Figuras independentistas plantean una guerra civil con España en una televisión catalana

Dirigentes soberanistas han planteado abiertamente la posibilidad de una guerra civil con España. Con el conflicto en Ucrania de fondo, Santiago Espot, presidente de 'Força Catalunya', reivindicó en una televisión catalana el derecho a alcanzar la independencia a cualquier precio. Fue al tiempo que Clara Ponsatí, fugada en Escocia, afirmaba que la secesión "solo será posible con un enfrentamiento civil con el Estado español". Hacía pocas horas que se había dado a conocer el presunto espionaje a más de medio centenar de independentistas a través del programa Pegasus.

Espot fue más allá que Ponsatí y aludió a la invasión rusa como el desenlace de un proceso nada anormal. La intervención tuvo lugar en el programa 'Opina Cat', que presenta el sacerdote Carlos Fuentes, en 8TV, la emisora que el Grupo Godó vendió en 2021 a la firma OC 2022. "Yo, como independentista, sinceramente, a mí lo primero que me interesa es la independencia de Cataluña. ¿Que sea a través de vías democráticas? Ojalá fuese así. Pero lo que es evidente es que no renuncio a las vías, que sean vías que puedan traer un conflicto institucional e incluso que puede llegar a pasar… porque no hemos de engañar a la gente… que puedan llegar a un conflicto civil. Claro que sí, los conflictos civiles los vivimos en todos los lados. Y mira lo que ha dicho Ramón, lo de Rusia y Ucrania. ¿Quién se podía imaginar eso hace cuatro días?", clamó el soberanista en el plató ante las cámaras.

 

© Proporcionado por El ConfidencialCocineros, actores, abogados y empresarios: la clase independentista que vive de Madrid

Los 'independenlistos': la nueva casta política de Cataluña que se forra con las ayudas de España

Antonio Fernández. Barcelona

Soberanistas radicales abominan del Gobierno central, pero se llevan millones de euros cada año en ayudas públicas, sin hacer ascos a la procedencia de estas

En el último programa de 'Opina Cat', Espot se mostró partidario de mostrarse arrogante con España. "Si tuviésemos otro tono arrogante [citó el tono de Margarita Robles al contestar sobre el espionaje], estaríamos en otra situación. Y si me preguntan si se intentó vulnerar la Constitución, sí, ¿y qué? ¿Qué quieres, romper la convivencia? Sí, ¿y qué? ¿Que tú quieres llegar hasta las últimas consecuencias para alcanzar tu objetivo de romper con España? Sí, ¿y qué? Entonces, premisa fundamental: en los Estados hay una cosa que está por encima de todo, que es la unidad territorial, detrás de la democracia. Y, si no, mirad Irlanda del Norte o lo que ha pasado con Francia con la muerte de Colonna [líder independentista corso fallecido tras una agresión dentro de la cárcel] en prisión, que ha sido una operación de Estado. Por tanto, el independentismo hemos de tomar buena nota de todo ello. Y dicen: 'Esto va de democracia'. No. Esto va de romper con España, si hace falta, a costa de la democracia".

No es la primera vez que se intenta normalizar el lenguaje prebélico en el tema catalán. Héctor López Bofill, concejal de JxCAT en Altafulla (Tarragona) y hace unos años muy cercano a ERC, lo puso también sobre la mesa. "Se admite resignadamente que mueran casi 25.000 personas de covid-19 y nos da un terror absoluto que muera alguien como consecuencia de un conflicto de emancipación nacional", tuiteó, provocando un vivo debate sobre el uso de la violencia en el proceso de independencia

La propia exconsejera de Educación, Clara Ponsatí, advertía este mes de marzo en una entrevista en 'La 2' que "cada cual tiene que saber qué coste está dispuesto a pagar" y que la independencia de Cataluña puede valer la vida de alguna persona. "No estoy diciendo que tengamos que hacer sacrificios humanos, pero que me muestren alguna de las grandes causas donde no hayan tenido lugar sacrificios importantes". En su último libro, no cierra la puerta a un conflicto violento: "Simplemente, es un riesgo que se tiene que asumir".

