Tanto UGT como CCOO se enfrentan a pagos millonarios como responsables civiles subsidiarios de los fondos de los parados y de las subvenciones públicas concedidas sin control.
En plena crisis económica en nuestro país, con la inflación real rozando el 10 %, la tasa más alta desde 1985; el precio de la luz disparado durante el mes de marzo en el mercado mayorista hasta los 284,8 euros/MWh; y, una tasa de desempleo del 13 %, el doble de la media de la OCDE –que cerró al 5,4 %–, los sindicatos de clase españoles, UGT y CCOO acumulan problemas judiciales y reclamaciones millonarias por la presunta gestión irregular del dinero público recibido en sus arcas. Fraude en las subvenciones, desvío en los fondos para los parados y un mal uso de ambos colocan a las organizaciones sindicales en una situación muy delicada.
El TC reclama a UGT 9,7 millones
Una reclamación por valor de 9.745.882 euros del Tribunal de Cuentas al sindicato UGT hacía saltar todas las alarmas. El expediente de responsabilidad contable que pesa sobre el sindicato en el órgano fiscalizador deriva del caso de los ERE de Andalucía y es el resultado de una investigación que se inició hace más de 10 años y culminaba, el pasado mes de julio de 2021, en un acta de liquidación que ha sido recurrida por la entidad. Parte de la suma exigida, correspondiente a 2,8 millones de euros, se reclama de forma simultánea y solidaria a UGT y a la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras (CC OO).
En sus conclusiones, el TC hizo un detalle pormenorizado de las ilegalidades atribuidas judicialmente al sindicato por «los expedientes de regulación de empleo tramitados en el ámbito de la Junta de Andalucía», a través de ayudas que fueron gestionadas de manera irregular.
UGT aseguró que el pago de la fianza por la cantidad exigida le obligaría a paralizar su actividad y ofreció como aval 49 locales que están embargados
No en vano, dichos expedientes de regulación de empleo (ERE) fueron concebidos para auxiliar a los trabajadores que, en un contexto de crisis socioeconómica, habían perdido su puesto de trabajo y a los que por sus circunstancias se les «presentarían dificultades de integración en el mercado laboral».
Las ayudas nunca llegaron a cumplir su objetivo real. En lugar de paliar «el impacto sociolaboral que pudieran causar las crisis de las medianas y grandes empresas radicadas en la comunidad» andaluza, y de entregarse a sus destinatarios, los importes llenaron los bolsillos de cientos de empresarios concertados quienes recibieron inyecciones millonarias, algunas de las cuales acabaron en paraísos fiscales.
La cúpula de UGT andaluz al banquillo
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ya ha puesto fecha al juicio en el que la excúpula de UGT en Andalucía se sentará en el banquillo de los acusados: del 15 de enero al 19 de junio de 2024 tendrán lugar las sesiones de una vista centrada en el supuesto fraude de más de 40 millones de euros que el sindicato recibió en forma de subvenciones de la Junta socialista, entre 2009 y 2013, pero que la formación destinó a cubrir gastos corrientes. El 14 de diciembre de 2023, tanto las defensas como las acusaciones han sido citadas para una vista de cuestiones previas de carácter formal.
En la cúspide de la estructura corrupta, el ex secretario general de UGT Francisco Fernández Sevilla, otros cuatro excargos del sindicato, una decena de empresarios y la propia entidad UGT citada como responsable civil subsidiaria. Es decir, en el caso de que el juicio finalice con una condena a los acusados, el sindicato tendrá que asumir el total de la fianza impuesta por la Justicia si los responsables individuales se declaren insolventes.
A ello habría que sumar los 18 millones de euros que, en vía administrativa, le reclama la Junta de Andalucía, para que la formación devuelva las ayudas recibidas en 2007 y que fueron mal empleadas por sus titulares.
Asturias: fraude en subvenciones
El 1 de diciembre del año 2021, la Justicia condenó a 2 años y 10 meses de cárcel a Justo Rodríguez Braga por tres delitos de fraude en la gestión de subvenciones públicas. El que fuera secretario general del sindicato UGT Asturias hasta 2016 tuvo, además, que pagar una multa de 585.000 euros. A esta cuantía se sumaron, también, los 330.000 euros que tuvieron que abonar solidariamente al Principado tanto la ex secretaria de administración como el de formación. La Administración asturiana fue el órgano encargado de conceder las subvenciones y actuó como acusación particular en la causa, para reclamar y recuperar los perjuicios causados por los condenados a las arcas públicas.
La sentencia consideró probado la existencia de una «actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos» en forma de las subvenciones para cursos de formación recibidas por el sindicato.
Las cuantías ingresadas entre los años 2011 y 2012 terminaron, sin embargo, pagando gastos del sindicato que no estaban ni contemplados ni permitidos en el objeto de las ayudas recibidas. Pago de sueldos de algunos trabajadores, como administrativos o informáticos, ajenos a la formación sindical que, según la sentencia, desconocían que sus remuneraciones tuviesen un origen irregular y que fueron en todo momento ajenos a lo que estaba pasando en el seno de la organización.
Dos millones del FOGASA,
El escándalo más reciente ha saltado en Madrid, donde el pasado diciembre presentaba su dimisión el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, tras haber denunciado ante la Policía Nacional una presunta trama de corrupción en el seno del sindicato en la que se habrían desviado fondos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que podrían superar el millón de euros. El escándalo destapado ha continuado con la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid contra una empleada de UGT y otras cuatro personas por un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía sostiene que la administrativa que trabaja en el sindicato habría desviado un total de 2.099.608 euros de UGT a cuentas de su marido y de tres amigas. María del Carmen Tomás López se encargaba entre otras cosas de librar cheques para el pago de indemnizaciones por despido a los trabajadores. Según los investigadores, libró casi 200 cheques en los que modificaba la identidad del beneficiario del mismo y la cantidad a cobrar.
Dicha empleada resultó ser la hija de una diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, Carmen López, que acusó en su momento al hermano de Isabel Díaz Ayuso en el Pleno de representación: «Dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar». Así se lo espetó la diputada socialista a la presidenta de la Comunidad el pasado noviembre, tras lo que fue expulsada de la Cámara regional.
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