicas, las subvenciones crecieron en cinco millones de euros, hasta 13,88 millones. Y este 2022 Sánchez y Díaz han batido récords.

Comisiones Obreras y UGT son los beneficiarios del grueso de las ayudas. En 2021 ambas se llevaron diez millones de los casi 14 que repartió el Ministerio de Yolanda Díaz. En concreto, CCOO recibió 5.288.486,50 euros y UGT se quedó con 4.704.727,29, según las cifras oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Ahora, Unai Sordo y Pepe Álvarez están inmersos en una negociación con la CEOE para alcanzar un pacto de rentas con el que repartir los costes del encarecimiento de la vida. De momento se han tomado la Semana Santa de respiro porque las posturas están muy alejadas.

A qué sindicatos fueron los 14 millones de 2021

Los dos grandes sindicatos concentraron diez millones de los 14 que el año pasado repartió el Ministerio de Trabajo para «actividades de carácter sindical». Otros beneficiarios fueron:
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• ​Comisiones Obreras: 5.288.486 euros.
• UGT: 4.704.727 euros.
• Unión Sindical Obrera: 611.538 euros.
• Central Sindical Independiente y de Funcionarios: 570.630 euros.
• Sindicato vasco ELA: 480.249 euros.
• Confederación General del Trabajo (CGT): 308.671 euros.
• Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza del Estado Español (FSIE): 296.443 euros.
• Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico): 295.542 euros.
• Confederación Intersindical Galega: 259.874 euros.
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  Ana Martín

El negocio de los sindicatos: más de 30 millones de euros judicializados por irregularidades

 Tanto UGT como CCOO se enfrentan a pagos millonarios como responsables civiles subsidiarios de los fondos de los parados y de las subvenciones públicas concedidas sin control.

Foto:Casa de los Sindicatos, Melilla

En plena crisis económica en nuestro país, con la inflación real rozando el 10 %, la tasa más alta desde 1985; el precio de la luz disparado durante el mes de marzo en el mercado mayorista hasta los 284,8 euros/MWh; y, una tasa de desempleo del 13 %, el doble de la media de la OCDE –que cerró al 5,4 %–, los sindicatos de clase españoles, UGT y CCOO acumulan problemas judiciales y reclamaciones millonarias por la presunta gestión irregular del dinero público recibido en sus arcas. Fraude en las subvenciones, desvío en los fondos para los parados y un mal uso de ambos colocan a las organizaciones sindicales en una situación muy delicada.

Sánchez compró la pasividad de los sindicatos ante la crisis con más subvenciones

El Debate 

El TC reclama a UGT 9,7 millones

Una reclamación por valor de 9.745.882 euros del Tribunal de Cuentas al sindicato UGT hacía saltar todas las alarmas. El expediente de responsabilidad contable que pesa sobre el sindicato en el órgano fiscalizador deriva del caso de los ERE de Andalucía y es el resultado de una investigación que se inició hace más de 10 años y culminaba, el pasado mes de julio de 2021, en un acta de liquidación que ha sido recurrida por la entidad. Parte de la suma exigida, correspondiente a 2,8 millones de euros, se reclama de forma simultánea y solidaria a UGT y a la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras (CC OO).

En sus conclusiones, el TC hizo un detalle pormenorizado de las ilegalidades atribuidas judicialmente al sindicato por «los expedientes de regulación de empleo tramitados en el ámbito de la Junta de Andalucía», a través de ayudas que fueron gestionadas de manera irregular.

UGT aseguró que el pago de la fianza por la cantidad exigida le obligaría a paralizar su actividad y ofreció como aval 49 locales que están embargados

No en vano, dichos expedientes de regulación de empleo (ERE) fueron concebidos para auxiliar a los trabajadores que, en un contexto de crisis socioeconómica, habían perdido su puesto de trabajo y a los que por sus circunstancias se les «presentarían dificultades de integración en el mercado laboral».

Las ayudas nunca llegaron a cumplir su objetivo real. En lugar de paliar «el impacto sociolaboral que pudieran causar las crisis de las medianas y grandes empresas radicadas en la comunidad» andaluza, y de entregarse a sus destinatarios, los importes llenaron los bolsillos de cientos de empresarios concertados quienes recibieron inyecciones millonarias, algunas de las cuales acabaron en paraísos fiscales.