Manual de defensa civil con tutoriales

Espot afirma "comprender el espionaje" a independentistas. "Es evidente que quien quiera romper la unidad de España será espiado. Quien se sorprenda de esto y es independentista, que baje de la higuera. Pero, en todo caso, como he dicho muchas veces, lo que se ha de hacer es pagar con la misma moneda". Este activista se hizo famoso por haber sido el principal impulsor de multar a los comercios que no rotularan en catalán. Ha propiciado unas 3.000 denuncias contra establecimientos.

Algunos sectores soberanistas no ocultan su intención de encender de nuevo la mecha del conflicto callejero, sin valorar si eso podría tener consecuencias para tensionar la sociedad o provocar un conflicto civil de mayores dimensiones. Una plataforma cercana a los círculos más radicales de pequeños partidos extremistas o del núcleo duro de JxCAT ha puesto en circulación un pequeño manual sobre defensa civil, distribuido los últimos meses entre activistas independentistas, destaca la "preparación de objetivos smart".

© Proporcionado por El ConfidencialJxCat machaca a ERC por participar en la Feria de Abril de Barcelona, una copia de la de Sevilla

Uno de los firmantes del informe sobre el espionaje es también una de las víctimas

Antonio Fernández. Barcelona

Elías Campo trabaja para CitizenLab y fue quien promovió la investigación exclusivamente sobre activistas catalanes, lo que alimenta las sospechas sobre la arbitrariedad e imparcialidad del estudio

La palabra 'smart' es un acrónimo de 'Specífic, measurable, attaionable, relevant y time-bound'. El objetivo es pasar "una prueba de curso de defensa civil en dos meses". El segundo, "conocer las 29 tácticas de desobediencia civil para afrontar una ocupación extranjera". Se pide a los activistas "preparar un documento resumiendo aquellas [acciones] que podrías realizar tú mismo". Reclama que cada independentista cree "un objetivo smart, dos objetivos intermedios smart y con uno de estos objetivos, crea tres pases para alcanzarlos". El manual se acompaña también de consejos y tácticas para mejorar la autoconfianza o para combatir la ansiedad.

En la estrategia independentista se insta a la población a una radicalización social como "la suspensión de la participación en actividades sociales o deportes", abandonar instituciones o "rechazar seguir las normas sociales". También se invita a un "boicot de consumo de productos de determinadas empresas". Y, evidentemente, a la "no cooperación política", con actos como "quitar los símbolos del Estado, obedecer lentamente las órdenes que te dan las autoridades, rechazo a disolver una asamblea o concentración, deliberada y abiertamente, violar leyes, decretos y regulaciones, no cooperación generalizada de la Administración [actitud de los funcionarios] o ser ineficiente deliberadamente".

LOS GOLPISTAS DE NISSAN

Para Pablo Iglesias, y el resto del Gobierno que mangonea, todos somos golpistas. Es golpista la Guardia Civil, la Policía, los jueces, la oposición y una buena parte de los medios de comunicación. Todos queremos promocionar una asonada mediante la cual desmontar el gobierno legítimo de Sánchez, evidentemente, por medios ilegales.

Eso dijo el vicepresidente en esa cosa que preside Pachi López y que parece ser algo relacionado con una comisión de reconstrucción nacional, lo cual lleva a la chanza, pero que no conviene que nos despiste. No nos equivoquemos: el numerito acusando a Vox de golpista lo llevaba preparado de casa Iglesias para distraer la importante noticia del día que afecta a no pocos trabajadores españoles residentes en Cataluña.

 Nissan, la empresa japonesa, ha dicho que se va de Barcelona. Como seguramente dirán algunas empresas más a poco que las circunstancias les inviten a ello.

Analicemos el escenario. La violencia «soberanista» que apoya sin disimulo Iglesias y su chusma, bloqueó la cadena de producción de la fábrica japonesa durante los aciagos días en los que los hiperventilados independentistas escenificaron un desafío al Estado.

Fueron jornadas en los que cualquier empresario que se juega su dinero en un territorio tan inflamable se lo piensa dos veces a la hora de apostar por su continuidad en un lugar donde cualquier situación desfavorable es posible, sea la insurrección o la anecdótica declaración de una idiota asistenta de Ada Colau diciendo que había que acabar con la industria del automóvil.

