Sánchez exime al País Vasco de pagar 2.300 millones para costear las pensiones

 

El Cupo se fija en el entorno de los 1.400 millones, la misma cifra que en la renovación anterior, en 2017, cuando el Estado ha asumido desde entonces 38.284 millones de gastos impropios de la Seguridad Social.

 El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón; la ministra, María Jesús Montero, y el consejero de Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu.

El Congreso ha aprobado este jueves los proyectos de ley de modificación del Convierto vasco y Convenio navarro, y el proyecto de ley del Cupo Vasco para 2022-2026. Y lo ha hecho en lectura única, con lo que los grupos no pueden participar ni introducir enmiendas. Moncloa y Ajuria Enea han negociado un Cupo de 1.467 millones en 2022, prácticamente el mismo que el del último quinquenio, fijado en 2017. Se ha producido desde entonces un cambio de trascendencia: las pensiones ya no sólo se financian con cotizaciones a la Seguridad Social y el Estado ha asumido 38.284 millones de gastos impropios de la Seguridad Social vía impuestos.

Esto supondría unos 2.300 millones que debería asumir el País Vasco, por el 6,24% del PIB del Estado que aporta, y que fuentes conocedoras trasladan que no se ha incluido.

Es una transferencia del Estado que beneficia a todos, incluyendo a las comunidades forales, que no han asumido el pago de las pensiones y que tienen las más altas de España, una competencia estatal no transferida.

El Cupo se calcula en base a lo que teóricamente se gasta el Estado en beneficio del País Vasco en competencias no transferidas, a lo que se aplica el citado 6,24%, menos lo que el Estado ingresa del País Vasco menos el déficit. Se renueva puntualmente cada cinco años, y en el intermedio se actualiza según el crecimiento de la recaudación del Estado de impuestos concertados con el País Vasco, mientras las comunidades de régimen común tienen el sistema de financiación autonómica caducado desde 2014. En 2017 también se compensó a País Vasco con 1.400 millones en concepto de lo que alegaba haber pagado de más en la década anterior.

Los expertos a los que ha consultado Vozpópuli advierten de que con la opacidad del cálculo del Cupo es imposible conocer el detalle de lo que por encima de todo es un acuerdo político. Que se mantengan tanto la cifra como el porcentaje de imputación les parece buena muestra de ello, mientras los gastos del Estado crecen. El peso del País Vasco en el PIB, fijado en el 6,24% en 1981, ha disminuido porque lo ha hecho su población. Pero pesan más los conceptos a los que se aplica el porcentaje que el porcentaje.

Con ese razonamiento, la cuantía debería ser menor, se han asumido más competencias, pero al mismo tiempo que disminuyen algunas, aumentan otras. Ahora no están integradas las políticas activas de empleo, que se instrumentan anualmente como compensación del cupo líquido a pagar al Estado, y se descuentan las prestaciones patrimoniales.

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, apunta que "el sistema es totalmente opaco. Cada X años nos dan un único número, la cuantía del Cupo o de la aportación, que en principio corresponde a lo que les toca pagar a las comunidades forales por los gastos comunes que corren a cargo del Estado, pero nunca se publican los detalles de su cálculo o su desglose por conceptos. Por tanto, es imposible saber lo que las Haciendas forales aportan para financiar el déficit del sistema contributivo de pensiones, o cualquier otra cosa. No hay forma de saber por qué pagan y por qué no, o de comprobar si la valoración de las "cargas no asumidas" es razonable. Es imprescindible una mayor transparencia".

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, considera que "los llamados gastos impropios que pone el Estado para pagar las pensiones claro que se deberían pagar vía Cupo. El problema es que no se sabe qué está calculado dentro, está cada vez más troceado, ahora el ajuste por IVA queda fuera, el cálculo de las prestaciones no tributarias no está incluido. Se supone que el sistema común tiene muchos problemas, pero al menos se sabe lo que se hace, aquí, no".