La cúpula de UGT andaluz al banquillo

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ya ha puesto fecha al juicio en el que la excúpula de UGT en Andalucía se sentará en el banquillo de los acusados: del 15 de enero al 19 de junio de 2024 tendrán lugar las sesiones de una vista centrada en el supuesto fraude de más de 40 millones de euros que el sindicato recibió en forma de subvenciones de la Junta socialista, entre 2009 y 2013, pero que la formación destinó a cubrir gastos corrientes. El 14 de diciembre de 2023, tanto las defensas como las acusaciones han sido citadas para una vista de cuestiones previas de carácter formal.

En la cúspide de la estructura corrupta, el ex secretario general de UGT Francisco Fernández Sevilla, otros cuatro excargos del sindicato, una decena de empresarios y la propia entidad UGT citada como responsable civil subsidiaria. Es decir, en el caso de que el juicio finalice con una condena a los acusados, el sindicato tendrá que asumir el total de la fianza impuesta por la Justicia si los responsables individuales se declaren insolventes.

TRIBUNALES

La Junta socialista de los ERE pidió menos penas que la Fiscalía en el 'caso Acyco' pese a ser la máxima perjudicada

María Jamardo 

A ello habría que sumar los 18 millones de euros que, en vía administrativa, le reclama la Junta de Andalucía, para que la formación devuelva las ayudas recibidas en 2007 y que fueron mal empleadas por sus titulares.

Asturias: fraude en subvenciones

El 1 de diciembre del año 2021, la Justicia condenó a 2 años y 10 meses de cárcel a Justo Rodríguez Braga por tres delitos de fraude en la gestión de subvenciones públicas. El que fuera secretario general del sindicato UGT Asturias hasta 2016 tuvo, además, que pagar una multa de 585.000 euros. A esta cuantía se sumaron, también, los 330.000 euros que tuvieron que abonar solidariamente al Principado tanto la ex secretaria de administración como el de formación. La Administración asturiana fue el órgano encargado de conceder las subvenciones y actuó como acusación particular en la causa, para reclamar y recuperar los perjuicios causados por los condenados a las arcas públicas.

La sentencia consideró probado la existencia de una «actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos» en forma de las subvenciones para cursos de formación recibidas por el sindicato.

Las cuantías ingresadas entre los años 2011 y 2012 terminaron, sin embargo, pagando gastos del sindicato que no estaban ni contemplados ni permitidos en el objeto de las ayudas recibidas. Pago de sueldos de algunos trabajadores, como administrativos o informáticos, ajenos a la formación sindical que, según la sentencia, desconocían que sus remuneraciones tuviesen un origen irregular y que fueron en todo momento ajenos a lo que estaba pasando en el seno de la organización.

Dos millones del FOGASA,

El escándalo más reciente ha saltado en Madrid, donde el pasado diciembre presentaba su dimisión el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, tras haber denunciado ante la Policía Nacional una presunta trama de corrupción en el seno del sindicato en la que se habrían desviado fondos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que podrían superar el millón de euros. El escándalo destapado ha continuado con la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid contra una empleada de UGT y otras cuatro personas por un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil.

MADRID

La Fiscalía denuncia a una empleada de UGT por el desvío de dos millones a su marido y amigas

Carmen Arranz 

La Fiscalía sostiene que la administrativa que trabaja en el sindicato habría desviado un total de 2.099.608 euros de UGT a cuentas de su marido y de tres amigas. María del Carmen Tomás López se encargaba entre otras cosas de librar cheques para el pago de indemnizaciones por despido a los trabajadores. Según los investigadores, libró casi 200 cheques en los que modificaba la identidad del beneficiario del mismo y la cantidad a cobrar.

Dicha empleada resultó ser la hija de una diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, Carmen López, que acusó en su momento al hermano de Isabel Díaz Ayuso en el Pleno de representación: «Dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar». Así se lo espetó la diputada socialista a la presidenta de la Comunidad el pasado noviembre, tras lo que fue expulsada de la Cámara regional.

El Debate

Maricarmen, la jeta de UGT

 

Maricarmen desvió dos millones de euros para tapar agujeros de su maltrecha economía familiar: vehículos de alta gama, unos arreglitos estéticos, un caprichito por aquí, una golosina por allá, porque ya dicen los periódicos fachas que la inflación está disparada y la cesta de la compra, por las nubes.