Si usted se apellidara Nissan, convenga conmigo que se lo pensaría dos veces antes de continuar en un país en el que el presidente del Gobierno pacta con los herederos de una banda terrorista la legislación mediante la cual habrán de gobernarse los trabajadores españoles.

Si yo soy el señor Nissan y sé que tengo que entenderme con un gobierno que pacta con filoterrroristas su política laboral, ciertamente me lo pienso. Es evidente que yo, señor Nissan, me arriesgo a que el inexplicable Pablo Iglesias también me llame golpista, pero sé que en el fondo los españoles entenderán que los empresarios de verdad funcionamos con otros componentes espacio-tiempo.

Las empresas no quieren inseguridad jurídica, no quieren ser marionetas en manos de imbéciles con votos, no quieren arriesgar el dinero de sus accionistas por asuntos tan sumamente vaporosos como la independencia y no quieren prestarse a experiencias sociopolíticas de signo incierto que pueden destruir sociedades prósperas como se destruyó la venezolana.

Las deslocalizaciones están a la orden del día, pero lo único que hay que preguntarse es por qué se mantienen las factorías en el Reino Unido o en Alemania y, en cambio, no se mantienen aquí. O por qué se perdió un importante contrato en Astilleros que en el sur de España habría resultado tan importante.

Nissan se va como tantas otras empresas se fueron de Cataluña. La ensoñación republicana tiene su precio. Y la existencia de un gobierno presidido por un adolescente -por ser amable- y vicepresidido por un marxista-leninista solo preparado para la insidia y la revuelta, también tiene su precio.

Tener a un sujeto como Iglesias en el Gobierno comporta muchos riesgos, más allá de los meramente relacionados con la decencia, y es que factorías como Nissan se vayan y dejen a veinte mil trabajadores «con la calle pa correr», que es como se quedaban los mineros de mi pueblo cuando no les quedaba otra cosa después de la reconversión de aquel principio del siglo XX.

A poco que se les deje manos libres, esta zahúrda de matones y chulánganos nos va a arruinar más de lo que es capaz cualquier crisis episódica motivada por la biología y la mala leche de un virus. Que, a vista de pájaro, ya no sé si es el único saprofita que nos acucia.

Carlos Herrera ( ABC )

Oriol Junqueras sigue siendo un golpista

Con el fin de distorsionar las negociaciones entre PSOE y ERC y blanquear la imagen de Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición, la decisión del  Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre su inmunidad está siendo interpretada de manera falaz y torticera.  Que el Tribunal considere que Junqueras tenía que haber gozado de todas las prerrogativas inherentes a su condición de diputado europeo no significa que el escenario de condena y permanencia en prisión pueda verse alterado. Junqueras es un golpista que está en la cárcel por subvertir el orden constitucional y la decisión del Tribunal europeo no cambia la gran cuestión de fondo. Cosa distinta es que lo ocurrido en las últimas horas trate de ser aprovechado políticamente por el separatismo para forzar al PSOE a claudicar ante sus exigencias.
Y ese escenario, el de la utilización política en las negociaciones que mantienen socialistas y separatistas, es el que provoca alarma. Lo que sería de una gravedad extrema es que Pedro Sánchez utilizara las decisiones del Tribunal europeo para lavar  la imagen de los golpistas y proseguir con su estrategia de cesión ante el chantaje de los independentistas. Eso sería una traición a la dignidad de España y de los españoles y la prueba del nueve de que en el proceso de degradación institucional en el que está inmerso el socialismo Sánchez utiliza como coartada la sentencia del tribunal de Luxemburgo para justificar su claudicación ante los enemigos declarados de España.
Hay que reiterar una y mil veces, y más en estos momentos en los que el separatismo manipula con indudable mala fe la resolución judicial europea, que Oriol Junqueras y el resto de condenados son golpistas. Y que nada cambia desde el punto de vista judicial y penitenciario. Cosa distinta es que Sánchez aproveche la actual coyuntura para blanquear a los golpistas y ganarse su apoyo para seguir en La Moncloa.

