La última investidura de un socialista.

La última investidura de un socialista.

Posted: 24 Dec 2019 11:46 AM PST

Que en España gobiernen quienes más la odian es repugnante, además de señal inequívoca del final de los golpistas.  Ni lo entienden en la Unión Europea, ni se puede comprender en ninguna otra parte del mundo. Dos años después de que Oriol Junqueras se convirtiera en el cabecilla de un alzamiento tumultuario en Cataluña contra el ordenamiento jurídico español y contra la Constitución, y solo dos meses después de que fuera condenado a trece años de prisión por esos hechos, que constituyen un delito de sedición en el que, según la sentencia, se produjeron «indiscutibles episodios de violencia», y por otro delito de malversación de fondos públicos, Pedro Sánchez, que ejerce la presidencia en funciones del país, no solo convierte al líder de ERC en su socio, sino que es el sedicioso quien ha impuesto desde la cárcel la posición de la Abogacía del Estado y las condiciones para que pueda ser investido. Si quien aspira a ser presidente del Gobierno es capaz de someterse a una humillación semejante con tal de mantener el poder, nada tiene de extraño que la Justicia de la Unión Europea decida que si España no se respeta a sí misma tampoco tiene por qué hacerlo ella. Si el PSOE ha negociado la investidura con ERC, e incluso se ha sentado directamente en la mesa con Josep María Jové, imputado por ser el cerebro del procés, carecería de sentido que fuera el Parlamento europeo el que impidiera que Carles Puigdemont y Junqueras, socios en la sedición, adquieran la condición de eurodiputados.

La decisión del doctor Sánchez de convertirse en presidente sometiéndose al chantaje de quienes no renuncian a alzarse de nuevo para declarar la secesión unilateral y garantizan incluso que lo volverán a hacer si el Gobierno no accede a celebrar un referendo de independencia, no solo constituye un baldón histórico que el PSOE arrastrará durante muchos años, sino que lesiona gravemente el prestigio de España en Europa y en el mundo, contribuye a reforzar el falso relato victimista del independentismo y menoscaba además la autoridad de la Justicia española. El mismo Sánchez que provocó un escándalo en plena campaña electoral al presumir de que la Fiscalía actúa a las órdenes del Gobierno pretende hacer creer ahora que él no ha tenido nada que ver en la posición sostenida por la Abogacía del Estado, que sí depende directamente del Ejecutivo, y que será la que permita finalmente que ERC del el plácet a su investidura.

Pedro Sánchez es perfectamente consciente del daño que causa a la democracia y al modelo constitucional el que vaya a ser presidente gracias a los votos de ERC y tras negociar incluso con EH Bildu, que no condena los crímenes de ETA. Solo así se explican sus prisas para ser investido en plenas fiestas navideñas, para pasar ese trago vergonzante mientras los españoles están de vacaciones y más pendientes de su familia y del turrón que de otra cosa. Pero el problema no es el futuro político de Sánchez, previsiblemente efímero. Lo grave es la herencia que legal al PSOE y a España, y el mensaje que envía a los independentistas. Cuanto más desafíen al Estado y más pisoteen la Constitución, más cesiones conseguirán y más influirán en la política española.

LA INDIGNIDAD DEL PSOE

En sólo unos días, el PSOE ha generado dos imágenes que resumen la absoluta falta de dignidad de un partido y de una cúpula dirigente que están demostrando ser capaces de todo con tal de ocupar o retener el poder.

La primera fue la de María Chivite, presidenta de Navarra gracias a Bildu, negociando con los proetarras los presupuestos forales de 2020. Cuando llegó al poder el pasado verano, la socialista negó por activa y por pasiva haber pactado con los herederos de ETA, pero las concesiones posteriores y esa imagen hablan por sí solas: los que han justificado, apoyado y hasta jaleado el terrorismo nacionalista vasco son ahora aliados del PSOE en una región tan sensible al problema separatista como la Comunidad Foral.

La segunda imagen ha tenido por escenario el Congreso y se ha producido este jueves: la de la reunión entre el partido que maneja el Gobierno de España, aunque sea en funciones, y el que tiene a su máximo líder en la cárcel condenado por sedición.

La indignidad del PSOE es tal que no sólo se ha reunido con ERC, siglas manchadas por los hechos de octubre de 2017 y por la insistencia de sus dirigentes en que lo volverían a hacer, sino que ha transigido con que uno de sus interlocutores sea un sujeto procesado por esos gravísimos hechos, Josep Maria Jové, al que incluso se ha llegado a llamar «el arquitecto del 1-O».