"Las cifras globales te las crees o no te las crees", insiste Zubiri. "No puedes deducirlo. Depende mucho de lo que consideres como déficit, que cambia, no puedes hacer inferencias de una partida que esté o no metida porque las cifras no son comparables. Legalmente, los gastos impropios tienen que estar metidos, la propia metodología lo implica, son un gasto del Estado que debe incluirse, no se considera déficit que pueda restarse", constata, pero también advierte de que "hay muchas partidas en las que hay la legítima sospecha de que deberían estar y no lo están, hay mucho de acuerdo político y no hay una delimitación de qué se considera asumible".

"No necesitan hacerlo público, pueden hacer lo que quieran", remacha.

Nuevos impuestos

En la reforma de estas leyes se conciertan el impuesto al plástico, el impuesto de gases fluorados de efecto invernadero, el de residuos y el de grandes fortunas. Sobre este último se les otorga las competencias de gestión y recaudación de un impuesto estatal que no se prevé que vayan a aplicar. En 2022 no podrían, ya que supondría una retroactividad inasumible, y para 2023 no se le espera. Las únicas regiones a las que no se les aplica.

Una cesión, que han exigido País Vasco y Navarra, preventiva, para evitar que el Estado tenga esta competencia en su territorio, ya que no pretenden aplicarlo, y que subraya su estatus de foco de atracción de grandes fortunas. Cuando se trata de un impuesto que pretende armonizar el de Patrimonio, que tienen más bajo que la media de las comunidades de régimen común, y que pretende recentralizar competencias.

Respecto a los nuevos impuestos a la banca y energéticas, que el Gobierno denomina prestaciones patrimoniales, al no poderse concertar por no considerarse impuestos, se ha acordado financiarles con el 6,24% del volumen de ingresos generados por estas figuras en 2023 y 2024, que se calculan en unos 6.000 millones, y se compensará en los plazos de pago del Cupo.

vózpopuli

España es el país con más desempleo juvenil de Europa. la luz más cara, las pensiones y el SMI más bajas de la UE.

 

España registró la mayor tasa de paro entre los menores de 25 años que alcanzó en junio de 37,1%, según Eurostat. Con esta cifra, el país supera a Grecia que hasta abril encabezaban el ranking. Sin embargo, en julio tuvieron una tasa casi siete puntos inferior a la española (30,4%).

España es el país de la UE donde más se encarece la electricidad. Aún se puede encarecer más de un 30%. España dobla el precio del gas al siguiente de la UE. España no tiene consideración con los ciudadanos, tenemos las pensiones y SMI más barato de la UE.

 

Según un estudio del Círculo de Empresarios a partir de datos del informe de la OCDE ‘Employment Outlook 2021', en abril de este año, los países de la OCDE registraron un desempleo medio entre los menores de 25 años del 14% por un 38,8% de la tasa española.

 

 

La tasa creció 7,6 puntos durante el peor momento de la pandemia (abril de 2020) alcanzando el 19% y hasta 10 puntos en el caso de España encaramándose al 42% (junio de 2020). Según el reporte, este alza "es más del triple del crecimiento en la tasa de paro de los trabajadores de más de 25 años".

 

Así pues, la crisis del Covid se ha cebado en aquellos que entraron en el mercado laboral durante la pandemia y que no lograron encontrar un empleo. 

 

Según un estudio del Círculo de Empresarios a partir de datos del informe de la OCDE ‘Employment Outlook 2021', en abril de este año, los países de la OCDE registraron un desempleo medio entre los menores de 25 años del 14% por un 38,8% de la tasa española.

 

En este sentido, señalan desde esta organización con sede en París, que la tasa de contratación cayó en 5 puntos en el segundo trimestre de 2020 y que, a pesar de las menores restricciones, la tasa de paro fue en mayo del 37,6%.