A Maricarmen, una empleada de UGT de una pieza, habría que clonarla. Ella sí que ha trabajado contra el patriarcado en los sindicatos de Madrid. ¿Qué es eso de que las tarjetas black se las repartieran machirulos como los exsecretarios de UGT, José Ricardo Martínez, o de Comisiones Obreras, Rodolfo Benito? Lo dice Irene Montero y es verdad: hay que acabar con la cultura machista y defender la igualdad. Si roban ellos el dinero de los parados (bien lo saben sus primos de los ERE de Andalucía o los primos hermanos del metal de UGT Asturias, que se embolsaron una soldada en subvenciones públicas), ¿por qué ellas no se lo van a gastar en coches de lujo, operaciones estéticas y en ayudar a las amigas? Sororidad se llama eso. La Fiscalía la ha denunciado por delito continuado de estafa y otro de falsedad de documento mercantil. ¿Hay mayor prueba de feminismo que delinquir como tus compañeros del heteropatriarcado?

Maricarmen trabaja en UGT de Madrid. No vayan a creerse ustedes que porque este sindicato esté callado como una tumba mientras los españoles sufren el mayor empobrecimiento desde hace cincuenta años, sus empleados están brazo sobre brazo. No, no. La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia ante los juzgados porque esta progresista se dedicaba a distraer dinero público que, en lugar de llegar a los desempleados, terminaba siempre en un sitio confortable y mullidito: su bolsillo.

La buena de Maricarmen tenía un modus operandi que ni Anacleto agente secreto descubriría: entre 2019 y 2021, libraba cheques que en teoría tenían que ir para trabajadores que habían sido despedidos y habían encargado a UGT la gestión de sus indemnizaciones, pero ella les ponía el nombre de gente anónima que encontraba por internet, y una vez que sus jefes firmaban los talones, cogía un borrador de tinta (no me nieguen que la sofisticación del método no es admirable) y lo sustituía por el de su marido y tres amigas, porque la caridad bien entendida siempre empieza por uno mismo. Así, Maricarmen desvió dos millones de euros para tapar agujeros de su maltrecha economía familiar: vehículos de alta gama, unos arreglitos estéticos, un caprichito por aquí, una golosina por allá, porque ya dicen los periódicos fachas que la inflación está disparada y la cesta de la compra, por las nubes.

Si un histórico ugetista como José Ricardo Martínez se gastó 21.000 euros de la tarjeta de Caja Madrid en El Corte Inglés y en entradas para el zoo o en camisetas del Real Madrid, ¿quién va a negarle a una mujer como Maricarmen ser una más de esa beatiful people a la que los sindicatos combaten desde su anacrónica propaganda? Cualquiera que pase por la Avenida de América, de Madrid, comprobará que, a pesar de la desvergüenza de algunos de sus moradores, su imponente edificio sigue allí, sumando condenas por corrupción. De hecho, Sánchez les ha premiado a ellos y a CC.OO. con 100 millones de euros de los fondos europeos para que reformen sus sedes, después de haberles aumentado un 56 por ciento la mamandurria pública, en un acto de generosidad extremo con la peña del langostino.

Eso a pesar de que ese gremio, convertido en club de fans de Yolanda Díaz y en parte mollar del apparátchik de Sánchez, tiene el nivel de afiliación más bajo de los últimos 30 años. Quizá porque a muchos trabajadores ya no les dan gato por liebre, y sus reivindicaciones laborales se las gestionan ellos, como han hecho los admirables transportistas, convertidos involuntariamente en una enorme enmienda a la totalidad de los sindicatos de clase (business, claro). Pero que Maricarmen no se venga abajo: en la cultura del trinque sindical, ella no es la primera. Ni será la última.

EL DEBATE

Los sindicatos españoles, los únicos en la UE que no marchan contra su Gobierno

 Retrasan y retienen movilizaciones, que plantean sólo contra empresas y "el alza de precios", pero secundan al Gobierno. Un papel que contrasta con las reivindicaciones de las centrales sindicales de Reino Unido, Portugal, Francia e Italia.

Los líderes de CCOO y UGT (Unai Sordo y Pepe Álvarez), junto a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. 

