Los expresidentes del PSOE de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados en el caso de los ERE.
El balance del Consejo General del Poder Judicial de 2021 evidencia que Andalucía está a la cabeza en cuanto al número de procedimientos judiciales de toda España por corrupción pública.
La corrupción sigue siendo una mancha negra que empaña la imagen de Andalucía y el último balance del los casos registrados en el 2021 dejan patente que la comunidad se coloca a la cabeza de toda España en cuanto a procedimientos judiciales.
Así, los jueces dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 273 personas físicas y 71 personas jurídicas en todo el territorio nacional por delitos de corrupción en 2021, 83 más que en 2020, y Andalucía fue la comunidad autónoma que más procedimientos acumuló, hasta 24 en todo el pasado año 2021.
Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante 2021 los jueces concluyeron en España 53 procedimientos por corrupción frente a los 56 registrados en 2020. En total, los órganos judiciales dictaron 65 sentencias en todo el país, dos menos que en el año anterior donde se firmaron 67 resoluciones.
Según ha precisado el CGPJ del total de los 53 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó en 2021, 14 corresponden al cuarto trimestre del año. Del total, solo dos corresponden a causas dirigidas en la Audiencia Nacional, frente a las siete registradas en 2020.
Andalucía en pleno revuelo judicial
Las estadísticas reflejan que Andalucía fue la comunidad autónoma que más procedimientos acumuló, 24 en todo 2021. Le sigue la Comunidad Valenciana con nueve y Madrid con siete. No es de extrañar cuando están en activo en los juzgados los mayores casos de corrupción pública que se ha conocido en España y que tiene a los políticos socialistas que gobernaron la Junta señalados por la causa de los ERE.
En connivencia con esta trama se apunta también a organizaciones sindicales y empresarios, que participaron del desvío de dinero público, a través de subvenciones y préstamos irregulares. También los que fueron altos cargos en la Junta por realizar contrataciones sin procedimiento alguno para favorecer a familiares o amigos.
Por este motivo, Andalucía lidera la lista con el mayor número de personas, físicas y jurídicas, acusadas en causas relativas a delitos de corrupción, con 179. En el caso de la Comunidad Valenciana constan 80 personas acusadas; en Castilla y León, por su parte, 26.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los juzgados y tribunales dictaron un total de 65 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De todas ellas, 44 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 67% de las dictadas por los distintos órganos judiciales. Las 21 sentencias restantes, el 32% del total, eran absolutorias.
La corrupción pública preocupa a los ciudadanos
La información referida a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad, tiene como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
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