 

Todo esto ocurre mientras Bruselas puso condiciones al Gobierno a cambio de recibir los 140.000 millones del nuevo fondo de rescate europeo.

 

La Comisión Europea exigió a la coalición de PSOE y Unidas Podemos una reforma laboral profunda, para atajar los dos grandes males de nuestro mercado laboral: el elevado desempleo entre la población más joven y la dualidad entre los fijos y temporales.

¿Quién pagará las pensiones? El Banco de España desliza que el sistema quebrará

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha sugerido estudiar el modelo de la mochila austriaca.Este debate lleva tiempo sobre la mesa y la crisis lo traerá de nuevo. Hay varios expertos, como Guillermo de la Dehesa, que llevan tiempo denunciando que el sistema está quebrado.

Cartel en el que se reclama 'Pensiones Dignas ¡YA!' durante una manifestación

El comentario ha sido leve, pero deja claro que el sistema de pensiones está cada vez menos garantizado. Puede que quienes se jubilen ahora reciban su paga, pero estará sostenida con un empleo cada vez más precario y con un sistema que dependerá de créditos y otras ayudas para ser solvente. Quizás por eso el gobernador del Banco de España Hernández de Cos ha deslizado este martes en el Congreso que hay que buscar fórmulas como la mochila austriaca para garantizar las pensiones del futuro. Pues la destrucción de la clase media y el envejecimiento de la población hacen absolutamente insostenible un sistema que lleva cuestionado desde hace años.

Hernández de Cos ha abogado por implantar una estrategia a medio plazo de consolidación fiscal una vez se recupere el crecimiento sostenido, así como una agenda de reformas estructurales “ambiciosa” que pase por introducir figuras como contratos de despidos crecientes, la mochila austriaca o una revisión del sistema educativo. Pero no ha sido la única vez que ha deslizado esta idea tan conocida como la mochila austriaca.

Este modelo, recordemos, es un sistema de indemnización que a su vez puede ser un plan de pensiones. Las empresas están obligadas a destinar parte del salario del trabajador a una cuenta de ahorro individual que éste puede rescatar en caso de despido (como si fuera la indemnización por despido), pero en caso de que el trabajador lo mantenga, esa cuenta de ahorros crecerá durante toda su vida laboral hasta que la pueda recuperar en el momento de jubilación. Si cambia de trabajo, ese fondo de ahorro sigue estando vigente, y la nueva empresa seguirá dedicando parte del dinero a engordarla.

Para Hernández de Cos, este un sistema implantado en Austria en el año 2003 se debe estudiar porque supone una garantía para el trabajador en caso de despido y porque ayuda a que el sistema de pensiones esté más aliviado de cara al futuro.

La crisis del coronavirus ha precarizado más los empleos y ha destruido una gran parte de los empleos de España, esto repercutirá de forma notable en la Seguridad Social y sus ingresos para pagar todo lo que debe, incluidas las pensiones, quedarán muy tocados. Por eso, el gobernador del Banco de España ha abogado por estudiar modelos mixtos que combinen la posibilidad de acumular por anticipado una parte de los costes de despido en un fondo (como la “mochila austriaca”) mientras el trabajador mantiene el empleo, con una indemnización en caso de despido de cuantía creciente según la experiencia acumulada.

El debate sobre el sistema de pensiones ha estado sobre la mesa desde hace tiempo. El PP avisó de que había que buscar algún modo de hacerlo sostenible, pero el PSOE y Unidas Podemos entienden que el modelo actual es absolutamente intocable, además de que quieren reflejarlo así en la Constitución.

Algunos expertos, como el exsecretario de Estado de Economía Guillermo de la Dehesa, actual presidente honorario del Centre for Economic Policy Research ya había asegurado el año anterior que “estamos en una situación nefasta: van a quebrar las pensiones y es posible que también la Seguridad Social si no se realizan reformas de calado en el sistema. Y como ningún gobierno quiere perder el voto de los mayores, pues ninguno está dispuesto a afrontar el problema de la quiebra del sistema, que a este paso no va a llegar ni al año 2027″.

