Avicena o Ibn Siná (como fue llamado en persa y en árabe) nació en el año 980 en Afshana (provincia de Jorasán, actualmente en Uzbekistán). Cuando tan sólo contaba con 17 años ya gozaba de fama como médico por salvar la vida del emir Nuh ibn Mansur. Puede ser considerado el inventor de la traqueotomía, cuyo manual operatorio sería precisado por el célebre cirujano árabe Abū el-Kasis de Córdoba.
Libros: El canon de medicina, El libro de la curación, Poema de la medicina
Pesos pesados históricos y destacados militantes quieren depender menos del aparato federal y sopesan impulsar un partido socialista andaluz federado, como los socialistas catalanes
Susana Díaz, este jueves, con Mario Jiménez en el Parlamento andaluz -
Sectores del Partido Socialista de Andalucía están planteando lanzar un órdago a la dirección federal en plena carrera electoral para el 28-A, después de que Pedro Sánchez haya intervenido en las listas andaluzas para imponer a los suyos en los puestos de salida en contra de los acuerdos de la militancia. Fuentes directas del partido han confirmado a ABC que un grupo de grandes pesos pesados del socialismo en Andalucía impulsa la realización de una consulta interna que podría desembocar en la escisión del aparato nacional. El objetivo fundamental de la operación interna sería lograr una menor dependencia del aparato federal a medio plazo.
Figuras históricas del partido han mantenido reuniones en la última semana para impulsar esta iniciativa, que pretende otorgar como última solución al PSOE andaluz, el mismo estatus que actualmente tiene el PSC en Cataluña. Es decir, se crearía un nuevo partido autónomo, asociado al PSOE nacional, pero con órgano gestor y financiación independiente. Sería un partido «hermano», explican a ABC las fuentes consultadas, pero «sin interferencias desde Ferraz». A última hora de ayer, la líder del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, desmintió esta información y negó la posibilidad de escisión.
Sin embargo, ABC ha podido saber que el movimiento está bastante consolidado y está impulsado por antiguos cargos de alta responsabilidad del partido en Andalucía, fundamentalmente exconsejeros, algún expresidente de la Junta y ministros de la era felipista. Se trata de una pléyade de referentes socialistas, todos contrarios al sanchismo, que entienden que la intromisión de Ferraz en las decisiones regionales ha rebasado todos los límites y que, siendo Andalucía el principal vivero de votos del PSOE en España, es legítimo que los líderes del partido en esa comunidad tengan capacidad de decisión autónoma a la hora de gestionar las listas, el programa y la financiación en la misma medida que los socialistas catalanes. «¿Por qué los catalanes tienen privilegios en todo, incluso en el PSOE, y los andaluces, que somos un tercio de España, tenemos que conformarnos?», se pregunta una de las fuentes de máxima solvencia consultadas por este periódico.
«El único programa del PSOE ahora mismo es “quítate tú que me pongo yo”»
La tensión entre las dos direcciones, la regional y la federal, ha alcanzado estos días su mayor intensidad y, según subrayan los promotores de esta iniciativa, se están produciendo «ajustes de cuentas personales que dañan la imagen del partido y, sobre todo, lo desvían de su objetivo principal, que es el debate político y la realización de propuestas que mejoren la vida de la gente». Una de las fuentes internas consultadas es aún más directa en este sentido: «El único programa del PSOE ahora mismo es “quítate tú que me pongo yo”». El enfrentamiento por la confección de las listas en las provincias andaluzas ha sido la chispa que ha provocado el cisma definitivo. Pedro Sánchez ha laminado todas las propuestas aprobadas por las agrupaciones andaluzas, afines a Susana Díaz, para colocar en los primeros puestos a sus adalides en el Sur.