Mas planeó quedarse con 9.375 millones y parte del dinero que España tiene en 4.800 cuentas

Un documento interceptado a Víctor Terradellas, enlace de Puigdemont con Rusia, revela que los separatistas tenían un plan para cobrarse la "deuda histórica" que Cataluña reclama al Estado.

Artur Más.

La Generalitat de Cataluña proyectó quedarse con los 9.375 millones de euros de la denominada deuda histórica que, según los secesionistas, el Gobierno de España mantiene con esta Comunidad. Así consta en el documento 'La distribución de activos y pasivos' que fue interceptado a Víctor Terradellas -uno de los hombres de confianza del expresident Carles Puigdemont- durante los registros policiales del caso Voloh, en el que se investigan las subvenciones opacas del Ejecutivo catalán a fundaciones afines a Convergència Democrática de Catalunya (CDC).
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Vozpópuli ha analizado este documento redactado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional a la independencia de Cataluña y, según consta en el mismo, los secesionistas habían planeado dejar de afrontar sus deudas si el Gobierno español "incumplía sus compromisos financieros y de inversiones tras la independencia".
Los independentistas habían previsto que, en el caso de que el resto de España sufriera un colapso que hiciera imposible que el Ejecutivo central pudiera afrontar sus gastos, el Estado catalán estaría "legitimado para exigir la reducción de la deuda del Estado español que tenga que asumir en una cantidad equivalente" a la deuda histórica que en 2013 era de 9.375 millones, según consta en el documento requisado por la Policía a Terradellas.

Los asesores de la Generalitat, entonces presidida por Artur Mas, consideraban que el nuevo Estado catalán "podría exigir compensaciones económicas por el incumplimiento de los compromisos financieros y de inversiones". Y para conseguir este resarcimiento económico, el Govern centró sus ojos en todas las cuentas corrientes del Estado y otros instrumentos financieros.
4.823 cuentas de España
"Actualmente, España dispone de 4.823 cuentas corrientes en diferentes entidades bancarias de todo el mundo: 423 en el propio Banco de España, 3.163 en entidades del sistema bancario español y 1.237 en entidades extranjeras. Aunque dependerá del organismo titular y de su finalidad, en principio podrían considerarse activos de Estado no territorializables. Por tanto, se deberían transmitir según el criterio de proporcionalidad y de forma equitativa con la transmisión de la deuda no territorializable del Estado", concluyen los secesionistas en el informe 'La distribución de activos y pasivos'.
El Govern consideró que, si el resto de España no quisiera o pudiera transferir los activos que reclamara Cataluña, "el Estado catalán no tendría ninguna obligación de asumir su deuda o la obligación correspondiente".

Los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol Soley y Artur Mas. efe
Los asesores de Artur Mas hacen especial hincapié en el caso de la deuda de Defensa. "En el supuesto de que el Estado español no quisiera transferir a Cataluña los activos de su arsenal militar asociados a la deuda que asumiera el Estado catalán, éste podría desvincularse de la deuda del Ministerio de Defensa. Esto mismo es aplicable a la deuda del resto de ministerios y entidades públicas del Estado", se lee en el documento que ahora obra en el sumario de la causa que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.

Precisamente, la deuda del Ministerio de Defensa es de gran importancia para los secesionistas, que aluden a la experiencia de Eslovenia cuando se independizó de Yugoslavia, "tanto que incluso superó las expectativas de los negociadores eslovenos ante el reparto de los bienes y las deudas del Ejército yugoslavo". Los asesores de Artur Mas concluyen que "el valor de los activos militares y de material que España debería transmitir a Cataluña es muy significativo".
Además de la transferencia de los bienes asociados a la deuda asumida por el Estado catalán, España debería transferir a Cataluña, siempre según el Govern, una parte proporcional de sus bienes y activos no territorializables, siguiendo el mismo criterio de proporcionalidad que se haya acordado para repartir la deuda que destaca que la posición de España "como acreedor internacional frente a terceros países también puede ser objeto de reparto".
La Seguridad Social

El informe dedica un apartado específico a la Seguridad Social, de la que también planeaban sacar tajada: "Al tratarse de un régimen de reparto, el Estado catalán tendría plena legitimidad para exigir la contribución de los catalanes al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, siguiendo el principio de contribución histórica, o de una cantidad equivalente en el supuesto de que España la haya utilizado para adquirir su propia deuda pública".

