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miércoles, 30 de marzo de 2022

El "chófer de la cocaína" del escándalo de los ERE al banquillo en septiembre

 

El exchófer del alto cargo socialista de la Junta de Andalucía, Juan Francisco Trujillo.

La Audiencia juzgará al que fue conductor del exdirector de Trabajo de la Junta, por el desvío de 1,5 millones para pagar copas, cocaína y fincas, evidenciando la corrupción del PSOE. 
Este 2022 será un año que no caerá en el olvido para los que fueron máximos dirigentes del Partido Socialista en Andalucía, ni tampoco para los ciudadanos de la comunidad, que podrán saber a donde fue a parar parte del dinero público que se gastó de manera ilegal, de forma continuada, durante más de una década.

Los tribunales no detienen las investigaciones abiertas y se suceden las sentencias, aperturas de diligencias o de nuevos juicios para esclarecer el caso de corrupción más grande de España, el de los expedientes de regulación de empleo (ERE), a través del cual se utilizaban ayudas y subvenciones de la Junta para beneficiar empresas afines, sindicatos, amigos y afiliados del PSOE.

El anuncio ahora llega de la Audiencia de Sevilla que ha fijado para el mes de septiembre de este año las sesiones del juicio de una pieza separada de estos ERE, en el que se investigan los casi 1,5 millones de euros concedidos por el que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, a su exchófer Juan Francisco Trujillo, y que supuestamente se destinó a la compra de cocaína, copas y antigüedades.

 

Las sesiones serán los días 5, 9, 14, 15, 16, 23 y 30 de septiembre según se recoge en la diligencia emitida el 21 de marzo. La causa se dirige contra Francisco Javier Guerrero, sin embargo el exdirector falleció en octubre de 2020; por lo que se tendrán que sentar ante el juez: Juan Francisco Trujillo; el administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro Ruz Espigares; y el que fuera directivo de Vitalia, Antonio Albarracín, este último ya fue condenado por la pieza separada relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).

De cara al juicio, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028 euros para el exchófer de Guerrero, mientras que solicita seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín.

Cabe recordar que el exchófer fue el único condenado en el juicio de los ERE por fraude fiscal que cumplió condena, frente a los otros diez ex altos cargos de la Junta que no han pisado la cárcel, a pesar de recibir sentencias con penas de prisión.

Los gastos en 'vicios' que salpicarán al PSOE en plena campaña

El PSOE de Andalucía tiene por delante unos meses en los que tendrán que dar muchas explicaciones o, por el contrario, mantener el mutismo frente a los casos de corrupción, como vienen haciendo en los últimos años.

El juicio sobre los gastos en cocaína, copas y demás 'caprichos', llega en un momento complicado para el candidato socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, que chocará de lleno con la herencia de sus antecesores a escasas semanas de que se celebren las elecciones autonómicas.

Si el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, consigue mantener sus previsiones y convocar comicios para noviembre como es su deseo, se le presenta a Espadas un panorama para su campaña electoral lamentable y difícil de defender en el mes de septiembre, donde se sabrá cómo y dónde se gastaban el dinero de los parados andaluces.

Pero igual sus posibilidades de mejorar los resultados de su antecesora Susana Díaz se caen por el suelo antes de este momento, pues los días 4 y 5 de mayo, el Tribunal Supremo revisará los recursos a la sentencia que condenó a los dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

 

Un año negro para el PSOE-A y su candidato, que tendrá que tapar los capítulos más oscuros de los gobiernos socialistas en la Junta, con la complicidad de su líder nacional Pedro Sánchez, que ha acompañado en varias ocasiones a Espadas en actos en el sur pero sin mencionar ni pedir disculpas por el expolio cometido.

El dinero público para pagar fincas y cocaína

La Fiscalía relata en su escrito de acusación que Guerrero y Trujillo, a fin de "poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos" que tenía a su disposición la Dirección de Trabajo "idearon inicialmente la constitución" de sociedades mercantiles "para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión".

Estas sociedades eran Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, a las que concedieron, sin solicitud ni trámite alguno, una subvención a cada una de ellas de 450.000 euros. También "de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento, decidieron" que Isidoro Ruz Espigares presentara como promotor ante la Dirección de Trabajo un proyecto, "sin fecha", para el emplazamiento de una granja avícola, "en el cual, como financiación de la inversión, se disponía de una subvención de 450.000 euros".

El exdirector general de Trabajo de la Junta ya fallecido, Francisco Javier Guerrero, en una imagen tras su condena en el caso ERE en 2019. 