El conflicto
Uno de los casos más ilustrativos es el de Sevilla, donde el aparato andaluz proponía al susanista Antonio Pradas como número dos, tras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Sánchez ha tomado la decisión unívoca de imponer a uno de sus hombres de confianza en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, enemigo acérrimo de Susana Díaz desde hace años. Muchos históricos del partido, entre los que también hay alcaldes de grandes capitales, entienden que esto es «una afrenta» y se han puesto en marcha para «activar un plan» que en realidad lleva meses sobre la mesa.
Los primeras voces ya se han alzado a nivel interno. ABC ha podido confirmarlo con fuentes directas que están promoviendo la separación de Ferraz de manera decidida. La idea es realizar primero una votación interna en Andalucía para que las bases se pronuncien acerca de la propuesta, que supondría la separación del socialismo andaluz y el nacional.
En caso de que la militancia aprobara esta división, comenzaría un proceso interno que tendría que seguir los pasos marcados en los estatutos y que culminaría en un congreso en el que, finalmente, se decretaría la división y autonomía de los socialistas andaluces. Para ello, se seguiría el modelo de fundación del PSC en Cataluña en 1978 tras el Congreso de la Unidad Socialista en el que se fundieron los grupos catalanistas PSC-C, PSC-R y la Federación Catalana del PSOE, en el que quedó compactado todo el socialismo catalán a través de una relación federal con Madrid.
Esta comparación es clave para entender la filosofía de este órdago planteado desde Sevilla. Los promotores de la escisión recalcan que la idea está directamente relacionada con los acontecimientos de las últimas semanas, porque consideran que Pedro Sánchez ha cometido un abuso de poder manipulando las listas desde Ferraz sin respetar la democracia interna y las decisiones de las bases, pero también insisten en que el socialismo andaluz lleva tiempo planteándose esta reclamación porque sostiene al partido desde el Sur sin que Madrid se lo reconozca, mientras que los socialistas catalanes acumulan privilegios. Algunos históricos hacen hincapié en la idea del agravio porque entienden que el trato de favor que tiene el PSC es muy perjudicial para el resto de regiones, pero mucho más para Andalucía, donde la hegemonía socialista ha sido indiscutible durante casi 40 años.
El agravio catalán
En el análisis interno que hacen los promotores del cisma se valora el caso catalán como uno de los motivos principales de la decadencia del partido a nivel nacional. No en vano, la batalla entre Susana Díaz y Pedro Sánchez en las primarias del partido se centró fundamentalmente en este asunto y desde Andalucía se defendió que el primer gesto había que tenerlo en el propio partido acabando con las diferencias regionales. Sin embargo, esta idea no se concretó. Estaba en el ambiente, pero nadie se atrevió a ponerla encima de la mesa de manera clara. Ahora, en cambio, las relaciones están rotas y todo se ha precipitado para escenificar la mayor crisis del PSOE en décadas.
Lo que está claro es que de todas las crisis que ha tenido el Partido Socialista desde la Transición, ninguna ha sido tan profunda como la que plantea ahora el aparato andaluz, que abre un escenario nuevo para un partido que aspira a ganar las próximas elecciones generales en mitad de una guerra interna insólita. El desafío ya está planteado. El gran granero de votos de la socialdemocracia española se ha cansado de las injerencias de Madrid y estudia la mejor fórmula para presentarle los papeles de divorcio. Si el órdago se ejecuta, Sánchez podría pasar a la historia como el artífice de la desintegración del histórico PSOE.
CASO
FILESA La trama ilegal que usó el PSOE para financiarse
Un
senador y un diputado socialistas, junto a otras personas del partido, pusieron
en marcha en la segunda década de los 80 un entramado empresarial con el
objetivo de recaudar dinero para el PSOE de manera ilegal. En poco más
de dos años amasaron unos 1.000 millones de pesetas, hasta que el escándalo
fue conocido y todos acabaron condenados y en la cárcel Por
Agustín Yanel
Alguien
debió pensar en el PSOE, allá por la segunda mitad de la década
de los 80, que había encontrado la fórmula mágica para financiar
al partido y para hacer frente a los cuantiosos gastos que se avecinaban con motivo
de la campaña electoral de 1989: pedir muchos millones de pesetas a grandes
empresas y bancos, a cambio de concederles determinados servicios y privilegios.Pero
ese alguien no podía ni siquiera imaginar entonces que, años más
tarde, un contable despechado iba a desvelar todo el montaje. El resultado fue,
en 1997, ocho personas condenadas a penas de entre seis meses y 11 años
de prisión, entre ellas un ex senador y un ex diputado del Partido Socialista.