Con su habitual forma patética de expresarse, la vicepresidenta Calvo ha iniciado la labor de blanqueamiento de ERC hablando de «otra izquierda histórica». Es curiosa la desmemoria histórica de los socialistas con un partido que ha demostrado su voluntad de destruir el actual orden constitucional; que fue la primera formación que se sirvió del modo de actuar e incluso de la simbología fascista en España; que ya participó en otro golpe de Estado, el de 1934 contra la República; que fue el refugio de militantes de la banda terrorista Terra Lliure y que tuvo hasta hace bien poco un presidente –Heribert Barrera– que era un execrable racista y un xenófobo.

Si tremendo es pactar con ERC, no lo es menos hacerlo con Bildu, también imprescindible para la investidura de Sánchez. Se trata de un partido liderado por un personaje siniestro dos veces condenado por terrorismo; de un partido que aplaudía a los que daban los tiros en la nuca o que incluso ponía las dianas; que formaba parte de la estructura de la banda terrorista ETA; que organiza y llena de gente los homenajes a los asesinos etarras cuando salen de la cárcel.

Es absolutamente inconcebible e injustificable que, mientras demoniza a Vox por cada cosa que dicen o hacen los de Abascal, el PSOE confiera legitimidad democrática a partidos que no sólo tienen un historial terrible, de hecho criminal, sino que han expresado en repetidas ocasiones su voluntad de acabar con España.

Comunistas bolivarianos apoyados por regímenes dictatoriales, golpistas y terroristas: estos son los compañeros de viaje de unos socialistas que, mientras dan lecciones de ética y de memoria histórica, dejan claro que pactarían sin problemas con un partido nazi… siempre que pasase por ser de izquierdas.

Libertad Digital

La Guardia Civil apunta ahora a Elsa Artadi por su papel en el referéndum

La jefa de campaña de Puigdemont recibió instrucciones del "cerebro" del 1-O

Elsa Artadi en el Parlament. EFE

Elsa Artadi también está en el punto de mira de la Guardia Civil. La jefa de campaña, diputada en el Parlament y persona de máxima confianza del expresident Carles Puigdemont aparece citada en el último informe entregado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Los investigadores señalan una conversación telefónica la noche del 6 de septiembre de 2017 entre Artadi y Josep Maria Jové, considerado el cerebro de la organización del 1-O. En esa comunicación, Artadi -que entonces era la encargada de coordinar los departamentos de la Generalitat- pregunta a Jové cuándo tiene que publicar el decreto de convocatoria del referéndum.

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Como organizador, Jové estaba interesado en saber de primera mano cuándo iba a publicarse ese decreto porque "dependía de la firma para activar cosas" y porque "tenía que enviar cartas a todos los alcaldes" de Cataluña para saber si iban a ceder locales para la votación, según el análisis de la Guardia Civil. La llamada se produjo a las 23.36 horas del 6 de septiembre, "coincidiendo con el momento en el que se estaba llevando a cabo la firma de los decretos de las leyes de desconexión en el Parlamento de Cataluña", recuerda el informe.

En la llamada, Artadi traslada que el consejero Jordi Turull le ha indicado que es Jové quien tiene que "supervisar" la fecha correcta para publicar el decreto de convocatoria del referéndum. La entonces directora general le pregunta si la fecha debe ser el 6 o el 7 de septiembre. Jové, número dos del exvicepresidente Oriol Junqueras, contestó que "estaban preparados para enviar las cartas" y que el decreto "se tenía que publicar ya". Artadi le dice que lo publicarán "cuando haya podido subir la maquinita", lo que piensa que ocurrirá "en una hora", y que en todo caso se pondrá "a fecha de hoy" [día 6], según los detalles de la llamada que constan en los anexos al informe remitido al juez.

La sugerencia de Jové fue aceptada. Esa misma noche, la Generalitat envió una carta a todos los ayuntamientos catalanes en los que les daba un plazo de 48 horas para confirmar si podrían disponer, como centros de votación, de los locales de titularidad municipal. El documento, recuerda la Guardi Civil, fue suscrito por Puigdemont y Junqueras.