Unas ayudas que Guerrero justificaba a través de convenios, mientras que la Fiscalía añade que Trujillo, como persona autorizada en las cuentas bancarias de las tres sociedades, "dispuso" del total de 1.350.000 euros transferidos por la agencia pública IDEA "como si de una caja única se tratara, no ejecutando ninguno de los proyectos de inversión ni contratando el personal que se recogía en las memorias o proyectos que se aportaron para de forma engañosa justificar la concesión de las ayudas".

El dinero que consiguieron sirvió según el Fiscal, para financiar "compras de inmuebles y fincas rústicas, bien para su uso bien con fines especulativos", y destaca que Trujillo entregó a su esposa 24.000 euros para que adquiriera una finca.

Por otro lado y con los fondos transferidos a estas tres empresas por IDEA, Guerrero recibió multitud de 'regalos'  todo ello "sin que se haya podido cuantificar su importe pero constituyendo éste un porcentaje importante de éstos fondos".

Recibió entregas de efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína por parte de su chófer.

La falta de escrúpulos de los inculpados llega a tal punto que en el escrito de acusación aparece la maniobra de Guerrero y Trujillo para seguir obteniendo dinero para sus gastos. En abril de 2007, contactaron con Antonio Albarracín para que, figurando como tomadora la Dirección de Trabajo, se preparara una póliza de seguros en la cual debía de figurar como persona asegurada y beneficiaria de la misma Estrella Blanco, madre de Trujillo.

Así, Trujillo "imitó" la firma de su madre, que recibió en su cuenta bancaria 120.028 euros y que, "ajena a todo lo expuesto, hacía reintegros de estas cantidades entregándoselas a su hijo, el cual las empleaba para seguir atendiendo gastos propios y las entregas en efectivo, invitaciones y compra de cocaína" para Guerrero.

domingo, 20 de marzo de 2022

La corrupción pública heredada del PSOE sigue manchando la imagen de Andalucía

 

Los expresidentes del PSOE de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados en el caso de los ERE.



El balance del Consejo General del Poder Judicial de 2021 evidencia que Andalucía está a la cabeza en cuanto al número de procedimientos judiciales de toda España por corrupción pública.

La corrupción sigue siendo una mancha negra que empaña la imagen de Andalucía y el último balance del los casos registrados en el 2021 dejan patente que la comunidad se coloca a la cabeza de toda España en cuanto a procedimientos judiciales.

Así, los jueces dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 273 personas físicas y 71 personas jurídicas en todo el territorio nacional por delitos de corrupción en 2021, 83 más que en 2020, y Andalucía fue la comunidad autónoma que más procedimientos acumuló, hasta 24 en todo el pasado año 2021.

 

Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante 2021 los jueces concluyeron en España 53 procedimientos por corrupción frente a los 56 registrados en 2020. En total, los órganos judiciales dictaron 65 sentencias en todo el país, dos menos que en el año anterior donde se firmaron 67 resoluciones.

Según ha precisado el CGPJ del total de los 53 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó en 2021, 14 corresponden al cuarto trimestre del año. Del total, solo dos corresponden a causas dirigidas en la Audiencia Nacional, frente a las siete registradas en 2020.

Andalucía en pleno revuelo judicial

Las estadísticas reflejan que Andalucía fue la comunidad autónoma que más procedimientos acumuló, 24 en todo 2021. Le sigue la Comunidad Valenciana con nueve y Madrid con siete. No es de extrañar cuando están en activo en los juzgados los mayores casos de corrupción pública que se ha conocido en España y que tiene a los políticos socialistas que gobernaron la Junta señalados por la causa de los ERE.

En connivencia con esta trama se apunta también a organizaciones sindicales y empresarios, que participaron del desvío de dinero público, a través de subvenciones y préstamos irregulares. También los que fueron altos cargos en la Junta por realizar contrataciones sin procedimiento alguno para favorecer a familiares o amigos.

 

Por este motivo, Andalucía lidera la lista con el mayor número de personas, físicas y jurídicas, acusadas en causas relativas a delitos de corrupción, con 179. En el caso de la Comunidad Valenciana constan 80 personas acusadas; en Castilla y León, por su parte, 26.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los juzgados y tribunales dictaron un total de 65 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De todas ellas, 44 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 67% de las dictadas por los distintos órganos judiciales. Las 21 sentencias restantes, el 32% del total, eran absolutorias.