Esa duda sigue planeando sobre el Gobierno, quien pretende blindar el sistema y buscar financiación por otro lado. Pero si la economía cae un 22% en el segundo trimestre, difícilmente se podrán obtener más ingresos ante una población esquilmada por la crisis de la pandemia.

Moncloa.com

Sánchez retrasará la edad de jubilación y flexibilizará el mercado laboral

Sánchez retrasará la edad de jubilación y flexibilizará el mercado laboral para obtener las ayudas europeas

El Gobierno quiere convencer a la Comisión Europea con reformas calcadas de los 'spending review' de la Airef. Sánchez confía en que la UE también apruebe los presupuestos para blindar la legislatura

Pensiones y mercado laboral. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere presentar ante la Comisión Europea un plan de ajuste del gasto para obtener los 140.000 millones de euros del Recovery Fund. Las líneas maestras de ese plan se enmarcan en las propuestas de la Airef de 2019, que incluyen iniciativas como subir la edad de jubilación y flexibilizar el mercado del trabajo, entre otras.

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Se trata de propuestas potencialmente polémicas para el Gobierno de coalición con Podemos, pero los sherpas gubernamentales que deberán hablar con la UE creen que desbloquearán las ayudas y afianzarán la recuperación económica.

Sánchez busca un encaje de bolillos que, tras recibir los fondos europeos, le permita blindar la legislatura. Trabaja a marchas forzadas para evitar que la crisis de la covid-19 obligue a convocar elecciones antes de tiempo, una opción que no despierta el entusiasmo en la oposición, bloqueada entre la ausencia de una estrategia clara y el esquema del cuanto peor, mejor. Esas dudas hacen que Sánchez gane tiempo, confiado en poder dar el jaque mate con la aprobación presupuestaria.

El plan que el equipo de Sánchez tiene sobre la mesa se fundamenta en los estudios de la agencia independiente Airef. La agencia empezó a trabajar después del rescate financiero y hasta el pasado mes de enero la dirigía José Luis Escrivá, ahora ministro de Seguridad Social. Cuando la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, funcionaria comunitaria, entró en la dirección del departamento económico pidió a Escrivá elaborar una serie de spending reviews que ahora sirven de líneas maestras para la propuesta española ante la UE.

30.000 millones de déficit

Con un déficit anual de 18.000 millones solo en el sistema público de pensiones, el Ejecutivo sabe que en este ámbito deberá ofrecer correctivos radicales para convencer a los técnicos comunitarios. En ese sector el Ejecutivo de Sánchez plantea incluir en la documentación que enviará a Bruselas medidas que retrasen la edad de jubilación, tal y como pregonaba Escrivá antes de convertirse en ministro.

El organismo fiscalizador planteaba endurecer los márgenes para las jubilaciones anticipadas (que se reducirían de manera draconiana), lo que aumenta la edad real de jubilación. Se trataría de pasar de los 62 años actuales a 64 y 65 en los próximos años. A la vez, a partir de 2022, se aumentará a más de 25 años el tiempo que sirve para calcular la pensión: eso puede acarrear pensiones más bajas para la mayoría de trabajadores, entre otras cosas porque se tomará en cuenta la contribución durante la vida profesional, y no solamente los últimos años.  

José Luis Escrivá. EFE

'Mochila austriaca' y mejor formación

El segundo eje atañe al mercado del trabajo. Contrariamente a lo que el PSOE y Unidas Podemos han firmado con Bildu en el Congreso, los emisarios del Ejecutivo en Bruselas vaticinan un plan opuesto a la “derogación íntegra” de la reforma de Rajoy. El Gobierno, siempre de acuerdo con las líneas marcadas por la Airef, quiere flexibilizar más aún el sector, mejorando algunos puntos de la reforma.