Los sindicatos españoles no han anunciado movilizaciones por la escalada de los precios hasta ahora, que han fijado para el 23 de marzo, justo el día antes del Consejo Europeo en el que el presidente del Gobierno confía en que se solucionen todos los males que afectan a los precios de la energía. La movilización sólo se dirige contra las empresas energéticas, el blanco de todas sus críticas, un "oligopolio", el que realmente "se está forrando", han subrayado, en alusión a las declaraciones del futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho que es "el Gobierno" el que se está forrando. Se movilizan contra las empresas y contra un ente abstracto: "El alza de precios". El Gobierno no es el receptor de sus críticas, al contrario, UGT y CCOO han secundado todas y cada una de las medidas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa -que no aplicado todavía-. Las movilizaciones, que todavía no han detallado, serán en principio en los centros de trabajo por la mañana, aunque quedan por fijar marchas en pueblos y ciudades por la tarde que no parece que apunten al Ejecutivo.

Este escenario contrasta vivamente con el papel que están desempeñando las centrales sindicales de otros países, que además están muchos de ellos aplicando medidas de emergencia desde hace semanas. Sindicatos británicos, franceses, portugueses e italianos están exigiendo a sus respectivos gobiernos más ayudas y se están movilizando en este sentido.

"Los trabajadores de Reino Unido necesitarán protección contra aumentos aún más pronunciados en las facturas del gas debido al conflicto. El ministro de Hacienda debería introducir subvenciones para ayudar con los precios de la energía, implementar un programa de emergencia de aislamiento de viviendas y financiarlo con un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de la energía”. Así lo ha pedido Frances O'Grady, secretaria general del TUC, la Confederación de sindicatos británicos, fundada en 1868, que se define como "la voz de los trabajadores británicos". El TUC y los sindicatos más grandes de Gran Bretaña están ejerciendo una presión creciente sobre el Gobierno y, en concreto, sobre Rishi Sunak, ministro de Hacienda y Finanzas, para que lance un paquete de apoyo de emergencia de ayuda a los hogares del Reino Unido con facturas de energía desbocadas. Se da por descontado que Sunak lo hará el próximo miércoles en su tradicional Declaración de primavera en la que suele presentar medidas en lo que se denomina el Minipresupuesto.

Los sindicatos británicos le han enviado una carta que han hecho pública en la que le instan a que haga un "cambio radical" en sus políticas y no aceptarán otra cosa. Reclaman ayudas muy contundentes para las familias y un impuesto del 100% a los beneficios de las empresas británicas que se están beneficiando de la crisis energética. Los préstamos de 200 libras, créditos y descuentos para familias vulnerables deben ser incrementados.

En Portugal, tras una reunión de varias horas con António Costa el 8 de marzo, la patronal salió con buenas impresiones, que contrastaron con las críticas del sindicato CGTP. El socialista Costa acababa de ofrecer la ampliación y aumento del valor del Autobono de 5 a 20 euros mensuales, que ya se había anunciado, una rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos, contemplaba una rebaja del IVA a estos productos a la espera de lograr el aval de la UE -que si no se logra se compensará, de hecho, ya ha anunciado que subvencionará 40 céntimos de euros por cada litro de combustible-, descuentos en gas envasado para familias de bajos ingresos y 150 millones de euros para el Fondo Medioambiental en la tarifa de acceso a la red para consumidores industriales. Isabel Camarinha, secretaria general de CGTP, ha advertido de todo tipo de movilizaciones contra el Ejecutivo de Costa.

Los sindicatos franceses CGT, Force Ouvrière, Sud-Solidaires y varios colectivos estudiantiles han impulsado una jornada de protestas y huelgas parciales a finales de enero para exigir aumentos salariales y así compensar la fuerte inflación. En París, la marcha culminó delante del Ministerio de Economía. Hubo unas 170 manifestaciones en todo el país.

Ante el alza de la inflación, el Gobierno francés anunció en otoño un cheque de 100 euros para la mitad de los trabajadores, que ganan menos de 2.000 euros. También ha bloqueado en un 4% la subida de la electricidad en febrero. Los conductores tendrán un descuento de 15 céntimos por litro de carburante, una medida que costará unos 2.000 millones de euros. Pero los sindicatos consideran estas medidas insuficientes. 

Hace unos días, el Gobierno confirmó la intención del presidente y candidato en los comicios de abril, Emmanuel Macron, de extender la jubilación hasta los 65 años, una medida que genera un rechazo amplio. La Confederación General del Trabajo (CGT), la Federación Sindical Unitaria (FSU), los Solidarios y la Unión Nacional de Sindicatos Autónomos (UNSA) salen hoy a la calle contra esta reforma de las pensiones y para demandar subidas salariales.