Artadi, cuyo nombre suena como alternativa a Puigdemont para presidir la Generalitat, ya fue incluida en un informe previo, también en manos del juez. Los agentes incluyeron a la diputada en una lista de 32 personas de "interés para la investigación", porque sus nombres aparecen citados en los correos electrónicos de otro de los arquitectos del proceso independentista, el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó.

La Guardia Civil sitúa a Roures como “elemento capital” del separatismo

Un informe enviado al juez Pablo Llarena destaca el papel del propietario de Mediapro en la “acción de comunicación” fijada en la hoja de ruta que desembocó en el referéndum ilegal

El presidente de Mediapro, Jaume Roures, en una foto de archivo. Samuel Sanchez

La Guardia Civil entregó el pasado 1 de febrero un informe al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye una causa por rebelión, sedición y malversación, en el que destaca el supuesto papel jugado por el empresario Jaume Roures, fundador de Mediapro, en la estrategia independentista que desembocó en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Según dicho documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Roures es calificado como “elemento capital” en la estrategia de movilización social que puso en marcha los independentistas dentro de la hoja de ruta recogida en el documento EnfoCATS, intervenido durante los registros del pasado 20 de septiembre en el domicilio Josep María Jové, mano derecha de Oriol Junqueras. El documento policial llega a apuntar que Roures “podría integrarse en el Comité Ejecutivo que se plasmó en aquel documento en calidad de profesional experto en el ámbito de la comunicación”.

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Los agentes autores del informe recuerdan que el fundador de Mediapro fue el empresario que habilitó el centro de prensa desde el que el Govern fue dando las ruedas de prensa en las que avanzó los resultados del referéndum ilegal. También que fue su grupo mediático el encargado de producir el vídeo sobre el 1 de octubre que se emitió en TV3 y en el que “se narraron los acontecimientos relacionados con el referéndum, se enaltecieron a las personas que fueron capaces de hacerlo posible y se difundieron los mensajes que interesaban a la causa independentista”. En este sentido, la Guardia Civil destaca que pese a que Mediapro es proveedor de servicios a todos los canales estatales de televisión, “únicamente ese documental fuese emitido en el canal autonómico”.

El documento policial encuadra todo ello en la estrategia comunicativa de los independentistas. “Los máximos responsables del movimientos independentistas son conscientes de que en sus acciones de comunicación juegan un papel fundamental los medios de comunicación social”, señala el informe para, a continuación, apuntar que “contar con el soporte de un proveedor de servicios audiovisuales de la entidad de Mediapro” permitía a los organizadores de la consulta ilegal “difundir el mensaje soberanista a un público mayor”. Y recalcan que es el propio documento EnfoCATS –objeto central de este análisis policial- el que “remarca la importancia de la acción de comunicación”.

Prófugo bananero

La espiral de delirio en la que se instaló Puigdemont hace ya algún tiempo es digna de análisis. No me refiero, ni mucho menos a su huida metido en el maletero de un coche para cruzar la frontera, en su huida a Bruselas para no tener que dar cuenta ante la justicia de sus delictivos actos. Tampoco a la falta de temple que se le ha de suponer a un presidente de la Generalitat, cuando fue incapaz de resistir la presión de las redes sociales o los denuestos de Marta Rovira la que algunos consideraban la musa -luego ha resultado un fiasco en toda regla- de Esquerra Republicana. Me refiero a su reacción en esos tensos momentos, octubre del año pasado, cuando después de haber decidido convocar elecciones en Cataluña como salda al enredo que había formado, optó por proclamar la simbólica independencia a la que se refirió, cuando perdió la épica que gastaba desde el atril, la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell. En aquellas fechas Puigdemont exigía al gobierno de España, la inmunidad para él y para algunos de los más conspicuos independentistas, el perdón de sus delitos. Lo pedía al ser consciente de que había delinquido de forma grave y acabaría ante la justicia, por eso huyó a Bruselas. Su petición era la propia de quien tiene un concepto bananero del Estado. La de alguien que no cree en la separación de poderes, que caracteriza a los estados democráticos. Era la manifestación más palpable de su desconocimiento de la esencia de uno de los principios fundamentales en los que se asienta una democracia. Su ignorancia acerca de que hace más de dos siglos y medio Charles Luis de Secondat, barón de Montesquieu la dejaba establecida, en su "El espíritu de las leyes", que vio la luz en 1748. Lo que planteaba revela su concepto de lo que puede ser esa república a la que alude en su confrontación con España, ignorando que en un estado democrático eso que pedía no es posible porque no está en manos del ejecutivo, sino en las de los jueces. Es la separación de poderes. Ahora, tras las elecciones del pasado 21 de diciembre, cuando con su huida a Bruselas ha añadido a sus presuntos -concedámosle el derecho a la presunción de inocencia, ya que pese a las evidencias no ha sido sentenciado- delitos el de prófugo de la justicia, exige, para una supuesta negociación con el presidente del gobierno, garantías de inmunidad caso de que regrese España, como alternativa a la "boutade" de plantear la celebración de dicha reunión en cualquier otro país de la Unión Europea. Puigdemont actúa otra vez partiendo de un concepto bananero del poder. Como si la garantía de no ser detenido en cuanto pise suelo español fuese algo que estuviera en manos del poder ejecutivo. Esa ensoñación en la que vive es, en gran medida, la consecuencia de haber violado de forma sistemática las leyes por las que se rige un Estado de derecho. Haber silenciado de forma dictatorial a la oposición parlamentaria y haber conculcado las leyes que le permitían ejercer el cargo en Cataluña como un presidente bananero. Si sueña con organizar un estado según ese pensamiento bananero -la separación de poderes está dinamitada en los apuntes de la agenda de José María Jové, mano derecha de Junqueras, incautada por la Guardia Civil-, los independentistas catalanes tienen un serio problema para dar vida a la republiqueta a que aspiran.