Se volverá a hablar de la mochila austriaca (sistema de indemnización al trabajador que abarata el gasto para la empresa en los despidos) y de ayudas más eficaces para la formación profesional. Por ejemplo, a través de los llamados “itinerarios formativos”, que suponen más fondos pero cuyos beneficiarios deben justificar en el detalle para qué reciben las ayudas. La digitalización del sector se convertirá en una prioridad (ya lo ha anunciado Calviño en la comisión de reconstrucción en el Congreso). A la vez, se ajustarán todas las partidas consideradas ineficaces, como algunas subvenciones.

El ajuste general podría superar los 10.000 millones de euros, que se restarían de los 30.000 millones de gasto en exceso de la economía española. Con estas medidas, todas estructurales, plantearán a los socios comunitarios un repunte del empleo, y por ende otra reducción del gasto público. Y otros 5.000 millones más de dinero recaudado con nuevos impuestos. Se excluye tajantemente el impuesto a las grandes fortunas propuesto por Podemos y rechazado por el PSOE, tal y como adelantó Vozpópuli. El Gobierno quiere alcanzar una cuota de déficit estructural parecido al de Francia o Alemania.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

Condiciones europeas

Los mensajes que Sánchez recibe desde el Parlamento y la Comisión europea apuntan a que, más allá de los anuncios, el dinero europeo no llegará a fondo perdido y siempre implicará condiciones (implícitas o explicitas). Las correcciones de gasto en el sistema de pensiones y la flexibilización del mercado laboral (más allá de como lo hizo Mariano Rajoy) serán los dos pilares del plan de ajuste. A esas grandes medidas se añadirán otras de menor impacto, según prevén desde el Ejecutivo.

La clave será reducir gastos que se han detectado como inútiles para relanzar la economía. El término más adecuado podría ser el de la “racionalización”. O al menos esto es lo que plantean los sectores del Gobierno que más trabajan con la UE.

“Si Bruselas dice que no hace falta más, no hará falta más”, confían en el Ejecutivo para explicar su cauto optimismo. El pistoletazo de salida oficial en la negociación con Bruselas se dará en el próximo octubre. Sánchez enviará a la Comisión el borrador presupuestario para 2021 y como anexo las reformas estructurales. El mes de octubre será clave para el futuro de Sánchez. 

Si todo va como se espera, el dinero europeo llegará en el próximo mes de enero. Serán fondos esenciales para hacer respirar a la economía, pero no suficientes para arreglar todos los desfases. Para ello hará falta avanzar en el ámbito de las reformas, que, al incluirse en una negociación con la UE, se espera que sean marcadas con fuego.

Si todo eso ocurre, el Gobierno de Sánchez presumirá de haber superado el peor escollo de su legislatura y navegará hasta el cierre de la misma. La esperanza más secreta en el entorno de Sánchez es dar por acabada la "leyenda negra de que el PSOE arruina la economía, y el PP la reflota". 

VOZPOPULI

La propuesta estrella de Vox para los pensionistas: ninguno pagará IRPF

La medida afectaría a cinco millones de jubilados que ahora ingresan más de 14.000 euros anuales y están obligados a presentar la declaración de la Renta.

Acto de VOX  en Barcelona

Las pensiones han vuelto a entrar en campaña electoral. PP y PSOE acaban de protagonizar un rifirrafe a cuenta del blindaje de las jubilaciones. En ese contexto, Vox se ha propuesto dar la campanada en las próximas semanas, con el anuncio estrella de que “ningún pensionista vuelva a pagar el impuesto de la Renta”.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a Vox, el programa económico de la formación será presentado antes de Semana Santa y seguirá el ideario de las elecciones andaluzas, donde el partido obtuvo 12 escaños.
El plan será desgranado con detalle por Rubén Manso, ex inspector del Banco de España y teniente del Ejército en la reserva, que acaba de unirse al equipo de Santiago Abascal como máximo referente económico.