Los integrantes del Consejo Asesor también explican que ante la hipótesis "de que los territorios españoles no secesionados sean considerados únicos herederos y continuadores de la personalidad jurídica del Estado español y, como tal, se garantice su permanencia en la organización de que se trate, debería ser el Estado español quien asuma íntegramente su deuda en cada organización. Así pues, sería perfectamente legítimo que Cataluña exigiera la aplicación del principio de tabla rasa en este supuesto concreto hasta la integración en la organización".
Si los territorios españoles no secesionados son considerados únicos herederos y continuadores de la personalidad jurídica del Estado español deberían ser estos quienes asumieran íntegramente su deuda exterior, según el Govern
Otros de los apartados del informe se centra en organismos del Estado como son RTVE, ADIF y AENA. Y aquí la conclusión también favorece los intereses de una república catalana. "En principio, cada Estado debería asumir la deuda de las corporaciones contraída con proveedores de forma equitativa a la asunción de sus títulos y activos. En caso de que los activos de estas entidades en el territorio del Estado sucesor se segregaran de la casa matriz, debería ser la casa matriz la que continuara asumiendo esta deuda mientras no se llegara a un acuerdo", destacan los asesores.
Ante la posibilidad de que España se disolviera en diferentes estados, el informe destaca que todos los bienes del Estado "deberían repartirse de forma equitativa entre sus Estados sucesores. Para unos, el Estado continuador de la personalidad jurídica del Estado predecesor es el único que tiene derecho a asumir la titularidad de estos bienes. [...] Sin embargo, parte de la doctrina considera que, aunque no se produzca una disolución de Estados con extinción de la personalidad jurídica del Estado predecesor, los bienes extraterritoriales deben repartirse equitativamente entre los Estados sucesores".

Fuente:vozpopuli

Oleada de bajas en CCOO y UGT en toda España por su ambigüedad ante el desafío independentista

Los líderes sindicales de CCOO y UGT Unai Sordo y Pepe Álvarez

El movimiento independentista ha lastrado a prácticamente todos los negocios… incluido el sindical; donde los dos grandes representantes, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), están sufriendo su ambigüedad con el movimiento independentista. Y es que, si en 2017 se posicionaron claramente a favor de los golpistas, en esta ocasión lo han vuelto a hacer criticando la sentencia del Tribunal Supremo sobre los políticos catalanes presos, que suman una condena de 99 años de prisión.

Fuentes de sendos sindicatos han admitido a OKDIARIO que en los últimos días han vuelto a sufrir una oleada de bajas que, además, se puede ver en Twitter, donde hashtags como #BajaUGT y #BajaCCOO se han hecho bastante populares.

El posicionamiento político de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) ya propició entre 2017 y 2018 una plaga de bajas en sendos sindicatos, tal y como han declarado distintos delegados sindicales a OKDIARIO.

Los sindicatos CCOO y UGT de Cataluña, Òmnium Cultural y la ANC, convocaron una manifestación el 15 de abril del año pasado en defensa de los golpistas encarcelados. Un hecho, que no sentó nada bien a las bases de sendos sindicatos y que provocó, ya entonces, que fueran muchos los que causaron baja de CCOO y de UGT.

La líder sindical de uno de los dos grandes sindicatos en una de las más importantes compañías del Ibex 35 se mostró indignada con el posicionamiento político del sindicato al que pertenece. Bajo su punto de vista, "tendrían que haber preguntado a las bases, y a las de fuera de Cataluña también". "No estoy de acuerdo en absoluto con el posicionamiento del sindicato sobre Cataluña", explica la sindicalista que subraya que ya ha tenido bajas "precisamente por eso".

El apoyo de ambos sindicatos en Cataluña a la causa independentista ha sido un factor más a los que vienen percutiendo desde hace años sobre una militancia en retroceso. Los escándalos, la desindustrialización, los efectos de la crisis en el empleo y, ahora, una posición política en Cataluña que no es entendida en el resto de España. Sin embargo, las bajas que, como la de Albert Rivera, tengan su origen en el tema catalán no aparecen aún reflejadas en los documentos oficiales de los sindicatos.