En Italia, el transporte ha bloqueado carreteras en protesta por el precio del gasóleo. En diciembre, la Confederación General Italia del Trabajo (CGIL) y la Unión Italiana del Trabajo (UIL) convocaron huelga general en contra de los Presupuestos de Mario Draghi. Para afrontar la subida de precios, Draghi ha prometido una ayuda de 16.000 millones de euros para a familias y empresas; además, va a eliminar en la factura los cargos del sistema para los usuarios domésticos de electricidad y para las empresas, y va a rebajar el IVA al 5%.

Como en Francia, uno de los puntos más discutidos y que ya provocaron la ruptura con Draghi, quien se levantó de la mesa de negociación, es la reforma del sistema de pensiones, con la llamada Cuota 102, que permitirá jubilarse a quienes tengan 64 años y 38 cotizados. 

Apoyo a las medidas de Sánchez

Los sindicatos españoles han apoyado los Presupuestos de Pedro Sánchez y la reforma de las pensiones. UGT y CCOO asumen los mensajes del Gobierno, hasta las modulaciones que hace éste de sus anuncios. La rebaja de impuestos que se anunció el domingo y el lunes y que ahora queda en barbecho no es para las centrales sindicales urgente pero sí que Europa cambie de inmediato el sistema de fijación de precios, como reclama Sánchez; no hablan de subir impuestos a las eléctricas pero sí de topar sus beneficios caídos del cielo, lo que también prefiere el Ejecutivo, y claman contra las críticas del PP a la aprobación de una partida de más de 20.000 millones de euros para el Ministerio de Igualdad, lo que aseguran que atenta contra los permisos de maternidad y paternidad.

En lo que les toca, el pacto de rentas que les ha encargado el Gobierno para que no se traslade la espiral inflacionista a los salarios han sido poco claros, han resaltado su importancia y la necesidad de que haya medidas de control de precios, sin precisar, aunque de momento se mueven en subidas de cerca del 5%.

MERCEDES SERRALLER

VOZPÓPULI

La Fiscalía irrumpe de lleno en el último escándalo de corrupción de UGT con saqueo público

 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, con Pedro Sánchez.

Mientras su secretario general, Pepe Álvarez, da lecciones sobre la reforma laboral, los fiscales vuelven a sacar los colores a su sindicato con la apertura de una nueva investigación.

https://youtu.be/i6ft6eYjmmQ

Otra vez UGT en el ojo del huracán. La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada por un exdirigente del propio sindicato en relación a la presunta trama corrupta de los fondos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), han informado fuentes fiscales.

Esta denuncia se ha acumulado a otra presentada ante la Policía por el recién dimitido secretario general de UGT Madrid Luis Miguel López Reillo. Tras la dimisión de Reillo, se puso en marcha una gestora presidida por Rafael Espartero, vicesecretario general de organización confederal y policía municipal de Madrid. Fue precisamente la gestora del sindicato la que puso en manos de la Fiscalía de Madrid la documentación facilitada en su denuncia por el exlíder del sindicato.

Escándalo en UGT: dimite su líder madrileño denunciando corrupción millonaria

El desvío de dinero público del presunto entramado se habría situado entre el millón y los dos millones de euros y se habrían creado trabajadores falsos y empresas ficticias para poder desviar los fondos.

Además del personal de la propia UGT, se sospecha que también forman parte de la trama pequeñas entidades bancarias. Los datos aportados centran estas actuaciones en la zona de Getafe.

El exlíder de UGT Madrid recibió hace unas semanas importantes avisos de los analistas económicos cercanos al propio sindicato que habían detectado "descuadres y descontrol absoluto" en las cuestas de gestión de esos fondos, y le recomendaron poner el caso en manos de la autoridades policiales.

De forma paralela, UGT ha abierto una investigación interna con un auditor para determinar "la profundidad" de la estafa y garantizar que el estafado en la trama corrupta es el propio sindicato, dado que se pagaron pagado fondos a trabajadores que no eran receptivos de esos fondos.

 

Sindicatos clasistas, mal llamados obreros.

 

Ayudas a La Palma y a los palmeros, pero no llegan. A costa de la isla de La Palma, hasta los sindicatos clasistas, mal llamados obreros, van a arañar dinero. Pueden santiguarse.