“Presentaremos un modelo que quiere rebajar los impuestos y que propone una reducción drástica del gasto público. Esto es lo que hace a nuestro programa diferente de lo que propone el Partido Popular”, ha avanzado estos días el secretario de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Un sistema mixto para las pensiones
En el ámbito de las pensiones, Vox ha venido defendiendo un nuevo modelo para las jubilaciones de los españoles.

Se trataría de un sistema mixto, de capitalización y reparto, basado en la solidaridad, que garantice una pensión mínima que se revalorice con el coste de la vida y asegure el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complementen las pensiones mínimas.

Que los jubilados no paguen IRPF
Durante la campaña de las elecciones andaluzas, Iván Espinosa de los Monteros apuntó que Vox vería con justicia la posibilidad de liberar cargas fiscales a las pensiones. En su opinión, “si hemos cotizado durante toda la vida, es muy injusto que también caiga encima de nosotros el IRPF”.

Pues bien. En un claro guiño a los nueve millones de pensionistas, según ha podido confirmar ECD por fuentes próximas a Vox, la formación de Abascal va a incluir en su programa económico para las generales que “las pensiones contributivas estén exentas en el IRPF por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral”.

Hay que destacar que, en la legislación actual, las pensiones sí están sujetas a tributación y su consideración es la de rendimientos del trabajo. Por ello, se les aplica la retención correspondiente, que depende de las circunstancias económicas y familiares del beneficiario.

El anterior Gobierno del PP eximió del pago del IRPF a los pensionistas que ingresan menos de 14.000 euros anuales, lo que alcanza ahora a tres millones de españoles.

Esto implica que el jubilado de clase media y baja ha quedado libre de tributación, si se tiene en cuenta que la pensión media en España se sitúa en los 1.133,94 euros, lo que en doce mensualidades queda por debajo del umbral de los 14.000 euros anuales.

Ahora, el partido de Santiago Abascal defenderá extender la exención fiscal de las pagas contributivas a los cinco millones de jubilados en España que todavía están obligados a presentar cada año la declaración de la Renta. La medida supondría que ningún jubilado pagara IRPF.

Un ahorro fiscal de 10.000 millones al año
Fuentes cercanas a Vox explican a ECD que el plan económico será un documento “muy detallado”.
Contiene datos supervisados por inspectores del Banco de España, expertos en Hacienda y catedráticos de Economía. Mostrará el efecto que tendría la rebaja de impuestos que propone el partido y la reducción de gastos procedentes del Estado y las autonomías.

Para suprimir el IRPF a los pensionistas, Vox ha tomado como referencia los datos de recaudación de la Agencia Tributaria, que reflejan que los pensionistas pagaron en 2017 más de 10.000 millones de euros en concepto de retenciones por IRPF. Esta cifra equivale al 13% del total recaudado por este impuesto.

Rifirrafe entre PP y PSOE por las pensiones

ECD ha podido saber también que el anuncio de Vox se reserva para dentro de “unos días”. La elección de la fecha no va a resultar casual y se ha elegido para conseguir el mayor impacto mediático.

El equipo de Santiago Abascal tiene previsto lanzar la propuesta estrella sobre pensiones, una vez superado el rifirrafe protagonizado en la última semana por el PP y el PSOE, y que ha ocupado varias portadas y tertulias.

Hay que recordar que el PSOE ha convertido una ‘fake news’ sobre pensiones en el eje principal del arranque de su precampaña para desgastar a Pablo Casado. Durante tres jornadas consecutivas, el presidente Pedro Sánchez y varios ministros han venido acusando al referente económico del líder del PP, Daniel Lacalle, de plantear una rebaja de las jubilaciones del 40% en una entrevista en El Economista.
Sin embargo, con el paso de los días, se ha demostrado que esta afirmación no estaba recogida como tal en ninguna respuesta de Lacalle. El propio protagonista lo desmintió de inmediato, al igual que Carmen Obregón, la periodista que realizó el cuestionario.