UGT tiene abierto un portal de transparencia donde no oculta el retroceso de su militancia. Llegó a alcanzar 1.209.651 afiliados en 2010, su mejor cifra de los últimos años. Desde entonces, la curva es descendente. Ha perdido 278.093 hasta 2017, lo que supone un 23% de la fuerza social que amasó en su mejor momento de la última década. Ahora, el sindicato reconoce que sus afiliados no llegan al millón: son 931.558.

Violencia enmascarada

Protestas de independistas catalanes en Arenys de Mar

Uno de los muchos mantras, que repiten una y otra vez los independentistas catalanes, es que sus planteamientos y actuaciones en pro de alcanzar una república catalana, son pacíficos. Se presentan como unos adalides de la no violencia. Es una mentira más de las muchas que vienen orquestando desde que pusieron en marcha lo que denominan el «proceso». Ha venido a sustituir aquello de «España nos roba» porque quien robaba era la familia que estuvo a la cabeza de ese planteamiento durante décadas. Saben muy bien, como dejó sentado Goebbels, con el que tienen notables puntos en común, que una mentira repetida mil veces, termina siendo asumida por la sociedad como si fuera una verdad. Un axioma que es incuestionable.

Ejercen la violencia, más allá de que haya entre los denominados como Comités de Defensa de la República gente dispuesta a colocar explosivos para sabotear servicios públicos y que no han podido llevarlo a cabo, hasta el momento, gracias a la intervención a de Guardia Civil y la Policía Nacional, cuerpos molestos para sus intereses y que, precisamente por ello, quieren expulsar de Cataluña. 

La violencia que practican es una violencia enmascarada, solapada. Han llegado a espiar en los colegios a los niños para ver que alumnos no hablaban catalán. Incluso a colocar puntos verdes en la frente de aquellos que se expresaban en castellano como forma de señalarlos, marcarlos y denigrarlos. Han pisoteado y pateado vehículos de los cuerpos de seguridad del Estado. Han obligado a que una secretaria judicial tenga que salir de un edificio público por el tejado. Señalan a aquellos que no lucen un lazo amarillo en la solapa. Se refieren de forma insultante -lo ha hecho quien hoy es presidente de la Generalitat- llamando bestias con forma humana a quienes no hablan catalán. Insultan, escupen y denigran a policías y guardias civiles. Pero ellos mantienen en el mantra de que no son gentes violentas. No es violencia mantener durante quince horas cortada una de las principales vías de Cataluña por la que fluye el tráfico hacia Francia. Tampoco lo es, invadir las vías de los trenes para inmovilizar el tráfico ferroviario. Insultar y amedrentar a quienes no han querido secundar las huelgas que, en pro de sus planteamientos, han llevado a cabo. Pintarrajear la vivienda de un juez que administra justicia y a ellos no les satisface. Pero siempre hacen alarde de no ser violentos. Mienten, como mienten cuando afirman que se les niega el derecho a decidir, cuando lo que quieren hacer, vulnerando la ley en un Estado democrático, es sustituir el derecho de todos por el de una parte y se lo irrogan como un derecho que sólo pueden ejercerlo ellos. Quieren aparecer como lo que no son. Hay muchas formas de ejercer la violencia, como la que les lleva a mentir cuando se dicen ser víctimas de ella, mintiendo sin rubor. Claro está que nada de ello debería extrañarnos cuando algunos de sus prohombres decían cosas como estas: «En España, la población se divide en dos razas. La aria, del Ebro al Pirineo, y la que ocupa del Ebro al Estrecho que, en su mayoría no es aria, sino semita, presemita y mongólica» Pompeu Gener. O esta otra de Prat de la Riba: «Cataluña es prácticamente la única representante dentro de España de la civilización europea en ese fajo mal atado de Kabilas africanas que el estado español encarna».