Sánchez regala dinero a los sindicatos clasistas, mal llamados obreros, y cargarán los cursos a un fondo de 63 millones de euros de ayudas a La Palma. A manirroto no le gana nadie. Este tipo de sindicatos, que se han ganado la fama de inservibles y que, además precisan de una reforma en profundidad, no representan a los trabajadores. Es el mundo de los liberados y los vividores que sólo protesta ante la derecha, pero traga carros y carretas con la siniestra y la injusticia social que le es connatural. Incapaces de generar empleo, se aprovechan de los fondos destinados a los trabajadores y, en casos como el de Andalucía, no dudan en gastarlo en orgías, putas, coca, marihuana… ¡Es el momento de cambiar la Constitución y eliminar este tipo de representación ridícula, inservible y anticuada, incluso miserable!

Muchas promesas a La Palma y a los palmeros, pero esas no llegan. También a costa de la isla, los sindicatos clasistas, mal llamados obreros, van a arañar dinero. Son insaciables como los nacionalismos periféricos, el golpismo catalán y el mundillo proetarra de «bildumafiosos». No veo que sea ético eso de cargar cursos de los sindicatos sectarios, mal llamados obreros, a las ayudas de los sesenta y tantos millones destinados a la isla. Ese sindicalismo de libra y media es como el comunismo barato: si se deja al comunismo gestionar el desierto, en cinco años se queda sin arena.

No quiero ni pensar qué facturarán, qué facturas presentarán y qué no justificarán para sacar dinero de ese fondo; precisan ingentes cantidades de dinero para sujetar sus chiringuitos huelguísticos y de batucada: es inentendible que esos sindicatos reciban dinero del Estado, en vez de mantenerse de las cuotas de sus afiliados, pero como apenas llega su afiliación al 2% de los trabajadores…. Póngase este dato en relación con el deseo y la reclamación del «jefecillo general» de UGT respecto a que «todos trabajadores deberían contribuir a los sindicatos». ¿Se puede ser más ignorante y analfabeto? Esta gente lo mismo atenta contra la libertad de expresión si no le es favorable como contra la libertad de acción si no le beneficia. Así son los sindicalistas de medio pelo.

Cargar los cursos de formación de los sindicatos sectarios, mal llamados obreros, es la gota que llenará el vaso. Plan Extraordinario de Empleo y Formación lo ha llamado el Gobierno, que es lo mismo que sentarse en la misma barra del bar los sindicatos y el actual (des)Gobierno. Es la forma que tienen Pedro «El mentiroso» y «la Yoli» de hacer un engañoso pleonasmo y un tronchante eufemismo que integre los vocablos volcán, sindicatos, ayudas, empleo, seguridad social y planes de pensiones. ¡Qué pena de frustrantes sindicatos, mal llamados obreros, si ni siquiera los trabajadores queremos tenerlos cerca ni que nos representen! Al parecer, las medidas concretas y el plan de ejecución se van a instrumentar entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Canarias. Ya empieza a oler mal.

Sigue sin gustarme ese Plan. No me ofrece fiabilidad todo aquello donde los sindicatos, mal llamados obreros, meten la mano, el hocico, la nariz o la lengua. Ya han sido condenados varias veces por la Justicia y nunca asumen su responsabilidad y, si hay que pagar, se paga con patrimonio sindical, en vez de hacerlo con patrimonio personal. Nunca son responsables de nada, al igual que no lo es el Gobierno: de los primeros miren a Andalucía y, respecto al Gobierno, vuelvan la vista atrás para comprobar las irresponsabilidades cometidas durante la pandemia y sus años al frente del Gobierno.

Si tienen ocasión, no dejen de estudiar detenidamente el Título III del Real Decreto-Ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que «se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma». Se dota con 63M de euros y se deja que los sindicatos «beban» de ese Fondo. ¿Apostamos a que se lo beben todo y dejan las necesidades de  los palmeros con un palmo de narices y el rostro boquiabierto? ¡Pobres palmeros si esperan que los sindicatos clasistas, mal llamados obreros, los ayuden a salir adelante y recuperar su ansiada normalidad!

¡Santígüense cada vez que escuchen nombrar a ese tipo de sindicalismo! Será un buen ejercicio para evitar males peores de los que ya conocemos.

Sindicatos, sindicatos clasistas, mal llamados obreros.

Jesús Salamanca Alonso

Podemos se estrella contra Hacienda y 1,8M de funcionarios en su cruzada contra Muface

Un hospital privado en Granada.