El 29 mayo de 1991, cuando vieron la portada de EL MUNDO, muchos dirigentes
del PSOE y miembros del Gobierno se echaron a temblar.Otros reaccionaron como
acostumbraban a hacerlo, descalificando a este periódico. «Sociedades
del PSOE cobran cientos de millones a grandes empresas y luego pagan gastos electorales»,
titulaba este diario en su portada, a cinco columnas. «Sociedades ligadas
al PSOE cobran cientos de millones por 'asesorar' a empresas y bancos con informes
inexistentes», se leía en otro título en páginas interiores.
En primera fila, Alberto
Flores, Carlos Navarro y Luis Oliveró, y detrás Aída Álvarez,
fotografiados el 3 de septiembre de 1997 en una sesión del juicio. / EL
MUNDO
El fiscal general
del Estado, Leopoldo Torres, no esperó ni un minuto. Aquella misma mañana,
nada más leer la información de este diario, envió una fotocopia
de la misma al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas y le ordenó que iniciara
una investigación.
La trama empresarial que pusieron
en marcha varias personas del PSOE y de su entorno, para financiar al partido
a través de las sociedades Filesa, Malesa y Time Export -que recaudó
unos 1.000 millones de pesetas sólo entre 1988 y 1990-, se conoció
gracias a la denuncia que realizó Carlos Van Schouwen a EL MUNDO y a El
Periódico de Catalunya. Este ciudadano chileno se exilió en 1973
a México y allí conoció a Luis Oliveró. Años
después, cuando ambos residían en Barcelona, Oliveró, que
era uno de los dueños de esas empresas, le ofreció que se encargara
de la contabilidad de las mismas.
Mientras desarrollaba ese
trabajo, Van Schouwen se percató de que podía ser un buen negocio
la importación de contenedores desde Rumania a España, para venderlos
después o alquilarlos con opción a compra. Se lo planteó
a su amigo Oliveró y éste aceptó.
Pasaba
el tiempo y el contable empezó a ver demasiadas cosas sospechosas en ese
entramado empresarial, en el que también participaba el diputado socialista
Carlos Navarro -casado con una sobrina de Luis Oliveró-. Entonces pidió
que le pagaran los 25 millones de pesetas que habían pactado por el negocio
de importar contenedores, para dejar su trabajo. Como no cobró, presentó
una demanda y, además, acudió a los periódicos para contar
todo lo que sabía.EL MUNDO se tomó muy en serio la investigación.
La
tramitación de este sumario la llevó a cabo el Tribunal Supremo,
porque estaba implicado en el caso el senador socialista Josep Maria Sala. El
magistrado Marino Barbero instruyó durante varios años un proceso
judicial en el que adoptó algunas decisiones llamativas y también
polémicas: registró la sede del Banco de España, la del BCH
en Barcelona y la federal del PSOE, en busca de documentos; interrogó a
los máximos directivos de los principales bancos y estuvo a punto de registrar
la sede del Tribunal de Cuentas, aunque al final todo quedó en que volvió
a pedir los informes sobre las cuentas del Partido Socialista. Varios acuerdos
suyos fueron recurridos por el fiscal general del Estado. La posterior dimisión
de Barbero dejó este caso en manos del magistrado del Supremo Enrique Bacigalupo.