Quim Torra avala la estrategia violenta de los CDR para conseguir la independencia

• VÍCTOR MONDELO
  @VMondelo
  Barcelona

Domingo, 29 septiembre 2019 - 02:01

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El presidente catalán culmina un año de apoyo incondicional a los Comités de Defensa de la República avalando la desobediencia

El presidente catalán, Quim Torra, habla con miembros de los CDR, en una visita a Molins de Rei (Barcelona). JORDI SOTERAS

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Acababa de ratificar el Parlament su apuesta por la "desobediencia", la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña y la "amnistía" a los líderes del procés, cuando Quim Torra arrancó a aplaudir desde su escaño mientras profería gritos de "libertad".

La mayoría de los diputados independentistas imitaron al president que, con su gesto, no estaba celebrando las renovadas intenciones insurrectas de la Cámara catalana, sino exigiendo en sede parlamentaria la liberación de los siete integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) que acababan de ingresar en prisión provisional por planear acciones violentas coincidiendo con la pronta publicación de la sentencia del Tribunal Supremo.

Conocía el jefe del Ejecutivo catalán que dos de los encarcelados ya habían confesado a los investigadores su intención de usar el material explosivo incautado para "hacer ruido" este otoño, pero eso no le impidió jalear a los radicales independentistas. Una acción que para los diputados constitucionalistas de PP y Ciudadanos constituyó un aval institucional de la Generalitat al uso del «terrorismo» para conquistar la secesión y responder al fallo del Supremo.

Así culminó Torra un año de apoyo incondicional a los CDR, grupúsculos cada vez más organizados que no se conforman con los actos de protesta y boicot promovidos por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y pretenden elevar la presión sobre el Estado y las propias formaciones secesionistas -especialmente ERC y el PDeCat- con acciones como las que han propiciado el encarcelamiento de siete de sus miembros.

"Toda la familia apuntada a los CDR"

El president -que se jactó de tener a "toda la familia apuntada a los CDR"- comenzó a alentar a los violentos aprovechando la conmemoración del primer aniversario del 1-O. Mientras los radicales colapsaban Cataluña con cortes viarios y ferroviarios, Torra les animó micrófono en mano con su célebre "apretad, hacéis bien en apretar".

Desde entonces, el sustituto de Carles Puigdemont ha respaldado la violencia para imponer la autodeterminación en más ocasiones, como cuando sugirió que Cataluña debería imitar la "vía eslovena" para certificar su separación del resto de España, dando por válido el resultado del referéndum ilegal de 2017.

A pesar de que el país balcánico se independizó de Yugoslavia tras una guerra de 10 días que causó 74 muertos: 44 miembros del ejército yugoslavo, 18 eslovenos y 12 extranjeros, Torra proclamó: "Ya no hay marcha atrás y estamos dispuestos a todo para vivir libres. Hagamos como ellos. Los eslovenos lo tuvieron claro. Decidieron determinarse y tirar hacia adelante en el camino de la libertad con todas las consecuencias hasta conseguirlo".

"La vía eslovena es nuestra vía", manifestó el presidente catalán durante una visita a Bruselas para presentar junto a Puigdemont el Consell per la República, el Govern paralelo que el prófugo intentó impulsar sin éxito desde el extranjero.

El lenguaje belicista es una constante en las intervenciones institucionales de Torra. Como cuando convocó a los catalanes a participar en el "combate" de la Diada de 2018 siguiendo el ejemplo de "los catalanes de 1714 que defendieron fielmente Cataluña hasta el último instante del combate del 11 de septiembre". O como cuando utilizó su mensaje de Fin de Año para llamar al "pueblo catalán" a "sublevarse".

Autor de un libro que promueve la confrontación

El pensamiento desarrollado por el president durante su todavía corto mandato queda fielmente resumido en los artículos y obras publicadas antes de su toma de posesión, cuando combinaba su faceta de historiador y colaborador de medios independentistas con la de organizador de los fastos del Tricentenario por encargo del entonces alcalde de Barcelona, el nacionalista Xavier Trias.

Para conocer su ideario, durante el debate de su investidura recomendó a Inés Arrimadas su obra Els últims 100 metres El full de ruta per guanyar la República Catalana. Obra en la que promueve la confrontación al defender que "el independentismo concentra sus fuerzas contra un único advesario: aquellos que no quieren la libertad de su nación" o que sólo "el independentista es un ciudadano útil" y no una "bestia con forma humana", como definía en otro artículo a los no separatistas.