 

José Calvo Poyato Web Oficial.

Los secesionistas temieron «hacer el ridículo» con el referéndum del 1-O

Mas advirtió en septiembre de 2016 del desastre económico que podía causar la independencia e hizo hincapié en la reacción de las grandes empresas.

Varias personas hacen cola para votar en el referéndum ilegal del 1-O

 

 

 

El «dietario del procés», escrito de puño y letra por Josep Maria Jové, mano derecha de Oriol Junqueras en el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, refleja hasta qué punto el gobierno catalán engañó a los ciudadanos de esa comunidad a lo largo del «procés».

El cuaderno Moleskine de color negro y tamaño medio recoge, entre otras cosas, que en febrero de 2016 los independentistas temían «hacer el ridículo» con el referéndum secesionista si no votaba más gente que el 9-N (según sus propias cifras la participación no habría sido mucho mayor, a pesar de las nulas garantías del recuento), y que Artur Mas advirtió de que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) podía provocar un desastre económico en Cataluña, cuando oficialmente se vendía que aquello garantizaba la prosperidad de la Comunidad. Además, la agenda de Jové es muy relevante porque permite comprobar que lo que escribe se corresponde con las decisiones que se van tomando después, lo que refuerza su verosimilitud.

«República catalana»

Las anotaciones de Jové abarcan desde el 12 de febrero de 2015 hasta el 11 de noviembre del año siguiente. El 23 de marzo de 2015 ya habla de una «república catalana», de la «independencia» y de la «repercusión internacional» de todo el proceso, y el 1 de junio se jacta de que en Cataluña ERC rompió en 2012 el «bipartidismo socioconvergente»: «El verdadero proyecto revolucionario es el nuestro. Nosotros queremos crear un nuevo Estado en el seno de Europa. Eso sí que es romper con el poder establecido», frente a las promesas de Podemos. Pero admite: «No tenemos un relato épico que ayude a hacer salir eso del silencio. Necesitamos la épica» para triunfar.

El 26 de agosto de ese mismo año hace referencia a una reunión con Carles Viver, exmagistrado del Tribunal Constitucional y asesor de Artur Mas y Carles Puigdemont en la que se trataron temas relacionados con estructuras de Estado, ley de transitoriedad, transición nacional y proceso constituyente. En esta cita se le encarga un informe a Vives «de lo que tenemos y lo que nos falta» -por lo tanto tiene un papel nuclear en la trama golpista- y se especifica que «para la desconexión han de tener garantías no solo jurídicas e impulsar la proyección internacional» para lo que «se tiene que crear un Departamento de Exteriores (futuro ministerio)».

En abril de 2016 se advierte de la necesidad de tener una estrategia bien definida que prevea las consecuencias también en el ámbito parlamentario, e incluso hay temor a multas e inhabilitaciones que, efectivamente, luego se produjeron. Asimismo, se considera clave crear una gran plataforma de debate ciudadano, «utilizando para ello a Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana. Además intentando cerrar la estrategia con la CUP» y tendiendo puentes con Catalunya Sí que es Pot y los comunes de Colau.