El
día 22 de marzo de 1993, los peritos de Hacienda entregaron un informe
al magistrado Barbero y a las partes que intervenían en este sumario, en
el que confirmaban las informaciones publicadas por EL MUNDO. Indicaban en él
que Filesa había pagado a otras empresas por bienes y servicios cuyo destinatario
era el PSOE, y que los informes técnicos sobre las más diversas
materias -por los que bancos y grandes empresas habían pagado unos 1.000
millones de pesetas- nunca fueron realizados.
Tras casi seis
años de investigación, en septiembre de 1997 se celebró el
juicio, en una de cuyas sesiones declaró como testigo el ex presidente
del Gobierno Felipe González. También tuvieron que desfilar por
el Tribunal Supremo los presidentes de importantes bancos españoles y grandes
empresas.
El 28 de octubre, el Tribunal Supremo dio a conocer
la sentencia en la que condenaba a 11 años de cárcel al ex diputado
socialista Carlos Navarro; tres al senador Josep Maria Sala; 10 años para
Luis Oliveró y Alberto Flores -dueños de Filesa-; dos años
y cuatro meses para Aída Alvarez -ex coordinadora de Finanzas del PSOE-
y para su compañero, Miguel Molledo, y seis meses de arresto para los empresarios
Juan Antonio Molina Vivas (Enasa) y Eugenio Marín (Cepsa).
El
entonces secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, pidió públicamente
disculpas a los militantes y votantes de su partido.
En junio
de 2001, el Tribunal Constitucional resolvió los recursos.Unicamente rebajó
de tres a dos años la pena del ex senador Sala y confirmó las demás
condenas.
El Constitucional demostró que, en contra
de las críticas del PSOE, la información que había publicado
este diario sobre ese caso de corrupción política era veraz.
INFORMES
INEXISTENTES PAGADOS COMO EL OROAunque Filesa y Time Export tenían
sólo a seis personas en plantilla, decían que podían asesorar
a los principales bancos y a grandes empresas sobre los asuntos más complejos.
Dijeron que habían elaborado informes, siempre a precio de oro, sobre las
más diversas materias: al Banco Central le cobraron 83 millones de pesetas
por un estudio «sobre los procesos de la fusión bancaria»;
a la petrolera Cepsa, 85,6 millones de pesetas por otro sobre «la evolución
petroquímica en la Comunidad Económica Europea»; al Banco
Bilbao Vizcaya, 42 millones por la primera parte de un informe para «la
instalación de un sistema de leasing para contenedores»; a Fomento
de Obras y Construcciones, por «el asesoramiento relativo al establecimiento
de una empresa constructora en Francia», le facturaron 29 millones. Según
las facturas que publicó EL MUNDO, esas dos pequeñas empresas de
Barcelona asesoraban a los principales bancos sobre asuntos bancarios y a las
grandes constructoras sobre temas de construcción. Pero ninguno de esos
informes, a pesar de su elevado precio, fue entregado al Tribunal Supremo porque
habían desaparecido. Unos dijeron que los había encargado un directivo
del banco ya fallecido, y no guardaron copia; otros, que se habían perdido.
El Tribunal Supremo no se lo creyó y sentenció que todo había
sido una trama para financiar de manera ilegal al PSOE.
Susana Díaz, este jueves, con Mario Jiménez en el Parlamento andaluz - 
Alguien
debió pensar en el PSOE, allá por la segunda mitad de la década
de los 80, que había encontrado la fórmula mágica para financiar
al partido y para hacer frente a los cuantiosos gastos que se avecinaban con motivo
de la campaña electoral de 1989: pedir muchos millones de pesetas a grandes
empresas y bancos, a cambio de concederles determinados servicios y privilegios.Pero
ese alguien no podía ni siquiera imaginar entonces que, años más
tarde, un contable despechado iba a desvelar todo el montaje. El resultado fue,
en 1997, ocho personas condenadas a penas de entre seis meses y 11 años
de prisión, entre ellas un ex senador y un ex diputado del Partido Socialista.