En su obra culmen también demuestra Torra qué entiende por "acción no violenta". Parafraseando al politólogo Gene Sharp y su método para derrocar dictaduras, apuesta Torra por tres fases para conseguir la secesión: "La de protesta y persuasión"; "la de no cooperación mediante acciones de resistencia con repercusiones sociales y económicas como huelgas, boicots y políticas de rechazo de la autoridad" y la de "intervención", esto es, "la alteración normal de la sociedad y la creación de instituciones alternativas para sustituir el poder del adversario con formas paralelas de poder popular".

En 2014, tras la consulta del 9-N, dio por superada Torra la fase de no cooperación y, tras la sentencia del 1-O, apuesta por desarrollar el resto del plan. Una hoja de ruta con los CDR.

EL MUNDO

Qué parte no recuerda

La memoria es muy frágil, incluso es engañosa. A veces, rememoramos recuerdos antiguos, de cuando el disco duro de nuestra mente acumulaba sin problema nueva información, que tienen diferencias sustanciales con lo acaecido realmente. Se trata de deformaciones y matices que deforman en parte la realidad. Esa fragilidad de la memoria cuando está referida a momentos cercanos es cuando, más que de fragilidad cabe hablar de engaño. Hace poco tiempo, no más de cuatro años, Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno en funciones, reiteraba su negativa a desbloquear una investidura de Mariano Rajoy como presidente de gobierno. Afirmaba entonces que tendría que buscar los apoyos entre sus afines ideológicos y le repetía que “no es no”. Con una importante dosis de maldad política, le preguntaba ¿qué parte del no es la que no entiende, señor Rajoy? El Partido Popular había obtenido en aquellas elecciones, las de 2015, ciento veintitrés diputados. Curiosamente, los mismos que ha obtenido el PSOE en las elecciones celebradas el pasado mes de abril. No fue posible configurar gobierno y los españoles nos vimos abocados a unas nuevas elecciones generales, que dieron como resultado un repunte en los votos del Partido Popular que llegaba a los ciento treinta y siete escaños, mientras el PSOE de Sánchez obtenía los perores desde las elecciones de 1977, al quedarse en ochenta y cinco diputados. Con mucha dificultad -Sánchez seguía en el “no es no” hasta que fue defenestrado de la secretaría general de su partido- Rajoy logró la investidura y comenzaba una legislatura complicada, con un gobierno en franca minoría y que acabaría con una moción de censura ganada por Sánchez, que había recuperado el poder en el PSOE, con el apoyo de los proetarras de Bildu y los independentistas catalanes. Afirmó en el debate de aquella moción que constituiría un gobierno provisional para convocar inmediatamente elecciones. La fragilidad de memoria le hizo olvidarse de aquella promesa y trató de agotar la legislatura. No le fue posible porque sus compañeros de moción de censura se lo impidieron al no aprobar los presupuestos. Estos días -superados los que transcurrieron entre las elecciones generales de abril y las municipales, autonómicas y europeas de mayo- Sánchez anda recriminando al Partido Popular y a Ciudadanos su negativa a facilitar su investidura como presidente del gobierno. Se ha olvidado de afinidades ideológicas y reitera, una y otra vez, la necesidad de estabilidad. Habla de sentido de Estado y de gobernabilidad. Señala que no quiere ir de la mano de proetarras -su partido en Navarra los ha abrazado- e independentistas catalanes. Pero ni el Partido Popular ni Ciudadanos se apean de la negativa a facilitar su investidura. Sánchez deja caer, como una amenaza, que es posible que se vea abocado a convocar de nuevo elecciones -visto lo ocurrido con Rajoy en 2015 y 2016 pudiera ser que no le parezca mala idea ni a él ni a los fontaneros de la Moncloa-, al mismo tiempo asusta al propietario del casoplón de Galapagar, que trata de enjugar sus pésimos resultados con una entrada en el gobierno que no están por concederle. La memoria de Sánchez se revela, una vez más, como particularmente frágil y alguien debería preguntarle, con maldad política, acerca de cuál es la parte del no del Partido Popular o de Ciudadanos, que no entiende el señor Sánchez. (Publicada en ABC Córdoba en esta dirección)

José Calvo Poyato Web Oficial.