La corrupción pública preocupa a los ciudadanos

La información referida a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad, tiene como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciónfraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.


jueves, 17 de marzo de 2022

Un dirigente de UGT apeló a Chaves y a «nuestro partido» para lograr ayudas que acabaron en paraísos fiscales

 

Manuel Chaves, abordado por trabajadores de Nilefós en un acto en 2008
Manuel Chaves, abordado por trabajadores de Nilefós en un acto en 2008 - EFE

En el verano de 2008, las cosas no pintaban bien para la fábrica de Nilefós Química de Huelva y sus 118 trabajadores. El nuevo propietario de la antigua planta de Rhodia -una fábrica dedetergente radicada en el Polo Químico onubense-, el empresario ugandés Nitin Jayant Madhvani, amagó con cerrarla ahogado por las deudas, pero desistió después de que la Junta de Andalucía le prometiera cobertura económica para financiar un plan social y otro industrial para reflotar la compañía reorientando su actividad hacia la fabricación de pienso para animales.

El Gobierno socialista acabó concediendo 8,4 millones de euros al dueño de Nilefós, de los que le pagó 3,6 millones de euros, antes de que éste desapareciera del mapa en

 el año 2009. Para que el misterioso empresario recibiera financiación pública fue decisiva la presión ejercida por los trabajadores de Nilefós ante el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, para que apoyara la continuidad de la fábrica con dinero público.

El 21 de agosto de 2008, el presidente del comité de empresa, José Pérez Marroco, delegado de UGT y afiliado al PSOE, escribió un correo electrónico al jefe del Ejecutivo andaluz en el que apelaba a su condición de compañero de partido para buscar una salida al conflicto y evitar la quiebra: «Usted y nuestro partido se comprometieron a buscar una solución para nuestra fábrica, después del anuncio de cierre por parte de la dirección de la empresa». Manuel Chaves era el candidato del PSOE a la Presidencia en las elecciones autonómicas de 2008 cuando prometió una solución «justa y equitativa» a la plantilla de Nilefós. El dirigente sindical le recuerda que lo había conocido en un reciente acto electoral en la localidad onubense de Aljaraque donde hizo tal promesa.

Las negociaciones de la Administración autonómica con los directivos de la factoría y representantes sindicales se alargaban en el tiempo sin terminar de concretarse las ayudas públicas. Los trabajadores empezaban a impacientarse. En su mensaje busca la complicidad política, sin restar dramatismo a la situación: «Me consta que la Junta ha dado todos los pasos necesarios para resolver el problema, pero la dirección de la empresa hasta el momento no ha aportado ni un solo euro… Si nadie lo remedia la quiebra será inevitable».

«Queremos evitar que lleuge a determinada prensa» la situación de la empresa, asegura el delegado de UGT

José Pérez se ofrece a informarle «personalmente» sobre la crisis de la empresa, pero sin testigos indiscretos: «Estamos procurando en todo momento dar la sensación de normalidad […], pero lo que realmente vivimos es una situación virtual que queremos evitar [que] llegue a determinada prensa y pudiese deteriorar la gestión y el trabajo realizado de la Junta». «Atentamente» se despide el presidente del comité, que está controlado por UGT y CCOO en un correo que obra en el sumario que instruye el juez del caso ERE. El Juzgado busca el rastro del dinero público en cuentas bancarias de Islas Vírgenes Británicas y la Isla de Man, considerados paraísos fiscales.

Prejubilaciones

«A raíz de este correo», se pone en marcha la maquinaria burocrática para liberar las ayudas con cargo al fondo irregular de los ERE, llama la atención la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe enviado al juzgado. El 10 de septiembre de 2008 el correo se remite desde la Dirección de Relaciones Institucionales a la Consejería de Empleo. El «siguiente eslabón de la cadena» es el consejero Antonio Fernández. «Por indicación del Excmo. Sr. consejero de Empleo» el escrito se remite después a su subordinado que repartía las ayudas.

El entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Juan Márquez, firmó el 20 de marzo de 2009 la resolución por la que concede 5,31 millones de euros –cuantía que se eleva luego a 5,71 millones– para subvencionar las prejubilaciones de 33 trabajadores mayores de 55 años a cambio de mantener en funcionamiento la fábrica durante unos meses más. La Administración asume el ‘sacrificio’ de financiar el 72% del coste de estas pólizas, que debían haber corrido a cargo de Nilefós. Los prejubilados crean una asociación para canalizar la subvención. Dicha ayuda se completa con otro incentivo de 3,12 millones.