El Gobierno sigue apostando por el mantenimiento y consolidación de las mutualidades. Así de contundentes se muestran fuentes de la pata socialista del Ejecutivo cuando se pregunta por el futuro del régimen de cotizaciones al que están adheridos algo más de un millón de funcionarios del Estado y sus familiares (Muface), personal de Justicia (Mujeju) y militares (ISFAS). Casi dos millones de personas ligadas a la Administración Pública forman parte de manera voluntaria de un colectivo que cuando tiene un problema sanitario no acude en primera instancia a la sanidad pública, sino que se beneficia de un sistema de conciertos con aseguradoras (DKV, Adelas, Asisa e Igualatoria de Cantabria), que a su vez contratan servicios asistenciales con empresas y hospitales privados. El Ministerio de Hacienda ha enviado al Consejo de Ministros de este martes una propuesta para renovar los conciertos de Muface con un incremento de la prima de 10% en los próxmos tres años, un 8% en 2022. El nuevo convenio recibirá una inyección de 3.521,7 millones de euros.

En las últimas semanas, una proposición no de ley (PNL) presentada en el Congreso por Unidas Podemos ha reabierto el debate sobre el futuro de este modelo y ha hecho reaccionar a sindicatos de la función pública y al sector privado asegurador. Los morados plantean que las nuevas incorporaciones de funcionarios no coticen por clases pasivas, sino directamente por el régimen de la Seguridad Social. La propuesta, que no tiene rango legislativo y únicamente busca abrir un debate en la Cámara, plantea que "las nuevas incorporaciones de los colectivos hasta hoy protegidos por el mutualismo administrativo se incluyan en el régimen general del Sistema Nacional de Salud".

© Proporcionado por El Confidencial La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

Es decir, Podemos propone que los actuales usuarios mantengan el régimen, pero que los nuevos empleados públicos coticen como el resto de trabajadores asalariados. La fórmula tendría como efecto una pérdida progresiva de recursos en las mutualidades, que vienen registrando un envejecimiento de sus usuarios mayor que el de la población general, con el consiguiente incremento del gasto sanitario. "Cabe señalar que en cinco años (2014-2019) los usuarios menores de 54 años han disminuido un 12,3%, mientras que los de 55 y más han aumentado un 16,3%. Los mayores de 55 representan 6,7 puntos porcentuales más que antes, han pasado del 36,1% al 42,8% del total", explican fuentes del sector citando la Memoria Anual de Muface.

"Sería el inicio del fin de un modelo bien consolidado", señala un informe de la Fundación IDIS, un 'think tank' financiado por el sector de la sanidad privada que pide reconocer "los beneficios del sistema de mutualismo administrativo en reducción de costes para el sistema, generación de empleo y mejora de la accesibilidad al sistema sanitario". IDIS defiende que las mutualidades (con un coste de 2.230 millones en el último año) ahorran entre 720 y 800 millones de euros al sistema público. "Se trata de un dato incontestable extraído del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media es muy inferior al gasto sanitario público per cápita, en concreto 451 euros menos".

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La sanidad privada teme el fin de Muface: prevé un golpe de 700 millones de euros

Álvaro Moreno

Diferentes escritos y declaraciones han disparado las alarmas en el sector, que ve que es posible el final del sistema de mutualidades en un momento de especial fragilidad

El debate ha surgido en un momento delicado en la relación entre Muface, la principal de las mutualidades con 1,4 millones de usuarios, y las aseguradoras que garantizan las coberturas sanitarias. El Ministerio de Hacienda ha negociado con estas últimas la renovación del concierto para los próximos tres años. Las compañías sostienen que acumulan un déficit de financiación de años atrás que se ha visto incrementado notablemente durante la pandemia. Mientras el gasto sanitario público creció un 14% en 2020 para atender a los enfermos de covid, Muface apenas elevó su presupuesto un 4,5% el año pasado y lo tiene congelado en 2021.

"En 2020 el coste equivalente per cápita se habría situado en 1.396 euros después de incorporar proporcionalmente el coste covid, mientras que la prima media efectivamente fue de 958 euros per cápita, un 31,3% menos", señalan desde el flanco de los concertados. "Perdemos entre todas 100 millones de euros al año con esto", insisten. Según su versión, las mutualidades no son un negocio en sí mismas, sino que sirven para mejorar la negociación global de la contratación de las carteras de servicios de mutualistas y asegurados con las clínicas sanitarias privadas. A su vez, estas se garantizan volumen de trabajo al tener entre sus usuarios a los funcionarios.