En febrero de 2016 comienza a plantearse seriamente la celebración de un referéndum no pactado, que al principio era visto con mucho recelo por «la dificultad de organizarlo y al temor de que votase menos gente». De hecho, creen que harían el «ridículo» si votaba menos gente que el 9-N. Sin embargo, el 30 de junio ya hay anotaciones referentes a Joan Vidal, gerente de Òmnium y exsecretario del gobierno catalán, en las que se habla de elementos necesarios para su celebración, como el censo de votantes, el registro de funcionarios voluntarios o la posibilidad de utilizar doble urna.

Por esas mismas fechas ya asumían que el Gobierno de Rajoy no les haría propuesta alguna y que por tanto acudirían a la vía unilateral. Una de sus principales preocupaciones era la de revestir de legalidad el referéndum, para lo que había que resolver el procedimiento y su tramitación. Además, había que determinar el papel de instituciones como la Intervención General, la Administración Local o los Mossos d’Esquadra, necesarios para su celebración.

El papel que debía jugar el Idescat -Instituto de Estadística Catalán registrado por la Policía hace solo unos días- es analizado en una anotación del 1 de agosto de 2016 en una reunión a la que habría asistido «F. Udina», que según la investigación podría ser Frederic Udina, director del organismo. Se trataba de confeccionar un censo fiable a partir de los datos que envían los ayuntamientos al Instituto Nacional de Estadística, que los trata y cada tres meses los envía a Idescat.

Tecnología necesaria

El desarrollo tecnológico necesario para hacer un referéndum también fue analizado, en lo que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) tendría el papel central, lo mismo que las empresas con las que se llevaría a cabo.

El 7 de noviembre se decidió el rol que cada Departamento de la Generalitat debía jugar en el referéndum y se designó al de Vicepresidencia, Economía y Hacienda como coordinador de todo el procedimiento y encargado de dar las órdenes oportunas. Ese papel se formalizó en julio de 2017. Asimismo Jové dejó constancia de que las decisiones serían colegiadas y que antes de la convocatoria estaría todo licitado y adjudicado a través de «contratos marco» con un calendario fijado, lo que en efecto se cumplió.

 

ABC

La Guardia Civil halla la agenda del 'arquitecto' del 1-O con los nombres de los implicados en la ruptura

Oriol Junqueras y Josep Maria Jové, en una manifestación en septiembre

Uno de los objetivos que la Guardia Civil y los jueces intentan esclarecer desde que arrancaron las investigaciones en torno al 'procés' es evidenciar que los preparativos para la ruptura fueron un desafío a la legalidad coordinado por varios responsables: Govern, políticos sin cargo público, líderes del soberanismo social, técnicos y asesores externos.

La Unidad de la Policía Judicial de Cataluña encontró durante un registro el pasado septiembre un documento clave en ese aspecto. Un escrito, de puño y letra de uno de los 'fontaneros' del proceso y cerebro tras el 1-O, que recoge el listado más completo de quienes elaboraron esa estrategia. Entre ellos se incluye a Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, pero también a la secretaria general de ERC y 'numero 2' de la candidatura republicana para el 21-D, Marta Rovira.

Se trata de la constatación de la existencia de una suerte de Comité Estratégico del 'procés' que ya se describía en un informe previo también requisado por el Instituto Armado. Bautizado como 'Enfocats' y considerado como una hoja de ruta embrionaria, en la misma se incluía ya a varios líderes politicos y sociales soberanistas como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la ANC y Òmnium y todavía encarcelados por orden del Supremo.

En esta ocasión, los investigadores cuentan con una agenda manuscrita que, además de detallar el nombre de los implicados en la construcción del 'procés', también narra, reunión a reunión y durante casi dos años, la operativa para llevar al Estado al choque y forzar la intervención internacional en Cataluña.

El documento, a cuyo contenido ha tenido acceso EL MUNDO, se encuentra entre los últimos informes entregados al Juzgado número 13 de Barcelona y se erige en pieza clave de una causa por la que, por el momento, se mantiene imputadas a una veintena de personas.

La investigación de la Guardia Civil ha motivado, precisamente, que el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, haya reclamado este mismo lunes un informe "individualizado" sobre todos los implicados en la estrategia soberanista. El juez ha ampliado la investigación ya abierta a Marta Rovira y a Anna Gabriel, ex presidenta del grupo parlamentario de la CUP.