La inversión prometida por la empresa no se lleva a cabo y sus directivos se esfuman en 2009 sin devolver el dinero. El 24 de enero de 2010, el presidente del comité de empresa envía otro correo al consejero de Empleo. Sus reproches ahora se focalizan en la Junta: «Sr. consejero, ya no podemos seguir en la tesis de culpar al ‘indio’ –en referencia al hindú Madhvani–». Ha llegado el momento de «empezar a construir y para ello será fundamental que ustedes sean fieles en sus compromisos con los trabajadores», le advierte.

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viernes, 4 de marzo de 2022

El Supremo fija para el 4 y 5 de mayo la vista de los recursos a la sentencia del caso ERE

 

Los 19 condenados por la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla recurrieron al Alto Tribunal.

ANDALUCIA

El Supremo fija para el 4 y 5 de mayo la vista de los recursos a la sentencia del caso ERE

Los 19 condenados por la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla recurrieron al Alto Tribunal

En plena Feria de sevilla

La Sala ha comunicado a las partes en la provindencia que las sesiones podrán ser de mañana y tarde. La vista pública coincidirá con el miércoles (festivo local) y jueves de la Feria de Sevilla.

La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla cuyos recursos revisará el Alto Tribunal condenó por prevaricación y malversación a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación al exvicepresidente de la Junta José Antonio Griñán y a 9 años de inhabilitación al expresidente Manuel Chaves por prevaricación, por el sistema «ilícito» de ayudas, entre otros cargos públicos de los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía.

Los 19 ex altos cargos sancionados penalmente han pedido su absolución al Alto Tribunal. Diez de ellos se enfrentan a penas de prisión. El magistrado ponente del Supremo, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, empezó en octubre a estudiar los 20 recursos presentados –en el caso del fallecido Francisco Javier Guerrero exdirector general de Empleo han recurrido su hija y su mujer– y los escritos de la Fiscalía y el PP. El juez tendrá que contestar a cada motivo de impugnación en los recursos –el más breve tiene 200 páginas– contra una sentencia de 1.821 folios y localizar los documentos citados en un sumario de 350 tomos.

ABC

martes, 16 de noviembre de 2021

SECUELAS DE LOS ERE, EL MAYOR CASO DE CORRUPCIÓN DE ESPAÑA.

 

Será difícil recuperar los casi 680 millones defraudados en el escándalo de los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia de España, ocurrido durante el larguísimo mandato del PSOE en la Junta de Andalucía.

Los esfuerzos realizados por la actual Administración andaluza, activando centenares de expedientes ante el Tribunal de Cuentas, se están encontrando con la barrera de la prescripción o la desestimación por parte del Tribunal de Cuentas.

Hasta el momento, se dan por perdidos definitivamente casi 5 millones de euros de aquel descomunal saqueo que llevó a la condena de dos presidente del PSOE, Chaves y Griñán, y una veintena de altos cargos.

Lo único cierto es que el dinero de los parados fue malversado y que los socialistas al mando de la Junta crearon un procedimiento que derivó en un fraude de enormes dimensiones por el que el PSOE, en vez de ponerse de perfil como si el asunto no fuera con él, debería seguir pidiendo perdón a los andaluces mientras se siga sin recuperar ese dinero.

ABC

lunes, 16 de agosto de 2021

El PSOE mantuvo cerrados y con despilfarros el 50% de los "paradores" andaluces



El agujero anual que hasta tres presidentes del PSOE andaluz permitieron durante 15 años.

Cuatro de las nueve "villas turísticas" de Andalucía permanecieron sin uso con Chaves, Griñán y Susana Díaz durante 15 años, pero gastando millonadas pese a estar clausuradas.

Andalucía tiene su propia red de Paradores, con el nombre de "Villas Turísticas". Su red incluye nueve centros, uno por provincia y dos en Granada, para estimular las visitas al interior en el plácido entorno natural de instalaciones que, teóricamente, ofrecían una alternativa apetitosa a los consabidos sol y playa.

Pero casi la mitad de esos centro, cuatro de los nueve, están cerrados y abandonados a su suerte desde 2006 en alguno de los casos: en esos quince años de desidia y despilfarro, ninguno de los tres presidentes de la Junta del PSOE, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz; hicieron nada por remediar el problema. Y su sucesor en el partido, Juan Espadas, no parece tener nada que decir hasta el momento al menos.

Al contrario, mantuvieron en ellos un disparatado gasto anual teniendo en cuenta su nula actividad que podría superar varios millones de euros si, teniendo en cuenta los distintos años y costes de cada época, se tiene en cuenta que en el último ejercicio conocido, el de 2019, los paradores andaluces sin visitantes costaron medio millón de euros.