"El modelo de las mutualidades vertebra la totalidad del sector sanitario: por una parte, mantiene los hospitales privados en provincias donde estos centros son a veces la primera fuente de generación de empleo y, a su vez, estos complementan a los hospitales públicos garantizando la accesibilidad a la población general. La desaparición del modelo implicaría un terremoto que a modo de dominó afectaría a todo el sistema", sostiene el informe de IDIS.

"El modelo de las mutualidades vertebra la totalidad del sector sanitario"

El PSOE no se plantea desde el Ejecutivo modificar el sistema. Centros de estudios cercanos a los socialistas, como la Fundación Alternativas, han defendido la necesidad de integrar de forma progresiva los régimenes sanitarios por razones de equidad y homogeneidad del sistema. Pero es una patata demasiado caliente como para asumirla, cuando cerca del 80% de los funcionarios elige la vía de las mutualidades. Bastantes frentes tiene ya abiertos el Gobierno como para abrirse otro con los trabajadores públicos. Aunque hay discrepancias sobre la cuantía económica de los conciertos, el Ministerio de Hacienda se ampara en que en ningún momento en el dictamen de la comisión para la reconstrucción social y económica del Congreso, creada para afrontar los retos planteados por la pandemia, se hace referencia a posibles modificaciones del modelo.

La ministra María Jesús Montero heredó una propuesta de renovación de Muface de Miquel Iceta cuando cambió el Ministerio de Política Territorial por el de Cultura y Hacienda absorbió las competencias de Función pública. El ministro catalán planteaba subir las primas un 11% y firmar para tres años. Tras lanzar un primer esbozo bastante más reducido, Montero ha puesto encima de la mesa un 8+1+1, es decir, un incremento del 8% el primer año con una actualización de un punto en los dos ejercicios siguientes: un 10% en total. El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde al nuevo convenio este martes. Las aseguradoras no lo ven mal de entrada, pero reclamaban algún tipo de cuantía fija o bonus de arranque que compense los costes extraordinarios de la pandemia, como ha hecho el Ministerio con los fondos covid para las autonomías.

Respuesta crítica de Belarra

La propuesta de Montero ha recibido la respuesta crítica del Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra (Unidas Podemos). Cuestiona tanto la extensión en el tiempo de este modelo mutualista como al aumento del importe para los conciertos. El Ministerio morado entiende que dicha explicación "no es acorde tanto con los datos disponibles como con el compromiso del acuerdo de gobierno, que señala explícitamente el blindaje del sistema público de salud y la apuesta por una sanidad en base a la gestión pública directa".

También desgrana, según documentos difundidos por 'Europa Press' que la prestación sanitaria objeto de los conciertos incorpora servicios no incluidos en la cartera común de servicios del SNS, como 20 sesiones de psicoterapia anuales, seis consultas podológicas anuales, prestaciones en salud bucodental y que "se contará con habitación individual con baño o ducha y cama de acompañante" en los ingresos hospitalarios.

"Desde este departamento se comparte la importancia de muchas de esas acciones, pero se enfatiza la necesidad de que estas sean incorporadas en el Sistema Nacional de Salud, velando por su extensión universal a toda la ciudadanía", esgrime Derechos Sociales.

Respuesta sindical

En este contexto de negociación, la propuesta de Podemos no ha contado con la defensa abierta de ninguno de los principales sindicatos de la función pública. CSIF defiende la renovación de los conciertos sin matices y respalda la exigencia de las aseguradoras de recibir una compensación por el gasto derivado de la pandemia. "Desde CSIF no vamos a permitir que se deje morir Muface por ‘inanición’, un modelo que está continuamente en el punto de mira e insistimos en el hecho de que la Administración está obligada a garantizar su continuidad. Recordamos que el mutualismo administrativo se constituyó en un momento histórico en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria", afirman.

UGT y CCOO no se oponen tampoco al régimen del que se benefician cientos de miles de funcionarios y sus familiares. Reclaman la renovación de los conciertos, pero a la vez piden a los prestatarios del servicio que no escatimen con las coberturas sanitarias. "Es un derecho que ha adquirido el personal por su vinculación laboral con el Estado. Hay que garantizar que la prestación se mantiene de cara al futuro. Pero hay algunas zonas y algunas aseguradoras en las que no es posible obtener determinadas coberturas sanitarias", advierten desde Comisiones.