Los españoles siguen apostando al ladrillo aunque creen que no tendrán pensión

La sociedad española cada vez es más consciente de que el sistema de pensiones, tal y como lo conocemos, no es sostenible. De hecho, uno de cada cuatro inversores de entre 35 y 44 años piensa que no tendrá acceso a una pensión cuando se jubile y ocho de cada diez considera que la pensión pública que recibirá será "insuficiente" para mantener su nivel de vida. Sin embargo, los españoles no comienzan a preocuparse por ahorrar para su jubilación hasta unos diez años antes y eso, en palabras de Beltrán de la Lastra, presidente de Bestinver, es como "estudiar el día antes del examen, por la noche y, además, después de comer".

Así lo ha expresado durante la presentación del I Observatorio del Ahorro y la Inversión en España que han presentado la gestora independiente de activos y la escuela de negocios IESE en un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella. Y es que España es de los países de su entorno cercano que menos dinero destina al ahorro, apenas un 5%, y sigue siendo de los más endeudados con un 100% de la riqueza de los hogares como consecuencia de la fuerte presencia del ladrillo en las decisiones de inversión frente a otros activos financieros.

© Proporcionado por Titania Compañia Editorial S.L. Fuente: El Observatorio del Ahorro y la Inversión Bestinver-IESE

Según el estudio, son los mayores de 54 años los que más importancia le dan a la contratación de planes de pensiones o seguros de ahorro de cara a preparar su jubilación. De hecho, el inversor español solo comienza a preocuparse por su jubilación cuando le quedan apenas 10 años para llegar a esta. Respecto a los productos de inversión, un 87% de los inversores posee una combinación de bienes inmuebles y productos financieros, lo que sigue poniendo de manifiesto que los ahorros de los españoles continúan estancados en el sector inmobiliario y los depósitos bancarios.

© Proporcionado por Titania Compañia Editorial S.L. El Observatorio del Ahorro y la Inversión de Bestinver-IESE

No obstante, los inversores más jóvenes sí están cambiando estos hábitos de inversión. Según los datos del INE de 2017, el porcentaje de los que tienen una vivienda en propiedad ha disminuido del 60% al 27% actual. Con todo, un 87% de los inversores posee una combinación de bienes inmuebles y productos financieros. Entre los primeros destaca la vivienda en propiedad, y entre los segundos, los productos de inversión donde sobresalen los planes de pensiones y los depósito

Este dato se refleja en la encuesta del observatorio en el hecho de que los propietarios más jóvenes cuentan con mayor proporción de viviendas no totalmente pagadas y con menor proporción de segunda vivienda que los propietarios de viviendas en general.

Además, el seguimiento de las inversiones se hace cada vez más desde las plataformas digitales. Hasta un 83% lo hace a través de la web y tan solo un 18% lo continúa haciendo en la oficina física.

Pese a este auge del entorno digital, uno de cada tres inversores no analiza la oferta de productos financieros del mercado, sino que se ciñe a la oferta común de las entidades bancarias, aunque un 40% no esté contento con las rentabilidades obtenidas.

El observatorio, que busca recoger las tendencias sobre el ahorro y la inversión en España, se basa en una encuesta realizada por Kantar TNS a más de 1.000 personas, mayores de 35 años que poseen, al menos un producto de inversión.