Localizada el 20 de septiembre en una vivienda particular, la agenda personal pertenece a Josep Maria Jové, secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat y uno de los 14 cargos del Govern detenidos aquel día por un presunto delito de sedición.

El manuscrito -una 'Moleskine' grande de color negro- identifica a los responsables de una estrategia que gira en torno a una premisa general: : «La única manera para que desde fuera presionen al Estado sobre el referéndum es que vayamos hasta el final», según queda escrito en una de las reuniones, en febrero de 2016.

Las citas descritas en la agenda, celebradas entre febrero de 2015 y noviembre de 2016, mencionan la participación de los máximos responsables del Govern. En las entradas se identifica en reiteradas ocasiones al 'president' cesado, Carles Puigdemont; al vicepresidente Oriol Junqueras; o a los ex 'consellers' Carles Mundó y Raül Romeva. También participaron en las cumbres cargos públicos que abandonaron el Ejecutivo catalán antes del 1-O. Se trata de la ex consellera Neus Munté y el ex senador de ERC Santi Vidal, apartado tras revelar públicamente uqe se obtenían de forma ilegal datos fiscales de los catalanes.. También participó en múltiples reuniones Joan Vidal de Ciurana, hombre de confianza de Mas mientras fue president y quien también dejó el Govern antes de culminar el referéndum.

Jové, además, tomó notas precisas de cumbres en las que participaron diputados de todos los partidos soberanistas. Entre ellos se incluye a Marta Rovira, o a diversos miembros de la CUP. El ex presidente de la Generalitat Artur Mas y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, también participaron en encuentros en los que se decidió qué pasos debían darse y hasta dónde. Se incluye en las negociaciones estratégicas a varios representantes, también, de la CUP. Jové recoge reuniones en las que participaron los diputados anticapitalistas Anna Gabriel, Eulàlia Reguant, Benet Salellas o Gabriela Serra.

Según concluye la Guardia Civil de Cataluña en su informe al juzgado, durante poco menos de dos años Jové realizó un esquema global de «la hoja de ruta y el proceso hacia la independencia». En su agenda explica parte de los preparativos para el referéndum ilegal del 1-O, la creación de las estructuras de Estado como la Hacienda o la Seguridad Social catalanas hasta la aprobación de las denominadas «leyes de desconexión» y cómo burlar los controles del Parlament. También se esgrimen los pasos previstos para «la estrategia de desobediencia» al Gobierno y a los jueces españoles.

La agenda de Jové también recoge la estrategia particular de ERC para controlar las áreas clave el 'procés' o las cumbres de urgencia convocadas entre partidos independentistas cuando el proceso flaqueaba por las presiones del Estado o por las divisiones internas.

El contenido de la agenda supera en concreción sobre los planes soberanistas al informe anterior bautizado como 'Enfocats', en el que se realizaba un esbozo, a grandes trazos, de la hoja de ruta. El primer documento especificaba que el 'procés' se sostenía en dos grandes grupos, un Comité Estratégico y otro Ejecutivo.

La Guardia Civil descubre reuniones del cerebro del 1-O con Roures y 'los Jordis'

Jaume Roures y Oriol Soler.

 

 

Un nuevo oficio de la Guardia Civil implica por primera vez en la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona sobre el proceso independentista al empresario y editor Oriol Soler, uno de los cerebros en la sombra del plan para la ruptura del Govern de Carles Puigdemont. Intervenciones telefónicas a altos cargos de la Generalitat revelarían, a juicio de los investigadores, que Soler “habría colaborado como coordinador e impulsor del proceso de organización del referéndum del día 1 de octubre, que en la hoja de ruta secesionista sería un medio para alcanzar el fin perseguido [de] la declaración unilateral de independencia del Gobierno catalán”.

El oficio, que tiene fecha del 8 de noviembre, recuerda que Soler es “presidente de la cooperativa editorial SOM, fundador del periódico 'Ara” y que “participó liderando la campaña 'Ara es l'hora' con la que se promovió el referéndum del 9-N” celebrado en 2014. También señala que fue “codirector de la campaña de Junts Pel Sí de las elecciones autonómicas de 2015”. Como reveló este diario, el empresario habría formado parte del 'estado mayor' del 'procés', un selecto grupo de dirigentes que habría trabajado discretamente durante meses para diseñar la logística y la campaña de comunicación del 1-O. Además, su productora Batabat fue la encargada de realizar el vídeo de propaganda de Ómnium Cultural 'Help Catalonia', que protagonizó la actriz Anna Maruny. El pasado 9 de noviembre, Soler se desplazó a Londres para reunirse durante cuatro horas con el activista Julian Assange, autor en las últimas semanas de miles de mensajes de apoyo al movimiento independentista.