 

Son las conclusiones de la auditoría a la que ha accedido ESdiario sobre este sector, como parte del exhaustivo análisis que el Gobierno del popular Juanma Moreno viene haciendo, desde su toma de posesión, de la llamada "Administración paralela" montada por el PSOE durante casi 36 años de poder.

Y que arroja, al bajarse al detalle de cómo funcionan cerca de 60 organismos, fundaciones, entidades y empresas públicas montadas en casi cuatro décadas de socialismo andaluz; un saldo demoledor: plantillas desbocadas e inútiles en la FAFFE, el chiringuito extinguido en el que algunos directivos llegaron a tirar de tarjeta "black" para consumir servicios en prostíbulos; una falta de planificación galopante; un dispendio económico duplicado y hasta triplicado y una ausencia de control y eficacia sorprendentes.

Sin comprobar el blanqueo de capitales

El caso de Sopresa adelantado por este periódico es paradigmático: la entidad dedicada a auxiliar a empresas con préstamos, avales o participación temporal en la sociedad ni siquiera comprobaba si sus inyecciones económicas, millonarias durante años, iban soportadas por garantías de devolución de sus beneficiarios.

Y tampoco se constaba si el destino del dinero público era para "blanquear" o actividades como "el tráfico o el terrorismo": era tal la laxitud, que el chorro económico habría podido llegar a organizaciones criminales o empresarios sin escrúpulos y el descontrol interno no lo hubiera detectado ni frenado.

Algunos paradores andaluces llevan cerrados y despilfarrando desde 2006: 15 años sin que el PSOE hiciera nada

Con los paradores andaluces, según el preciso informe de Deloitte por encargo de la Junta, pasa algo similar a efectos de diligencia: las villas de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y de Fuenteheridos (Huelva) permanecen clausuradas desde 2006.

Y las de Axarquía, en Málaga, y Pinar de la Vidriera, en Granada, desde 2009 y 2010 respectivamente. Hasta tres lustros de hoteles públicos cerrados a cal y canto, pero con un gasto en personal, mantenimiento y vigilancia que en él último ejercicio cerrado alcanzó los cerca de 90 millones de las viejas pesetas, medio millón de euros al cambio actual.

Una millonada anual para nada

La desidia llegó hasta el punto de que la sociedad pública encargada de la gestión se tiró años, desde 2013, intentando que la Junta hiciera algo y desgajara los cuatro establecimientos ruinosos de la firma, para no lastrar aún más sus cuentas e imagen. Pero no sirvió de nada.

El dictamen de la auditora es demoledor al respecto de todo ello: "Este hecho provoca que no se estén generando ingresos por la explotación de las mismas y además reporten unos elevados costes fijos debido a que la Sociedad corre con los gastos derivados de su custodia y vigilancia, así como del correspondiente canon acordado con Patrimonio Andaluz. Anualmente estos costes se ascienden a 475.137 euros", según reza en el documento de 52 páginas al que ha accedido este periódico.

Pero tampoco en los establecimientos abiertos la situación es para tirar cohetes, con medias de ocupación de hasta el 10% inferiores a lo habitual en el sector andaluz, quizá debido a otra de las conclusiones del estudio:

"También cabe destacar que actualmente la Sociedad no tiene un plan de comercialización formal, no tiene fijados unos objetivos anuales de comercialización que permitan el seguimiento de los logros alcanzados, o identificar área de mejora en las que se asignen recursos y se fijen planes de acción", reza.

 

O esta otra, igual de sorprendente en un organismo público que dedica cerca de dos millones de euros a personal: "La Sociedad nos comunica que actualmente no se realiza una medición del impacto económico y social que tienen las villas en cada zona, por lo que no se puede analizar si la Sociedad está ejecutando acciones encaminadas al desarrollo socioeconómico de las zonas en las que se sitúa".

Los ERES como emblema

Y una más, entre decenas, que también apunta a los peculiares procedimientos de contratación, con más de 600 contratos menores: " se ha detectado un número elevado de contratos menores que, teniendo en cuenta las mejores prácticas de contratación, podría ser económicamente menos beneficiosa para Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. que las contrataciones mayores".

Es otra prueba más de cómo se gestionó Andalucía en casi cuatro décadas de PSOE al frente de las instituciones, marcadas por la sospecha del clientelismo, el despilfarro, el enchufismo e incluso la corrupción, simbolizadas en el escándalo de todos los escándalos, el de los ERES, punta de un iceberg que aún tiene ingentes porciones sumergidas que, poco a poco, se van conociendo.