Un nuevo impuesto a empresas como Amazon, Apple y Google ayudará a financiar la subida de las pensiones

Montoro avanza que propondrá en el ámbito del Pacto de Toledo crear el gravamen sobre las ventas de los gigantes como Amazon, Google o Apple.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció este viernes tras el consejo de ministros la creación de un nuevo impuesto sobre las ventas de las grandes tecnológicas, como Google, Apple o Amazon, para ayudar a financiar las pensiones. Montoro precisó que planteará el gravamen en el ámbito del Pacto de Toledo para contar con el respaldo del resto de los grupos políticos. Además, cifró el coste de la subida de las pensiones para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo en 1.500 millones este año y otros 1.800 millones el próximo. El Gobierno también aprobó ayer el Plan de Estabilidad 2018-2021, donde proyecta que el paro bajará al 11% y España registrará superávit dentro de tres años. El pronóstico oficial sitúa el crecimiento en el 2,3% en 2021.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. ULY MARTIN EL PAÍS

El Gobierno de Rajoy sorprendió el pasado miércoles al anunciar que subirá las pensiones este año y el próximo en función del IPC y no limitará la mejora al 0,25%, como había previsto inicialmente en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cifró el coste que tendrá la medida en 1.500 millones de euros en 2018 y otros 1.800 millones en 2019.

Para encajar este coste en los Presupuestos que actualmente se tramitan en el Congreso anunció un nuevo impuesto a las grandes tecnológicas. "Estamos planteando, en el Pacto de Toledo, llevar adelante iniciativas que son de naturaleza europea, y que se va a abordar en el Ecofin —reunión de ministros de finanzas del euro— de este fin de semana", dijo el ministro. Se trata del impuesto sobre determinados servicios digitales que gravaría las transacciones electrónicas de las grandes empresas como Amazon, Facebook, Apple o Google. Está por ver si le da tiempo al Gobierno aprobar y empezar a recaudar este nuevo impuesto en los meses que resta de año.

Impulsado por Bruselas

Este nuevo tributo está impulsado por la Comisión Europea. Bruselas lleva tiempo buscando fórmulas para que estas corporaciones paguen más impuestos. Las autoridades comunitarias apuntan a estos gigantes digitales que se benefician de los resquicios legales de los estados miembros para pagar tasas impositivas muy inferiores a las del resto de empresas. La propuesta de Bruselas pasa porque los grupos tecnológicos que facturen más de 750 millones paguen un 3% sobre sus ingresos —en realidad deja margen para fijar la tasa entre el 1% y el 7%—. La Comisión calcula que el gravamen aportaría unos 5.000 millones al año a los socios europeos. España podría rascar alrededor de 500 millones de euros de este pellizco.

"No es un impuesto sobre los consumidores, ni sobre los usuarios de esos servicios. Es un impuesto a las grandes empresas que no pagan suficiente en los estados donde realizan un importante volumen de negocios", abundó Montoro. Como el Gobierno no puede usar los Presupuestos para crear nuevos impuestos llevará la propuesta para crear el tributo al Pacto de Toledo. "Es un gravamen sobre grandes compañías digitales, son grandes empresas. Eso permitirá financiar mejor al Estado y desde el Estado financiar las propuestas de otros grupos políticos en el Pacto de Toledo", remarcó el ministro.

Menos gasto en intereses

Además, de este tributo el responsable de Hacienda también reveló cómo hará hueco en los Presupuestos para incluir la subida de las pensiones pactada con el PNV a cambio del apoyo. "Tenemos un margen cada vez mayor", expresó. Por un lado, detalló, el gasto en intereses de la deuda será inferior al programado en las cuentas públicas. La ejecución presupuestaria hasta marzo indica que habrá margen en ese partida. En segundo lugar, el ministro espera que las sentencias por el rescate de las radiales supongan al Estado un menor coste del que había estimado inicialmente. Los fondos acreedores de las ochos autopistas de peaje en quiebra y rescatadas por el Estado reclaman unos 4.500 millones, pero el coste final para la Administración podría rondar los 2.000 millones.

El ministro insistió en que el Estado dará cobertura a la Seguridad Social mientras presente números rojos. "El déficit que hay que hacer desaparecer en España prioritariamente es el de la Seguridad Social. Y mientras eso ocurra será el Estado, el que atienda los incrementos de pensiones", concluyó.