Encuentro con el presidente de Mediapro

© Proporcionado por El Confidencial Pinche para leer el documento.

El 7 de agosto, a las 9:04, Soler llamó a Josep Maria Jové, entonces secretario general de Economía y Hacienda del Govern y uno de los dirigentes investigados en la operación Anubis, para contarle que necesitaba verlo de forma urgente, “ya que esa mañana, a las 11:30 tenía una reunión con [Jordi] Cuixart (presidente de Òmnium) y [Jordi] Sànchez (presidente de la ANC) para tratar de un asunto del que ya habían hablado anteriormente”. “Necesitaba concretar algo con Jové para ir a la cita con los responsables” de esas asociaciones, añade la Guardia Civil, “y saber qué es lo que les tenía que contar”.

La llamada refuerza el papel directivo que tenían Cuixart y Sànchez, ambos en prisión provisional desde el pasado 17 de octubre por un presunto delito de sedición, pero también revela otra conexión. En un momento del diálogo, Soler asegura que, tras reunirse con los líderes de Òmnium y ANC, tiene otra cita importante a las 14:00. El encuentro es con Roures, “entendiendo que se podía referir a Jaume Roures, fundador de Mediapro”. Roures cedió las instalaciones de su empresa en Barcelona para que el Govern pudiera montar el centro de prensa del referéndum. “No quiero que andemos vendidos, no quiero que le vayamos poniendo cosas sobre la mesa sin tenerlo”, reclamó Soler a Jové en esa llamada. Ambos quedaron en verse unos minutos después en la puerta de la Consejería de Economía. A las 9:32, Soler llamó de nuevo a Jové para decirle que ya estaba abajo esperando.

© Proporcionado por El Confidencial Pinche para leer el documento.

En otra conversación que tuvo lugar el 13 de septiembre, el exconsejero de Sanidad Antoni Comín, actualmente fugado en Bruselas, le pide a Jové que hable con Soler sobre la fecha límite para ceder los centros de salud que iban a utilizarse en la votación del 1-O. Esta segunda llamada apuntalaría el papel coordinador que habría tenido el empresario en los preparativos de la consulta. Aunque está fuera de la lista de altos cargos y empresarios investigados por el Juzgado número 13, el nuevo oficio remitido por la Guardia Civil puede variar su situación.

 

Un antiguo militante de Terra Lliure

Los investigadores también señalan a otro nuevo presunto responsable del 'procés'. Se trata de Xavier Vendrell, un “empresario militante de Esquerra Republicana de Catalunya” con “antecedentes de terrorismo por pertenencia a la banda armada Terra Lliure”, que fue consejero de Gobernación en 2006 y diputado en el Parlament en dos etapas: 1999-2005 y 2006-2010. El 7 de agosto, a las 20:03, “Xavier contacta con Josep Maria Jové y utilizando un lenguaje entrecortado y con mucha precaución de no dar información sobre lo que están hablando”, expone la Guardia Civil, Vendrell le pide a Jové verse al día siguiente para aclarar “unas cosas”, ya que había hablado “con esta gente” y quería dejar claro algún asunto, relatan los agentes. “Llega a decir Xavier en la conversación que 'ha hablado con quien ha hablado y tiene aclaraciones', quedando en verse”.

El 4 de septiembre se produjo una nueva conversación entre Vendrell y Jové en la que el segundo pide una reunión para comentar “una cosa muy importante”. Y el 6 de septiembre, durante la propia tramitación de la ley del referéndum, es Vendrell quien contacta a Jové para preguntarle cómo debe proceder para que los “informáticos” de la Consejería de Hacienda le entreguen lo que “habían acordado”. “Resulta curioso que un empresario, teóricamente ajeno al Gobierno catalán, se presente en la sede de Hacienda para que unos informáticos de este departamento le entreguen algo que a todas luces es importante para los hechos que se están y se van a desarrollar ese día y los siguientes”, apuntan los investigadores.

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